Mucho que analizar y reflexionar sobre lo ocurrido este 18 y 19 de Octubre de 2019 no hay. No es necesario desvanecerse ante el llamado de la prensa que invita a pensar en lo ocurrido porque hace tiempo que se habla del agotamiento de un modelo económico que acumula riquezas para unos pocos a costa […]
Mucho que analizar y reflexionar sobre lo ocurrido este 18 y 19 de Octubre de 2019 no hay. No es necesario desvanecerse ante el llamado de la prensa que invita a pensar en lo ocurrido porque hace tiempo que se habla del agotamiento de un modelo económico que acumula riquezas para unos pocos a costa del trabajo de muchos.
Los trabajadores han llegado a ser tan precarizados, no tan solo en el ámbito del trabajo, sino que en la vida cotidiana se han visto enfrentados a duras condiciones sociales caracterizadas por la pérdida de derechos obtenidos en épocas anteriores mediante huelgas y protestas que no han escapado al fenómeno de la violencia.
En este sentido, los hechos del 18 y 19 de Octubre no responden a excepcionalidades de los últimos tiempos, sino que ilustran las contradicciones del modelo económico instalado en dictadura y respaldado por la clase política heredera de la oligarquía, que mediante la constitución y su nula voluntad a modificarla y la modernización de la normativa represiva que faculta a policías y militares para ser garantes del «orden», han creado una situación desigual e injusta para el pueblo.
El modelo neoliberal planteado por la dictadura argumentó su objetivo en base a la acumulación de riquezas, el punto es que no todos tienen la posibilidad de acceder a ellas. Lo sucedido habla de una contradicción que manifiesta una crisis estructural de la economía porque explica la inequidad y las injusticias que sufre el pueblo a partir de su objetivo principal, el que persigue la clase empresarial y política de este país, objetivo que solo busca la acumulación incesante de capital.
Se entiende por contradicción porque el deseo de obtener riquezas se pensó como una oportunidad a la que todas las personas podrían acceder, pero en este caso, solo se apropiaron de estas los que se hicieron del poder. Esta situación llevó a una profunda acumulación de rabia producto de las injusticias que sufren día a día los trabajadores, ya que las riquezas que ellos producen se la quedan otras personas.
De esta manera, la inequidad es el resultado de las condiciones estructurales que genera la apropiación de riquezas, lo que se vuelve una contradicción para el mismo sistema económico. A la misma vez, es el argumento para que los despojados de este privilegio se vuelquen a la calle mediante un pronunciamiento del descontento, que al provenir desde la misma matriz que le da sentido a la economía, se traduce como una injusticia estructural.
La riqueza apropiada por unos pocos ha llegado a molestar a un gigante que se encontraba dormido, que según esta apreciación, no es porque las condiciones de vulnerabilidad no hayan sido justificación para levantarse ante los que ejercen el poder en momentos pasados, sino porque había una generación sometida por la violencia que la Derecha aplicó en los años 70 y 80 para hacerse del poder. Esto resulta irónico, ya que quienes hoy denuncian la «violencia» de una nueva generación son los mismos que utilizaron a las policías y militares para instalarse en los puestos políticos que hoy les brindan protección y grandes utilidades económicas.
De esta manera, el alza del pasaje del transporte público solo resulta ser «la gota que rebalsó el vaso» para una clase trabajadora que desde los años 80 venía experimentando la vulnerabilidad socioeconómica a partir de un grupo de políticos y empresarios que no reparte equitativamente la riqueza ni mejoran los ingresos.
Es injusticia cuando las alzas en los precios del transporte público provoca un empobrecimiento gradual de las personas, que no es nuevo, ya que esta se suma al «robo legal» por parte de las AFP’s, la precarización del empleo y el salario, los altos costos para cubrir derechos básicos de salud y educación, la contaminación y sacrificio de lugares dispuestos para empresas extranjeras que cuentan con el respaldo de esta clase política para destruir ecosistemas y poblaciones mediante la sobre explotación de bienes comunes y vertimiento de sus desechos, entre otros elementos y hechos donde la riqueza de un sector de la sociedad posee costos sociales para el resto.
