El personal de la Administración de Andalucía llevan 10 meses en pie de guerra. El día 16 de febrero el gobierno de Griñán, en solitario en el Parlamento Andaluz aplicó el rodillo y aprobó la Ley que consuma el desmantelamiento de lo público en Andalucía. ¿Y ahora qué? 1. Un rara avis: la plantilla pública […]
El personal de la Administración de Andalucía llevan 10 meses en pie de guerra. El día 16 de febrero el gobierno de Griñán, en solitario en el Parlamento Andaluz aplicó el rodillo y aprobó la Ley que consuma el desmantelamiento de lo público en Andalucía. ¿Y ahora qué?
1. Un rara avis: la plantilla pública en pie de guerra.
El detonador para la fuerte respuesta del personal público andaluz a la reestructuración de la Administración Autonómica ha sido el cóctel explosivo entre el hartazgo acumulado por el continuo ninguneo a la labor del servidor público, la indignación por las formas en las que se cambian las reglas del juego, el ataque a las condiciones laborales del sector y ¿por qué no decirlo? el creciente descontento de quienes accedieron con ilusión a un puesto público para prestar un servicio a la ciudadanía, y no al partido de gobierno de turno.
La lucha nace en definitiva ante la perspectiva de una vuelta más de tuerca a una labor sujeta a los intereses partidistas homogeneizantes del poder ejecutivo, un gobierno que se apropia de la administración para sus propios intereses y retuerce la normativa emanada desde el legislativo y articula mecanismos para subyugar y disciplinar a la plantilla de la administración pública al servicio de un proyecto a su vez arrodillado ante la mercadocracia y que además se oculta con cobardía tras la careta de un proyecto social al servicio de la engañada ciudadanía.
Y la lucha ha sido arrolladora, triunfadora, inédita. Se ha expresado tanto con repulsa en aquellos actos en los que la clase política pretendía darse baños de multitudes y medios como mediante las masivas manifestaciones de los días 13 y 27N y 22E1 en las que escenificó su unidad en torno a una causa y lema de la misma:»por un servicio público de calidad NO a la privatización». Este éxito ha forzado a la partidocracia (en Andalucía y Extremadura el PSOE, pero en Murcia y Galicia2 el PP donde el PSOE en un alarde de cinismo reclama lo que niega en Andalucía) a pedir una tregua no escrita hasta después de las elecciones municipales.
La tregua no obstante, se configura como una tregua trampa, ya que el gobierno andaluz persiste en maniobrar para desactivar el sentimiento de desafección del personal de la administración , y oculta una hoja de ruta que pasa por un pretendido ERE en la Administración, (como desvela estudios en este sentido sobre su posible viabilidad efectuados por CCOO) que diezmará los efectivos de la administración andaluza. Así, su estrategia pasa por:
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Enfrentar al personal de la administración con las plantillas de las empresas públicas, embaucando a éstas últimas con promesas de estabilidad cuando la única apuesta creíble de esta pasaría por la apertura de una oferta de empleo público (vía concurso-oposición) en la que se valore de forma oportuna los méritos de quienes concurran.
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Prometer la congelación del arranque de las «agencias» mientras la norma estaba sujeta a debate parlamentario, en tanto que éstas se ponían en marcha de facto, conforme a la idea inicial del proyecto Griñán y con el descaro del que sabe que en el Parlamento no se parlamenta, tan sólo se acata la mayoría aplastante. En efecto, no hace mucho nos desayunábamos con la noticia de que la Agencia de Obra Pública3, burlando al parlamento y su prerrogativa legislativa, ya está funcionando desde el 1 de enero.
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Agredir al personal de la administración4: acoso judicial5, amenazas6, instalación de cámaras7….
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Anunciar la convocatoria de un concurso interno de traslado como estrategia de distracción y destrucción de la cohesión de la plantilla pública autoorganizada.
Entre tanto el PP en Andalucía se frota las manos. A río revuelto ganancia de pescadores. No obstante si examinamos con rigor algunos de los reclamos que se han vertebrado desde las plataformas del personal de la administración («contra la mercantilización» y «contra la privatización» reclamos netamente progresistas huérfanos de defensores en el terreno del monopartidismo camuflado de bipartidismo del PPSOE) nos encontramos que son incompatibles con las políticas aplicadas tanto por el PSOE como PP, idénticas en desmantelamiento del estado del bienestar, y quizá los peces eludan las redes puestas al descuido.
