El 15 de diciembre de 2022 será recordado como uno de los días en los que el parlamentarismo español estuvo más tensionado y amenazado. Detrás de ello, un intento de las derechas política y judicial, sin precedentes, para suspender el debate de una ley y paralizar la macroreforma legal del Ejecutivo. El vértigo de un choque de poderes sin precedentes, que falló en su primer intento.
El Gobierno logró finalmente sacar su proposición de ley, con mayoría absoluta y aunando 184 votos de los 350 escaños, pese a la operación política y judicial orquestada por las derechas. En vilo estuvo todo el día la Cámara Baja mirando hacia el Tribunal Constitucional. Allí, sus miembros tenían que decidir si aceptaban las medidas cautelares presentadas en un recurso de amparo por el Partido Popular y que se podían materializar en la suspensión de la votación.
La democracia, en riesgo. Esta era la sensación que transmitieron todos los diputados de las izquierdas, nacionalistas e independentistas. El PP presionaba para que un Tribunal Constitucional no renovado se posicionara sobre una ley que ni siquiera se había aprobado. Pero el Alto Tribunal decidió aplazar su decisión hasta el próximo lunes ante el fuerte choque interno y la cantidad de documentación presentada.
Objetivo: controlar al Constitucional usando al propio TC
Por lo tanto, finalmente el Congreso daba luz verde al texto, de gran envergadura al incluir las reformas de la malversación y la sedición, la creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito, la clarificación de la ley del ‘sólo sí es sí’ y el nuevo modelo para a elegir dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Este último aspecto es vital para la derecha, que sigue con la intención de controlar los principales órganos judiciales, cuando las mayorías deberían ser ya progresistas. El PP lleva bloqueando el Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años, pero ahora teme que se pierda la mayoría conservadora del Constitucional.
Desde hace más de tres meses se debería haber renovado un tercio del Constitucional (con los dos magistrados correspondientes al Ejecutivo y los dos del CGPJ). Pero el órgano de gobierno de los jueces incumple la propia ley al estar dilatando el proceso el sector conservador del mismo (el próximo día 20 volverán a reunirse).
Ante esto el Gobierno ha movido fecha proponiendo una rebaja de las mayorías necesarias y eliminando la exigencia de tres quintos. Esto ha provocado un gran malestar entre los conservadores, pero el Ejecutivo sostiene que no se puede permitir este bloqueo de la Justicia. Los dos nombres designados por La Moncloa para el TC son Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales, dos perfiles que han levantado también muchas ampollas entre la derecha.
Choque de poderes
Pero los movimientos judiciales, no sólo políticos, han sorprendido a la par. El Tribunal Constitucional convocó su pleno de este jueves de manera urgente, cuando lleva semanas posponiendo el que debe ratificar a los candidatos del Gobierno para el Alto Tribunal. En el mismo día que se iba a llevar a cabo la votación y poniendo como hora de inicio, las diez de la mañana, cuando la Cámara Baja empezaba su trabajo legislativo a las nueve horas. Es decir, se fijaba estudiar un recurso sobre sí mismo en relación a una ley que ni siquiera había pasado la fase del Pleno del Congreso cuando a su vez está bloqueándose internamente. Una decisión de paralizar la reforma (con la excusa de su tramitación en la Mesa de la Comisión de Justicia) suponía entrar de lleno, además, en otro poder.
El Tribunal Constitucional va a jugar un papel fundamental en los próximos meses porque se tienen que resolver asuntos de vital importancia, y con un marcado carácter social. Encima de la mesa están leyes como la del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de eutanasia y la ley Celáa, entre otros. Y desde el Gobierno se lleva tiempo advirtiendo de que una mayoría conservadora caducada puede tener efectos como en EEUU precisamente con la ley del aborto.
Las derechas tenían en mente frenar a través de ese recurso la ley, confiaban en ello. Por eso fue un jarro de agua fría el aplazamiento de la decisión del TC. No lo ocultaban fuentes de Génova al conocerse este paso: “Nos habría gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español”.
El intento de frenar la votación
A pesar del aplazamiento, las derechas lo intentaron por todas las fórmulas parlamentarias frenar la macrorreforma legal. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, trató de paralizar el Pleno y la votación, al igual que hizo Inés Arrimadas (Ciudadanos). Esta última llegó a comparar a Meritxell Batet, al frente de la Presidencia del Congreso, con Carme Forcadell. Vox abandonó el Pleno. Pero el debate se celebró, como alegó Batet, porque no había ningún impedimento ni ninguna comunicación oficial del Constitucional. La apuesta de las derechas siguió hacia arriba no participando por parte del PP y de Cs en la votación, con el fin directo de deslegitimar el resultado.
Un resultado que llegaba finalmente sobre las 18 horas del jueves y que fue abrumador: el Gobierno sacó adelante la norma con 184 votos a favor, lo que supone una amplísima mayoría absoluta. Un día, además, en las que sumó otras mayorías absolutas en leyes como la del aborto y la reforma de la PAC.
Pero el ambiente fue asfixiante y demoledor en el Pleno conforme pasaban las horas. Cuca Gamarra mostró su rostro más duro. Y con la teoría de que no se puede legislar sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie. En el PSOE, según manifestó Felipe Sicilia desde la tribuna de oradores, el momento vivido era uno de los más graves y se comparó con el 23-F, acusando a la derecha de querer parar la democracia entonces con “tricornios” y ahora con “togas”.
A la crispación que se ha vivido en las últimas semanas, se suma ahora el intento de la derecha de parar las votaciones por los tribunales y no con los votos conseguidos. El PP vuelve a su lado más duro, a las técnicas de Pablo Casado, quien durante todo su mandato trató de hacer calar que se trata de un Gobierno ilegítimo.
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, resumió la jornada así tras horas de endiablado debate: «Hoy ha triunfado la democracia frente al intento de atropello tan gran ve por parte del señor Feijóo. Nunca antes, de manera tan inaudita, habíamos tenida esta afrenta. Ha sido un día muy triste viendo cómo el PP tiene secuestrada a la Justicia, utilizándola en su beneficio y yendo en contra de algo sagrado como es la soberanía popular».
Pedro Sánchez: «La democracia y la Constitución prevalecerá»
Ya por la noche, y desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al Partido Popular y Vox de provocar un «complot burdo» para «amordazar» al Parlamento. «La democracia y la Constitución prevalecerá. La derecha y ultraderecha han intentado amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo del TC», aseguró Sánchez ante los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior al Consejo europeo.
Sánchez afeó también al PP y Vox de que «no todo vale» en política y que no pueden llamar «gobierno ilegitimo» a su Ejecutivo, por lo que reclamó que respeten el resultado de las urnas tras las últimas elecciones generales. El presidente acusó a ambas formaciones de no ofrecer «ningún proyecto» más allá de los insultados y ha reiterado la necesidad del cumplimiento de la Constitución, informa Europa Press.