La escena no podía ser más reveladora. Una funcionaria del Incoder en el centro del país recientemente asistió a una diligencia de rutina con campesinos a quienes el Estado había adjudicado tierras baldías. La sorpresa fue mayúscula cuando una señora con gafas oscuras, llena de joyas y bolso de marca se presentó en una camioneta […]
La escena no podía ser más reveladora. Una funcionaria del Incoder en el centro del país recientemente asistió a una diligencia de rutina con campesinos a quienes el Estado había adjudicado tierras baldías. La sorpresa fue mayúscula cuando una señora con gafas oscuras, llena de joyas y bolso de marca se presentó en una camioneta 4×4. Aunque claramente esta ‘campesina’ jamás había usado un azadón, el Estado le creyó que era una labriega sin recursos, que había ocupado la finca asignada durante los últimos cinco años, y que vivía de explotarla. Es decir, cumplía los requisitos de ley para que la Nación le entregara gratuitamente un predio baldío. Que esto suceda ya es suficiente para cuestionar la forma como se aplica la política de entrega de tierras. Pero si se tiene en cuenta que el caso se repite centenares de veces en todo el territorio, el hecho se convierte en un escándalo de grandes proporciones.
En la última década el país ha entregado 2.445.000 hectáreas de baldíos a 85.219 personas. Que la tercera parte de estas asignaciones esté en entredicho, a juzgar por los procesos que adelantan varias entidades, es resultado de una mezcla de corrupción, debilidad del Estado, interpretaciones equivocadas de la Ley y muchos trucos.
Radiografía de un fraude
Las irregularidades no se habrían presentado sin la complicidad de empleados de las oficinas de Registro y del Incoder. Una alta funcionaria de esta última entidad le dijo a SEMANA que hay tramitadores que han montado «oficinas paralelas» en las que participan exfuncionarios que conocen al dedillo el proceso para adjudicar baldíos.
Además se aprovechan de la ingenuidad de la gente. Por ejemplo, en el Urabá, un grupo de campesinos denunció que otras personas recibieron baldíos destinados a ellos. Para eso el responsable se valió de una hoja que firmaron en blanco, que presentó como si ellos hubieran renunciado a su solicitud.
Otro de estos exempleados habría guardado resoluciones de adjudicación originales y los estaría feriando al mejor postor. Por título pueden cobrar entre 3 y 5 millones de pesos, según el lugar. La actual administración de la entidad ya denunció penalmente varios de estos casos. En esta misma región, la Superintendencia de Notariado identificó un centenar de resoluciones falsas que aparecían firmadas por un funcionario ya fallecido. Las indagaciones confirmaron que la firma era auténtica pero que el difunto las había diligenciado en blanco.
Los corruptos también falsifican las resoluciones. En Turbo encontraron 11 resoluciones con números consecutivos de documentos oficiales de la entidad, pero al revisarlos correspondían a otros actos administrativos. Esta modalidad conocida como ‘gemeleo’ es frecuente en Urabá y los Llanos Orientales y ya está en la mira de las autoridades.
Otro de los modus operandi para quedarse con los baldíos es presentarse en grupo, cada uno por su pedazo de tierra, y luego de la adjudicación juntarlos para hacer una gran hacienda a costillas del Estado. Según la Ley Agraria, el baldío que se entrega corresponde a la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuya área, que depende de la región y el tipo de suelo, debe ser suficiente para que una familia campesina viva dignamente. En zonas muy fértiles, las UAF son de pocas hectáreas y en otras, como en la Orinoquia las UAF pueden ser de 1.500 hectáreas.
Estos casos se detectaron porque los solicitantes, que en muchos casos actúan como testaferros, tienen en común que provienen de lugares distantes de las fincas. Se evalúa si este es el caso de los amigos del entonces senador Habib Merheg, revelado por SEMANA en 2007. Entonces se demostró que 31 adjudicatarios, en su mayoría de Risaralda, recibieron 38.000 hectáreas de tierra en Vichada. Algunos de ellos en su momento le contaron a esta revista que ni siquiera conocían los Llanos Orientales. Al verificar en planos, los baldíos asignados son contiguos a una propiedad del excongresista.
