«Lo que la gente del Cauca y gran parte de Colombia está exigiendo, es que cese la guerra contra ella. La guerra de las operaciones militares y paramilitares, de los bombardeos y ametrallamientos, de los allanamientos y capturas masivas, la guerra del despojo y el arrinconamiento. Lo que Santos y toda la oligarquía rendida de rodillas ante el gran capital sostienen en sus discursos y medios de comunicación, es que son las FARC, a quienes no vacilan en calificar con los más groseros adjetivos, quienes llegaron al Cauca a perturbar la vida de sus habitantes. Por eso proclaman que todo el mundo debe rodear la arremetida contra nosotros, al tiempo que señalan furiosos a quien se les oponga. La verdad es muy distinta, son ellos los agresores, son ellos los ladrones y violentos».
Así resumen el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP en un comunicado de prensa la situación actual de Colombia. Afirman que el régimen colombiano esta rodeado de corrupción y no tiene interés de solucionar los graves problemas que el pueblo enfrenta.
Dice la guerrilla que acaba de celebrar sus 48 años de existencia que «los bochornosos episodios puestos al descubierto con la frustrada reforma a la justicia, la judicialización en Norteamérica del general Santoyo (ex jefe de seguridad del palacio presidencial bajo Uribe), la publicación del video de Romeo Langlois, la rebelión indígena y campesina del Cauca contra la ocupación militar y hasta el derribamiento del avión Supertucano al tiempo que Santos celebraba su consejo de seguridad en Toribío, suman algunos de los hechos de mayor impacto político con los que Colombia entera aterriza del mundo de ilusiones forjado largamente por la propaganda oficial».
También comenta los actuales enfrentamientos entre el estado y el pueblo del Cauca: «Lo que la gente del Cauca y gran parte de Colombia está exigiendo, es que cese la guerra contra ella. (…) Nadie que se precie de ser medianamente objetivo, puede desconocer en la Colombia de hoy la simbiosis fundamental que existe entre los grandes proyectos mineros, energéticos o agroindustriales y la ofensiva militar que se cumple contra los territorios ocupados por colonos, pequeños mineros, comunidades negras e indígenas».
Hace un llamado al pueblo de «concientización, organización, protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria. Sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios».
Reproducimos a continuación el comunicado enviado a la redacción de ANNCOL, disponible también en audio: https://www.box.com/s/
DECLARACIÓN PÚBLICA SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 22 de julio de 2012.
La situación actual del país y las tareas que demanda
Recientes acontecimientos de honda repercusión nacional, ponen en evidencia que la imagen de esa Colombia paradisíaca, que los dos últimos gobiernos se encargaron de difundir ante propios y extraños, no pasa de ser una creación mediática y virtual, inventada con el objeto de atraer el capital inversionista transnacional en crisis en otras latitudes, y animada por el deliberado propósito de enriquecer a una élite local privilegiada, en grave perjuicio de los intereses de las grandes mayorías colombianas y de nuestra existencia misma como nación soberana.
El estado de la economía
Serios analistas independientes y oficiales registran con alarma la vanidad incrustada en la afirmación de que la economía nacional disfrutaba de suficientes blindajes ante la crisis mundial. El supuesto crecimiento económico desbordado e imparable, que uribistas y santistas difundieron presuntuosa y repetidamente, comienza a dar muestras palpables de desaceleración y retroceso, alertando además sobre el peligro inminente que significa haber apostado a un proyecto de desarrollo fundado en el sector primario exportador minero y agroindustrial, cuando lo que se avizora en el horizonte es la caída en la demanda y los precios internacionales.
De profundizarse esa tendencia, la economía colombiana, ya de por sí golpeada por más de veinte años de apertura económica y enrumbada a la desindustrialización por causa de la agudización de las políticas neoliberales, arriesga ser arrollada del todo con la vigencia plena de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, y demás pactos ansiosamente buscados y suscritos. El beneficio de los sectores ligados al comercio de productos terminados y servicios del primer mundo, no va a compensar la ruina del empresariado nacional, la agricultura y la ganadería, y menos va a mejorar la suerte de los millones de desempleados e informales que pulularán por todo el país.
