«En política lo real es lo que no se ve», José Martí. Aunque los enfrentamientos entre barras bravas parecen inevitables y la delincuencia sea un problema que trasciende al fútbol, ello no resta gravedad a que las medidas de seguridad adoptadas para contener el anunciado choque entre barristas de los clubes Colo Colo y Santiago […]
«En política lo real es lo que no se ve», José Martí.
Aunque los enfrentamientos entre barras bravas parecen inevitables y la delincuencia sea un problema que trasciende al fútbol, ello no resta gravedad a que las medidas de seguridad adoptadas para contener el anunciado choque entre barristas de los clubes Colo Colo y Santiago Wanderers en la antesala y durante el desarrollo del duelo que disputarían en Valparaíso la tarde del domingo 6 de diciembre, fueron totalmente insuficientes.
La concesionaria de la tienda caturra había sido advertida por la autoridad regional, a días de jugarse el cotejo en el Elías Figueroa, de que resultaba un peligro la venta de entradas en un mismo sector (Andes) a hinchas de ambas escuadras y, sin embargo, la respuesta del gerente de Santiago Wanderers, Roberto López, fue que «en Andes ya hemos tenido la experiencia de barristas de ambos equipos y nada ha pasado… ello no debería cambiar».
Los costos de la irresponsabilidad están a la vista de todos. La venta indiscriminada de entradas a hinchas del equipo visitante, en un contexto donde lo que estaba en juego era un campeonato, fue el puntapié inicial de la trifulca bochornosa. Asimismo, para nadie es desconocida la rivalidad entre las hinchadas de ambos equipos, más aún cuando los albos podrían titularse campeones en Playa Ancha y la intención de los locales era precisamente aguarles la fiesta, pero cuando lo que prima es un criterio economicista, la seguridad y el resguardo de la integridad de los jugadores, cuerpo técnico y público en general, pasan a segundo plano, porque qué más puede importar cuando se tiene la posibilidad de llenar un estadio y triplicar las utilidades en favor de los intereses de quienes lucran con el fútbol.
Además, en buena hora se producen estos hechos para la dirigencia del fútbol chileno, que podrá enfriar los ánimos tras la renuncia de Sergio Jadue, sacar unos minutos de pantalla la corrupción en la ANFP y traer de regreso a los iluminados de siempre clamando por justicia «contra los desalmados que empañan la fiesta del fútbol». Una hipocresía grosera cuando son esas mismas barras bravas las que alimentan el negocio de las concesionarias tanto dentro como fuera de la cancha; esos mismos delincuentes a los que hoy acusan y apuntan con el dedo, son los que están dispuestos a pagar el precio que sea por ingresar a un estadio, por comprar camisetas, buzos deportivos y toda la gama de productos ofertados para «consolidar identidades» (por medio del endeudamiento que dinamiza un nicho del mercado), practicando el sentido de pertenencia hacia sus equipos de la misma forma distorsionada en que se interpretan y practican todos los valores humanos en nuestra sociedad.
Como anillo al dedo les calza un hito de esta magnitud, que sirve de justificación para montar una batería de argumentos asociados a otras disputas en el ámbito de sus relaciones de poder, ahí donde se fraguan sus estratagemas. Es así como ahora el debate se traslada al terreno del oportunismo político, desatándose el fuego cruzado de acusaciones entre el gobierno y la oposición para intentar obtener réditos sobre la base de lo acontecido, sacando a relucir errores y aciertos de un lado y de otro. Claro que nada de lo que han aplicado en materia de seguridad ha dado resultados, pero es una mentira rotunda decir que con la presencia de efectivos policiales en las tribunas existía menos violencia, porque, antes de que se aplicara el plan Estadio Seguro, ¿acaso no había enfrentamientos entre barras dentro y fuera de los estadios?
Qué decir de las declaraciones del presidente de Santiago Wanderers, Jorge Lafrentz, justificando el accionar de la hinchada local, pues habría actuado en «defensa propia». ¿Acaso importa de dónde partieron las agresiones cuando se está ante un episodio que bien pudo costar la vida de una o varias personas? Es que resulta vergonzoso que el dirigente de un club profesional emita declaraciones de esa envergadura. Después nos preguntamos por qué las barras bravas han adquirido tanto protagonismo dentro del fútbol.
Si realmente la voluntad por parte de la autoridad fuera evitar estos incidentes y la preocupación es tanta, se aplica «mano dura» (como a ellos les gusta decir) y se le prohíbe a la concesionaria del club local la venta de entradas a los hinchas visitantes de la manera en que se estaba haciendo, y que de no cumplirse la medida el partido se aplaza por no existir garantías necesarias para llevarse a cabo, porque cuando se trata de estas situaciones se requieren medidas inmediatas y no políticas públicas de largo plazo, de modo que lo correcto era anteponerse a estos hechos y no buscar soluciones a unos días de jugarse el partido (y cuando las entradas ya estaban a la venta, sin siquiera saberse la fecha en que se jugaría); por eso -como siempre- primó la improvisación y la desprolijidad por sobre la organización. Y si de culpables se trata, ¿el Gobierno Regional de Valparaíso se atreverá a querellarse también contra una concesionaria deportiva?
Las instituciones encargadas de la seguridad pública deben hacerse cargo y responder por qué han actuado con tal grado de condescendencia cuando se trata de regular las iniciativas de las empresas que dominan el balompié criollo (así como en todos los sectores de la economía, como si no supiéramos que actúan en concomitancia y tras los mismos intereses).
De esta manera, los grandes responsables no solo son los hinchas violentos sino que también los que pudieron hacer algo más para evitar aquello, aunque hoy son los que aparecen como los referentes mediáticos a la hora de buscar soluciones, algunos ofreciendo tibias disculpas y otros justificando su accionar, llamando a la rigurosidad al momento de aplicar la ley y hasta criticando la demora en el ingreso de Carabineros o la ausencia de estos en las tribunas, como si ese fuera el meollo del asunto y en lo que debemos centrar el análisis.
Lo «correcto» y de «sentido común» en estos momentos, sería coincidir con que la solución pasa por endurecer las penas de cárcel y apalear más delincuentes, o vaciar los estadios, invertir en tecnología de vigilancia (a cargo de empresas que se suman al negocio del fútbol) y tantas otras medidas parche que resuelven los problemas transitoriamente, pero a contrapelo de esas sentencias hay que atreverse a afirmar que las sociedades humanas no se domestican a palos sino que se desarrollan y educan cuando los principios que las orientan se basan en ideas justas, algo que en Chile no ocurre, y si de medidas inmediatas se trataba, era tan fácil como ser inflexible en la prevención, pero todo indica que el escándalo resultaba conveniente.
Por eso es importante comprender el estado de descomposición de la sociedad chilena para ubicar estratégicamente los factores que condicionan la violencia, la desigualdad, la injusticia, y a partir de esto pensar en soluciones honestamente transformadoras (ciertamente de largo aliento), sobre la base del principio de la justicia social. Claro que la delincuencia es un tema que corresponde enfrentar ahora, pero resulta curiosa la santificación que se ha hecho de los estadios por parte de algunos periodistas deportivos, como si al interior de estos no se fuera a reproducir lo que ocurre en todo Chile (poblaciones, liceos, cárceles), más aún en ese «otro Chile» que muchos de ellos no conocen.
http://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/12/11/futbol-violencia-y-capitalismo/