Una situación similar se indaga en el caso del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza. Hoy una de las empresas ganaderas de su familia ocupa una gran finca en el Meta fruto del englobe de 27 baldíos asignados a igual número de personas, de otros lados del país, varias de ellas de la región de donde se extraen las gemas.
El nombre del esmeraldero está ligado a otro caso muy particular. Cerca de la finca mencionada anteriormente, compró 999 hectáreas a una persona que la había recibido como baldío. Aunque esa operación es legal, a las autoridades les ha llamado la atención que tras un proceso aclaratorio de los linderos del predio, este se convirtió en una hacienda de 4.111 hectáreas. Ocupar ilegalmente los baldíos mediante esas aclaraciones es otro de los métodos usados por todo el país.
Es tal la confianza que se tienen los tramposos que en Medellín una funcionaria que verificaba la información de un solicitante relató que a su oficina llegó una mujer en actitud arrogante diciendo «vengo por mi tierra». Le preguntaron si tenía propiedades y dijo que tenía un apartamento en El Poblado -el más exclusivo sector de Medellín- y que su actividad era ama de casa. Aún así insistía que le debían asignar tierras. En este departamento, según los recientes hallazgos, se asignaron predios a beneficiarios pudientes, que convirtieron los baldíos en fincas de recreo.
¿Debilidad estatal o indolencia?
El mayor problema estructural es que nadie sabe cuántas hectáreas son de la Nación, pues no existe un inventario, algo increíble en un país que ha padecido medio siglo de guerra donde la tierra ha sido el botín más preciado. Ese desconocimiento también explica en buena medida el porqué de tanta irregularidad. Desde 2003, cuando fue creado el Incoder, eran insuficientes los funcionarios que hacían esta labor, por lo que la entidad debió recurrir a vincular contratistas. Pero en muchas de las direcciones territoriales, se vincularon con el criterio de pagar favores políticos a congresistas o caciques locales, y en algunos casos, también para beneficiar los intereses oscuros de los grupos armados ilegales que querían legalizar por vía administrativa las tierras despojadas a los campesinos.
El crecimiento desproporcionado del número de contratistas del Incoder fue advertido por la Contraloría General, que en un informe de 2010 asegura que de 2007 a 2010 el porcentaje de contratistas pasó de 4,3 por ciento al 54 por ciento del personal en algunos de esos años. A pesar del cambio de gobierno la tendencia se mantuvo. En la Procuraduría hay quejas contra el exdirector Juan Manuel Ospina, pues en 2011 la cifra llegó a 1.306 contratistas, prácticamente el doble de los 745 funcionarios que había en ese momento. «Los contratistas se tomaron ese programa de baldíos, las decisiones las toman ellos», dice un funcionario del Incoder.
De otro lado, es cuestionable la poca comunicación del Incoder con otras entidades públicas para verificar la información que suministran los solicitantes. El proceso en la mayoría de las oficinas regionales se limita a contrastar si no se les han asignado baldíos anteriormente. Con esta debilidad, no solo se autorizan asignaciones con irregularidades por la naturaleza de los beneficiarios, sino por las características de los predios. Esto, por ejemplo, ha permitido que se asignen tierras en zonas de reserva ambiental. También empieza a surgir controversia por baldíos en zonas con potencial petrolero como los de Puerto Gaitán en el Meta.
Jhenifer Mojica, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, asegura que uno de los mayores problemas es que los responsables de verificar los requisitos actúan con demasiada laxitud. Por eso en muchos casos han permitido que los beneficiarios ‘demuestren’ ocupar la tierra a través de cuidanderos o mayordomos, cuando para el Incoder la ley es clara: que el señorío de la propiedad debe ser directo y no por interpuesta persona.
