«Territorios de paz», cambios en la política de seguridad, erradicación del paramilitarismo, protección especial para los desmovilizados… ¿Qué tan fundados son los temores de las FARC y cuáles de sus propuestas serían aceptables?
Condición para el desarme
A finales de noviembre las FARC emitieron varios comunicados con distintas propuestas sobre las garantías de seguridad que se necesitan para finiquitar el proceso de paz. Aunque los comunicados reclaman sobre todo garantías para la guerrilla, también solicitan protección para los movimientos y organizaciones sociales de izquierda, para las víctimas y para los defensores de derechos humanos.
Y por supuesto el tema de la seguridad debía surgir en esta etapa final del proceso de paz: para que las FARC dejen las armas y se transformen en un partido político legal es indispensable otorgarles garantías creíbles de seguridad.
Aunque muchos caracterizan a la guerrilla como la victimaria, una interpretación correcta de la realidad colombiana debe reconocer la existencia de matices. Para las FARC persiste el trauma del exterminio de la Unión Patriótica (UP). Incluso aceptando que con la creación de la UP las FARC acudieron a la condenable estrategia de «combinar todas las formas de lucha», eso no cambia el hecho de que en el pasado reciente se frustró a sangre y fuego el único intento de esa guerrilla por formar una agrupación política legal.
Por ende, si la sociedad colombiana quiere que las FARC abandonen la lucha armada, hay que asegurarles que no se repetirá la historia de la UP. Los guerrilleros no se van a desarmar para que los maten.
Dicho esto, ¿qué tan sensatas son las propuestas recientes de las FARC en materia de garantías de seguridad? Hay de todo un poco: desde ideas traídas de los cabellos hasta propuestas que ameritan consideración. Poco sensatas son aquellas propuestas que, o bien transgreden abiertamente los puntos acordados de la agenda, o resultan inocuas o contraproducentes para alcanzar la paz.
Territorios de paz Empecemos con la propuesta de crear «territorios especiales para la construcción de paz» o «Terre-paz». Esta idea ha producido mucha confusión y controversia.
El comunicado original de las FARC mencionaba la «necesaria desmilitarización» de esos territorios, lo cual despertó bastantes suspicacias. El texto daba a entender la entrega de «zonas de despeje» a las FARC, algo no contemplado en la agenda de negociación e impensable tras el antecedente del Caguán. Posteriormente las FARC aclararon que los Terrepaz sí contarían con presencia de la Policía, pero hay dudas sobre el sentido mismo de esa propuesta.
¿Ayudarían los Terrepaz a la paz y a la reconciliación? Sospecho que no. Aunque los acuerdos de paz contemplan una dimensión territorial, no se necesita crear «jurisdicciones especiales» para poner en marcha las políticas acordadas en materia de reforma rural, participación política y narcotráfico.
Además, los Terrepaz serían estigmatizados desde el comienzo como «territorios de las FARC». Considerando la gran antipatía que la mayoría de los colombianos siente hacia la guerrilla, dudo mucho que se produzcan peregrinaciones masivas a los Terrepaz de personas deseosas de reconciliarse con las FARC.
Todavía prevalecen el resentimiento y la indignación hacia la guerrilla: puede que la reconciliación llegue, pero tomará años. Y si en los Terrepaz se concentran las FARC y sus simpatizantes, este sería un blanco perfecto para los enemigos agazapados de la paz. Cualquier interesado en sabotear la negociación podría simplemente atacar esas zonas bajo la mirada impotente de los acompañantes de UNASUR, de la ONU o de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).
Redefinir la política de seguridad
Hay otro punto preocupante en los comunicados que transgrede la agenda de negociación: las FARC plantean como condición para transformarse en una organización legal que haya una «redefinición concertada de la política de seguridad del Estado».
En el pasado las FARC habían insinuado algo semejante, lo cual produjo reacciones indignadas: para muchos militares, políticos y ciudadanos, es simplemente inaceptable que un grupo armado ilegal que ha estado involucrado en actos de terrorismo y narcotráfico, tenga voz y voto al decidir una reforma de la política de seguridad del país.
Eso no quiere decir que de aquí en adelante todo seguirá igual. En caso de que la guerra termine definitivamente tendrían lugar transformaciones profundas en la estructura, finanzas, doctrina y operación de la Fuerza Pública. Eso ocurrirá por simple lógica: a falta de una amenaza guerrillera, ¿para qué mantener un enorme aparato contrainsurgente?, ¿por qué gastar tanta plata? y ¿para qué mantener la Doctrina de Seguridad Nacional?
La pregunta no es si va a cambiar la política de seguridad: la pregunta es qué cambios se van a realizar, cómo y cuándo. Sería muy extraño que a estas alturas el Ejército y la Policía no tengan planes bastante detallados para el posconflicto, tomando en cuenta que habrá un panorama distinto de amenazas.
