Negociaciones y evolución de posiciones
Hacia el 19 de octubre, UGT y CCOO ya valoraban positivamente el nuevo plan industrial porque
«suponía un punto de partida importante en la negociación del futuro de los astilleros públicos, al cumplir los requisitos que exigía la mesa sindical como la elaboración de un plan global y la integración de una parte de la actividad de Fene y San Fernando en la nueva sociedad pública». No obstante, ambos sindicatos consideraron que algunos puntos del texto no están totalmente definidos, como la identificación de las inversiones en procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías, las mejoras en los sistemas de aprovisionamiento y compras para el grupo de astilleros civiles. Por su parte, ELA consideraba que el nuevo plan industrial era igual al que presentó en septiembre la SEPI, pero, «con distinta terminología», lo que suponía un «maquillaje» para salvar la cara en un cierre del astillero vasco de Sestao.
Especificamente, los comités de empresa de las factorías de Izar en Sestao, Sevilla y San Fernando mostraron entonces su desacuerdo ante el nuevo documento porque rechazaban la separación de las actividades civil y militar y confiaban que en la reunión con los responsables del holding público se puediera modificar la última propuesta.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) planteaba concentrar la actividad militar en una nueva sociedad que podría realizar una actividad civil complementaria,
que no excediera el 20% del total de ventas, mientras que proponía agrupar el resto del negocio civil en una nueva empresa participada mayoritariamente por la iniciativa privada y con participación pública, incluida SEPI, que actuaría como holding, concentrando las participaciones de ambas compañías.
Según el nuevo plan industrial para Izar, el negocio militar incluiría los astilleros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real, Cádiz, San Fernando-Sistemas, Fene-Reparaciones, y dividirá sus actividad en cuatro líneas de negocio: Construcción Naval, Reparaciones, Propulsión, y Sistemas. La empresa cuenta con una cartera de pedidos inicial de 3.800 millones de euros. Para realizar esta reestructuración de los astilleros públicos, la actual Izar debería entrar en un proceso de liquidación «voluntaria y ordenada» que posibilitara finalizar los contratos pendientes, realizar las aportaciones necesarias para acometer el proceso de reestructuración y cumplir las obligaciones contraídas con terceros.
Asimismo, la SEPI propone un nuevo marco de relaciones laborales para Izar a partir de 2005, pactado con los sindicatos, que incluya las medidas laborales de adaptación a la nueva situación. El presidente de la SEPI, Enrique Martínez-Robles, cifró en 1.900 millones de euros el coste global que tendrá la reestructuración del grupo de astilleros públicos Izar, que se distribuirá entre los ejercicios de 2005 y 2006. Este montante computará como déficit en términos de contabilidad nacional. En concreto, en 2005, SEPI destinará 1.657 millones de euros a este asunto, de los que 1.300 millones irán a cubrir los gastos de las medidas que se articulen para compensar a los trabajadores afectados por la reestructuración, mientras que los 357 millones restantes serán para recapitalización (aportaciones de capital a empresas mixtas, con capital mayoritariamente privado) y otras necesidades. En 2006 se destinarán 230 millones más, que completarán todo el proceso de reformas del grupo.
Anuncios e iniciativas
En este lapso se filtra que el Gobierno español que presidió José María Aznar había preparado un plan de reestructuración para las factorías de Izar que preveía el cierre de cinco astilleros. Este plan habría terminado con 2.300 empleos. Según publicó
‘El País’, el Gobierno del PP contaba con un plan de reestructuración de los astilleros de Izar que proyectaba cerrar los centros de Sestao, Gijón, Fene,
San Fernando y
Sevilla, añadiendo que «para los centros de Fene y San Fernando se trataría de una concentración-traslado de centro». Habrían quedado en el grupo los centros de Ferrol,
Cádiz ,
Puerto Real , Cartagena y Manises; tanto para construcción como para reparaciones y otras actividades. El plan, que lleva fecha de octubre de 2003, fijaba un recorte de plantilla de 2.895 empleos (sobre 10.930) y planeaba liberar suelo para financiar parte del coste de la reestructuración (unos
1.300 millones de euros ) y dar entrada a capital privado.
