El pasado día 22 de julio el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó que si la guerrilla colombiana quiere abrir una mínima posibilidad de diálogos debería de mostrar gestos de paz y señala entre ellos la liberación de los secuestrados, el fin de las acciones de carácter terrorista y la entrega de los niños que […]
El pasado día 22 de julio el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó que si la guerrilla colombiana quiere abrir una mínima posibilidad de diálogos debería de mostrar gestos de paz y señala entre ellos la liberación de los secuestrados, el fin de las acciones de carácter terrorista y la entrega de los niños que supuestamente hacen parte de las filas guerrilleras.
Vista desde lejos y unilateralmente la apreciación presidencial parece justa. Previamente personalidades comprometidas con la solución política negociada al conflicto armado colombiano como el ex presidente Ernesto Samper y Piedad Córdoba del movimiento «Colombianos y colombianas por la Paz» habían reclamado de las Farc la liberación de los secuestrados y el respeto del Derecho Internacional Humanitario. Recordamos hoy la intervención de Bernardo Jaramillo en la ciudad de Ibagué cuando expresó que la insurgencia armada colombiana debería de pasar de las reiteradas cartas con llamados a la paz con la adopción de hechos concretos. 20 años después de su asesinato sigue vigente el llamamiento del que fuera candidato presidencial de la Unión Patriótica.
Pero también siguen vigentes los cuestionamientos que Jaramillo le hacía a lo que él llamaba «la otra ala del conflicto», el estado colombiano. No han sido desmantelados los grupos paramilitares. No han sido sancionados ejemplarmente los responsables del genocidio de la Unión Patriótica ni del exterminio del movimiento sindical y de otras fuerzas políticas de izquierda como A Luchar y el Frente Popular.
El presidente Santos reclama de la guerrilla «gestos de paz» cuando su gobierno no hace ni un solo gesto en esta dirección y muy por el contrario solo hace batir los tambores de la guerra. Hace pocos días y desconociendo completamente el Derecho Internacional humanitario amenazó con la destrucción de las viviendas de los civiles que la guerrilla utilizara para lanzar atentar contra los cuarteles de policía. Cuarteles que siguen estando en medio de la población civil, a quien objetivamente usa cada día como escudos humanos.
Ahora ha anunciado la inmediata construcción de un nuevo Batallón de alta montaña en territorios de un resguardo indígena, violando por un lado las normas constitucionales que le permiten a la comunidad indígena el control de sus territorios y también su decisión de declararlos territorios de paz. A las protestas indígenas el gobierno ha respondido a través del Comandante del Ejército, quien dio declaraciones igualitas a las expresadas hace 47 años por el gobierno conservador de la época para justificar los ataques por aire y tierra contra las zonas agrarias de Marquetalia y Rio Chiquito, regiones que calificó como inaceptables «Republicas independientes» Estos ataques provocaron el surgimiento de las FARC y el inicio de una nueva etapa de la violencia que aún no termina y que ha dejado varios centenares de miles de muertos regados por todo el país
Pero reconozcamos lo positivo de que, aún con cicatería, por lo menos se hable de paz y presionemos para que cien mil muertos, millones de desplazados y 50.000 desaparecidos después, la oligarquía colombiana acepte una solución política definitiva y que reconozca, además, que en el conflicto armado hay dos actores, por lo menos, y que los gestos de paz deben ser de parte y parte.
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