Una vez más, la administración de turno del Estado chileno, con sesgo racista, ve en las comunidades indígenas a campesinos pobres, obreros agrícolas, folclor y masa corrompible y colonizable, cuando se trata de un pueblo distinto al chileno, con su propia cultura, organización, modo de producir y vivir, cosmovisión, vínculo especial y específico con la naturaleza.
La llamada Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento es una iniciativa de la administración de Gabriel Boric, formada por miembros del sistema político del Estado chileno en 2023, «con el objetivo de liderar un proceso de diálogo y acuerdos para canalizar institucionalmente las demandas de restitución de tierras y reparación por parte del pueblo mapuche y recomendar medidas viables para la paz duradera y el entendimiento mutuo entre los actores de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos».
El informe final de la agrupación fue entregado a Boric el 6 de mayo de 2025, en La Moneda. Y este 13 de agosto comenzó una consulta a algunas comunidades mapuche respecto de la propuesta del documento gubernamental. Hasta ahora los propósitos de la comisión están fracasando estrepitosamente contra la dignidad de todo un pueblo.
El werken de la comunidad de Pepiukelen de Pargua, Francisco Vera Millaquen, sobre la consulta señaló que «el nuevo sistema de tierras que nos proponen es una forma muy elegante de llamar al despojo de nuestros territorios, del Biobío al sur, por el Estado de Chile. Hagamos memoria. En 1825, tras 14 años de guerra, a petición de las autoridades chilenas, fue firmado el Tratado de paz de Tapihue, donde fuimos reconocidos como un Estado soberano y libre. Además de ser un pacto por la paz entre las dos naciones, constituyó un acuerdo de colaboración recíproca», y agregó que «sin embargo, el mismo ejército chileno, años después, invadió nuestras tierras a sangre y fuego».
Vera Millaquen recordó que, «en el año 2003, bajo el gobierno de Lagos Escobar, la institucionalidad chilena realizó un texto denominado ‘Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato’. Allí se reconoce la pérdida del territorio mapuche por responsabilidad del Estado de Chile de manera absolutamente arbitraria e ilegal. Asimismo, plantea que un total de 10 millones de hectáreas fueron arrebatadas a nuestro pueblo. Ese territorio jamás se ha devuelto. De hecho, desde el año 1993, por diversos medios, se han retornado apenas unas 700 mil hectáreas y ahora el informe de la última comisión dice que se devolverán alrededor de 300 mil hectáreas más. O sea, sólo un 10 % de todo el territorio mapuche reconocido por la propia institucionalidad chilena», y la autoridad mapuche sumó que «afortunadamente la actual propuesta del gobierno está siendo rechazada por la inmensa mayoría de la población originaria, e incluso por entidades internacionales. En resumen, estamos frente a un proceso ilegal que únicamente ha contemplado a una parte de nuestro pueblo. No hay que olvidar que prácticamente un 50 % de la nación mapuche vive en Santiago y Valparaíso, y esas regiones no han sido contempladas para la consulta».
Por su parte, el werken de la agrupación mapuche Pikvun Mapu, Sergio Santos Millalen, informó que, ante los procedimientos emanados del informe de la Comisión Presidencial de Paz y Entendimiento, «el Ministerio de Desarrollo Social y Familia mediante la Resolución Número 244 exenta, del 27 de junio de 2025, ha incumplido la participación en la consulta de todo el pueblo mapuche, abarcando sólo a la mitad de nuestra gente. Ello viola el convenio 169 de la OIT firmado por el Estado chileno» y comunicó que «tal medida unilateral la hemos plasmado en un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Al respecto, todavía la Corte Suprema tiene que resolver. Por lo demás, los mapuche de las regiones de Santiago, Valparaíso y O’Higgins nos vamos a autoconvocar para rechazar la presente consulta, porque pretende exclusivamente generar un catastro de tierras, sin una visión de territorio. No consentiremos los resultados de esta comisión presidencial. Es más. La enfrentaremos de manera política, histórica y jurídica». Sergio Santos afirmó vehementemente que «El territorio no está a la venta; el territorio ancestral se defiende».
«La consulta busca imponer una ley de punto final a la legítima restitución territorial mapuche»
Las comunidades de Purén de La Araucanía señalaron que, «mediante la consulta el gobierno pretende legitimar las decisiones de la Comisión por la Paz y Entendimiento, que representa un relato del negacionismo y colonialismo con el pueblo mapuche y sus derechos», y advirtieron que «este sistema busca imponer una ley de punto final a la legítima restitución territorial de nuestro pueblo. La nueva política facilitará que la tierra mapuche entre al mercado de ventas, arriendo, traspaso y comodato, permitiendo la instalación y ejecución de proyectos inmobiliarios, mineros, carreteros, centrales eléctricas, represas, forestales y planes extractivistas sin ninguna protección para nuestra gente».
Los mapuche de Purén enfatizaron que la iniciativa gubernamental en curso «sólo aumentará el conflicto y la militarización en nuestro territorio».
En su lugar, este 13 de agosto, los apo ülmen, machi y representantes de la provincia de Osorno determinaron el rechazo a la consulta, argumentando que resulta «dañina, de mala fe y sin voluntad política para darle una real solución a nuestra demanda histórica. Exigimos al gobierno retirar la consulta; el gobierno no ofrece garantías de que nuestros derechos sean protegidos en el Congreso, lugar donde se discutirá el proyecto de ley resultante de la consulta indígena, lo que transgrede los derechos protegidos en instrumentos del derecho internacional», y explicaron que «el Estado, a través de esta consulta nos viene a ofrecer compensaciones a cambio de nuestro derecho territorial, cuando el territorio es un bien intransable y un elemento inalienable de cada mapuche. El Estado no tiene moral para hablar de Paz y Entendimiento en circunstancias en que continúan los allanamientos a distintos territorios y autoridades espirituales, presos políticos, y regiones con estado de Excepción».
Asimismo, las comunidades originarias de Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, repudiaron el nuevo sistema de tierras, y denunciaron «la total falta de legitimidad que ha tenido todo el proceso. Desde el inicio, el Estado chileno no fue capaz de convocar a las autoridades mapuche pertinentes, ni a las comunidades que han sido parte de la organización política de nuestro territorio. La medida atenta contra nuestro derecho ancestral a la tierra y reduce nuestra lucha histórica a simples actos administrativos y lógicas de mercado». Igualmente, afirmaron que «los mecanismos de indemnización que propone el Estado de Chile solamente están pensados para beneficiar a los latifundistas, tratándolos como ‘víctimas de conflictos’. Pero nosotros estamos conscientes de que ellos han sido los únicos favorecidos desde que llegaron a nuestro territorio a robarnos y despojarnos por medio del engaño y la violencia».
Una vez más, la administración de turno del Estado chileno, con sesgo racista, ve en las comunidades indígenas a campesinos pobres, obreros agrícolas, folclor y masa corrompible y colonizable, cuando se trata de un pueblo distinto al chileno, con su propia cultura, organización, modo de producir y vivir, cosmovisión, vínculo especial y específico con la naturaleza.
* Las imágenes fueron proporcionadas por las mismas comunidades