El régimen impositivo de escandalosos privilegios y las extremas facilidades competitivas que los últimos gobiernos establecieron a favor del gran capital inversionista, unido a la creciente debilidad de la producción nacional, apuntan a vaciar las arcas del fisco en aumento de la perniciosa de pendencia del crédito externo. Está visto con los ejemplos de las naciones europeas hundidas hasta el cuello en la crisis financiera, que la banca internacional carece por completo de decencia. Aquí también serán los trabajadores y el pueblo despojado de la prestación de pensiones, subsidios, bienestar social, servicios como salud y educación, los que tendrán que poner la plata para pagar la deuda. Suficientes evidencias impiden ignorar esa dolorosa realidad.
La Colombia real es un país gobernado por las imposiciones de las entidades multilaterales de crédito, con un modelo de economía totalmente al servicio de los capitales transnacionales, un gobierno obsesionado por el rápido enriquecimiento de los grupos económicos que representa, unas fuerzas militares subordinadas al mando del Ejército de los Estados Unidos y una población mayoritariamente hundida en la desesperanza. No sólo representamos el país con la mayor desigualdad del continente, sino que los índices de pobreza y miseria, de desempleo e informalidad, de corrupción política y violencia nos avergüenzan ante el mundo.
La coyuntura política
Por otra parte, los bochornosos episodios puestos al descubierto con la frustrada reforma a la justicia, la judicialización en Norteamérica del general Santoyo, la detención con fines de extradición del narcotraficante Camilo Torres, las elecciones del Valle, las acusaciones y captura en contra de Sigifredo López, la posesión del general Naranjo como asesor en México, la publicación del video de Romeo Langlois, la rebelión indígena y campesina del Cauca contra la ocupación militar y hasta el derribamiento del avión Supertucano al tiempo que Santos celebraba su consejo de seguridad en Toribío, suman algunos de los hechos de mayor impacto político con los que Colombia entera aterriza del mundo de ilusiones forjado largamente por la propaganda oficial.
Nada de ejemplar y respetable quedó en pie de las llamadas instituciones democráticas colombianas tras el episodio de la reforma a la justicia. Congreso de la República, Rama Ejecutiva y Poder Judicial pelaron el cobre de su mezquindad, hipocresía y corruptibilidad. Como si no hubiera sido suficiente con el mercado de intereses personales que pujó por la impunidad total a la narcoparapolítica, el saqueo de las arcas del Estado y la arbitrariedad de la burocracia uribista, el Presidente Santos, revolcado en sus propias heces, optó finalmente por violentar una vez más la Constitución del 91 en su afán por sostener un dudoso prestigio con miras a la reelección.
La Colombia real se debate en medio del drama de su derrumbamiento económico, institucional y político, atada de pies y manos por un impresionante aparato militar, paramilitar y policial al que se suma el más descarado divertimento mediático que pretende ocultar la gravedad de lo que ocurre. Nuestra nación ni siquiera cuenta con una Constitución Política, acaban de deshojarla y pisotearla en las narices de todos. Los grandes centros del poder mundial nos condenan a ser un país atrasado y dependiente, suministrador barato de recursos naturales, mientras la oligarquía encargada de cumplir fielmente tal propósito se enzarza a dentelladas por la mejor tajada.
La pelea de Uribe y Santos
No puede entenderse de otro modo la disputa entre el ex Presidente Uribe y el actual gobierno. Ninguna diferencia ideológica los separa. Tampoco, como queda visto, ninguna práctica política. El recurso excesivo a la violencia ciega que caracteriza abiertamente al primero y que el segundo modera tan solo en el discurso, tiene su origen en sus tradicionales nexos con la mafia narco paramilitar de la que el Presidente Santos intentó vanamente deslindarse. Allí nació la furia uribista contra la ley de víctimas y restitución. Así como su frenética oposición a cualquier tipo de conversación con las FARC. En su concepción no cabe una idea política distinta a las suyas.
La contratación pública y una mayor cuota de poder alimentan el fanatismo de Uribe, del que Santos fue su mejor mentor en el pasado. La guerra declarada ni siquiera llega a una renuncia formal de su participación ministerial o a otras altas posiciones del Estado. Uribe, que en sus mandatos tejió la red de privilegios al capital transnacional, teme que Santos la rasgue un poco tras su anuncio de hacer chillar los ricos con su reforma tributaria. Por eso su ruptura resulta propicia a estas alturas. Todo seguirá como está. Además, Uribe necesita blindarse con un gobierno incondicional contra cualquier actuación judicial futura. Santos ya no le inspira confianza.
