Se trata de un teniente, un coronel y un mayor, sospechosos de hacer inteligencia en territorio del vecino país junto a oficiales colombianos. Ayer, luego de más de dos semanas de polémicas en torno a la captura de Rodrigo Granda, conocido como ‘el canciller de las Farc’, los gobiernos de Colombia y Venezuela dejaron entrever […]
Se trata de un teniente, un coronel y un mayor, sospechosos de hacer inteligencia en territorio del vecino país junto a oficiales colombianos.
Ayer, luego de más de dos semanas de polémicas en torno a la captura de Rodrigo Granda, conocido como ‘el canciller de las Farc’, los gobiernos de Colombia y Venezuela dejaron entrever por primera vez que la captura del jefe guerrillero se habría producido en Caracas.
El Ministerio de Defensa de Venezuela reveló ayer que ese despacho les abrió investigación a tres militares activos por su presunta participación en lo que en ciertos sectores se ha dado en llamar un «secuestro».
Igualmente, luego de declaraciones del diputado del estado Táchira, Luis Tascón, en las que afirmó que un oficial colombiano «ofreció a caza recompensas venezolanos un millón y medio de dólares» y él mismo coordinó la operación, ordenó la captura y el posterior traslado de Granda a Cúcuta, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a EL TIEMPO que efectivamente sí hubo un pago de recompensa a personas que entregaron información sobre el paradero del jefe guerrillero.
El ministro de Defensa venezolano, general Jorge Luis García Carneiro, informó que los tribunales de justicia militar abrieron una «investigación penal militar» contra tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional venezolana.
«En relación con eso (el caso Granda) puedo adelantar que hay apertura de averiguación penal militar contra un teniente, un coronel y un mayor, donde se ha comprobado que con oficiales colombianos estaban haciendo inteligencia dentro del país», dijo.
García Carneiro no precisó a cual componente militar pertenecen los investigados ni si son activos o retirados.
Extraoficialmente se maneja la versión de que son militares activos y que en el caso del mayor y el teniente, ya han sido solicitados por sus respectivas comandancias.
Según el general García Carneiro «se está tomando en cuenta toda esta información, hay un proceso abierto, estamos trabajando y precisamente a los oficiales que cumplen funciones propias en la frontera les estamos recalcando la necesidad de tener en cuenta los principios constitucionales». Entre estos últimos destacó la preservación de la soberanía nacional.
Hasta el momento de las declaraciones del Ministro de Defensa, la versión que se manejaba en Venezuela era que los principales involucrados en el secuestro serían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalísticas (antigua PTJ de Venezuela).
Así lo confirmó el diputado del partido de gobierno y miembro de la comisión especial que investiga el caso, Luis Tascón, quien aseguró que algunos policías de rango medio y bajo habrían participado en el secuestro del ‘canciller’ de las Farc.
El diputado Tascón, quien aseguró que los secuestradores habrían recibido 1,5 millones de dólares por la captura de Granda, señaló enfáticamente que ese dinero fue erogado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
«No hay otra fuente de donde pudo haber venido el dinero, tuvo que haber sido del gobierno colombiano, que es el único interesado en aprehender a Granda. Claro, esa plata se entregó luego de una negociación previa, donde participaron funcionarios colombianos, por lo que la autoría intelectual del hecho estaría en funcionarios del gobierno colombiano».
Tascón aseguró que la información la obtuvo de fuentes de inteligencia venezolana, pero no mostró alguna prueba más concreta que esos contactos.
«La información de inteligencia es muchas veces información sin pruebas, en mi caso viene de la labor de informantes, algunos incluso, del propio gobierno colombiano».
Por ahora, las nuevas declaraciones de ambos gobiernos en vez de dilucidar la polémica plantean varios interrogantes frente al caso:
¿Si Granda fue detenido en Venezuela se hizo con o sin el consentimiento del gobierno de Chávez?; ¿Para quién trabajaban las personas que realizaron la captura? ¿En caso de que las investigaciones venezolanas determinen que fue capturado en Caracas, qué implicaciones jurídicas tendría para Colombia?.
¿Se podía capturar a Granda?
La polémica por el caso del guerrillero Rodrigo Granda podría traer consecuencias jurídicas tanto funcionarios como particulares -de Venezuela y Colombia- si se establece que se cometió algún tipo de irregularidad en la detención.
Para el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar «si las autoridades colombianas entraron a Venezuela para cumplir una orden de captura hay un abuso de autoridad, delito que tiene que ser juzgado en Colombia, independiente de la infracción que hayan podido cometer conforme a la legislación venezolana».
Bernal indicó que si se trató de una entrega a las autoridades colombianas en Cúcuta «quiénes deben responder son las personas que lo privaron de la libertad en Venezuela, sin tener la orden de Interpol, y, en cambio, hubo un acuerdo previo para la entrega en nuestro país, los funcionarios colombianos «no deben responder por nada porque ejecutaron una orden de captura expedida por Colombia.
Para Jorge Armando Otálora, abogado penalista, «Si se encontrara en territorio venezolano se tendría que acudir al tema de colaboración entre las dos naciones para la captura. Existe una Interpol y otras oficinas de colaboración internacional entre los dos países que deberían haber coordinado la captura del señor Granda en Venezuela».