En Colombia descienden las acciones violentas derivadas del conflicto armado en las zonas hasta ahora controladas por las FARC y se incrementan las agresiones, los apresamientos arbitrarios, los asesinatos selectivos contra defensores-as de los derechos humanos y contra la dirigencia social. Rechazamos el terror desatado en muchas regiones donde, por desgracia, la deseada paz es […]
En Colombia descienden las acciones violentas derivadas del conflicto armado en las zonas hasta ahora controladas por las FARC y se incrementan las agresiones, los apresamientos arbitrarios, los asesinatos selectivos contra defensores-as de los derechos humanos y contra la dirigencia social. Rechazamos el terror desatado en muchas regiones donde, por desgracia, la deseada paz es sólo un titular en las noticias.
Hace una semana el gobierno de Juan Santos y las FARC firmaron los Acuerdos de La Habana. Hace diez días el Programa Somos Defensores informó que en el primer semestre de éste año 35 activistas de los Derechos Humanos fueron a sesinados-as, además hubo 21 atentados, 22 detenciones arbitrarias por el uso perverso del sistema penal, 3 de robos de información y una persona desaparecida. En el 78% de los casos la responsabilidad es de agentes de seguridad del Estado y de los paramilitares. Las regiones más afectadas son Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y Córdoba.
Ayer 29 de agosto en el primer día del cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC, fueron asesinados tres dirigentes del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, en Almaguer, departamento del Cauca. Una de sus activistas, LIDA, estuvo acogida por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y nos enseñó a valorar ese proceso organizativo con el cual se han reunido varias Delegaciones Asturianas de Verificación del estado de los Derechos Humanos. Los tres líderes asesinados eran miembros del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer: JOEL MENESES MENESES, líder histórico del CIMA, NEREO MENESES GUZMÁN y ARIEL SOTELO, quienes fueron bajados de un coche y asesinados en el sitio Monte Oscuro con disparos a mansalva.
En esa región hay iniciativas comunitarias de paz y desarrollo regional junto con planes de exterminio de dirigentes, amenazas individuales y colectivas, persecuciones, estigmatizaciones, señalamientos, judicializaciones individuales y masivas. Los datos del CIMA prueban la sistematicidad de los ataques: hace tres años asesinaron a ADELINDA GÓMEZ GAVIRIA, opositora de los proyectos mineros de la Anglo Gold Ashanti; luego asesinaron a JHON GÓMEZ ORDOÑEZ, hijo de un concejal electo en octubre de 2015; después a IGNACIO MALES NAVIA, líder social y secretario del Concejo Municipal de Almaguer; luego amenazaron al Alcalde Municipal ALBEIRO GALINDEZ y a la mayoría del Concejo Municipal incluido su Presidente OMAR JIMÉNEZ BAHOS. La impunidad, la falta de garantías forzaron el desplazamiento masivo de las comunidades campesinas, pueblos indígenas, líderes sociales y autoridades, incluida la administración Municipal que ante el peligro también decidió abandonar el pueblo y despachar desde la ciudad de Popayán.
El Movimiento Social y Político Marcha Patriótica ha denunciado el asesinato por paramilitares de 116 de sus integrantes, varios éste año, entre ellos EVARISTO DAGUA TROCHEZ fundador de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto-Cauca. Por su parte el Congreso de los Pueblos ha denunciado el asesinato de al menos 30 de sus integrantes.
El 16 de marzo la Unión Europea expresó su preocupación por el repunte del asesinato de defensores-as de los derechos humanos y destacó los asesinatos de KLAUS ZAPATA, integrante de la Juventud Comunista, JUCO (6 de marzo, Soacha), WILLIAM ALEXANDER OIME, gobernador indígena de Río Blanco (2 de marzo, Cauca), yMARISELA TOMBÉ, lideresa campesina de El Tambo, Cauca (28 de febrero, Cauca), denunció también el asesinato deWILLIAM CASTILLO, de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, ocurrida el 7 de marzo en El Bagre, Antioquia, municipio que está bajo el terror p aramilitar que quiere relevar en el control de la zona importante para el posconflicto con las FARC. Allí en lo corrido del año han asesinado 17 líderes defensores de los diálogos de La Habana y el miedo generó un desplazamiento masivo. La U.E. pidió a las autoridades sin resultados conocidos a la fecha «que todos los asesinatos sean esclarecidos y los responsables llevados ante la justicia», y pidió garantías, reforzar la seguridad, subrayando el papel «fundamental» de los activistas «en el contexto actual del proceso de paz». Por su parte la Defensoría del Pueblo denunció -el 20 de abril/16- la gravedad de los a sesinatos selectivos de mujeres indígenas, líderes y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país y de manera especial en el Cauca.
Ante estos hechos exigimos de las autoridades colombianas que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos en Macizo Colombiano, y exigimos a la Mesa de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, que cumpla su papel en relación con las personas que defienden los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y los derechos constitucionales a la organización y movilización en todo el país.
Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias «Luciano Romero Molina». Gijón, 30 de agosto/16.
Javier Orozco Peñaranda, Coordinador. Programa Asturiano de Derechos Humanos