Gobierno de España, S.A.

Cuando, el pasado martes, los altos ejecutivos de las grandes empresas se reunieron solemnemente con el Gobierno del PP en el Palacio de Viana de Madrid para potenciar juntos la marca España, es posible que dedicaran un buen rato a darse recuerdos antes de ponerse a trabajar.

El presidente de Endesa, Borja Prado, por ejemplo, podía mandar saludos al ausente ministro de Economía, Luis de Guindos, que se sentó en su consejo hasta el mismo momento en que Mariano Rajoy formó gobierno. Y Matías Rodríguez Inciarte, que acudió en representación del Banco Santander, preguntar por el exjefe de la asesoría jurídica del banco, Jaime Pérez Renovales, reclutado por Soraya Saénz de Santamaría como subsecretario de Presidencia. O el máximo ejecutivo del BBVA, Francisco González, interesarse quizá por Román Escolano, su director de Relaciones Institucionales hasta hace apenas un mes, cuando fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). O Florentino Pérez (ACS) indagar sobre Marta Silva, la secretaria de su primer mandato en la Junta del Real Madrid y ejecutiva de su máxima confianza, a quien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha designado abogada general del Estado.

La lista es larguísima: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, podría haber preguntado a su vez por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, que en plena guerra con ACS firmó, desde la consultora NERA, un dictamen por encargo de la eléctrica dándole la razón. Y James Muir, presidente de Seat, tuvo la oportunidad de dejar atrás rencillas del pasado e interesarse por Luis Valero, flamante secretario de Estado de Industria y pymes tras años al frente de Anfac, la patronal del automóvil.

Lobbies en el Consejo

Mariano Rajoy ha situado en el Consejo de Ministros a destacados miembros del lobby financiero el propio Luis de Guindos, exdirectivo de Lehman Brothers en España y consejero del Banco Mare Nostrum, al frente de Economía, el armamentístico Pedro Morenés, consejero de hasta seis compañías del ramo en la cartera de Defensa, y el petrolero, con Miguel Arias Cañete como titular de Medio Ambiente, entre otros.

Pero ha sido con el nombramiento de los siguientes escalafones del Gobierno secretarios de Estado, subsecretarios, presidentes de organismos oficiales cuando la impronta «tecnócrata» ha quedado más apuntalada, con vinculaciones directas en prácticamente todos los grandes sectores económicos de España.

«Aquí no estamos tan acostumbrados a este fenómeno, pero en países anglosajones es lo habitual», opina José Ramón Pin, profesor de Ética Empresarial de la escuela de negocios IESE. A su juicio, se trata de una característica globalmente positiva: «En un Ejecutivo que reúne tanta experiencia en situaciones tan distintas, la capacidad de gestión aumenta», sostiene.

Este es precisamente el razonamiento del Gobierno: atraerse a los mejores profesionales para que el Ejecutivo sea más competente. De hecho, esta es una de las características que mejor describe la ola tecnócrata que recorre la UE tras la sucesión de victorias electorales de la derecha: la inclusión en el Consejo de Ministros de ejecutivos procedentes directamente de la gran empresa en general y del sector financiero en particular.

El nacionalista Artur Mas abrió en España el camino que ahora ha seguido Rajoy. Tras el triunfo en las autonómicas de 2010, Mas formó un equipo de importante componente tecnócrata, que llamó «el Gobierno de los mejores» y que incluye al frente de Sanidad a Boi Ruiz, el exjefe de la patronal sanitaria privada, que simboliza también la otra cara de la moneda: el potencial conflicto de intereses. No necesariamente desde un punto de vista personal la ley regula los casos que obligan a inhibirse o a abstenerse, como político: ¿la gestión del consejero de Sanidad, que promueve drásticos recortes y niega incluso que la salud sea un derecho, busca realmente la mejora de la sanidad pública o reforzar a sus colegas de la patronal privada?

El mismo debate es especialmente vivo en el sector financiero y en toda la UE: destacados ejecutivos de la gran banca han ido copando los puestos económicos clave en los países de la UE a medida en que aumentaba la presión para regular el sector. Hoy su huella alcanza ya 17 de los 27 ejecutivos comunitarios, pese a que todos los expertos sitúan a la gran banca de inversión en el origen del crash.

Captura del regulador

«El problema es claro y tiene un nombre académico: la captura del regulador», advierte Antoni Comín, profesor de Ciencias Sociales de la escuela de negocios Esade, quien explica el concepto así: «El servidor público que debe regular un sector es capturado por técnicos procedentes de ese mismo sector, al que lógicamente volverá, y muy bien retribuido, cuando regrese al sector privado».

