«La Corte Suprema chilena tendrá una oportunidad histórica para superar la impunidad en América Latina y en el mundo» sostuvo desde Perú el peruano Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, a la espera de la decisión que adopten los jueces de la Segunda Sala Penal de este máximo tribunal, respecto de la […]
«La Corte Suprema chilena tendrá una oportunidad histórica para superar la impunidad en América Latina y en el mundo» sostuvo desde Perú el peruano Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, a la espera de la decisión que adopten los jueces de la Segunda Sala Penal de este máximo tribunal, respecto de la extradición del ex dictador Alberto Fujimori. La Coalición para la Extradición del ex dictador integrada entre otros por Amnistía Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos de ese país, están expectantes aun medio de los difíciles momentos que vive la nación hermana debido al reciente terremoto.
Ayer martes 21 de agosto la Corte Suprema chilena inició la vista de la causa de extradición, escuchando los alegatos del abogado del Estado peruano el reputado penalista chileno Alfredo Etcheberry y de la defensa de Alberto Fujimori, asumida por el profesional Gabriel Zaliasnik. Tras la negativa a la extradición pronunciada el 11 de julio de 2007 por el juez Orlando Alvarez, fascinado por los argumentos de la defensa del dictador, el proceso entró a la recta final: la sentencia que emitirá en breve la Corte Suprema será definitiva e inapelable.
Los familiares de las víctimas del caso La Cantuta, Gisella Ortiz y Raida Cóndor, viajaron a Chile para conocer directamente el resultado. El proceso de extradición se fundamenta en graves crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción. Chile y Perú reconocen la Convención Americana de DDHH y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de ddhh . Perú invoca el Tratado de 1932 suscrito por Chile en 1936, además del derecho internacional de ddhh, porque las acciones son torturas y desaparición forzada.
A quince años de una masacre
Al cumplirse el pasado 17 de julio, quince años de los sucesos por los cuales es acusado Fujimori, los familiares de los estudiantes y profesores de la Universidad «La Cantuta» recordaron con un acto cultural y una misa en la iglesia limeña de La Recoleta, el aniversario del secuestro, desaparición y ejecución de sus familiares. «Chile: devuélvenos a Fujimori», se leía en uno de los carteles de las masivas marchas de protesta contra la sentencia de primera instancia que negó la extradición del dictador.
La Corte Suprema tuvo a disposición 93 kilos de documentos que acreditan los delitos imputados al ex dictador, aportados por el Ministerio Público peruano, su Defensoría del Pueblo, la Comisión de Verdad, y organizaciones de ddhh de Perú, así como los fallos de la Corte Interamericana de DDHH en relación al caso de Barrios Altos.
El cuaderno Nº 15-05, se refiere a los casos «Barrios Altos-La Cantuta», masacres ejecutadas por el grupo «Colina», un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército, órgano controlada por Fujimori, en una relación comparable a la de Pinochet con la DINA. Las ejecuciones de vecinos y estudiantes, desaparición forzosa, incineración de restos y entierros en fosas clandestinas, en la legislación peruana constituyen homicidio calificado, lesiones graves y Desaparición Forzada. En la chilena, serían homicidio calificado, lesiones corporales y secuestro agravado. El juez que falló en contra de la extradición desechó todos esos argumentos, recurriendo a los criterios de la defensa de Fujimori, copiando textualmente sus fundamentos en el cuestionado fallo.
El modelo pinochetista
En su primera visita a Chile, realizada en marzo de 2006 al iniciarse la solicitud de extradición, Francisco Sobirón explicaba a esta periodista: «Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet, la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El servicio de Inteligencia Nacional de Perú es como la DINA chilena, y la Operación Colombo y Caravana de la muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta, y Barrios Altos. El asesinato de Tucapel Jiménez es comparable al de Pedro Huillca Secretario General de la Confederación General de Trabajadores, ultimado en diciembre de 1992.Nosotros exigimos la extradición del prófugo para que rinda cuentas por estos crímenes de lesa humanidad. Como jefe de Estado, fue cúspide de la cadena de mando de una estructura de operaciones encubiertas; condujo violaciones graves y sistemáticas a los ddhh en los años de régimen autoritario y dictatorial que ejerció en el Perú junto con Vladimiro Montesinos.».
