El ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, es un crítico declarado de las políticas represivas aplicadas al pueblo mapuche por el gobierno. Así lo ratificó otra vez en esta entrevista con Punto Final. Francisco Huenchumilla Jaramillo (73, hijo de un suboficial de ejército, abogado, casado, seis hijos, militante de la DC), ha ocupado numerosos […]
El ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, es un crítico declarado de las políticas represivas aplicadas al pueblo mapuche por el gobierno. Así lo ratificó otra vez en esta entrevista con Punto Final.
Francisco Huenchumilla Jaramillo (73, hijo de un suboficial de ejército, abogado, casado, seis hijos, militante de la DC), ha ocupado numerosos cargos de representación popular. Fue alcalde de Temuco, diputado por la región doce años durante los gobiernos democráticos. También fue ministro en el gobierno de Lagos e intendente con Bachelet. Ahora es candidato a senador. Dice sentirse avergonzado que «siendo parte de una coalición de centroizquierda lo que se evidencia sobre el pueblo mapuche sea solo violencia e incremento de una política represiva (…) Y nada se dice respecto al fondo del asunto, sobre por qué sucede lo que sucede, sus causas y el proceso histórico detrás de los hechos. Solo aparece la política represiva. La violencia hay que combatirla, pero con las armas de la política también», advierte. Siendo intendente de La Araucanía elaboró una «Propuesta al gobierno respecto de la situación de la región de La Araucanía», con soluciones concretas para resolver el conflicto. Su atrevimiento le costó el cargo en agosto de 2015.
¿Cuáles son a su juicio los principales problemas en La Araucanía?
«Hay dos grandes problemas: la situación de conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno, y que la región muestre las cifras de pobreza más altas de Chile: 24%, lo cual significa que un cuarto de la población vive en la línea de la pobreza. Sobre todo la pobreza está en las comunas cercanas a la cordillera de Nahuelbuta y la zona costera, donde vive la mayoría de las comunidades indígenas».
¿Cómo se puede intentar resolver el conflicto chileno-mapuche?
«Con voluntad política para ir a las causas de por qué existe esta situación. No he visto esa voluntad en los últimos veinte años. Esta es una tarea del gobierno central, porque implica reformar la Constitución y otras decisiones que escapan a las facultades de la autoridad regional. Voluntad política para acometer esa tarea, es lo que falta.
Antes de 1810 la nación chilena no existía. Es el Estado el que va formando la nación, pero no reconoce la existencia de los pueblos originarios, se hace el leso, mira para otro lado. Hasta hoy no ha querido reconocer que Chile es un Estado plurinacional. Acá hay pueblos indígenas anteriores a la formación del Estado chileno, anteriores a la llegada de los españoles. Mientras el Estado no asuma ese acto de realismo, no vamos a avanzar. Hecho aquello viene el cómo nos entendemos, cómo reformamos el Estado y la sociedad. Y ahí se comprobará que el Estado despojó de sus tierras a los pueblos originarios, específicamente al pueblo mapuche. Todo eso no se ha hecho. Por eso más allá de las políticas sociales para ayudar a la gente, hay un tema político que es la relación que debe tener el Estado con sus pueblos originarios. Lamentablemente no se ha entrado nunca al fondo de esos temas».
¿Cómo se explica la pobreza en esta región tan rica en recursos?
«Antes del Estado chileno, el pueblo mapuche era un Estado-nación, un pueblo que no era pobre, gozaba de abundancia, era ganadero, comerciante, tenía industria textil, traía ganado desde Argentina y disponía de cinco millones de hectáreas de tierra. El Estado chileno les quitó cuatro millones y medio y generó un campesinado pobre: las reducciones indígenas. Hoy la gente vive con una, tres o cinco hectáreas de tierra. Algo se ha avanzado porque se han recuperado 200 mil hectáreas con la Ley Indígena, y también en caminos, agua, electricidad, pero queda mucho por hacer. Es una situación de pobreza estructural que viene desde lo que se ha llamado la ‘Pacificación de La Araucanía'».
LEY ANTITERRORISTA Y EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
Últimamente han detenido a varios líderes mapuches en la «Operación Huracán». Otros presos políticos mapuches estuvieron en huelga de hambre más de cien días. ¿Cuál es su opinión?
