Insuficiencias en equipamiento técnico, recursos humanos especializados, coordinación institucional, planificación territorial y cultura ciudadana quedaron al descubierto tras el terremoto y el posterior tsunami del 27 de febrero en el centro y sur de Chile. «Lamentablemente los puentes de comunicación entre el mundo de la ciencia y el de las decisiones políticas son muy frágiles […]
Insuficiencias en equipamiento técnico, recursos humanos especializados, coordinación institucional, planificación territorial y cultura ciudadana quedaron al descubierto tras el terremoto y el posterior tsunami del 27 de febrero en el centro y sur de Chile.
«Lamentablemente los puentes de comunicación entre el mundo de la ciencia y el de las decisiones políticas son muy frágiles y poco expeditos», reconoció a Tierramérica el director del Centro Internacional de Investigación de Terremotos Montessus de Ballore, Jaime Campos, de la estatal Universidad de Chile.
«Ésa es una de las grandes lecciones que hay que aprender», agregó.
El sismólogo chileno, junto a otros científicos nacionales y extranjeros, detectó a comienzos de la década de 1990 la existencia de dos «lagunas sísmicas» en este país sudamericano de 17 millones de habitantes, donde podían ocurrir terremotos de gran magnitud por la interacción de las placas tectónicas Sudamericana y de Nazca, cuyos límites, o falla, coinciden con el territorio chileno.
La última publicación al respecto se divulgó en 2009.
Precisamente una de esas zonas «maduras» desde el punto de vista sísmico era el sector comprendido entre las centrales ciudades de Constitución y Concepción, donde se sintió con más fuerza el destructor terremoto de febrero, que alcanzó 8,8 grados en la escala de Richter.
Al sismo siguió un tsunami que arrasó con varias localidades costeras de las regiones de El Maule y Bío-Bío, entre 200 y 500 kilómetros al sur de Santiago, capital de un país que suele ser elogiado como el más avanzado de América Latina en materia de desarrollo económico y social.
Luego del terremoto, que dejó unos 500 muertos y miles de viviendas en el suelo, los errores y la mala coordinación entre el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la armada y la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) impidieron decretar a tiempo la alerta de maremoto para proteger a la población.
La Onemi justificó además la lenta respuesta estatal por la caída de la red de comunicaciones.
«Un terremoto de magnitud 8,8 grados tensiona cualquier sistema de emergencia en la dimensión reactiva, a un nivel extremo. La zona del daño fue enorme, cerca de 500 kilómetros, viéndose severamente afectado todo el soporte comunicacional del país», admitió Campos, quien recordó que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo.
Investigaciones de instituciones científicas de Estados Unidos y Chile indican que la fuerza del sismo provocó que Concepción se desplazara más de tres metros hacia el occidente. Lo mismo ocurrió con Santiago (27,7 centímetros) y las ciudades argentinas de Mendoza (13,4 centímetros) y Buenos Aires (entre dos y 3,9 centímetros).
Con todo, una mejor infraestructura tecnológica y, especialmente, una masa crítica de científicos podrían haber mitigado el impacto del segundo terremoto más fuerte sufrido por este país, después del de 9,5 grados registrado en 1960 en la sureña ciudad de Valdivia, planteó Campos.
La Red Nacional Sismológica y Volcánica creada como parte de los festejos del bicentenario de la independencia del imperio español, que se cumplirá este año, tenía previsto operar completamente en 2012. Tampoco fue suficiente el proceso de modernización de los últimos años en la Onemi.
«Hay una notoria falta de expertos y especialistas» capaces de operar la nueva tecnología disponible y diseminar sus conocimientos entre los tomadores de decisiones, el sistema educativo y la población, indicó Campos.
«Éste es un problema compartido en América Latina, porque nuestros países destinan pocos recursos a la formación de este capital humano de expertos», un asunto caro y que no da réditos políticos inmediatos, opinó.
Sin embargo, la porción occidental de la región está muy expuesta a catástrofes naturales como terremotos, erupciones volcánicas y maremotos.
En materia tecnológica, Campos destacó la experiencia de Japón, que «tiene un dispositivo de sensores en todo el territorio nacional conectado en tiempo real con un sistema de comunicación robusto, que no se cae frente a un terremoto».
La información generada por estos sensores «se canaliza a través de una central de procesos, en la que a los pocos segundos se identifican las zonas donde hubo severos movimientos del suelo y donde se ubican las áreas de máximo daño», explicó.
Un sistema de este tipo habría evitado que pasaran días antes de conocerse todos los lugares afectados por el terremoto y el tsunami en Chile.
Según Campos, la información utilizada por el SHOA, generada por un sistema de boyas instaladas por Estados Unidos en el océano Pacífico para medir cambios en la mareas, no es el más adecuado para esta región.
«Países de América Latina, como Perú, Ecuador, Colombia y Chile, necesitan un sistema robusto que permita detectar, de manera instrumental, los movimientos fuertes para saber rápidamente cuál es la zona del daño máximo, y a partir de esa información activar las acciones pertinentes de ayuda a las personas afectadas», insistió el sismólogo.
América Latina debe desarrollar capacidad técnica y experiencia propia para crear un sistema que se adecue a sus problemas específicos, enfatizó.
La planificación urbana es otra herida abierta por el terremoto, dicen expertos.
Aunque la legislación nacional obliga a las comunas a contar con planes reguladores que incluyan análisis de las zonas de riesgo, estas amenazas no siempre son «atendidas» por las autoridades, el mercado inmobiliario y turístico y la comunidad, dijo a Tierramérica la arquitecta planificadora Libertad Burgos, de la consultora privada Infracon.
«La responsabilidad es compartida» y tiene que ver con la «falta de conciencia» general sobre el extremo grado de vulnerabilidad del territorio nacional, acotó. En 2007 Chile sufrió un terremoto en la norteña ciudad de Tocopilla y en 2008 la erupción del sureño volcán Chaitén, que obligó a reubicar a una ciudad completa.
Como Campos, Burgos cree que la red de emergencia requiere mayores recursos para equipamiento y, sobre todo, capacitación.
Para Paulina Acevedo, del no gubernamental Observatorio Ciudadano, la catástrofe «dejó en evidencia dos realidades: la lentitud y descoordinación de las autoridades y la gran desigualdad social que caracteriza al país», porque los mayores afectados fueron los más pobres, que habitan viviendas precarias en zonas que no tienen las mejores vías de acceso. Chile no tiene «ningún tipo de cultura sísmica respecto a saber cuáles son las características geográficas del territorio y cuáles deberían ser las formas de reaccionar frente a una emergencia. Y no me refiero sólo a ponerse bajo el umbral de una puerta, sino a cómo almacenar agua o cómo manipular alimentos en forma higiénica», ejemplificó la activista a Tierramérica.
* Este artículo fue publicado originalmente el 13 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.