Ad portas de un nuevo gobierno, el del presidente Iván Duque, y de un nuevo congreso, la maltrecha democracia colombiana estrenará el ejercicio de la oposición, establecido en la Constitución y en la ley, como resultado del tratado de paz en La Habana. La oposición tendrá derecho a participar en las mesas directivas del Congreso […]
Ad portas de un nuevo gobierno, el del presidente Iván Duque, y de un nuevo congreso, la maltrecha democracia colombiana estrenará el ejercicio de la oposición, establecido en la Constitución y en la ley, como resultado del tratado de paz en La Habana. La oposición tendrá derecho a participar en las mesas directivas del Congreso y la réplica está garantizada en medios masivos, además mejora su financiación. El candidato Gustavo Petro, que ya se declaró en la oposición, ocupará una curul en el Senado. Su fórmula vicepresidencial, Ángela Robledo, hará lo propio en la Cámara de Representantes.
En Colombia ha existido la oposición, pero no derecho a la oposición. A ésta se le tolera, en medio de una alambrada de garantías hostiles. A la oposición se le da trato de subversión, y más si representa las luchas sociopolíticas. En verdad, se reprime violentamente a los opositores, así ellos actúen dentro de la Constitución. El llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se encarga de perseguir la protesta ciudadana. Sólo se permiten los desfiles y concentraciones controladas bajo el signo del miedo. El reguero de muertos y heridos por el ejercicio del derecho a la protesta es numeroso.
El país arrastra una crisis del derecho a la vida, con el esplendor del neo paramilitarismo como uno de sus rasgos más atroces, asesinando a más de 200 activistas entre el 2015 y lo corrido de este año de desgracia del 2018. Los muertos son opositores a la violencia contra sus comunidades, están por la restitución de tierras, la sustitución cultivos, contra el extractivismo, reclaman los derechos de las víctimas o son militantes de las izquierdas. No es verdad que no haya sistematicidad en este exterminio, ni relación de continuidad con los ciclos anteriores de las masacres. Además, es ineludible la responsabilidad de las autoridades por omisión en combatir estos crímenes.
La calma que se pregona, destacando el breve interregno de tranquilidad en el debate electoral, tiene un trasfondo que reproduce la permanencia del grande y grave pleito socioeconómico, por el cual tiene como causa la arrogante desigualdad que beneficia a unos privilegiados. Como es lógico, los de abajo resisten por mejorar y cambiar su dramática condición humana. Es el asunto del modelo y el sistema económico.
Lo que vivimos es un posacuerdo y no un posconflicto en relación con las FARC, y se mantiene una guerra con el ELN, el EPL y las disidencias armadas. La lógica de que el tratado de La Habana sea la puerta para empezar a tramitar el pleito de tierras y demás asuntos sociales se bloqueó ante la conversión del proceso de paz en un proceso de pacificación por parte del Centro Democrático, la Corte Constitucional y el mal gobierno del presidente Santos. En la opinión pública circula con fuerza la versión de que este gobierno omitió el uso de sus mayorías políticas y el enorme poder presidencial en lo que concierne al cumplimiento del tratado.
El nuevo presidente viene de ejercer una oposición sistemática al proceso de paz y a la persona del presidente Santos. Él y su partido han estado en su derecho, y no hay que recriminarles ni su ardentía ni su filibusterismo buscando hundir las iniciativas. Lo que es censurable en grado sumo es la estrategia de mentiras sobre los alcances del tratado de La Habana y otros temas.
El líder de la oposición, Gustavo Petro, ha convocado a la movilización. La apuesta de ligar la oposición parlamentaria a la movilización social apunta a superar la política de élites que domina un Congreso elegido más o menos democráticamente, pero a espaldas de los intereses nacionales y separado del conjunto de la vida social. No hay que olvidar que el gran logro de la oposición fue la recuperación de las calles y las plazas públicas para la deliberación democrática. El 7 de agosto habrá movilización. El éxito de la Velatón es un incentivo.
El gran desafío es que la oposición debe ser cualificada en sus argumentos y radical en sus posturas, para no ser una oposición de comedia al mal gobierno que se anuncia. El otro desafío es coordinar sus actividades de manera unificada, partiendo de la realidad de que Gustavo Petro obtuvo el apoyo de 8 millones 40 mil votos.
Ricardo Sánchez Ángel es Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia
* Artículo publicado en el periódico «Un pasquín» (No. 67 julio de 2018).
Fuente: http://socialistascolombia.wordpress.com/2018/07/24/gobierno-y-oposicion/
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