Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, reconoció que los efectivos estadounidenses participaron en una operación en el departamento de Caquetá, situación que fue denunciada por un grupo de campesinos de la zona quienes aseguraron además, que los uniformados de EEUU irrumpieron violentamente en algunas viviendas, ataron, interrogaron y detuvieron por varios días a […]
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, reconoció que los efectivos estadounidenses participaron en una operación en el departamento de Caquetá, situación que fue denunciada por un grupo de campesinos de la zona quienes aseguraron además, que los uniformados de EEUU irrumpieron violentamente en algunas viviendas, ataron, interrogaron y detuvieron por varios días a los lugareños.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió que el Gobierno que preside Álvaro Uribe, autorizó la ejecución de una operación por parte militares estadounidenses en el país andino el pasado mes de enero.
El titular de la cartera de Defensa calificó como «totalmente normal» la intervención de la fuerza extranjera en operaciones conjuntas con efectivos colombianos, enmarcada en convenios bilaterales.
«Esa participación no tiene nada de irregular, no tiene nada de anormal dentro del marco de cooperación», dijo a los periodistas el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos.
Santos aseguró que los militares foráneos participaron como «asesores», en busca de información sobre retenidos.
Mientras el gobierno reconocía la presencia de los militares estadounidenses, pobladores de la zona campesina Remolinos del Caguán, al sur del país, denunciaron que los militares estadounidenses vestían uniformes del Ejército colombiano y portaban armas.
De acuerdos con los testimonios registrados en diversos medios de comunicación colombianos, los uniformados irrumpieron violentamente en algunas viviendas, ataron, interrogaron y detuvieron por varios días a lugareños.
Ante la situación, dirigentes comunales informaron que la población está indignada por lo que consideran es una «violación» a la soberanía nacional.
Los líderes comunales informaron que enviaron una carta de protesta a la Presidencia de la República y a los organismos judiciales y veedores de los derechos humanos para que se pronuncien sobre la situación.