2. La construcción de una resistencia heterogénea:
La construcción de la resistencia ante tamaño abandono nos deja ante un escenario con múltiples flancos y frentes:
Frente al abandono de las tareas de los autodenominados sindicatos de «clase»8, gran parte del personal funcionario, nos hemos vertebrado en torno a procesos participativos y profundamente democráticos a través de asambleas (coordinadas en la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía9), lo que ha sido posible gracias a que el sector público es uno de los pocos ámbitos en el que su plantilla puede autoorganizarse sin miedo a perder su empleo (garantizado por el principio de inamovilidad, frente a la cada vez más inerme clase trabajadora precarizada).
Frente al acoso legal y físico se ha apostado por organizar cajas de resistencia y una defensa jurídica contra la iniquidad e inconstitucionalidad de la política de hechos del gobierno andaluz.
Frente al modelo arriba abajo del ordeno y mando donde impera el cortoplacismo, hacemos una apuesta constructiva por la participación, por el coprotagonismo de la ciudadanía, la principal afectada por una reforma que pretende domesticar al personal de la administración, vender el patrimonio andaluz y destruir el servicio público. Sin empleo público no hay servicio público, se acaba la ecuanimidad, la transparencia, la falta de control sobre el presupuesto público, la igualdad de trato, la redistribución de la riqueza y estaremos vendidos a las decisiones arbitrarias de los políticos de turno y los intereses económicos y personales de unos pocos (en la distribución de los empleos en el Servicio Andaluz de Empleo, en la asignación de plazas para los centros de la tercera edad y colegios, en la distribución y asignación de pensiones no contributivas, en el «reparto» de subvenciones y concesiones, en el control de la ejecución del presupuesto haciendo viable «desviaciones» poco ortodoxas,…). Se profundizarán las políticas que ya hoy cierran lineas de autobuses porque no son «rentables», realquilan aulas de colegios para hacer caja, reducen el derecho a la salud a un máximo de 5 minutos de atención10 vía presupuestos del Estado, haciendo depender salud de un criterio economicista, etc…. En definitiva dejan la gestión de la administración en manos de tecnócratas con criterios mercantiles que cuantifican las necesidades básicas de la vida humana.
Frente a la docilización del cuerpo administrativo articulada en torno a los puestos de libre designación, única vía para el desarrollo profesional de las personas empleadas, se propone un modelo de selección basado en méritos, en la democracia interna (mediante el apoyo colectivo) y finalmente mediante la participación de la ciudadanía.
3. El 16-F: El punto de inflexión
Una vez que el 16 de febrero se aprueba en el Parlamento Andaluz la Ley de «Reordenación» del sector Público con la aquiescencia de CCOO y UGT, nos encontramos en un punto de inflexión de esta lucha: La disyuntiva es clara, o permanecemos en los lugares estancos en los se han debatido los términos del conflicto hasta ahora, o alzamos la vista y sabemos situarlo en la matriz del ataque, que no es otra que el intento de desmantelar el sector público en toda Europa mediante la imposición de políticas neoliberales y de mercantilización de los servicios. Hoy en Andalucía, ese ataque comienza desposeyendo de competencias y funciones a los órganos de integrantes de la Administración Autonómica y trasladándolas a un espacio difuso, privatizado, con una falsa escenografía pública, que supone por un lado la sentencia de muerte al modelo de apuesta de redistribución vía salario indirecto como servicio público (ya que el criterio gerencial privado lo impregnará todo) y por otro acabar con la función pública como presupuesto de la garantía del interés general.