Otro de los puntos controvertidos es que un artículo de la Ley 160 de 1994, que rige en materia de baldíos, excluye de ser adjudicatario a quien tenga un patrimonio neto superior a 1.000 salarios mínimos, es decir 570 millones de pesos. Algunos funcionarios han interpretado que todo el que tenga menos de ese patrimonio puede clasificar para este beneficio. «Revisan la norma como si fuera una lista de chequeo y no se dan cuenta de que pierden el espíritu de la ley, que es que estas tierras se entreguen a campesinos», dice la gerente del Incoder. Eso lleva a absurdos como que prácticamente todos los colombianos podrían recibir baldíos porque, según la Dian, de 1. 464.000 personas que declararon renta en 2011, solo 162.000 tienen un patrimonio superior a 570 millones de pesos.
A las interpretaciones de la ley ajustadas a conveniencia se le suman las trampas, incluso patrocinadas por los propios funcionarios. En los procesos que el Incoder empieza a revisar con lupa está la asignación de predios vecinos a varios miembros de una misma familia.
Empresarios en apuros
El Incoder ha encontrado en sus revisiones que algunos grandes hacendados parecieron apostarle a la negligencia del Estado para expandir sus fronteras con baldíos. Uno de los casos emblemáticos es la hacienda Bellacruz, en el Cesar, de propiedad de la familia de Carlos Arturo Marulanda, ministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco. Ellos vendieron buena parte de esta hacienda en 2007 al Grupo Agroindustrial La Gloria, una de las inversiones del empresario Germán Efromovich. El Incoder alega que en ese momento ya aparecía en el certificado de libertad del predio que 1.200 hectáreas eran de la Nación. El empresario brasileño heredó ese pleito no resuelto, y de confirmarse la versión del Incoder, además de un proceso de recuperación, comenzaría otro para determinar si fue ocupante de mala fe, en cuyo caso Efromovich perdería las inversiones que hizo en esos terrenos.
Con el buen ambiente para la inversión en el sector agrícola, están creciendo los líos agrarios para las grandes compañías. Es el caso de la multinacional brasileña Mónica Semillas y la Italo-española Poligrow, ambas ubicadas en Meta, que ocupan 18.000 hectáreas que alguna vez fueron baldías. Sus casos son similares, pues la ley prohíbe que quien compre tierras a adjudicatarios de baldíos acumule más de una UAF. Esto para evitar que tierras cuya vocación es promover el progreso del campesinado, terminen concentradas en manos de grandes capitalistas. Esta norma tiene mucho sentido en zonas muy fértiles aptas para el pequeño campesino, pero se discute si debería ser igual en nuevas zonas de desarrollo en la Orinoquia que requieren músculo financiero. En el caso de los brasileños además, es llamativo que los predios que compraron fueron escriturados a empresas diferentes, e incluso en cabeza de algunos de los representantes de la firma, lo que ha despertado la inquietud de si esta no fue una fórmula para buscar eludir el control.
Frente a las críticas según las cuales la revisión de estos títulos de propiedad estaría afectando la inversión en el agro, la gerente del Incoder es categórica: «Lo mínimo que se espera de alguien que invierte millones de dólares en un proyecto es que haga una debida diligencia sobre los títulos donde va a poner su negocio. Además, hay mucha tierra privada donde lo puede hacer. No tiene que ser solo en las zonas destinadas para reforma agraria». La polémica está encendida.
En otras regiones, algunas acumulaciones de baldíos están teñidas de sangre. Así sucede en un centenar de predios en Sucre y Córdoba que terminaron en manos del Fondo Ganadero de ese departamento. Al revisar la tradición de los terrenos las autoridades encontraron que Sor Teresa Gómez, una de las personas más cercana a los Castaño, máximos jefes paramilitares por muchos años, y prófuga de la justicia, negoció directamente varios de ellos.
Donde la Superintendencia de No-tariado y Registro ha encontrado más fraudes en los documentos es San Vicente del Caguán, un territorio de presencia histórica de las Farc, donde se ha hecho un buen número de adjudicaciones. Van desde tachones y enmendaduras, pasando por adjudicaciones en cabidas superiores a la UAF del lugar, o a personas con otras propiedades rurales en la misma zona.
SEMANA, con el apoyo de la Misión de Observación Electoral, hizo un mapa con la información que obtuvo sobre adjudicaciones de baldíos, lo que permite ver cómo ha sido el comportamiento de estas entregas. En su resultado es muy llamativo que la mitad de las asignaciones de baldíos se concentran en 10 por ciento de los 720 municipios que han asignado tierras desde 2003.