Por su parte, la
comisión de municipios en defensa del sector naval muestra su satisfacción con el anuncio de la Xunta de Galicia (PP) de presentar un recurso de anulación de la decisión de la Comisión Europea sobre Izar,
«cuestión que está siendo usada por el Gobierno como argumento fundamental para justificar sus planes de reconversión del grupo naval español». En un comunicado, la comisión recordó que, según un avance del informe presentado en Bruselas, en virtud del artículo 230 del Tratado de la Unión Europea,
«toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa o individualmente», por lo que el recurso podría ser presentado por una persona, autonomía, ayuntamiento, empresas auxiliares, sindicatos e incluso una asociación de trabajadores de Izar. Según la comisión de municipios, el informe que ha entregado la Xunta plantea la necesidad de una reflexión
«que vaya más allá de la adopción de soluciones de tipo gerencial para salir de una crisis momentánea», en alusión a la propuesta en curso de la SEPI. Asimismo, reafirmo
«que no entendemos por qué es imprescindible segregar lo militar de lo civil, cuando ese es el modelo que se encuentra actualmente en Europa» . Además, destacó que hasta ahora las comunidades autónomas
«no han sido invitadas a aportar su punto de vista sobre la estrategia de producción del sector naval, aunque sí han sido informadas de las decisiones que se han tomado» . En cuanto al nuevo plan de la SEPI, la Comisión señaló que los alcaldes valorarán el documento. No obstante, aseveró que
«de momento, la segregación de las actividades de construcción naval civil y militar (aprobada el pasado 30 de julio en Consejo de Ministros)
aún no ha sido derogada oficialmente«.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, dijo, por su lado, que creía que «ahora hay una mayor aproximación entre la SEPI y los sindicatos que la que había al principio de las negociaciones» sobre el futuro de los astilleros inscritos en el grupo público Izar. Chaves recordó que «desde la Junta ya dijimos que no contemplábamos un plan industrial que implicara el cierre de alguna factoría, pues sería difícil que tuviera la aceptación y el aval de los sindicatos». De ahí que «el planteamiento inicial, en estos momentos, de no cerrar ninguna factoría y de constituir dos grandes grupos, uno dedicado a la construcción militar y otro al ámbito civil, puede ser un camino por el que la SEPI y los sindicatos pueden caminar juntos».
El acuerdo Gobierno CCOO-UGT
La reunión de esta semana escenifica el acuerdo CCOO-UGT con el Gobierno del PSOE y liquida los ultimos flecos (San Fernando) para su presentación. El preacuerdo al que llegaron el pasado martes el Gobierno español del PSOE -a traves de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y los sindicatos sobre el futuro de Izar se pergeñó mucho antes en los contactos entre altos dirigentes de la UGT con Miguel Sebastián, director de la oficina presupuestaria de la Presidencia del Gobierno. También la federación minerometalúrgica de CCOO participó en reuniones de alto nivel con la cúpula del PSOE en Ferraz. Sebastián informó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero del avance de la negociación, hizo informes y estableció un diálogo paralelo con los sindicatos y con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. Sebastián articuló una propuesta que satisfaciera a las dos centrales sindicales.
En sintesis, el acuerdo admite que Izar desaparecerá antes del 31 de diciembre de 2004 como consecuencia de las multas europeas. En su lugar surgirán dos empresas, una dedicada a la construcción naval militar con el cien por cien de capital público, y otra para la actividad civil, participada por la SEPI en un 49% del accionariado, pero con la posibilidad de tener control público hasta el 70% del total del capital, aunque la mayoría sea privado (para lo que se recurriría a las cajas de ahorro). Ambas empresas se constituirán bajo el paraguas de otra intermedia -entre la SEPI y ellas- que será el representante del sector en el ámbito internacional, en la coordinación comercial, en los avances tecnológicos que se apliquen, etc. Este es el esquema que la corporación y los sindicatos acordaron ayer. En consecuencia, la reunión negociadora «fue positiva para las dos partes».
