La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) resolvió este viernes poner fin a los paros y ocupaciones de colegios, tras un mes de movilizaciones que conmovieron a Chile y dejaron en evidencia la crisis de un sistema educacional inspirado en criterios de mercado. Desde Jamaica, donde se encuentra en la segunda escala de una gira […]
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) resolvió este viernes poner fin a los paros y ocupaciones de colegios, tras un mes de movilizaciones que conmovieron a Chile y dejaron en evidencia la crisis de un sistema educacional inspirado en criterios de mercado.
Desde Jamaica, donde se encuentra en la segunda escala de una gira al exterior iniciada en Estados Unidos, la presidenta Michelle Bachelet expresó su satisfacción por el acuerdo de la ACES, una organización estudiantil que literalmente mantuvo en jaque a su gobierno en las dos últimas semanas.
«Estoy muy contenta (por el fin de la huelga) porque ahora vamos a continuar trabajando por lo que es importante en el país, que es mejorar la calidad de la educación», señaló la mandataria socialista que gobierna con una coalición de cuatro partidos de centroizquierda.
María Jesús Sanhueza, una de las portavoces de la ACES, precisó que si bien unos 700.000 estudiantes secundarios volverán a clases el martes tras el feriado del próximo lunes, se mantendrán en estado de movilización para exigir el cumplimiento de sus demandas.
Los «pingüinos», como se apoda a los adolescentes de la enseñanza media en alusión a sus uniformes, se mantendrán alertas frente al trabajo de un Consejo Asesor de la Presidencia que propondrá medidas de mejoramiento de la educación, creado por Bachelet el miércoles último.
En este cuerpo, de 73 miembros, los estudiantes secundarios y universitarios contarán en conjunto con 12 representantes. Los restantes pertenecen a diversas organizaciones académicas, confesionales, profesionales y sociales, entre los cuales se estima que priman tendencias afines al liberalismo económico..
Se mantendrá así latente un posible rebrote del conflicto en la medida en que este consejo asesor no apueste a reformas profundas de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación), cuya derogación fue la principal bandera de lucha de los estudiantes.
Esta ley, que rige para el sistema educacional que cubre a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la enseñanza superior, fue promulgada por el entonces dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de la entrega del gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994).
Bajo la premisa de la libertad de enseñanza, la LOCE consagró los criterios de mercado que aplicó la dictadura al sistema educacional, con la creación de colegios particulares con subvención estatal y el traspaso a los municipios de los colegios del Estado nacional en una política de descentralización..
La LOCE posibilitó igualmente una multiplicación de las universidades privadas, cuyo número supera actualmente al de los planteles de dependencia estatal.
El movimiento de los estudiantes secundarios generó hasta la semana pasada una corriente mayoritaria de simpatía entre los 15,6 millones de chilenos y contó con el decidido respaldo de las principales federaciones de universitarios, del Colegio de Profesores y del vasto mundo de las organizaciones sociales.
El lunes último la ACES convocó a un segundo paro nacional, que si bien tuvo alta adhesión se vio empañado por actos de violencia y saqueos de comercios en Santiago y otras ciudades, protagonizados por activistas de grupos de extrema izquierda y por personas de barriadas marginales.
El día 1 de este mes, Bachelet había acogido varias de las demandas más inmediatas, como la ampliación del horario de tarifa rebajada en los transportes públicos para los estudiantes, el mejoramiento de infraestructura y la subvención del pago de la prueba de ingreso a la universidad para los hijos de familias de bajos ingresos.
En medio de los primeros síntomas de desgaste y división de la ACES y en vísperas de su viaje al exterior, el miércoles la presidenta nombró a la mayoría de los miembros del consejo asesor, dejando los 12 cupos para los representantes estudiantiles, con lo cual el gobierno retomó la iniciativa en el conflicto.
Juan Carlos Herrera, otro de los portavoces de la ACES, admitió este viernes que la decisión de poner fin a los paros se debió al desgaste del movimiento y al cansancio de sus protagonistas, pero no descartó que en el futuro haya un rebrote de las protestas si las autoridades no acceden a sus demandas.
Herrera confirmó que el martes 13 enviarán a sus representantes a la reunión constitutiva del consejo asesor, con la intención de crear un bloque dentro de ese ámbito junto con las organizaciones sociales, aunque reiteró que en términos generales ese organismo carece de «verdadera representatividad».
En el balance global, si bien la ACES alcanzó parcialmente sus reivindicaciones, el impacto social y político del movimiento desbordó las expectativas de sus líderes en cuanto develó las razones profundas de una crisis del sistema educacional, que va más allá de los enfoques tradicionales sobre el gasto público para el sector.
Los dirigentes de este movimiento secundario nacieron después de la restauración democrática de 1990. Estos adolescentes de la generación post-dictadura desafiaron el conformismo de sus mayores en un país que se considera exitoso por su buen desempeño macroeconómico, advirtieron numerosos analistas.
Uno de los rasgos más destacables de esta camada de líderes es la diversidad política de sus integrantes, identificados tanto con los comunistas y otras expresiones de la izquierda extraparlamentaria, como con la gobernante coalición de centroizquierda y hasta con partidos de la oposición derechista.
La democracia directa en sus asambleas fue clave para la conducción de este movimiento y para legitimar la justicia de sus reivindicaciones, según admitieron tanto la presidenta Bachelet como los dirigentes políticos de todos los sectores.
Los estudiantes están ahora a la expectativa, en tanto esa adhesión tendría que traducirse en un amplio acuerdo político para derogar o reformar profundamente la LOCE, que por su carácter de ley constitucional solo puede ser enmendada o anulada con el voto de los dos tercios del parlamento.
«Tanto la génesis como el desarrollo del conflicto, más allá de los problemas de la educación, han sido objeto de un tráfico político y mediático propio de los fenómenos sociales de alta visibilidad», dijo a IPS el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Juan Francisco Coloane.
En torno al conflicto hubo dos movimientos políticos simultáneos, según Coloane. «Primero, una intensa movilización política de los partidos que apoyan al gobierno para detener el crecimiento del movimiento y al mismo tiempo blindar a la presidenta. Segundo, el uso, a veces desmedido y desleal con los intereses de los estudiantes y del país, de la coyuntura para atacar al gobierno por parte de la oposición de derecha», señaló.