En algunos casos estos comportamientos atípicos se explican por programas nacionales o locales para formalizar la propiedad. Esto sucede, por ejemplo, en Cartagena del Chairá, que hace parte de las llamadas zonas de consolidación en las que el Estado estratégicamente ha querido cerrarle el espacio a la insurgencia con mayor presencia. Una de las políticas es que la gente que por años ha ocupado una tierra formalice su condición y ahora tenga su título.
En otros municipios esta alta concentración se debe a iniciativas o locales o departamentales muchas veces acompañadas de recursos extras de cooperación internacional. Pero la actual administración indaga en muchos otros las razones de tales incrementos atípicos, como sucede en la zona del Golfo de Morrosquillo y en algunos lugares en La Guajira.
La ley prevé que en zonas de alta valorización se suspenda la entrega de baldíos. Este fue el caso de Vichada en 2007. Pero hoy nadie explica por qué estas asignaciones volvieron a ser autorizadas. Lo cierto es que entre 2003 y 2006 solo se habían adjudicado 333 predios y luego que se retomaron en 2008 se dispararon las adjudicaciones a 1.402 hasta la fecha.
De los 85.000 baldíos entregados desde 2003, SEMANA seleccionó una muestra de 27.000 predios y la cruzó con ZoomOnline.info, la base de datos de Consejo de Redacción, una asociación de periodistas investigativos. Encontró que 225 de los beneficiarios fueron candidatos en las pasadas elecciones nacionales y territoriales y que diez más pertenecían a equipos de trabajo de congresistas. Además identificó a un centenar de adjudicatarios más que tienen profesiones no relacionadas con el agro. Es posible que algunos de estos casos, en efecto, puedan corresponder a un campesino que aspiró a ser concejal, o que fue beneficiario y luego terminó sus estudios superiores. Pero en general los casos generan mucha inquietud dado el gran fraude que las mismas entidades responsables reconocen.
En el cruce de información SEMANA identificó un centenar de personas más que fueron jurados de votación en lugares distantes de los baldíos, y al revisar sus registros laborales, en al menos un 30 por ciento de los casos se confirmaría que en efecto no viven en el lugar asignado y no se dedican a trabajar el campo. También cruzó la información con los registros públicos de 24 municipios diferentes y aparecieron propiedades de varios beneficiarios. Es decir, estas personas que se han beneficiado de tierras de la Nación no son campesinos sin recursos que dependen de la tierra para su sustento.
Difícil retorno
El gobierno nacional pretende revisar todos estos procesos y recuperar lo que haya sido adjudicado de forma irregular. Por eso el Incoder comenzó a revisar y ha fortalecido su estrategia legal en este frente. El camino, sin embargo, no es fácil y pese a los cientos de procesos, en el último año solo logró recuperar 21.000 hectáreas. Procesos tan emblemáticos como el de los amigos del senador Merheg en el Vichada encuentran trabas judiciales a cada paso, lo que hace que las tierras no sean recuperadas prontamente. Con los baldíos el gobierno además se encuentra con una caja de pandora que le suma nuevos retos en el tema de tierras. No es una labor fácil pues ya son varios los frentes: las tierras para los desplazados, las del despojo de la violencia, las ocupadas por el narcotráfico y ahora los baldíos entregados irregularmente.
Villegas espera que su gestión deje huella en este tema, pues para ella la recuperación de tierras baldías mal asignadas puede ser un factor clave en el diálogo de paz con la guerrilla. El superintendente Jorge Enrique Vélez destaca los avances en materia de seguridad y los ajustes incluidos en el nuevo estatuto de registro de propiedades, que busca sobre todo tener identificadas las tierras de la Nación.
En la próxima legislatura la ley de desarrollo rural ofrece una oportunidad para hacer los ajustes que se requieren, pues sin duda para el país cada vez le va a ser más difícil seguir viviendo un desarrollo agrario con realidades del siglo XIX, pero con las presiones del XXI.