Guardar las formas

De todos los argumentos puestos sobre la mesa por la «jauría mediática» para criminalizar las acciones del SAT, llama la atención el acento puesto en «las formas empleadas».

Así, mientras se han banalizado los eje centrales de sus reivindicaciones, a saber: poner en el punto de mira las declaraciones del dueño de Mercadona que, mientras acumula beneficios indecentes, se permite el lujo de decir a los trabajadores que deben acostumbrarse a trabajar más y ganar menos; el injusto reparto de la tierra en Andalucía donde el latifundismo mal explotado campa a sus anchas cuando a los jornaleros se les hace casi imposible completar las peonadas necesarias para tener derecho a un subsidio que alivie el paro endémico o la política empresarial del dueño de Zara con la centralización de su producción en los países subdesarrollados y las sabidas denuncias de explotación, lo que le ha permitido subir al podio de los personajes más ricos del mundo, las puestas en escena como un simbólico robo de alimentos (elevando el empujón a la cajera a la categoría de maldad suprema), una ocupación de veinticuatro horas de una finca o el desplegar quince minutos una pancarta en los grandes almacenes se han demonizado hasta el hartazgo.

Tal es el grado de obsesión que un inexistente sindicato, de manos e ideología sucias, se ha permitido presentar una querella contra Juan Manuel Sánchez Gordillo acusándolo hasta de respirar.

Pero todo tiene su explicación (i)lógica: la contemporánea versión de «el rey va desnudo», representada esta semana por los jornaleros andaluces -y la creciente masa de ciudadanos que nos sumamos al coro- en todas las provincias socava uno de los pilares básicos del capitalismo depredador triunfante: sacralizar la propiedad privada.

Nada nuevo bajo el sol. Está en los genes que conformaron ese sistema político- económico. Pero con la vuelta a su versión descarnada sus promotores están olvidando algunos elementos esenciales que, a la postre, pueden salirles caros:

– Para que una sociedad funcione el contrato debe satisfacer a todos, no a una ínfima parte.

– Un gobernante que se precie debe, antes que permitir una acumulación obscena y sin límites en pocas manos, garantizar los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía.

• La Constitución de 1978, en su artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada y la herencia (punto 1), pero inmediatamente establece en el punto 2 una limitación: «La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes».

Aunque conocemos la «sui generis» opinión de los teóricos neoliberales que dividen los artículos de la vigente Constitución en dos categorías: los de obligado cumplimiento (su aplicación les beneficia) y los «de adorno» (se pusieron porque las circunstancias históricas lo requerían pero -como el derecho al trabajo o la vivienda digna, por ejemplo- no deben aplicarse nunca), por mucho que les pese, si se pierde el fin social último, nos adentramos en la ilegalidad.

Pero además, estamos viviendo una gran mentira: en los últimos decenios se ha producido una extraordinaria transferencia de las rentas del trabajo a favor del capital, se han privatizado sectores públicos básicos que eran rentables, se nos está robando la propiedad colectiva, la de todos, hasta el punto de hacer peligrar nuestras condiciones de vida, nos han forzado a asumir los estropicios financieros generados por la oligarquía que mientras privatiza nuestros beneficios, socializa sus perdidas… En definitiva, se nos atraca día a día y a plena luz con decretos, leyes o decisiones «comunitarias».

Lo más gracioso es que lo hacen con violencia y sin disimulo.

Al parecer para esquilmarnos a la inmensa mayoría de la sociedad no es necesario guardar forma alguna.

Juan Rivera. Colectivo Prometeo (Córdoba)

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