Todo lo anterior habla de una crisis estructural o sistémica que vive el modelo económico, ya que poco a poco, las personas van experimentando como la clase política y empresarial intenta salvar sus riquezas sin importar las medidas que deben tomar y los daños que han de causar.
Esta clase, entiende que la economía no puede crecer en términos ideales, pero a pesar de ello, la ambición resulta ser más fuerte e incurren en estrategias de sobre-explotación de personas para seguir manteniendo sus privilegios y su modo de vida basado en un bienestar con costos sociales.
Para esta reflexión, fracasa el neoliberalismo porque los pobres no han dejado de ser pobres y los ricos se han hecho cada vez más ricos, por lo tanto, el modelo no cumplió con lo prometido, sino que generó brechas más desiguales entre la población y el pueblo ha estallado en enfrentamientos ante la inequidad, la injusticia y la ambición de unos pocos.
Las «evasiones», llevadas a cabo por esta joven generación, han demostrado el real interés de esta clase política y empresarial ya que todo esto significó una pérdida del control político y social sobre la población, una preocupación histórica de la oligarquía chilena. La desobediencia demuestra las falencias en torno a la legitimidad política que tiene la clase que ejerce el poder en este país, por lo tanto, las medidas que considera el gobierno de turno responden a esta herencia oligárquica de la Derecha chilena, cuya respuesta ante los hechos es la condena de la violencia del pueblo y el uso de las fuerzas armadas y de seguridad del estado para garantizar el orden que la élite desea.
Enviar al ejercito a la calle, facultar a las policías para un control de la población, declarar estado de emergencia y amenazar con estado de excepción y declara «toque de queda» es una medida desesperada debido a la incapacidad política para controlar el descontento social. Uno de los elementos que lo puede explicar es no considerar las facultades de un pueblo, que sin estar organizado, ya pone en tención los valores, principios, dinámicas, comportamientos y beneficios de la clase dominante, en otras palabras es no considerar al pueblo como el sujeto histórico que siempre ha sido.
La violencia desatada a partir de las protestas contra las injusticias ejercidas por quienes están en el poder ha generado un debate intencionado por los medios de comunicación, ya que el foco no está centrado en los problemas estructurales del sistema económico sino en la forma de manifestar el rechazo a este, dicho debate que se instala, no es más que el miedo de los poderosos (gobierno y oposición) a ser desplazados por el pueblo en el ejercicio del poder.
Las palabras de la intendenta de la región Metropolitana Karla Rubilar, demuestran esta urgencia ya que hace un llamado a unificar todos los sectores políticos para que estos actúen en unidad ante un pueblo que políticamente ya no creen en la institucionalidad política y económica de este país, producto de sus actuar mezquino y corrupto.
El llamado del gobierno a la paz, para ponerse recién a pensar sobre lo sucedido, habla de la falta de legitimidad política, antes mencionada, y del miedo ante la emergencia de un proyecto político popular que se desate en la histórica disputa por el poder y sus beneficios.
Felipe Alessandri, alcalde de la comuna de Santiago, dice que las personas no son delincuentes sino que son ciudadanos manifestándose, asumiendo de esta manera la gravedad a la que está ascendiendo el descontento social producto de la inequidad generada a partir de la ambición de unos pocos. Políticamente realiza el mismo llamado de la intendenta y varios alcaldes comienzan a reconocer que la violencia desatada es una acumulación de rabia y descontento producto de las injusticias, por lo que, el miedo al desborde popular comienza a tomarse las preocupaciones del gobierno.
Lo anterior hace evidente la crisis de la democracia que la clase política experimenta, parte del fracaso del modelo económico, que en momentos de prosperidad alude a la libertad y las instituciones democráticas para regular la actividad del pueblo, pero en momentos de crisis actúa totalitariamente.