«Lo he señalado: llevamos veinte años en este proceso, que es recurrente, y estamos en lo mismo. Incendios, violencia, querellas, jueces, fiscales…veinte años en lo mismo. El Estado tiene que reflexionar por qué hay violencia política en La Araucanía. No es un problema de orden público porque detrás de esa violencia probablemente hay sectores que no le creen al Estado ni le creen a las instituciones, que piensan que el camino de la vía política no es viable. Yo no estoy de acuerdo con la violencia política, creo en la vía democrática, pero entiendo que el pueblo mapuche es un actor que no tiene poder político y, por lo tanto, está muy arrinconado. El Estado chileno no logra entender la naturaleza del proceso, no hay una visión del fondo del tema».
Los cuatro mapuches que estuvieron más de cien días en huelga de hambre se declaran inocentes. Fueron detenidos a diez kilómetros del lugar -una iglesia que fue quemada-, existen irregularidades en el proceso. ¿Era necesario que estuvieran al borde de la muerte para resolver su situación?
«No conozco el proceso ni los detalles, pero hay una norma en el Estado de derecho que dice que una persona es inocente mientras no sea condenada, y esa norma rige para mapuches y no mapuches. Las personas tienen derecho a defenderse en un debido proceso. Son los tribunales los que tienen que resolver. Pero hay una suerte de racismo y violencia desmedida: basta que los acusados sean mapuches para que haya una suerte de condena pública y juzgamiento en la plaza pública. En este caso hizo crisis la falta de definición del gobierno entre la línea de la gestión política y la de seguridad y orden público. El subsecretario del Interior, Aleuy, privilegió la línea de la seguridad y orden público, insistió en eso y el gobierno se vio enfrentado a un problema humano, ético, complejo, tuvo que hacer uso de las herramientas políticas para tratar de revertir la situación. El gobierno nunca entendió -o tal vez el subsecretario Aleuy- que el problema de La Araucanía necesita gestión política. Nunca sentí que el subsecretario pudiera abrirse a una cierta flexibilidad para hacer gestiones políticas tendientes a neutralizar muchas cosas que sucedían. Cuando te metes en ese callejón, te encuentras con una Ley Antiterrorista que no permite ninguna flexibilidad ni da espacio al tema político».
La Ley Antiterrorista se sigue aplicando. Bachelet candidata prometió que no lo haría. Expertos de la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han aprobado resoluciones exigiendo que esa ley no se aplique al pueblo mapuche.
«El gobierno la aplicó y echó pie atrás, lo cual implica que no hubo una adecuada ponderación de los factores políticos que incidían en estas materias. La Ley Antiterrorista es uno de los instrumentos que tiene el Estado, pero también cuenta con la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Control de Armas, el Código Penal. Cuenta con una batería de instrumentos legales. Pero la decisión de usar uno u otro es una decisión política. Si se tiene una mirada de que esto es exclusivamente un problema de orden y seguridad pública, usarás los instrumentos legales pertinentes, porque falta la apreciación política. No comparto la estrategia que sigue un sector del pueblo mapuche respecto de la violencia. Pero creo que el Estado no ha logrado responder la pregunta de por qué existe la violencia. Simplemente los ve como hechos delictuales y no entiende que detrás hay la movilización de un pueblo con estrategias de ese tipo. Tampoco ve lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en países donde estos fenómenos han sido recurrentes. Los pueblos indígenas han dado sus luchas en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, en muchas partes, y en esos países han buscado soluciones políticas».
Nuevamente está detenido el líder de la CAM, Héctor Llaitul. ¿Cuál es su opinión en este caso?
«Conozco a Llaitul, hemos participado en un par de oportunidades en foros en universidades. No tengo una relación de amistad con él pero he leído cosas que ha escrito y sus entrevistas. Es un hombre inteligente. Eso no significa que comparta su estrategia, pero lo peor que se puede hacer es minimizar los distintos liderazgos en el pueblo mapuche. He conversado no sólo con Llaitul, también con Matte y los ejecutivos de la Papelera y las empresas forestales. Creo que Héctor Llaitul es un tipo con una gran capacidad política. No tengo información sobre la Operación Huracán. Pero creo que el gobierno debe entender que hay que buscar mecanismos políticos de salida al conflicto»
Publicado en «Punto Final», edición Nº 886, 13 de octubre 2017.
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