«Esto es precisamente lo que ha sucedido con la crisis y nos ha llevado a la catástrofe», recalca Comín. Y concluye: «Pese a ello, el fenómeno se extendió también a la Unión Europea y ahora llega a España con gran intensidad».

La banca tiene una gran presencia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Empezando por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el hombre de Lehman Brothers en España cuando el banco quebró, que luego pasó a Nomura y después al área financiera de PwC y al consejo del Banco Mare Nostrum. Pero va mucho más allá: tanto en su equipo como en el del otro polo económico del Gobierno el de Cristóbal Montoro en Hacienda abundan los ejecutivos procedentes del sector financiero.

«Todas las patas principales del sector están muy bien representadas en los puestos clave: la banca de inversión internacional, con Barclays y antiguos ejecutivos de Lehman Brothers; la gran banca nacional, con el Santander y el BBVA; las consultoras financieras [PwC y NERA, vinculada a Marsh & McLennan] y los seguros y fondos de pensiones privados, como Mutua Madrileña», subraya Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.

El fichaje de Flavia Rodríguez-Ponga para la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía es un ejemplo de lo que en el mundo anglosajón se conoce como «puerta giratoria»: fue durante 12 años alto cargo de esta misma dirección general hasta que, en 2004, tras la victoria del PSOE, se convirtió en ejecutiva de Mutua Madrileña, una de las empresas punteras del mismo sector que supervisaba desde el Ministerio. Y ahora se completa al emprender el camino de regreso, al frente de la dirección general, justo en el momento en que los fondos de pensiones privados sufren una importante crisis y su patronal reclama nuevas exenciones fiscales y la reforma urgente del sistema público para empujar a los ciudadanos hacia los fondos privados.

Desembarco

El jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el Gobierno mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones privados, pese a que esta misma semana la OCDE think-tank de los países ricos, referencia de la ortodoxia liberal advertía de que estas ayudas fiscales son ineficientes y sugería incluso su eliminación.

El desembarco masivo de ejecutivos procedentes del sector financiero en el Gobierno de Rajoy no se produce en un momento cualquiera: coincide con la exigencia de la UE de una restructuración a fondo de la banca, lo que se ha convertido también en una des las grandes prioridades del Ejecutivo.

Pese a que el sector está en ebullición y, por tanto, no todos los actores tienen exactamente los mismos intereses, los elogios a los primeros pasos del nuevo Ejecutivo han sido notables. El viernes, en una entrevista en The Wall Street Journal, el presidente del BBVA, Francisco González, no ocultaba su euforia: «El nuevo Gobierno está absolutamente comprometido a resolver los problemas del sistema financiero español de una vez por todas», explicaba.

Optimismo

El banquero se mostraba optimista también ante la evolución de la UE, «una vez se han ido los gobiernos que lo han hecho mal», una alusión, según el rotativo estadounidense, a Silvio Berlusconi y José Luis Rodríguez Zapatero.

De Guindos ha mantenido formalmente una actitud de dureza ante el sector financiero, instándole a emprender una restructuración rápida, una recapitalización de al menos 50.000 millones y límites salariales en los bancos receptores de dinero público. Pero más allá de las palabras, con apenas una semana en el cargo, ya tomó tres medidas simultáneas que supusieron un gran alivio para el conjunto del sector. Y también para BMN, que, según la mayoría de analistas, es uno de los candidatos a solicitar dinero público y en cuyo consejo se sentaba el ministro.

Las tres medidas se incluyeron en el decreto del 31 de diciembre que prorrogó los presupuestos: autorizó al Estado a otorgar avales al sector financiero por valor de 100.000 millones, prorrogó el plazo legal para que el suelo rústico conste en los balances como tal y no como urbanizable loque, según cálculos de Inurrieta, salvó a la banca de provisionar 30.000 millones y evitó que las cajas se vean obligadas a reconvertirse en fundaciones si pasan a controlar menos del 50% del capital del banco con el que ejercen la actividad financiera, lo que amenazaba, sobre todo, a Bankia.

«En toda el área económica puede haber sospecha de conflicto de intereses», advierte Inurrieta, quien re-curre a la ironía: «Ahora no se sabe muy bien dónde acaba el Ibex y dónde empieza el Gobierno».

El marco legal

Ley de 2006

José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en su primer mandato una ley para regular los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos.

Inhibición y abstención

La norma obliga a ministros y altos cargos «a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte».

También los familiares

La obligación de inhibirse o abstenerse no sólo se da ante materias relacionadas con la actividad previa del alto cargo, sino también la de «su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público».

Fuente: http://www.publico.es/espana/419230/gobierno-de-espana-s-a