Sin embargo la guerrilla ha planteado propuestas maximalistas e inviables. Por ejemplo proponen que se adopte una «política de seguridad humana integral», desprovista de «todo tratamiento militar, represivo o de orden público y de estrategias de militarización de la vida social» que «privilegie la resolución (de los conflictos) pacífica, dialogada o autorregulada democráticamente».
La idea sería buenísima si Colombia se pareciera a Suecia. Pero dudo de que eso funcione frente a grupos como el Clan Úsuga y similares. Si se aceptara la propuesta de las FARC, las bandas criminales proliferarían como hongos.
Información oportuna
Ahora bien, si la política de seguridad para el posconflicto es motivo de preocupación para las FARC por cuenta de las garantías que ellos reclaman, hay una posible solución que no implica negociación alguna.
Las FARC podrían solicitar al Ejército y a la Policía que les informen sobre los planes que tienen para el posconflicto. Si algún aspecto particular de esos planes les causara ansiedad (por motivos justificados), podrían transmitir su inquietud al gobierno, el cual estaría en potestad de decidir autónomamente (y en aras de alcanzar la paz) alguna eventual modificación.
Estas no serían imposiciones unilaterales de las FARC, y mucho menos una definición concertada entre el Estado y la guerrilla sobre la política de seguridad del país: el gobierno simplemente oiría los argumentos de la guerrilla y decidiría en consecuencia.
¿Se justifican los temores?
Más allá de esto, ¿se justifica tanta ansiedad de las FARC en materia de las garantías de seguridad brindadas por la Fuerza Pública en caso de que se desarmen? En muchos países, cuando las guerrillas han negociado de buena fe y se la han jugado en serio por la democracia, la Fuerza Pública ha sido un aliado (más que un obstáculo) para alcanzar la paz.
No hubo matazón de guerrilleros desmovilizados en Irlanda del Norte en el caso del IRA, y tampoco en El Salvador y Guatemala luego que el FMLN y la URNG dejaran sus armas. Tampoco la hubo en Colombia en los casos del M-19, EPL, CRS, el Movimiento Quintín Lame y otros.
Por lo demás, la reciente experiencia del Polo Democrático permite inferir que, en la Colombia de hoy, la izquierda (incluyendo partidos políticos con guerrilleros desmovilizados) puede alcanzar cargos importantes y gobernar sin morir en el intento.
Además, las garantías de seguridad que reclaman las FARC se pueden alcanzar por distintos medios. Las FARC han tenido interlocución por varios años con los generales retirados Mora y Naranjo. A esto se suman sus tratos con varios militares activos que son miembros de la subcomisión técnica para la finalización del conflicto. ¿Acaso eso no ha servido para generar confianza y sentar las bases de una nueva relación entre la Fuerza Pública y las FARC?
El paramilitarismo
El tema de los paramilitares es más complicado, y en eso me parece más legítima la preocupación que las FARC manifiestan en sus comunicados.
Si bien los paramilitares ya no son ni sombra de lo que eran antes (cuando existían las AUC y no habían extraditado a Mancuso, Don Berna y compañía), sí existe un riesgo. El proceso de desarme y desmovilización de los paramilitares fue defectuoso y no se solucionó el problema simplemente bautizando como «bandas criminales» a las organizaciones armadas que se formaron a raíz del desmonte de las AUC.
No es que todo permanezca igual. Mientras que las AUC sabotearon a su antojo y con toda suerte de actos violentos las negociaciones de paz del Caguán, nada parecido ha ocurrido con el proceso de La Habana. Además, con el fortalecimiento de la Fuerza Pública a raíz del Plan Colombia, la contrainsurgencia paramilitar perdió en gran parte su (supuesta) razón de ser, ímpetu y protagonismo.
De todas maneras las organizaciones armadas derivadas del desmonte del paramilitarismo constituyen una amenaza latente para una conclusión exitosa del proceso de paz. Pero tengo la impresión de que con su propuesta del «plan de acción para el desmonte del paramilitarismo» las FARC sobreestiman la capacidad del Estado para controlar el fenómeno. El paramilitarismo es en gran medida una rueda suelta y eso es un problema.
No creo que en el tramo final de las negociaciones se deba subrayar el asunto del «esclarecimiento» del paramilitarismo (su origen, reproducción y demás). Ya se han llevado a cabo varios estudios sobre el tema y lo que falta por esclarecer estará a cargo de una futura comisión de la verdad. Lo urgente es conocer en detalle cuáles de las organizaciones armadas ilegales que operan en Colombia constituyen un riesgo para el proceso de paz y tomar las medidas para prevenir y contrarrestar sus acciones.
Por lo demás, las FARC reclaman algunas garantías razonables de seguridad, como condiciones de movilización en todo el territorio nacional, protección de sus futuras sedes políticas, guardaespaldas propios y similares. Eso ya se hizo con las guerrillas que se desmovilizaron exitosamente en los años noventa y hay que volverlo a hacer a partir de marzo de 2016.
Carlos Nasi. Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones son personales y no comprometen la posición institucional de la Universidad de los Andes.