Sobirón recordaba entonces que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue impulsora de la creación de la Comisión de Verdad cuando se produjo el colapso del régimen de Fujimori, por lo que se consideran herederos de ese trabajo, para continuar exigiendo verdad, justicia y reparación.
En Perú en 1995 se promulgó una ley de amnistía, que fue desestimada por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, y en septiembre del 2001, ese tribunal internacional reafirmó que carecía de efectos jurídicos. Forzada por esa decisión del derecho internacional en materia de derechos humanos, el 2005 la Fiscalía peruana instruyó la apertura de las investigaciones cerradas por la aplicación de la ley de amnistía.
Masacre del Pedagógico limeño
Andrea Ortiz es sobreviviente de esa operación represiva, ya que también ella estudiaba en la Universidad Enrique Guzmán Valle, «La Cantuta», un pedagógico con alrededor de 3000 estudiantes, ubicado en las afueras de Lima. Así recordó ella esos días: «Los hechos ocurrieron el 18 julio 1992, con la universidad intervenida, quemas de libros, y. control militar total, incluidos los ingresos. Estaban prohibidos los eventos culturales, y organizaciones de estudiantes. Esa madrugada el grupo Colina secuestró a 7 estudiantes varones, a dos mujeres y un profesor, En julio de 1993 se encontraron unas fosas en Cieneguilla, fuera de Lima. Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ejército y luego enterrados.»
Reveló también Andrea la forma en que se descubrió el cadáver de su hermano Enrique Ortiz Perea:
«Dos recicladores de basura vieron ingresar personas con cajas de cartón a la quebrada de Cienaguillas y lo denunciaron a un medio de comunicación. Se hicieron los exámenes de ADN y también se hallaron en las fosas dos juegos de llaves de los estudiantes. Se encontró allí el cadáver de mi hermano, Enrique Ortiz Perea, estudiante de Cultura Física y Deporte. Esta evidencia mostró la forma cruel en que actuaba este escuadrón de la muerte».
Acusación de un ex general
Fujimori se encuentra en Chile desde noviembre de 2005, cuando llegó en un vuelo privado desde Tokio, Japón, país en que se refugió luego huir de Perú el 2000. Permanece bajo arresto domiciliario en Chicureo mientras se resuelve la extradición. Siguiendo las pautas de trato para victimarios de derechos humanos VIP, Fujimori espera el fallo judicial en una parcela de Chicureo, ubicada al norte de Santiago en la que, como sus vecinos, puede distraerse jugando en alguna de las canchas de golf, o utilizando la piscina temperada y el spa del que disponen «gente como él» o con sus recursos financieros. Hasta ahora el ex dictador nunca ha enfrentado la justicia, pero sí hubo denuncias anteriores contra él. La primera fue formulada por el ex general Rodolfo Robles Espinoza, siendo comandante de la Escuela de Instrucción del Ejército (COINDE) y tercer hombre en la jerarquía del Ejército peruano. El ex oficial ha declarado que por la forma que se manejaban las Fuerzas Armadas en esa época, todo acto como el de La Cantuta, tuvo que ser conocido y aceptado por Alberto Fujimori. Robles Espinoza fue llamado a retiro, detenido y luego debió asilarse en Argentina, reiterando en 1994 sus planteamientos ante la Comisión Interamericana de DDHH. Este organismo obligó al Estado peruano a reparar el daño infringido por la destitución del oficial, con una ceremonia de desagravio en la Comandancia General del Ejército, y una reparación económica. Acusaciones similares han formulado también otros seis comandantes generales del ejército.
Por los crímenes citados, hay 57 procesados. Entre ellos Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, Nicolás de Valle Hermoso, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros generales y oficiales. Los dos años de funcionamiento de la Comisión de Verdad, con más de 28 audiencias públicas donde sobrevivientes y familiares de las víctimas daban su testimonio, ayudaron a mantener vivo en la opinión pública los crímenes ya descritos. Cuando se conocían los nombres de los perpetradores, se denunciaban en esas audiencias, pero en otros casos no se sabían.
La decisión de la Corte Suprema revelará si este tribunal ha incorporado realmente el respeto a la doctrina internacional de derechos humanos y a los pactos firmados por Chile, o si fallará apelando a criterios y subterfugios como los que permitieron al dictador chileno morir sin una sola sentencia que rompiera la impunidad de la que gozó en vida.