Aquí salta el otro aspecto de la farsa publicitaria sobre los éxitos de la seguridad democrática. La supuesta derrota al narcotráfico obtenida con el Plan Colombia. Los últimos gobiernos vendieron esa idea ante el mundo y ahora viene a descubrirse la escandalosa verdad. Sólo se ha conseguido un sucesivo rodaje del negocio entre unos y otros capos, al tiempo que la Policía Nacional aparece involucrada al más alto nivel jerárquico en vínculos con la red narcoparamilitar. Santoyo, el inseparable jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, y el exjefe antinarcóticos y de la Dijín general Cesar Pinzón, son apenas los primeros nombres de la larga lista.
¿A qué va Naranjo a México? ¿Acaso a servir desde más cerca a los carteles mexicanos? La DEA pretende cumplir en ese país una experiencia semejante a la fracasada en Colombia. Y por lo visto lleva a los hombres ideales para eso. Al fin el cabo a USA jamás les ha interesado poner fin al negocio, sino usarlo como pretexto para sus intervenciones políticas. El reciente intento por investir de impunidad al parlamento y altos funcionarios públicos que todo el Establecimiento apoyó en la reforma judicial, desnuda el grado de descomposición de la clase en el poder, que ahora acaba de entregar el Valle a la Unidad Nacional, contra el repudio ignorado de su población.
Álvaro Uribe Vélez teme que sus vínculos mafiosos no puedan seguir siendo disimulados como en el pasado. Pasos de animal grande lo rondan, por lo que anhela con desespero volver a repetir el embrujo mediante el cual consiguió importantes apoyos en el 2002 para acceder a la Presidencia. Por eso su obsesión fundamentalista contra las FARC y todo lo que en su parecer puedan representarlas. La resurrección de la vieja farsa de la farcpolítica que el Fiscal de su confianza emprendió contra Sigifredo López, así como su renovado odio contra la Venezuela bolivariana y revolucionaria, hacen parte de ello. Su ceguera le impide comprender que el país cambió, y que cada día más consciente del engaño de que fue víctima, sólo espera su dura caída.
Las realidades del conflicto armado
La fuerza reveladora de las imágenes captadas por la cámara de Romeo Langlois antes de ser aprehendido por las FARC en abril pasado, destapa la otra gran mentira de la seguridad democrática. La de la derrota de las FARC-EP. La insurgencia permanece presente, combativa e invencible allí donde la militarización por parte del Estado es completa, mientras las poderosas fuerzas militares y policiales conformadas y financiadas por los gringos lucen asustadizas, arrogantes sí contra la población civil de campesinos inermes, mujeres y niños. A su vez, los grandes laboratorios que reportan, resultan ser en verdad pequeños cambuches de miseria.
De no haberse producido el combate que filmó el periodista francés, el Ejército regular habría difundido mundialmente su propaganda difamatoria y calumniosa. La que sirve a los intereses norteamericanos de intervención militar en Suramérica, la que se presta para encubrir los negociados que se celebran alrededor del mercado de la guerra, la que permite que generales de la República llenen sus arcas al servicio de los grandes capos del narcotráfico, mientras despotrican en público contra las mafias y acusan a las FARC de ser el verdadero cartel. La guerra que permite a los apoyos uribistas concentrar más tierras y despojar más campesinos.
Del mismo modo, el accionar militar de las FARC en la Guajira, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Guaviare, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, y en general en todo el territorio nacional, atrae especialmente la atención sobre el departamento del Cauca, pues en aquel escenario confluyen de modo particular las incidencias de la lucha armada guerrillera con las del movimiento campesino, indígena, negro y popular contra el modelo neoliberal de Santos y sus locomotoras. Nadie que se precie de ser medianamente objetivo, puede desconocer en la Colombia de hoy la simbiosis fundamental que existe entre los grandes proyectos mineros, energéticos o agroindustriales y la ofensiva militar que se cumple contra los territorios ocupados por colonos, pequeños mineros, comunidades negras e indígenas.
