El domingo 8 de septiembre, después de las 4 de la tarde, se dio otro hecho de violencia contra una comunidad indígena del municipio de Tumaco, ubicado en las costas del océano Pacífico colombiano, al sur del territorio nacional.
La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, bajo el mando del general Carlos Alberto Padilla Cepeda, de manera indiscriminada y arbitraria abrió fuego contra la inerme y pacifica población Awa de Inda Sabaleta, que es una concentración indígena organizada en cabildos y resguardos con gobierno propio de acuerdo con lo establecido por la Constitución política y la ley.
Como consecuencia del violento y agresivo accionar de los militares contrainsurgentes murieron dos integrantes de los Awa y 6 más resultaron gravemente heridos, incluidas mujeres y menores.
Los terribles hechos sucedieron después de que la tropa intentó ingresar a la fuerza al territorio de los indígenas Awa, maltratando, como es su costumbre, verbalmente a varios indígenas que se opusieron para impedir el avance de los vehículos militares, lo que al parecer causo el disgusto y la rabia al piquete de militares asesinos.
Videos grabados por la misma comunidad muestran a mujeres y madres de familia, pidiendo al Ejército que no atacara a la población civil, ya que entre los adultos se encontraban menores de edad.
Mientras tanto, voceros y líderes de la comunidad Awa, afirman que el Ejército abrió fuego de manera indiscriminada contra la población civil que trataba de impedir el avance de un escuadrón militar con piedras y palos: rechazando que se haya utilizado armas de fuego contra los civiles que solo pedían el respeto de sus derechos humanos y el cese de la estigmatización anti guerrillera.
Esta acción de la soldadesca colombiana es algo normal en el marco de la doctrina contrainsurgente anticomunista que aún prevalece en los cuarteles y el Ministerio de Defensa bajo el monitoreo permanente del Comando sur de los Estados Unidos.
Esta Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, al mando de un general anticomunista y reconocido violador de los derechos humanos en Urabá, es parte de un esquema de organización y funcionamiento de los aparatos militares impuesto por el Pentágono y el Comando sur de los Estados Unidos en las entidades militares del Estado colombiano.
Hay varias Fuerzas de Tarea Conjunta por todo el país conformadas desde la época del gobierno ultraconservador de Andrés Pastrana como parte del Plan Patriota que contó con una multimillonaria financiación del gobierno de los Estados Unidos para destruir la resistencia guerrillera campesina.
De persistir este esquema militar la violencia seguirá dándose con el asesinato y masacres de indígenas, campesinos y trabajadores, tal como sigue ocurriendo en diferentes territorios de la geografía colombiana.
Si se quiere la paz para esta martirizada nación lo que procede es liquidar tales aparatos de muerte y sangre por parte del gobierno que encabeza el presidente Gustavo Petro.
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