A la hora de anunciarlo, el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, insistió en que «ha habido propuestas que permiten avanzar en la negociación». Felipe López, de CCOO, señaló que la evaluación es «satisfactoria y compensa para seguir». En términos similares se expresó Carlos Romero, de UGT. A su juicio, «hay un acuerdo en el esquema societario».
Además de coincidir en el diseño, los interlocutores también avanzaron en la inclusión del astillero completo de
San Fernando en la futura compañía militar. Hasta el martes, la propuesta publica de la SEPI era sumar a esa empresa sólo la división de sistemas de la factoría. En todo caso, la inclusión de las factorías de San Fernando y Sestao en la división militar -en principio habían sido excluidas- quedaba condicionada
«a que se produzca una sustancial mejora en su productividad». Respecto a Fene, que también incorporará a la sociedad militar su área de reparaciones, la corporación ofreció el traspaso total de la factoría, pero los sindicatos prefirieron analizar cuál es la salida mejor para este centro, puesto que de Bruselas informaban de algunas reformas legislativas que afectan al sector y CCOO y UGT no quieren precipitarse porque, dicen,
«podría resultar más ventajoso para Fene su biactividad». Esta decisión se debe, en parte, a que la SEPI ha comunicado a los sindicatos que mañana se hará pública una resolución de la Comisión Europea en la que se comunica que la UE no puede limitar la producción de los astilleros, por podrán aumentar su productividad todo lo que quieran o puedan, siempre que no incrementen sus instalaciones, según explicó el secretario de política sindical de MCA-UGT, Carlos Romero, al término de la reunión. Si Fene entrara en la sociedad de construcción militar -algo que la SEPI acepta- tendría que renunciar a su actividad civil y se mantendría el veto europeo de construir buques convencionales antes de 2007, por lo que, según Romero,
«se están abriendo nuevas espectativas sobre Fene que hay que estudiar más». De hecho, UGT y CCOO se muestran partidarios de que el astillero de Fene se integre en la sociedad de construcción naval civil de Izar, porque tiene un mayor potencial de viabilidad que en el sector militar, según manifestaron a ABC portavoces de ambos sindicatos. No obstante, están a la espera de que la SEPI les comunique el levantamiento, por parte de la Comisión Europea, del veto que existe sobre este astillero desde 1997 para no construir buques civiles hasta el año 2007. San Fernando, ya se dedica a la actividad militar pero el astillero de Fene no y de aceptar esta proposición de la SEPI, implicaría que renunciara a toda la carga de trabajo civil, aunque lo mantendría dentro del apartado enteramente público del nuevo grupo.
Con independencia de lo que ocurra con Fene, la futura empresa militar contará con los centros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real, Cádiz y San Fernando. Según el plan industrial, esta empresa estará «bien posicionada» en los segmentos de exportación de mayor atractivo: fragatas, corbetas, submarinos y buques multipropósito. El plan apuesta por consolidar los mercados de Europa y de Iberoamérica y por potenciar su posición en Asia y Oriente Medio.
<>La dedicada a la construcción civil con los de Gijón, Sestao, Sevilla y Manises, que tendrán que venderse para tener mayoría de capital privado. Ahora bien, la operación podría realizarse con las cajas de ahorro , entidades financieras que aunque no pertenecen al sector público si tienen este control. La nueva empresa de construcción naval civil deberá acercar los plazos de construcción a los ofrecidos por sus competidores, reducir los costes, aumentar la productividad y flexibilizar la plantilla. A juicio de la SEPI, el astillero de Sestao podría especializarse en metaneros, dragas, graneleros y portacontenedores; el de Sevilla, en buques ropax, plataformas off-shore y producteros, yates; el de Gijón en dragas, graneleros, portacontenedores pequeños y químicos; y el de Fene, en plataformas off-shore. El grupo público apuesta por lograr un consenso social sobre las medidas laborales y plasmarlo en un Acuerdo Marco que incluirá un calendario de aplicación. Estas medidas, que afectarán tanto a los centros civiles como a los militares, incluyen prejubilaciones, bajas incentivadas y fomento de la movilidad geográfica y funcional.
