Una de las frases más socorridas de las autoridades políticas chilenas es: «las instituciones funcionan» y esto, como todo lo que ocurre en este país, donde la apariencia lo es todo pareciera ser cierto. Sin embargo lo real, frente a los casos de compra y venta de políticos chilenos y profesionales, a través de operaciones […]
Una de las frases más socorridas de las autoridades políticas chilenas es: «las instituciones funcionan» y esto, como todo lo que ocurre en este país, donde la apariencia lo es todo pareciera ser cierto.
Sin embargo lo real, frente a los casos de compra y venta de políticos chilenos y profesionales, a través de operaciones fraudulentas y delitos tributarios, muestra lo contrario. Todos los casos que han sido llevados al conocimiento de las instituciones son por denuncia de terceros, resultado de delaciones.
Ellas pusieron en descubierto operaciones que financiaban ostentosas campañas políticas, compra de conciencia de los parlamentarios y funcionarios públicos. Obviamente no debido a una conciencia cívica superior, sino a sus negocios personales.
Lo mismo ocurrió con ese verdadero terremoto a la imagen de Bachelet conocido como «Caso Caval». La operación financiera le dejaba la empresa Caval, de la cual era socia la esposa del hijo de la Presidenta, cerca de dos mil millones de pesos, como inicio de una operación inmobiliaria de largo aliento que termina empinándose, al parecer, sobre los 14 mil millones.
El gobierno etiquetó el caso en un primer momento como un «negocio inmobiliario entre privados».
Lamentablemente fueron apareciendo nuevos antecedentes, operados desde las sombras por el partido de la derecha fascista de Chile «Unión Demócrata Independiente» herederos políticos de Pinochet.
Obviamente esto no es todo. El escándalo sería mayor si se investigaran, seriamente, los negociados de las inmobiliarias en Chile y cómo ha operado para lograr la transformación de uso de suelos fértiles y escasos en terrenos urbanos o los misteriosos incendios en propiedades de Santiago Centro todo destinado a satisfacer la voracidad del negocio inmobiliario.
Tráfico de influencias y negociados, forman parte de «know how» del empresariado chileno. No vamos a hablar del caso Penta, ya demasiado se conoce.Pero vale hacer mención de otros: el de la empresa minera «Disputada de las Condes», en su momento bajo el control de Exxon Mobil Corporation que trabajó durante 20 años sin declarar utilidades ni pagar impuestos luego que se hizo de su propiedad como regalo de la dictadura en 90 millones de dólares para posteriormente traspasar este mineral «no rentable» a Anglo American en mil millones de dólares.
Frente a lo escandaloso de este «negocio entre privados» el Gobierno de Lagos pretendió cobrarle los impuestos correspondientes lo que determinó la inmediata aparición en Chile de David Rockefeller magnate mentor estadounidense de la candidatura de Lagos y que se puso con platas e influencias ante el Departamento de Estado para que este supuesto socialista llegara a Presidente. Resultado: De cobro de los impuestos nunca más se supo.
¿Quién habla de la defraudación que implica al ex mayor de ejército Mauricio Lazcano? que increíblemente, al parecer, actuó solo, ajeno totalmente al mando institucional y que está procesado y condenado por estafa y coimas avaluadas hasta el momento en 6 mil millones de pesos; o el negociado del coronel de ejército Rafael Villarroel, hijo de un ex Vice Comandante del Ejército del mismo nombre de la era Pinochetista que vendió más de 30 mil kilos de chatarra a precio ínfimo de propiedad del ejército, a espalda de su propio comandante Gustavo López.
Está el caso de la aristocrática familia Ossandón Larraín procesada por fraude tributario que supera los US $ 300 millones, es decir más de 67 veces lo involucrado en el «Caso Caval». Este fraude fue conocido el 2010 por la denuncia de Bernardo Ossandón contra su hermano Manuel por apropiación indebida y uso malicioso de instrumento público.
Primero el caso fue sobreseído por la Fiscalía Centro Norte por estimar que los actos detallados estaban prescritos. Posteriormente y debido a las presiones, el Departamento de Delitos Tributarios del SII, señaló que los querellados diseñaron y ejecutaron una serie de actos constitutivos de procedimientos dolosos destinados a ocultar las verdaderas operaciones realizadas y rebajar la carga impositiva en forma antijurídica y maliciosa, eludiendo así el pago de impuestos a los que se encontraban afectos.
Todo esto forma parte del diario vivir del empresariado. No por nada contratan y son asesorados por equipos de especialistas en elusión tributaria y delincuentes especializados en convertir actos dolosos en negocios entre privados.
El caso de SOQUIMICH, requiere una especial atención, por sus connotaciones históricas por una parte, y porque repartía platas a destajo de casi todo el espectro político, para mantener un coraza jurídico-financiera donde el atropello laboral no era una de sus especialidades menores.
Soquimich a cargo de Ponce es un verdadero manual de manejos obscuros y defraudaciones elusivas en Chile.
Esta empresa hoy debiera convertirse para el gobierno en verdadero hito de moralización pública restauradora.
El Estado chileno debiera recuperar la propiedad de esta empresa, que en su momento fue el símbolo de la prevaricación ejercida por la dictadura sobre empresas que pertenecían a todos los chilenos. Su privatización sigue siendo uno de los capítulos más obscuros del desmantelamiento del interés social en la economía.
Esta es la coyuntura histórica para recuperar una industria estratégica. Debiera ser la primera empresa recuperada por el Estado. Están las condiciones financieras y políticas para que se convierta en el primer eslabón de una cadena de recuperación del patrimonio defraudado por la dictadura a todos los chilenos.
En lo que va corrido del mes de marzo la capitalización bursátil de la empresa ha perdido US $ 1.115 millones y los trabajadores chilenos a través de sus fondos de las AFP tienen invertidos allí más de US $ 805 millones. Ya en el 2013 los fondos perdieron más de 100 millones de dólares. Las pérdidas seguirán sumando.
Si el gobierno y la Presidenta Bachelet asumiera esta tarea, creo, contaría con el apoyo de todos los chilenos y sería, más que las «comisiones pro probidad», una muestra de acción real de que se trabaja seriamente en un proceso material de reconstrucción ética y moral.
Significaría poner fin a la palabrería en que todo pareciera centrarse, en la idea de que la corrupción de la política sólo tiene que ver con la moral de los diversos actores políticos, olvidando que esta se asienta en la estructura de la sociedad y no en su superestructura.
Si se quiere resolver seriamente el tema hay que meterle mano a esto y no al etéreo mundo de las ideas.
Recuperar las empresas privatizadas es responder a las aspiraciones de los trabajadores y los estudiantes chilenos. Es hacer que las instituciones y la ley realmente funcionen y se ponga fin a la anarquía a la anomia social. Al abuso de una minoría que basa su quehacer en el servilismo imperialista y el lucro obsceno en sus actividades.
Es empezar a salir por fin de la barbarie y de la prehistoria social en que sigue sumida la sociedad chilena.
Santiago marzo 2015
Patricio Malatrass: Economista y Mg. En Filosofía Política
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.