Las últimas semanas de 2018 se caracterizaron por una arremetida intensa del paramilitarismo, con todo el apoyo pasivo y activo de las instituciones, para controlar a la población campesina de la zona. Se está produciendo un sometimiento económico asfixiante del campesinado, ahorcándolo con vacunas o impuestos ilegales sobre los principales campos de su producción y […]
Las últimas semanas de 2018 se caracterizaron por una arremetida intensa del paramilitarismo, con todo el apoyo pasivo y activo de las instituciones, para controlar a la población campesina de la zona. Se está produciendo un sometimiento económico asfixiante del campesinado, ahorcándolo con vacunas o impuestos ilegales sobre los principales campos de su producción y trabajo de sobrevivencia: la tierra, el ganado, la madera. Simultáneamente las unidades veredales son copadas por «puntos» del paramilitarismo, quienes ejercen como espías y se afirman como «autoridades» ilegítimas que se creen con poder de dictar normas y mantener bajo chantaje a todos los pobladores. No han faltado intentos de soborno a los mismos integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ofreciéndoles sumas atractivas de dinero para que se conviertan en informantes internos sin necesidad de retirarse de la Comunidad, aportando informaciones que consideran cada vez más urgentes para llevar a cabo las amenazas de muerte contra nuestros líderes e integrantes, amenazas que durante todo el año 2018 fueron recurrentes y que se presentaron con un cierto carácter de retaliación por no haber podido llevar a cabo los crímenes planeados para el 29 de diciembre de 2017.
Los hechos de los cuales queremos dejar constancia son los siguientes:
La Policía acantonada en el caserío de San José ha cometido verdaderos delitos contra pobladores: a mediados de noviembre le robó un cerdo al poblador José Policarpo Cataño, hijo del fundador de San José, y a pesar de que el animal fue plenamente reconocido por su dueño ante un delegado de la Defensoría del Pueblo el 15 de noviembre, no se lo devolvieron a su dueño.
El 20 de noviembre de 2018, cuando la familia Cataño quiso cortar una madera de la finca de su propiedad, el comandante de la Subestación de la Policía, Teniente Gabriel Ramos Marín, ingresó a la finca y le exigió al aserrador, señor Gabriel López, que le pagara dos millones de pesos para permitirle cortar la madera, a lo cual el aserrador y la familia propietaria se opusieron rotundamente, condenando enérgicamente tan extrema corrupción de agentes del Estado. Todo muestra que la prohibición de cortar dicha madera obedecía a una retaliación contra la familia Cataño por haber denunciado ante la Defensoría el robo del marrano por la Policía la semana anterior, pues a las demás familias que han cortado madera no les ha hecho la misma corrupta exigencia.
A comienzos de diciembre, el paramilitar alias «Majute» visitó a un miembro de nuestra Comunidad de Paz y le ofreció la suma de 900.000 pesos para que se convirtiera en informante de los paramilitares sin necesidad de retirarse de la Comunidad.
En diciembre de 2018 los paramilitares le notificaron a los pobladores de la vereda La Esperanza que deben pagarles una vacuna (impuesto ilegal) de 10.000 pesos mensuales por cada cabeza de ganado que posean; otra de 10.000 pesos mensuales por cada hectárea de tierra que posean y otra de 3.000 pesos por cada rastra de madera que comercialicen.
El 24 de diciembre de 2018, en La vereda La Cristalina los paramilitares le exigieron a un campesino entregarles una vaca y ordenaron repartir su carne a la gente de la vereda. En los mismos días de Navidad, los paramilitares repartieron regalos a los niños en las veredas del departamento de Córdoba, particularmente del municipio de Tierralta, como estrategia para ganarse la confianza de los pobladores.
En el caserío de San José, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los paramilitares prohibieron la venta de carne a los expendedores y les revisaron sus enfriadores para asegurar el acatamiento a dicha prohibición. Luego exigieron vacunas por cada res sacrificada, al tiempo que les exigieron sumas más altas a los comerciantes del caserío.
En la semana de la Navidad y en la del Año Nuevo llegaron reconocidos paramilitares al caserío de La Unión, entre ellos alias «Ramiro» y alias «Samuel», quienes han actuado como «puntos de información» o espías del paramilitarismo en la vereda La Unión. También se vio llegar a alias «Davis» junto con otros ex guerrilleros que han pasado a las filas del paramilitarismo, como Elías Hidalgo, quien trabajó con la Brigada XVII, y alias «René» quien coordina un grupo de jóvenes para distribuir droga en articulación con los paramilitares, tanto en San José como en La Cristalina.
El consumo de alcohol sigue produciendo tragedias en San José; en la noche de despedida del año 2018 un poblador ebrio agredió con machete a su hijastro dejándole casi completamente cercenado uno de sus brazos.
Durante las últimas semanas de 2018 los paramilitares hicieron circular la amenaza de actuar contra la Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josesito el 31 de diciembre. Pretendían mantener a los integrantes de nuestra Comunidad en gran zozobra.
La pasividad o tolerancia de la fuerza pública, del poder judicial y demás instituciones del Estado frente al avance y control progresivo y extorsivo del paramilitarismo en toda la región es algo indignante que hace comprobar cada vez más la ilegitimidad del Estado colombiano, y todo esta complicidad se da en un caserío donde existe un puesto de policía y una base militar que se hacen ciegos y sordos frente a todo lo que sucede a su alrededor, algo que sólo puede ser interpretado como unidad de acción con el paramilitarismo. Frente a todo esto, la Juez Segunda Promiscua Municipal de Apartadó, María Mariela Gómez Carvajal, insiste en hacerle caso a la ilegal tutela de la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, la cual pretende amordazarnos para que nos callemos sobre todas las ignominias que el Estado comete contra nosotros y que las ha cometido durante 22 años cobijándose todas las instituciones con la más desvergonzada e inicua impunidad.
Nuevamente agradecemos a tantas personas, comunidades e instituciones del país y del mundo quienes se han mostrado solidarias con nuestra causa desde principios éticos insobornables y resistiendo a todos los intentos de amordazamiento de la Brigada XVII y de su cooptada Juez Promiscua municipal.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23840