Pero seamos realistas, si en este primer asalto podemos salvaguardar peor que mejor nuestros intereses laborales concretos, (evitando el traslado a las agencias o inclusive ciertas garantías laborales en el seno de engendros privado-públicos), un segundo asalto que se apoye en el cuestionamiento abierto del exiguo sector público restante no tendrá realineamiento posible. Es decir, nos encontramos en un momento de encrucijada en la caracterización de la lucha, en el que la única victoria definitiva la obtendremos si somos capaces de apostar a lo grande por la defensa de lo público, que legitima nuestro trabajo y la defensa del patrimonio común. Por eso no nos sirven reivindicaciones miopes que se limitan a la batalla inmediata sin atender a la guerra descarnada que tiene lugar delante de nuestras narices; o gritamos de forma colectiva (personal funcionario, de entes instrumentales, cuidadanía… ) por la defensa de más y mejor sector público, uniendo a nuestra lucha las otras luchas abiertas que no son sino otra batallas de la misma guerra (la lucha en TUSSAM, ROVER, la suspensión de sueldo en el Ayuntamiento de Jerez, el desmantelamiento de la planta de Santana Motors, etc…) o la perderemos, y el sector público mañana sencillamente no existirá. Esa es la responsabilidad histórica mas importante que tenemos que asumir como última trinchera de defensa del Estado Social y Democrático y asimismo deberá ser la reivindicación principal de los sindicatos hoy.
Estos sindicatos por tanto deberán huir del corporativismo que supone la mera defensa de los derechos laborales concretos11, y apostar por defender el sentido y la razón de ser del empleo público: el servicio público como expresión del Estado de Bienestar. Estas ideas que una gran parte creímos defendían UGT y CCOO han sido radicalmente traicionadas; es el momento de que un nuevo sindicalismo que deberá ser expresión democrática de las asambleas de los centros de trabajo. Pero este nuevo sindicalismo cargará también con la tarea de recuperar la confianza de la clase trabajadora en esta herramienta fundamental y por tanto deberá velar por el sostenimiento del vínculo entre responsable sindical con quienes lo eligieron, y por la escrupulosa restricción de la percepción de subvenciones a las mínimas legalmente establecidas.
En unos momentos en que se acentúa una distribución regresiva en favor de una minoría, mediante la exacerbada acumulación en pocas manos y la nueva teodicea en torno a la mercantilización como eje de la puesta en valor del trabajo y del tener frente al ser, una gran parte apostamos por la sostenibilidad, una sostenibilidad que pasa por la redistribución del conocimiento, de la riqueza, de la salud, los servicios y el trabajo y la toma de conciencia del valor intrínseco de este como medio para la dignificación de la persona. Y esta redistribución pasa por la desmercantilización de más y más aspectos de la vida social. Frente a la fagocitación de la salud, educación, transportes por la voracidad del capital hemos de reclamar más espacios para lo público, más espacios regidos por el interés de la ciudadanía y la calidad del servicio frente a la rentabilidad económica. No podemos permitir que la productividad de profesionales públicos, como los del sector de la sanidad, se supedite a absurdos como limitar el número de pacientes a los que deriva al estudio de especialistas, al número de aprobados de un profesor o al número de menores entregados en adopción por personal funcionario.
En una palabra unámonos en contra de la mcdonalización de los servicios públicos, la salud no es una estantería BILLY de IKEA, ni la educación un combo con extra de patatas y bebida mediana… Es un patrimonio común y ha llegado la hora de mirar de frente a los francotiradores de esta guerra.
Sergio Pascual Peñau y Auxiliadora Honorato Chulián. Actualmente participan en la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y son militantes de Izquierda Anticapitalista
Notas:
1 http://plataformapepandalucia.blogspot.com/2011/01/buenisima-resena-en-publico-contrasta.html
2 http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/rechazo-socialista-ley-sector-publico-porque-creara-chiringuitos/idEdicion-2010-10-09/idNoticia-598142/
3 http://www.elpais.com/articulo/andalucia/sindicato/Safja/denuncia/Agencia/Obra/Publica/elpepuespand/20110222elpand_9/Tes, http://plataformapepandalucia.blogspot.com/2011/02/y-mientras-la-burla-se-consuma-las.html
4 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/26/andalucia/1296053518.html
5 http://www.abcdesevilla.es/20110110/andalucia/sevp-imputados-funcionarios-instancias-junta-20110110.html
6 http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=612778
7 http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/889171/funcionarios/la/junta/denuncian/amenazas/sus/trabajos.html
8 UGT y CCOO firmaron con el Gobierno Andaluz la presente reordenación del Sector Público
10 http://www.elpais.com/articulo/madrid/Sanidad/preve/medicos/esten/tiempo/pacientes/elpepiespmad/20091121elpmad_2/Tes?print=1
11 Encarnados hoy en la administración andaluza por CSIF y especialmente SAFJA.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor y la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.