Martínez Robles informó de que se han mantenido contactos «oficiosos» con las cajas de todas las comarcas afectadas por la reconversión de Izar (aunque su respuesta dependerá previsiblemente de su composición). Fuentes próximas a la negociación subrayaron que la SEPI ha hablado de gastar 1.300 millones de euros en el ajuste laboral, vía sobre todo prejubilaciones ; compromisos sujetos a externalizar, es decir a depositar en entidades financieras como garantía para los trabajadores. Así, «se trata de un montante muy importante y elevado, interesante para cualquier entidad financiera, lo que permite aparcar intereses políticos», añadieron.
Otros acuerdos alcanzados durante la reunión de hoy consisten en la necesidad de establecer incentivos que aumenten la carga de trabajo, de fomentar la diversificación de la industria auxiliar dependiente de los astilleros y de buscar la especialización de cada centro. También hubo acuerdo en buscar mecanismos para garantizar que, en el caso de que se negocie la creación de un consorcio naval europeo, el peso específico de Izar sea el actual y no el que pudiera resultar de la división de los astilleros en dos compañías; así como en que la venta de la participación de un socio a otro debe ser pactada previamente con los sindicatos. En cambio, no se alcanzó un acuerdo respecto a la reclamación sindical de que la SEPI se comprometiera a comprar la participación de un socio en la empresa de la rama civil si éste decide abandonarla, según detalló el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Felipe López.
Las dos partes asumieron que todavía queda mucho camino por recorrer hasta el total entendimiento. En las próximas reuniones de negociación, las dos partes abordarán la reconversión de la industria auxiliar y la necesidad de impulsar la economía de las comarcas afectadas por la reestructuración de Izar, pero en estas reuniones participarán también dirigentes de los Ministerios de Industria y de Trabajo, según se explicó ayer.
Ante los resultados obtenidos, Martínez Robles calificó de «muy positiva» la reunión de hoy y expresó su convicción de que ambas partes serán capaces de alcanzar «el acuerdo preciso» antes de fin de año, de acuerdo con el plazo impuesto por la Unión Europea para solucionar la actual situación de Izar. De momento, las negociaciones actuales permiten mantener el compromiso de no cerrar ninguno de los centros y de, al mismo tiempo, actuar de acuerdo con la legislación europea, según recordaron ambas partes.
Los aspectos que aún quedan pendientes se seguirán negociando durante la reunión que tendrá lugar el próximo jueves día 28 en la sede de la SEPI, mientras los sindicatos mantendrán un encuentro con la Comisión de Municipios.
Reacciones en Andalucía
El secretario de Organización del PSOE -A, Luis Pizarro , se congratuló hoy del principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la SEPI sobre el futuro de los astilleros, y dijo que hoy es un día «feliz» para los trabajadores y «negro» para la plataforma de alcaldes que exigió la retirada del plan. Para el PSOE, el acuerdo supone un avance hacia una solución dialogada al conflicto «en la que nadie se quede en la cuneta». Considera que se ha abierto una «clara esperanza» y supone un buen punto de partida para la negociación de los astilleros. En declaraciones a Efe, Pizarro mostró su «satisfacción» por los acuerdos alcanzados y valoró el «ejercicio de responsabilidad» de los sindicatos, al tiempo que destacó que los «grandes objetivos» se han conseguido, en referencia a que no se cerrará ninguna factoría en Andalucía y a que la actividad en la Bahía de Cádiz se sustentará en la construcción naval militar.