Lo que la gente del Cauca y gran parte de Colombia está exigiendo, es que cese la guerra contra ella. La guerra de las operaciones militares y paramilitares, de los bombardeos y ametrallamientos, de los allanamientos y capturas masivas, la guerra del despojo y el arrinconamiento. Lo que Santos y toda la oligarquía rendida de rodillas ante el gran capital sostienen en sus discursos y medios de comunicación, es que son las FARC, a quienes no vacilan en calificar con los más groseros adjetivos, quienes llegaron al Cauca a perturbar la vida de sus habitantes. Por eso proclaman que todo el mundo debe rodear la arremetida contra nosotros, al tiempo que señalan furiosos a quien se les oponga.
La verdad es muy distinta, son ellos los agresores, son ellos los ladrones y violentos. Así ha sido desde cuando en1965 un aristócrata Presidente nacido en Popayán y fallecido dicientemente en Rochester, Nueva York, desató la nefasta Operación Riochiquito contra los indígenas y campesinos caucanos. Que no vengan ahora con cuentos chinos. La historia de Colombia no miente, aunque intente borrársela y hasta se excluya su enseñanza de las aulas de secundaria.
Lo que Santos busca en el Cauca o la Sierra Nevada de Santa Marta, como fiel heredero de los conquistadores y encomenderos españoles, es comprar con espejitos y pequeñas migajas que halaguen la recién fomentada ambición de algunos caciques indígenas, la pasividad y el sometimiento de sus gentes ingenuas. Y a leerles el bando en que anuncia que aquellos que se opongan a su religión de prosperidad democrática, van a conocer el peso de su fuerza militar o judicial. Por eso obtiene rechiflas y repudio. Por eso las comunidades se niegan a escucharlo. Por eso les grita irritado desde lejos que el Ejército y la Policíano abandonarán jamás sus posiciones.
El alentador despertar de la lucha de masas
Por encima de las patrañas políticas y politiqueras, por encima de las campañas mediáticas de embrutecimiento, por encima de la ofensiva terrorista del Estado con sus aviones bombarderos que y a comienzan a ser derribados, son cada día más los colombianos que despiertan del engaño al que estuvieron tanto tiempo sometidos, son cada vez mayores las filas de la gente decente indignada con lo que la casta gobernante está haciendo con Colombia. Por todas las esquinas de la patria se levantan las voces y los brazos de los afectados con las políticas del régimen, de las mujeres y hombres que comprenden la necesidad de la lucha, de las ciudadanas y ciudadanos que anhelan vivir en un país democrático, en paz, justo, soberano y libre de tanta inmundicia.
El decoro generalizado y furioso que obligó a Santos a recular con su reforma judicial, del mismo modo que la dignidad contundente y masiva del estudiantado que lo obligó a echar atrás su reforma de la educación superior, requieren multiplicarse de modo organizado y consciente en la actual y decisoria coyuntura. Para la reconstrucción de Colombia no resultan suficientes la inconformidad, el desprecio de su clase política, la repugnancia hacia su proyecto de país. Es necesario pronunciarse enérgicamente contra eso, con la fuerza de la expresión multitudinaria. Resulta urgente por tanto recurrir a la unificación de fuerzas con todos los sectores indignados, conformar un inatajable torrente popular que se lleve por delante la indecencia.
Con el movimiento obrero, campesino, indígena, de negritudes, de mujeres, de desempleados, de pequeños y medianos mineros, de estudiantes, de profesionales empobrecidos, pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, la academia, la intelectualidad, el profesorado, los informales y trabajadores independientes, los partidos y organizaciones de izquierda o de clara definición democrática. Con los liberales y conservadores aterrados con tanta podredumbre, hasta con los policías y militares retirados y olvidados por el régimen que los usó, con los creyentes, los cristianos, los ateos, los jóvenes, los ancianos y todas las minorías discriminadas. Concientización, organización, protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria. Sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios.
La bandera de la paz envuelve la lucha por el poder
Siendo claros de que la guerra civil colombiana enfrenta la arrogancia brutal del capital y su modelo de dominación contra las masas populares alzadas en armas contra su violencia, y conscientes de que con ella como pretexto el poder ha impuesto el despojo como tradicional medio de acumulación de la propiedad, y la represión como su forma natural de gobierno, la primera misión de ese poderoso movimiento popular unificado tiene que ser la de luchar por poner fin al conflicto armado, por presionar al ejecutivo nacional, a su clase política corrupta y a sus fuerzas militares, a aceptar el camino de una solución dialogada, pacífica y democrática.