La violencia como fenómeno no puede ser analizada desde la idea de entenderla como la forma validad o no de reclamar, eso es una medida desesperada para dividir las fuerzas y poder que el pueblo puede llegar a concretar cuando pase este momento de estallido coyuntural y se inicie una fase de organización popular más política e ideológica. Ante esto, la violencia debe ser entendida como una expresión política de dos clases que disputan el poder a partir de proyectos y mecanismos particulares.
El caso puntual que se está viviendo en Chile y el mundo habla de un enfrentamiento «violento» entre dos clases, una apostada en el poder y la otra sometida a la anterior. El conflicto será siempre de esta manera si los privilegios de una clase pasan a ser puestos en disputa, por lo que no se debe perder el foco de esta coyuntura, no es un tema de orden, es un tema de privilegios y cuando estos se encuentran cuestionados, no existirá postura racional para pensar en cómo resolver un conflicto sin costos ni violencia, sobre todo cuando existe un potencial de reinvertir las relaciones de poder.
Puntualmente, es un proceso que viene sucediendo hace bastante tiempo, por lo que se puede establecer un momento coyuntural del conflicto porque la manifestación popular se logra comprender como respuesta a condiciones sociales injustas, no hay algo planificado ni estructurado por un discurso ideológico por parte de los trabajadores. Este momento de «coyuntura» tendrá el plazo suficiente para generar ese despertar consiente del pueblo.
El segundo momento será más político o ideológico, a tal punto de configurarse como paradigma de una nueva sociedad, del nuevo modo de vida, pero por ahora solo se vive el estallido de una coyuntura que ha sido desbordada por las injusticias del actual modelo económico.
La tarea en este sentido es reordenar las fuerzas políticas del pueblo pero no desde la institucionalidad agotada de los partidos políticos tradicionales, por lo tanto, hay que avanzar hacia una autonomía popular para crear el nuevo de modo de vida donde sea el pueblo quien establezca el proyecto social y no la clase política que solo visita las poblaciones en periodos de campaña.
Para terminar, esta reflexión ha sido elaborada a partir de una mirada de la historia de Chile y el mundo donde el dialogo ha presentado cierta utilidad para la clase que está en el poder, porque dicho llamado al dialogo ha sido excluyente de los sectores populares, solo se considera en la negociación una diversidad política reducida ya que se habla de colores de partidos que se encuentran al interior de la misma elite, es por ello que elaboran una democracia representativa, donde el pueblo escoge a las personas de la élite que representan su sentir.
Esta historia, habla de una ceguera en torno a esta representación ya que quienes se hacen cargo de las necesidades sociales del pueblo son una clase que ha despreciado a este sujeto históricamente y solo lo ha considerado como una masa de votantes que les permite llegar al poder y cuando esto no sucede, se utiliza la violencia estructural.
Si bien la violencia no es un fenómeno deseable para nadie, la única manera de evitar el tránsito hacia un nuevo modo de vida o hacia una sociedad más justa y equitativa sin incurrir en actos cuyas consecuencias sean nefastas para las personas será generar un diálogo directo entre la clase política que ejerce el poder, donde se encuentra toda su diversidad de colores de partidos, y el pueblo y su proyecto de sociedad, sin representantes ni nada, ya que ese modelo ha fracasado y en la historia nacional, la corrupción de los lideres ha llevado a la traición de los intereses del pueblo.
En este sentido, si no se avanza hacia una democracia popular y directa, la disputa de los beneficios tendrá al fenómenos de la violencia de por medio, por lo que la reflexión final debe llevarnos a pensar sobre lo siguiente, ¿estamos preparados para sentarnos a dialogar entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada? ¿Qué mecanismo político asegura que dicho dialogo genere buenos resultados? 
Hernán Torreblanca es Profesor de Historia y Ciencias Sociales – Chile
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