«Hoy es un día malo y negro para la plataforma de alcaldes, para Teófila Martínez y José Antonio Barroso, quienes han defendido una estrategia fracasada porque habían planteado la retirada del plan y que las factorías de Cádiz se ciñeran a la actividad civil» , recalcó Pizarro. Se mostró convencido de que hoy es «un día feliz» para los trabajadores y sus familias, que se han movilizado «de buena fe» para conseguir que la negociación haya culminado «de una manera positiva». Recordó que los sindicatos, así como el PSOE y la Junta, habían apostado por la vía de la negociación, que «ha salido reforzada» e insistió en que ésta era «el único instrumento para buscar una salida satisfactoria tras la nefasta gestión del gobierno de Aznar», bajo cuyo mandato la SEPI «había diseñado un plan por el que se iban a cerrar dos factorías de Andalucía».
El alcalde de San Fernando, Antonio Moreno (Partido Andalucista), se mostró satisfecho por el compromiso, pero precisó que recoge aspectos «que veníamos pidiendo desde julio». En la misma línea, el presidente del comité de empresa de Izar San Fernando (Cádiz), Francisco Fernández Lucas, expresó su satisfacción por el acuerdo, que prevé la inclusión de este centro en la futura empresa de construcción militar. Esto significa que los yates y el ferry que se están terminando de construir en el astillero de San Fernando podrían ser los últimos buques civiles que salgan de la factoría isleña. Las protestas pendientes han sido desconvocadas y ahora la atención se centra en el reparto de la carga de trabajo pendiente.
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del
PP , señaló que el acuerdo es
«un camino a iniciar» y destacó que
«algunas cuestiones que para el Gobierno eran irrenunciables parece ya que son renunciables».
Por su parte, en Galicia, el presidente del comité de empresa de Izar Ferrol, Ramiro González, afirmó que el encuentro de ayer con la SEPI supuso «avances importantes», aunque precisó que quedan abiertos temas fundamentales como el futuro del astillero de Fene. El presidente del comité de empresa de Fene, Jorge Prieto, dijo que es una «irresponsabilidad» dejar en manos de los trabajadores la decisión sobre la futura actividad del astillero.
Asimismo el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, aseguró que el acuerdo es «inaceptable» e «insultante» para los intereses de Galicia y recalcó que, a pesar de las modificaciones, el plan «sigue siendo sustancialmente el mismo», ya que reduce las plantillas y la capacidad de producción de los astilleros y no agrupa a todas las factorías en una misma empresa. Advirtió que su aplicación supondrá el desmantelamiento práctico del sector naval español. Al respecto, Anxo Quintana, portavoz nacional del BNG, cifró en 3.200 los empleos que se perderán en las plantillas directa y auxiliar de las dos plantas de Izar en la ría ferrolana con la aplicación de la nueva propuesta de la SEPI; cuestionó que la solución sea la integración de Fene en la factoría militar de Ferrol porque «supondría la desaparición del astillero fenés como planta de producción propia» y «condenaría a la comarca al monocultivo militar». Sentenció finalmente que el plan de la SEPI es «discriminatorio para el sector naval gallego», ya que la inclusión de Puerto Real en la actividad militar «traerá problemas de carga de trabajo en Izar Ferrol en el horizonte del año 2009».
En
Euskadi, el presidente del
PNV en Vizcaya, Iñigo Urkullu, afirmó que, con este acuerdo, «el Gobierno español ha dado el paso definitivo para cerrar La Naval». El sindicato
ELA aseguró que, con el acuerdo de ayer,
«CCOO y UGT han dado cobertura a la privatización de La Naval (Sestao) y con ello al comienzo de la cuenta atrás para su cierre». Sin embargo, Miguel Angel Asporosa, de UGT, presidente del comité de empresa de La Naval, dijo que el acercamiento entre la SEPI y los sindicatos «
abre un camino a posibles soluciones».
