Incumplimiento del Gobierno en el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), denunció en rueda de prensa este jueves, 5 de abril, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Manifiesta la Coccam diversos problemas para sustituir los cultivos de uso ilícito, argumentando que […]
Incumplimiento del Gobierno en el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), denunció en rueda de prensa este jueves, 5 de abril, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
Manifiesta la Coccam diversos problemas para sustituir los cultivos de uso ilícito, argumentando que no están en marcha proyectos productivos alternativos que permitan al campesinado sobrevivir de otra manera. Del mismo modo advirtió que quienes desean acogerse al programa de sustitución, no pueden hacerlo por falta de recursos del Estado.
«El PNIS no cuenta con los recursos necesarios para su implementación. Está completamente desfinanciado para avanzar con nuevas inscripciones y el programa no presenta ningún avance respecto a los cultivos de amapola, coca y marihuana», afirmó la Coccam.
Además, la organización campesina manifiesta ausencia de garantías para sus integrantes y el movimiento social, recordando que en menos de dos años 261 lideresas y líderes sociales han sido asesinados en Colombia, de los cuales 31 pertenecían a la Coccam o estaban suscritos en el PNIS. De igual manera recalcaron que 3 de sus integrantes fueron torturados «y cientos han sido amenazados y desplazados de sus territorios».
Y hay más. Violando los acuerdos, a través del ministro de Justicia Enrique Gil Botero, el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que busca llevar a la cárcel a quienes posean cultivos de amapola, coca o marihuana que superen las 1.78 hectáreas.
«Dicha definición contraviene los acuerdos realizados en el Consejo Permanente de Dirección y los estudios realizados por la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que definía como área mínima de siembra de cultivos, para que una familia pueda subsistir, un máximo de 3.8 hectáreas», explicó la Coccam.
Oponiéndose a este proyecto de ley que pretende dar tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores y recolectores de cultivos de uso ilícito, la Coccam anota que desde el año pasado estaban realizando aportes en las instancias de dirección del PNIS; sin embargo, no fueron tomadas en cuenta, porque para esta organización los beneficios judiciales deben aplicarse a quienes posean menos de 6 hectáreas cultivadas, en tanto que es el número de hectáreas que permiten la subsistencia de una familia.
«La presentación de este proyecto constituye en una traición flagrante a los campesinos afrodescendientes e indígenas que depositaron su confianza al inscribirse en el programa (PNIS), ya que esta propuesta genera inseguridad jurídica para todas las comunidades».
En este sentido, la Coccam expresó que analiza si seguirá en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, denunciando la «poca voluntad del Gobierno Nacional con la implementación del PNIS y su apuesta por reducir los cultivos de coca, amapola y marihuana sin superar las causas estructurales que los promovieron, repitiendo los errores históricos de anteriores iniciativas de sustitución».