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En Tuluá, ad portas de la firma de los acuerdos de La Habana, no existen las condiciones institucionales ni políticas para su implementación, lo que no genera buenos augurios para el anhelo común de llegar a la solución política del conflicto social y armado y comenzar la construcción colectiva de una paz estable y duradera. Esto, si nos atenemos a lo que viene pasando contra el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y sus organizaciones de base, quienes afrontan una campaña de desprestigio, persecución y estigmatización que desconoce por completo los valores democráticos mínimos necesarios para cimentar la paz, como el pluralismo, el respeto a pensar diferente y el derecho a la oposición.
Tres casos concretos sirven para demostrar esta afirmación: 1) el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tuluá, 2) la defensa de los derechos estudiantiles en la Institución Educativa Técnica de Occidente de Tuluá, y 3) la promoción del Capítulo Municipal de la Marcha Patriótica en Tuluá.
Proceso de Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tuluá
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca -ASTRACAVA- viene impulsado desde el año 2009 la constitución de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- en el municipio, amparada por la ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, para lo cual ha organizado talleres de socialización con las comunidades de los 11 corregimientos y las respectivas veredas donde se propone crear esta figura, logrando que en el año 2012 el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR- aprobara el apoyo a dicho proceso y propusiera a la Alcaldía su inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal. Previamente en 2009, el CMDR había definido apoyar el proceso de constitución de la ZRC. En 2014 se realizó un estudio sobre la tenencia de la tierra para proponer medidas de ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio, con el apoyo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, ampliando la base de apoyo comunitaria a la constitución de la ZRC y logrando una interlocución asertiva con la alcaldía, el Concejo municipal, la CVC, Parques Nacionales, entre otras instituciones.
Pese a que todas estas actividades se han realizado estrictamente bajo un marco legal vigente y con apoyo financiero estatal, los enemigos de la ZRC han desplegado una campaña de desinformación sobre esta figura de territorialidad campesina, la única contemplada en la normatividad colombiana, y de estigmatización y señalamiento en contra de ASTRACAVA y sus dirigentes, para hacer creer que la ZRC es una propuesta de la insurgencia, a sabiendas que ése ha sido el argumento en otras regiones del país, por parte de los más grandes terratenientes, para causar zozobra, temor y rechazo. En Tuluá esto ha ocasionado el rechazo a la propuesta por parte de la administración municipal y de algunas comunidades, amenazas constantes contra los dirigentes de ASTRACAVA e incluso el retiro de varios de sus afiliados, lo cual podría constituirse en una re-victimización sistemática contra las comunidades que a inicios del siglo XXI sufrieron la crudeza de la embestida paramilitar.
Defensa de los Derechos Estudiantiles
En el año 2015 los estudiantes de la Institución Educativa Técnico de Occidente de Tuluá-IETO, realizaron un paro entre los meses de septiembre y octubre, exigiendo el retiro de la rectora Ana Francis Quintero por sus supuestos malos manejos administrativos y autoritarismo. Dicho paro contó con el apoyo mayoritario de los estudiantes de la institución, un grupo importante de sus profesores y padres de familia, la solidaridad de los estudiantes de otras instituciones educativas, y la asesoría de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU- y la Federación de Estudiantes de Secundaria -FES-.
Finalmente, el paro se resolvió con la intermediación de la Secretaría Municipal de Educación y la Personería Municipal, a través de la firma de un acuerdo que creó una comisión de verificación de las actuaciones administrativas y disciplinarias de la señora rectora, una mesa para la discusión de soluciones sobre otras exigencias de los estudiantes en materia de infraestructura, y garantizó la no persecución ni toma de represalias de ningún tipo contra los dirigentes y participantes en el paro.
Sin embargo, este año nada de lo acordado se ha cumplido y muy por el contrario la situación se agravó, hasta el punto que la rectora dejó sin carga académica a varios de los docentes que apoyaron el paro y buscó los medios para que los trasladaran a otras instituciones, impidió la participación de los estudiantes que participaron en el paro en la conformación del consejo estudiantil y ni siquiera permitió la postulación de algunos de ellos para ser candidatos a la personería estudiantil, impidió la participación de un padre de familia en la junta de padres, y señaló a los integrantes de la FEU y la FES que acompañaron el paro como miembros de las FARC, en tanto que hacen parte de la Marcha Patriótica según le dijo la policía. Todo esto ha sido denunciado ante la Personería Municipal, entidad que hasta el momento no se ha pronunciado.
Promoción de la Marcha Patriótica en Tuluá.
Desde el año 2013 se conformó un comité de impulso para la constitución del Capítulo Municipal del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, que entre otras, ha difundido la propuesta de organización, realizando reuniones con organizaciones y líderes comunitarios, grupos estudiantiles y profesores universitarios, dirigentes sindicales y demás actores sociales. Tanto los señalamientos, estigmatización y persecución con que actúan las autoridades civiles y militares, como la inoperancia de las entidades competentes del gobierno y del Estado, para evitarlos, han ocasionado que subsista un profundo temor de las organizaciones a hacer parte de la Marcha Patriótica, aunque éstas se manifiesten de acuerdo con los postulados y proyecciones de la Marcha.
¿Cuál paz?
Todo lo anterior viene ocurriendo en el mismo periodo de tiempo en el cual el gobierno nacional está desarrollando los diálogos de paz con las FARC EP en la Habana, Cuba. No en las peores épocas del terrorismo narco-paramilitar ni de Estado de Sitio que caracterizaron a Colombia en otro momento de su historia. ¡No! sino justo en momentos en que el discurso institucional sólo sabe pronunciar palabras de paz, justicia, democracia y reconciliación. Y no frente a reivindicaciones revolucionarias como dictadura del proletariado, abolición de la propiedad privada o derrocamiento del gobierno, preparadas por organizaciones clandestinas en la conspiración secreta. ¡No! Sino frente a luchas legales y legítimas, enmarcadas en la constitución y la ley, y mediante planteamientos formulados directamente a las autoridades competentes de manera pública y formal por organizaciones reconocidas y abiertas.
Entonces, si el gobierno desconoce los derechos conquistados legalmente por los campesinos, si en las instituciones encargadas de formar para la paz y la democracia en Tuluá sus rectores actúan con violencia y autoritarismo, si las instituciones tulueñas responsables de velar por el respeto a los derechos humanos no actúan, y si en general la sociedad estigmatiza y persigue a quien opina diferente hasta el punto de justificar su muerte y a sus asesinos, ¿de cuál paz estamos hablando?
Harold Ordóñez Botero – Comité de Impulso Marcha Patriótica Tuluá.
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