Una decisión que da continuidad a la violencia policial y genera impunidad
Hace una semana, la FAPE (Federación de Asociaciones de Prensa de España) y la ANIGPTV (Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión) presentaron el resultado de un novedoso convenio con el Ministerio de Interior. Se trata de la creación de un distintivo (un chaleco blanco, personal e intransferible) para los periodistas que cubran acontecimientos de carácter público en los que la policía intervenga.
Tal y como lo exponía el diario «El Mundo», «La FAPE comunicará al Gabinete de Coordinación de la Secretaria de Estado de Seguridad la relación de los profesionales mediante el nombre, apellido y número de registro a quienes hayan sido asignados los chalecos. De esta manera, el Ministerio del Interior notificará a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los gabinetes de prensa institucionales que adopten las medidas necesarias para que LOS PERIODISTAS puedan cubrir las noticias de una manera segura y eficaz; logrando una buena colaboración entre los medios de comunicación y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».
Pero, ¿quienes son para ellos los periodistas?. ¿Quienes serán calificados como periodistas según esta nueva medida? Pues sólo los miembros de la FAPE y ANIGPTV, es decir, solo quienes paguen la cuota estimada y cumplan los requisitos exigidos por estas dos iniciativas privadas, podrán gozar del estatus de periodista -no golpeable- frente al policía que circule, porra en mano, a la carrera.
Aunque la FAPE -sabedora del trato de favor recibido- se apresure a recordar que otra identificación anterior, tipo «carné de prensa», seguirá siendo válida, los reporteros que sufrimos la violencia de la policía (como ha quedado probado en multitud de ocasiones pasadas y presentes) sabemos que, bien por el estrés y la agitación del momento, o bien porque al policía se le ha informado para respetar la integridad de «los del chaleco oficial», a la larga, solo quienes porten el exclusivo distintivo blanco se acabarán salvando de la posible agresión policial. Y no es cierta clase periodística quien lo sugiere, sino el propio secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien subrayó que esta normativa trata de «identificar» a los informadores para garantizar su seguridad en circunstancias «que pueden conllevar actos de violencia». Es por tanto un aviso claro para todos aquellos reporteros que no entren en el «club del chaleco». Dada la imparable crisis y el descontento social latente, es razonable vaticinar situaciones de riesgo, «tipo chaleco», en nuestras calles.
Para el resto, para los periodistas que no creemos en dos asociaciones que celebran sus eventos con un besamanos al mayor tabú informativo de España, es decir, la familia real, nos reservan una opción de la que hablaron en marzo (al firmar el acuerdo) pero no hablan ahora (al hacer efectivo el acuerdo). Recuperando informaciones vertidas el pasado mes de marzo por la propia FAPE y reproducidas entonces por agencias como «Europa Press», confirmamos con tristeza lo que antes intuíamos y hoy es un hecho. Hablamos del cerco policial que nos reservan al resto de informadores: «Podrán requerir al responsable del dispositivo policial información sobre las zonas que considere más seguras, haciendo compatible la realización de su tarea con la de los efectivos policiales». Osea, la policía dirigirá al periodista que no sea de la FAPE, imponiéndole el ángulo de la noticia en un sentido literal.
Y aún peor, la asociación sugiere que existen periodistas ilegales. «La FAPE procederá a la entrega de los chalecos a los profesionales de la información que reúnan los requisitos legales que les acrediten para el ejercicio de esta profesión». ¿Cuales son los «requisitos legales» para ser periodista y porque la FAPE comienza a utilizar un lenguaje criminalizador que apunta a la existencia de periodistas ilegales?. ¿Qué es un periodista legalmente acreditado?, ¿qué es un periodista ilegal?
Además, este acuerdo excluye a los sindicatos de periodistas (C.C.O.O, E.L.A, U.G.T, etc…) , colegios de periodistas y trabajadores de la comunicación independientes, entre otros. Frente a esta apropiación unilateral y sectaria, es importante recordar a la sociedad, que la FAPE es una asociación privada que no puede decidir por el conjunto de un ámbito profesional rico en su diversidad. Esta organización solo se representa a si misma y el hecho de que solo ellos cuenten con ciertos privilegios de cara a la recogida de información de interés público es prácticamente un golpe de Estado al oficio de reportero en España. Por otro lado, que el Estado garantice, sin debate ni consenso mayoritario de ningún tipo, condiciones favorables a un solo grupo concreto del sector privado, es antidemocrático y fiel reflejo de un Estado tendente al recorte de derechos y libertades.
La solución no está en ponernos chalecos, cascos o rodilleras. La solución está en que la policía se democratice de una vez por todas, y deje de comportarse de forma agresiva con los informadores, y ¿por qué no decirlo?, la ciudadanía en general. Tan defendible es una persona que se manifiesta pacíficamente, como un reportero profesional, estudiante o amateur, sea de «Diagonal» o de «Associated Press».
Esta medida del chaleco lo único que ha conseguido es dar a organizaciones privadas un poder excesivo que simplemente no les compete. Además, da continuidad a la violencia policial y genera impunidad, pues no estamos diciendo a la fuerza pública que no agreda a quien no agrede, sino que no agreda a un selecto grupo que -por su real lealtad al Poder- el Ministerio de Interior ha decidido premiar.
Unai Aranzadi / INDEPENDENT DOCS
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