La portavoz del Gobierno vasco (PNV), Miren Azkarate, rechazó el último plan de la SEPI para los astilleros públicos de Izar, por convertir a La Naval de Sestao en la «principal sacrificada» y el «chivo expiatorio» de la sociedad pública. Azkarate manifestó que el plan cuenta con una «grave carencia» de solidez industrial y empresarial y en todo el proceso los únicos elementos que se han mantenido son la segregación y la privatización. «En todos los cambios La Naval ha sido excluido y se ha mantenido en la parte a privatizar», añadió. En este punto, explicó que La Naval suponía un 12% del empleo del grupo Izar el 30 de julio y, en estos momentos, representa casi el 60% del empleo de la parte a privatizar, que se queda fuera del nuevo grupo público. Por ello, dijo no entender las manifestaciones de los dirigentes del PSOE vasco, en las que valoraban positivamente las modificaciones que se han producido en el plan de la SEPI, «cuando a La Naval se la vuelve a sacrificar y no hay un proyecto industrial». Azkarate reiteró el compromiso del Ejecutivo autónomo firmado en su día con los trabajadores de La Naval, que contempla como claves principales para su futuro el retorno inmediato a la actividad. Desde ese punto de vista, insistió en la apuesta del Ejecutivo Ibarretxe para trabajar en la elaboración de un plan industrial junto con los trabajadores y con el Gobierno central, «que garantice el mantenimiento de la actividad, no solo para La Naval, sino también para la empresa auxiliar». Para garantizar el futuro del sector naval, según dijo, el primer paso debería incluir la definición de un proyecto industrial y empresarial y a partir de ahí, encontrar los socios «más adecuados y no dar prioridad a supuestas entidades financieras, que es lo que estamos conociendo a través de la prensa».
En España , el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla negó que el Gobierno español haya realizado peticiones formales a las cajas de ahorros y a inversiones privados para que entren en el capital de la empresa que agrupará la actividad civil. «En la medida en que se avance el proceso de negociación sobre el plan industrial de los astilleros públicos creo que habrá mayor receptividad cuando hay propuestas en firme», aseguró Montilla. De esta manera, se mostró confiado en lograr inversiones para el grupo de astilleros civiles, que en un principio cuenta con los centros de Manises, Sestao, Sevilla y Gijón, ya que, en su opinión, es un sector que puede tener futuro si realiza un esfuerzo para modernizarse y para especializarse en determinados productos-
El secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT , Manuel Fernández «Lito», afirmó hoy que, aunque aún quedan «muchos flecos por discutir» en las negociaciones entre Izar y la SEPI, la constitución de un holding, junto a otras políticas sectoriales, «permitiría salir de una situación muy compleja y difícil». Lito subrayó que, para que sea posible un acuerdo, hay que concretar exactamente dentro de este modelo qué astilleros están en cada parte, a qué se van a dedicar cada uno de ellos y que carga de trabajo van a tener.
El secretario general de CCOO , José María Fidalgo, valoró positivamente «el cambio de posición del Gobierno», pero le urgió a presentar un plan industrial que garantice la continuidad de Izar.
Izquierda Unida se felicitó también del giro tomado por la SEPI y asegura que con este acuerdo «asume que se equivocaba en su primera propuesta de un solo grupo militar y el resto sálvese quien pueda», rectificación que atribuyó a la negociación sindical y al movimiento social de rechazo en contra del plan de segregación de Izar y de privatización de astilleros civiles. Gaspar Llamazares, se felicitó por el cambio de postura de SEPI que, en su opinión, «ha doblado el brazo» ante la presión de los trabajadores. «Ya no propone dejar al sector naval civil al albur, sino que en este momento se está planteando una negociación del sector naval civil global y con control público, que eran los elementos que planteaban los trabajadores para comenzar a negociar», recalcó. En contradicción con esta posición se manifestó el portavoz de la presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, que aseguró que el nuevo plan «mantiene la privatización» de la factoría de La Naval y que supone «la antesala de su defunción».
La Comisión en Defensa del Sector Naval -integrada por los alcaldes de los municipios afectados, excepto los del PSOE- presentó en el Registro Público del Ministerio de la Presidencia en La Moncloa un escrito en el que exige al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que cumpla los acuerdos sobre Izar aprobados por mayoría en el Congreso y el Senado los pasados 21 de septiembre y 5 de octubre, en los que se instaba al Ejecutivo a recurrir los expedientes y a rechazar la propuesta de segregación de la actividad militar y privatización de la actividad civil.