Sin imposiciones que la hagan imposible. Y con todo el país tomando parte en ella. Basta ya del cuentecillo de la llave oculta en el bolsillo. La paz no le pertenece a la oligarquía militarista y violenta, le pertenece al pueblo que la reclama para poder vivir mejor. Una solución política necesariamente entraña profundas reformas en el campo institucional, en materia de distribución de la tierra y las riquezas, en cuestión del proyecto económico de país, del papel a desempeñar por las fuerzas armadas, de la atención social de los colombianos. Por eso las voces de estos deben ser escuchadas, respetadas y atendidas en cualquier proceso hacia la reconciliación. Y si esto no fuera posible con el actual gobierno, habrá que llevar al poder a otro que sí tenga esa disposición.
Lo cual implica el reto para el palpitante movimiento por la dignificación de la patria, de pensar con seriedad en la posibilidad de trabajar en una campaña política de claro carácter renovador. Es de importancia cardinal plantar una alternativa limpia, nueva, democrática, amplia, capaz de arrebatar de las manos el dominio del Estado a la corrupta clase dirigente actual. Un movimiento de colombianos honestos por el poder, que abra la esperanza en el oscuro panorama que le depara al país continuar bajo la égida de una u otra de las seguras alternativas que planteará la oligarquía en el 2014. Masas organizadas, unidas, con propósitos claros, son capaces de imponer finalmente sus propósitos. Es fundamental creer en ello.
Un nuevo gobierno democrático, amplio y pluralista podrá por fin soltar las amarras que nos atan a los colombianos a la horrible noche de la violencia. Posibilitar acuerdos de paz, construir unas fuerzas armadas que defiendan el interés de todos los nacionales y no los de una casta antipatriótica, materializar una existencia democrática en la que la voz de las mayorías sea quien determine el camino a emprender, enrumbar al país por un desarrollo económico basado en la producción y el trabajo de todos los colombianos, velar por la salud, la educación, el empleo y el bienestar general, sin favoritismos, entregar la tierra a quienes quieran y puedan trabajarla, y asistirlos en su actividad y crecimiento, usar las riquezas naturales para el bien de todos, rescatar nuestras culturas y solucionar en justicia los más graves problemas sociales.
Se habla ahora de otras posibles vías, como la convocatoria a un referendo que revoque los actuales poderes, o la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente que tenga la potestad de recomponer por completo al país. Todos los recursos de la lucha popular cuentan para unificar contra el régimen. Sin perder de vista que la senda de someter en algún momento el anhelo por los cambios a la decisión de los mismos poderes establecidos, puede terminar en un simple maquillaje que relegitime el orden de cosas vigente. La Constituyente de 1991 disolvió el parlamento, y pese a ello la misma clase política contaminada volvió a controlarlo todo. El poder constituyente no puede dejarse enredar en consideraciones legalistas. Él crea, él hace, él puede.
La vigencia de nuestra lucha
Está claro que las FARC-EP no vamos a traicionar el legado de nuestros fundadores y mártires. Ni a volver la espalda a la gente humilde de nuestro país que conoce a diario el peso de la arrogancia, el despojo y el terror por parte del Estado. Así como en una mañana de mayo 48 años atrás, los heroicos campesinos de Marquetalia decidieron empuñarlas armas y soñar con la toma del poder para el pueblo, los combatientes de hoy ratificamos de nuevo que jamás entregaremos nuestros sueños tras una denigrante rendición y desarme. Solo una transformación profunda de las condiciones vigentes en nuestra patria puede posibilitar y garantizar la paz, que es la paz en la que hemos creído desde nuestro nacimiento.
Queríamos y soñábamos con un cambio por vías pacíficas y democráticas, pero nos han sido cerradas violentamente una y otra vez desde el gobierno de Guillermo León Valencia. Hoy podemos asegurar que un diálogo lejano y a espaldas del país, como lo pretende Santos, sólo terminará por intensificar más la confrontación. Nuestros sentidos permanecen atentos al avance de la rebeldía y la organización de los de abajo. Con ellos sí estaremos en todos los escenarios a los que los conduzca su accionar por la paz y los cambios. Sean cuales sean los rumbos que el destino depare al esfuerzo por democratizar a Colombia, tan inmensamente renovado y latente hoy, las FARC-EP estaremos siempre al ado de nuestro pueblo. Y venceremos con él, lo juramos.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 22 de julio de 2012.
Fuente: http://anncol1.blogspot.com.es/