Poner al país político a discutir en año preelectoral sobre reformas políticas que difícilmente se materializaran suena a maniobra distractora
Sin caer en conjeturas, hay aspectos que subyacen en esta “reformitis” electoral antidemocrática
En el pasado mes de septiembre publiqué en este mismo portal mi columna “Duque: autogolpe o renuncia” donde advertía el deterioro antidemocrático del ya de por sí restringido régimen político colombiano durante el actual gobierno. En la medida que se acercan los comicios de 2022 han empezado a pulular proyectos de alteración de las reglas del juego electoral que confluyen en dos cosas: su ventajismo para la actual facción en el Estado, y la inviabilidad de su trámite por los conductos ordinarios.
Sin duda el más bochornoso de todos esos proyectos fue el de la semana anterior que proponía la prolongación de los periodos del Presidente, Congreso, entes de control y hasta altas cortes. Pero este proyecto presentado a nombre de la Federación Nacional de Municipios y un grupo de representantes a la Cámara poco reconocidos y que causó la justa indignación ciudadana obligando a su retiro inmediato, no contaba con los tiempos necesarios antes de marzo de 2022 para surtir los 8 debates en el parlamento que requieren las reformas constitucionales.
Análisis propio sobre sus riesgos democráticos merecen los proyectos de acto legislativo radicados en el presente periodo de sesiones del Congreso que avala el voto a las FFMM (el partido de gobierno insiste por segunda vez en este tema) o que unifica la fecha de las elecciones legislativas y presidenciales. Pero ambos coinciden en que no tienen ni las mayorías aseguradas, ni mucho menos los tiempos para su trámite ordinario, en un parlamento que sigue virtualizado. ¿Qué sentido tiene inundar el Congreso y el debate público con una pléyade de proyectos de reformas electorales que no solo son inconvenientes sino inviables? ¿Por qué la proliferación de propuestas que modifican las elecciones cuando el calendario electoral ya está en curso? ¿El gobierno Duque va a dedicar su última legislatura a proyectos de reformas que de entrada nacen en coma sino muertas?
Tanta torpeza se me hace sospechosa. Sobre todo si hablamos de una clase política y de un sector del bloque de poder, expertos en la celada legal santanderista, así como en el ejercicio efectivo del autoritarismo que les ha permitido la concentración de los poderes del Estado. Sin querer caer en conjeturas considero que aspectos que aún no se manifiestan subyacen en esta “reformitis” electoral antidemocrática. Sin duda existe una preocupación relativa sobre el control de las elecciones ante el crecimiento de un electorado crítico durante la última década, aguzada por la incapacidad hasta ahora de reunificación electoral del bloque de poder y su crisis de liderazgo. En parte la insistencia de alterar las reglas del juego electoral que siempre le han dado la victoria a la actual clase política expresa el histórico “miedo al pueblo” y su pretensión de eternizarse en el poder. Por primera vez desde el Frente Nacional, a un año de la primera vuelta nadie puede asegurar entre qué candidaturas se definirá la presidencia, incertidumbre que se potencia ante dos bombas que no terminan de estallar, pero que podrán marcar este año 2021: la crisis económica del decrecimiento de casi 7 puntos del PIB; y la verdad sobre lo acontecido en el conflicto armado y sus responsables.
Este temor de ciertas élites al 2022, en parte desproporcionado, pero al mismo tiempo muy representativo de su mezquindad política no explica por sí solo la estrepitosa ruta del trámite legislativo de estos proyectos. Si de alterar reglas de las votaciones se trataba, el Código Electoral recientemente aprobado -pero aun en revisión en la Corte Constitucional- ya introduce bastantes modificaciones e incertidumbres a la próxima contienda. Surgen entonces dos posibilidades, no excluyentes entre sí: el posicionamiento del proyecto autoritario; y la cortina de humo.
Del voto militar a la resurrección de la reelección, pasando por unificación de periodos y votaciones, son parte de una propuesta de contrarreforma política que desmantele los vestigios de la Constitución de 1991 para la formalización del “estado de opinión”. Poderosos lobistas y pensadores de la derecha vienen “fogueando” estas propuestas para medir su aprobación, permear su aceptación y publicitarlas de forma tal que empiecen a instalarse en el debate nacional. Pareciera que sectores de la derecha son conscientes de -y aspiran a -un escenario constituyente (clásico o mediado por el poder constituido) en los próximos años, como salida al desbarajuste institucional y a la crisis política irresuelta. A 30 años de su promulgación y 3 décadas de manoseo legislativo, la Constitución del 91 no está vigente y el actual Frankenstein constitucional es disfuncional aunque en diverso grado para todos los sectores políticos. Sin duda un proyecto alternativo debe concebir los ajustes constitucionales que requiere el proceso de apertura democrática y no someterse por miedo a un orden constitucional forjado por la actual clase política. Por ello, aunque estas reformas no se materializaran antes de 2022, expresan parte de la ambición programática de la derecha, haciendo válidas las alarmas ante la profundización autoritaria del régimen, pero obligando a que desde los sectores democráticos construyamos propuestas de reformas políticas y no nos limitemos a defender el orden existente que es justamente lo que hemos criticado.
En segunda instancia, poner al país político a discutir en año preelectoral sobre reformas políticas que difícilmente se materializaran suena a maniobra distractora. Mientras en redes algunos celebran que se derrotó el golpe de Estado –calificación válida al retirado proyecto-, el golpe de Estado efectivo sigue en curso, con el control del ejecutivo de los entes de control, el desafuero de las FFMM y la partidización de la justicia, entre los aspectos más relevantes. Entre el show gubernamental con las vacunas y los debates sobre hipotéticas reformas electorales, la reforma que sí va -silente pero firme- es la tributaria que pondrá por enésima ocasión a pagar a clase media y trabajadores los subsidios de los más ricos, en medio de un hueco fiscal que no se veía desde el gobierno de Andrés Pastrana.
¿Fue el proyecto de prolongación de periodos un golpe de Estado fallido? ¿O hace parte de la estratagema de un golpe de Estado gradual pero efectivo? Quedan abiertas las preguntas para que sean respondidas no retóricamente sino en el campo de la lucha política.