El «Acuerdo Social y Económico», firmado por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT (cuyo nombre incluso parece plagiado del Acuerdo Económico y Social, AES, pacto social firmado en octubre de 1984 por la UGT, el Gobierno «socialista» de González y los empresarios de CEOE y CEPYME), lleva el pomposo subtítulo «para el crecimiento, el […]
El «Acuerdo Social y Económico», firmado por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT (cuyo nombre incluso parece plagiado del Acuerdo Económico y Social, AES, pacto social firmado en octubre de 1984 por la UGT, el Gobierno «socialista» de González y los empresarios de CEOE y CEPYME), lleva el pomposo subtítulo «para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones», pero su contenido es el que todos nos temíamos: después de una introducción de siete páginas, donde queda patente que los firmantes, incluyendo los dirigentes sindicales, abrazan sin fisuras el catecismo neoliberal, el documento está centrado fundamentalmente en el recorte de las pensiones, además de dejar preparado el terreno para una grave erosión de la negociación colectiva y la reforma del sector público, aspiraciones largamente anheladas por la patronal.
En términos globales, los firmantes del Acuerdo recortan las prestaciones de las pensiones públicas en más de un 20%, hasta 2027, principalmente mediante dos vías: 1) el retraso, en la práctica, de la edad de jubilación (ampliando los años de cotización necesarios para cobrar la pensión íntegra, con el doble efecto de cotizar y no recibir prestación), de los 65 a los 67 años, que viene a suponer un descenso del 10% de las prestaciones totales, y 2) el endurecimiento de las condiciones para el acceso a los derechos íntegros de las pensiones, mediante la ampliación a 25 años para el cálculo de la base reguladora y otras medidas, cifradas por los expertos en una reducción adicional del 16%. Además, el aumento del mínimo de años de cotización para acceder a una pensión, supone para un importante sector de trabajadores (parados, precarios, temporales, fijos discontinuos, etc.) el quedar excluidos del sistema público de pensiones.
Y para que no se enfríe la cosa, en estos días continúan los contactos para desarrollar lo que ya queda apuntado en el mencionado «Acuerdo Social y Económico», es decir, la reforma de la negociación colectiva. Una vez más, cuando oímos la palabra «reforma», los trabajadores tenemos motivos para echarnos a temblar. Porque la cosa va de que estos sumisos dirigentes sindicales, atrapados en el torbellino de la ofensiva neoliberal, avalen con su firma viejas aspiraciones patronales, manifestadas por la CEOE desde los tiempos de Cuevas y Díaz Ferrán, en materia de negociación colectiva, como son las cláusulas de descuelgue, la fragmentación de los convenios sectoriales empresa a empresa, la anulación de lo que llaman torticeramente «ultra actividad» (vigencia de los convenios después del período pactado, en tanto no se firme uno nuevo), etc., todo ello con el objetivo de hacer desaparecer la negociación colectiva, fragmentándola, y substituyéndola por pactos de empresa y los soñados pactos individuales, o la mera imposición sin pacto. No olvidemos que ése sombrío escenario ya quedó recogido en la famosa directiva europea «de las 65 horas» en el año 2008, que causó tanto rechazo social. (1)
Por lo visto, poco o nada les ha durado la «rebeldía» a los jefes de filas de CC.OO. y de UGT. Esta negociación, en si misma y desde su inicio, ya supuso una derrota para los trabajadores. Si hubieran sido consecuentes, Méndez y Toxo debieran haber exigido, como condición mínima para sentarse en cualquier mesa de negociación, la derogación de la Reforma Laboral, a la que se siguen oponiendo formalmente, aunque con la boca cada vez más pequeña. Aunque alardeen de «logros» (que todavía están por ver) como suavizar algún aspecto de dicha Reforma, el hecho de sentarse a negociar sin condiciones ha supuesto, de facto, tragarse el grueso de la misma. Con la firma del «Acuerdo Social y Económico», después de negociaciones llevadas a cabo con secretismo y mucha nocturnidad, han venido a decir diego donde antes habían dicho digo, han avalado el expolio del derecho de los trabajadores a una pensión digna, y han arruinado las incipientes esperanzas de lucha por el equilibrio y la justicia social, albergadas al calor de la pasada Huelga General, dejando el terreno preparado para nuevos retrocesos.
Todo esto sucede mientras la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2010 apunta un número de trabajadores en paro cercano a los 5 millones, a la vez que se le regala a los banqueros el jugoso pastel de las Cajas de Ahorro, «saneadas» con inmensas cantidades de dinero público, y todo ello con el horizonte de una más que previsible victoria electoral de la derecha neofranquista, con amenazas de grueso calibre, como la total privatización de los servicios públicos. Con el trámite parlamentario de la última Reforma Laboral, la clase política oficial se ha puesto decididamente al servicio de «los mercados». O sea, de los ladrones globales y de los grandes especuladores. Pero, con la firma del Pacto Social, a ese selecto club también se ha añadido, sin grandes remilgos, la burocracia sindical.
Esta manera de actuar de los dirigentes de CCOO y UGT quizá sorprenda a algunos, pero hemos de recordar que ésta ha sido su conducta a lo largo de más de treinta años. Por eso, los afiliados y afiliadas a CCOO y UGT, en especial los que pelean el día a día y los que lucharon por los derechos de todos el pasado 29 de septiembre, deberían plantearse si les vale la pena seguir colaborando con unas estructuras que, desde hace ya demasiado tiempo, se han convertido en meros engranajes de un sistema depredador y corrupto.
(1) Ver mi artículo: ¿65 horas?, de junio de 2008.
Pep Juárez. Área de Acción Sindical de CGT-Balears.
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