La mesa sindical de Izar (CCOO, UGT, CIG, CAT, ELA, USGT) advirtió a esta Comisión que tienen la obligación de «atisbar» cualquier propuesta que se realice sobre el conflicto de Izar y buscar soluciones
«prácticas» para salvar la situación patrimonial de los astilleros públicos españoles, rechazando quimeras. Así lo puso de manifiesto, el portavoz de CCOO, Felipe López, quien aludía a la propuesta de las comunidades autónomas afectadas por este conflicto y gobernadas por el PP (Madrid, Valencia, Murcia, Galicia) y el PNV (País Vasco) de presentar un recurso ante la Comisión Europea por los expedientes abiertos a Izar que obligan a la sociedad a la devolución de unas ayudas ‘ilegales’ por un importe de casi 1.200 millones de euros. Las regiones presididas por el PSOE ya anunciaron su desmarque en esta iniciativa. Por su parte, el portavoz de la Comisión de Municipios y alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso (IU), explicó que en el desarrollo de las conversaciones con la mesa sindical se ha argumentado a los sindicatos las causas que motivaron la creación de esa plataforma y les instaron en la necesidad de recurrir las ayudas, así como el rechazo a la segregación de la actividad militar de la civil, ya que, en su opinión, supone el desmantelamiento del sector naval español.
El Sector crítico de CCOO de Ferrol por su parte, rechaza la propuesta de la SEPI para Izar. En comunicado difundido, declara que «es verdad que hay alguna novedad, como que ya no se habla de cerrar factorías» ; cambios « que se deben a que las movilizaciones llevadas a cabo por el conjunto de los trabajadores le hicieron «comprender» al gobierno que tenía que cambiar de táctica, pero estamos esencialmente ante un plan igual al anterior. El «nuevo» plan desarrolla los elementos que ya conocíamos y contra los cuales nos movilizamos estas últimas semanas: privatización, destrucción de empleo digno y deterioro de las condiciones laborales. Por tanto, tenemos que seguir rechazando este «nuevo» plan, como rechazamos el anterior .»
Este sector sindical especifica que «La privatización no es asumible. Si no lo es cuando es indirecta (subcontratación), mucho menos cuando es directa y de al menos el 51% del capital. Tampoco es asumible aunque el comprador fuesen las cajas de ahorro, con el argumento de que éstas tienen una finalidad social. Esa supuesta finalidad social de las cajas no aparece por ningún lado cuando se pide un préstamo en una de ellas. La nueva fórmula para la privatización sólo busca desactivar la protesta y que alguien le haga el trabajo sucio al gobierno algo más tarde. Tampoco se puede aceptar una nueva reducción de plantilla, que sólo persigue transformar un empleo de calidad en otro precario donde los bajos salarios, las jornadas laborales prolongadas, el deterioro de las condiciones de trabajo, los despidos, etc. están a la orden del día. Y el tercer gran objetivo del «nuevo» plan sigue siendo el empeoramiento en las condiciones laborales de los que permanezcamos en activo. El plan habla de la necesidad «de un nuevo marco de relaciones laborales a partir de enero de 2005», de cambiar el «sistema de clasificación profesional» (que probablemente quiera decir cambiar el sistema de ascensos y asimilaciones de la antigua Bazán), de más flexibilidad, de movilidad… todo con el mismo argumento con el que se plantean el resto de las medidas: «no somos competitivos». Analiza que «La pequeña marcha atrás a la que el gobierno se vio obligado se debió a nuestra movilización. No hay motivos para darnos por vencidos, todo lo contrario, debemos aumentar la presión sobre el gobierno. El gobierno quiere dividirnos, para darle el primer bocado a Sevilla, Gijón, Manises, Sestao y Fene. Pero si lo consigue, a continuación se planteará cómo meterle el diente a todo lo restante».
