El 12 de abril de 2010 ha sido un día grande para el euskera, la libertad de prensa, la prensa vasca y el honor y vidas de los cinco encausados de Egunkaria. El juez Gómez Bermúdez ha empezado a hacer justicia a Egunkaria y a sus directivos, con una sentencia impecable que ha deslegitimado tanto […]
El 12 de abril de 2010 ha sido un día grande para el euskera, la libertad de prensa, la prensa vasca y el honor y vidas de los cinco encausados de Egunkaria. El juez Gómez Bermúdez ha empezado a hacer justicia a Egunkaria y a sus directivos, con una sentencia impecable que ha deslegitimado tanto el sumario incoado por el juez instructor Del Olmo como las pretensiones de los denunciantes Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DJ) y de los informes de la Guardia Civil. Éstos han carecido de valor pericial y sólo contienen «meras inferencias».
Según la sentencia -y cito entrecomilladas expresiones de la misma- no hubo recursos económicos de «procedencia ilícita», ni «desvío de fondos», ni los procesados estaban «vinculados» a ETA. O sea, nada que no supiéramos todos menos la derechona que lo aventó para cerrar un periódico en euskera. Además, la medida cautelar de cierre «es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico»; y afectaba a los «lectores en euskera que sólo contaban con esa publicación diaria, lo que hace más intensa su valoración desde la perspectiva del pluralismo», además de sacrificar la «libertad de prensa».
Toda la acusación era incoherente pues no se imputaban «conductas ilícitas que pueden ser realizadas» desde las páginas de un medio de comunicación. Los indicios claros y las pruebas se sustituyeron por la «mera especulación»; y la «estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/controlado por ETA», sólo puede llevar «a la inconsistencia de la imputación». Las acusaciones (siguiendo la lógica del propio instructor y de la Guardia Civil ) «han invertido el proceso inductivo. Primero se ha decidido cuál es la conclusión (..) y desde ahí se rechazaba todo aquello «que no apoye la conclusión».
Un proceso político y, además, absurdo
En otras palabras, se instruyó desde prejuicios derivados de un ámbito extrajudicial, prejuzgando a personas y a una entidad desde la presunción de culpabilidad y, a través de ella, a una cultura y a un país.
El cierre de Euskaldunon Egunkaria y el sumario abierto contra Egunkaria Sortzen S.L. en 2003 ha sido un sumario absurdo de arriba abajo. Tratándose de una iniciativa judicial, 13 años después de ocurridos los presuntos hechos (1990), tratándose de un medio sin una difusión significativa generadora de alarma social, ni existiendo la urgencia de un delito flagrante, lo sensato, en caso de sospechas fundadas, hubiera sido reunir pruebas reales para un enjuiciamiento de las personas imputadas, y ayer absueltas. Sólo en caso de evidencias de delito continuado desde el propio medio hubiera sido razonable un cierre cautelar para un par de días y no un cierre para siete años de dolor y ruina. Si además el juez instructor no era competente para decidir el cierre -una decisión inconstitucional- Del Olmo ha rozado la prevaricación.
Profesionales, empresa en donde trabajaban y periódico son ámbitos distintos. Un medio de comunicación es un bien colectivo, con sus lectores incluidos. Cerrar un medio afectando a los profesionales que se quedan sin trabajo y a los lectores sin referente, por un «presunto» delito de unas personas que pasaron a ser imputadas por unas acusaciones de fantasía es de juzgado de guardia. (Perdón, ¡mejor no!).
El ridículo que ha hecho el sistema judicial ha sido de antología al no aplicar la doctrina Botín. El resultado es que ha dejado la justicia en manos particulares con intereses políticos e ideológicos sectarios, sin hablar de la indignidad que cometen AVT y DJ utilizando sus cuantiosas subvenciones para procesos políticos.
Una instrucción ilógica
No formaba parte de la lógica que Egunkaria Sortzen y Euskaldunon Egunkaria pudieran caer en manos de ETA. Por una parte, no hay ningún texto a favor de ETA en los 14 años que duró el diario y sin embargo la criticó en bastantes ocasiones. Por otra parte, tampoco hay papel alguno de ETA que sostenga ese control a pesar de los miles de documentos incautados y de los centenares de detenciones realizadas estos años.
Si el Consejo de Administración lo formaron personas sin vinculación con ETA y sin que -y cito el sumario de Del Olmo- «el periódico fuera identificado con ETA» habrá que explicar entonces su función: para qué una supuesta toma de control. Recuérdese que el Gobierno vasco siempre tuvo en oferta su presencia en el Consejo de Administración, incluso antes de iniciarse las subvenciones. No la aceptó al principio, en 1991. Posteriormente se sentó de grado.
A sensu contrario, no se entendería que siendo Egunkaria, según el sumario de Del Olmo, «una estructura informativa en eusquera (sic) controlada por la organización terrorista ETA para facilitar el amparo y difusión del ideario terrorista», ETA, en la época de saneadas finanzas, permitiera que entre 1991 y 1993 pasara por los apuros económicos conocidos.
Es más razonable pensar que el Consejo de Administración nunca le dejó intervenir a ETA ni siquiera en la época de más penuria. Los promotores se volcaron con un máximo esfuerzo por obtener subvenciones y no en solicitar fondos a ETA. Se sabe por sus papeles que esa cuestión no agradó nada a ETA, temiendo la subordinación de Egunkaria al Gobierno vasco, lo que viene a corroborar la independencia de Egunkaria. Tampoco se entendería que a partir de 1994 (recepción de subvenciones del Gobierno vasco) con un diario más o menos saneado en sus finanzas, tuviera la tentación de caer en manos de ningún «entramado» de ETA.
La aplicación de la lógica bushiana de justicia política preventiva y vengativa, con clausura -en una fase de instrucción, sin sentencia ni pruebas- del único diario en una lengua minoritaria, y el mantenimiento artificial del proceso contra cinco procesados que, además de la estancia en la cárcel y comisaría, han tenido que sufrir una pena moral, económica y social con cuentas y documentación embargadas -Martín Ugalde falleció embargado- y peticiones descomunales, es probablemente el mayor escándalo reciente del sistema de la justicia española. Gómez Bermúdez viene a restablecer un elemental principio de Justicia… hasta el próximo roto.
Con ser gratificante la sentencia, ahora faltan que se sobresea el juicio económico contra Egunkaria; se les repare económicamente a las víctimas de este largo atropello; y se indemnice a Egunkaria Sortzen S.L. del quebranto económico sufrido, así como a sus trabajadores que quedaron sin empleo.
También queda pendiente -ya que las torturas y malos tratos se las llevarán para siempre los absueltos en su memoria humillada- que atendiendo a la inexistencia en este caso, como dice Gómez Bermúdez, de «un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación» la justicia tenga respuesta, de una vez por todas, a ese agujero negro del sistema policial y judicial que es la incomunicación sin garantías.