La inexistencia en Colombia de un Estado democrático desde hace más de 60 años, ha llevado juristas, periodistas, políticos y gente del común a convivir, aceptar y justificar la intolerancia violenta del Estado convertida por la clase dominante en política de exterminio para no permitir que el contradictor político (la oposición de izquierda) le dispute […]
La inexistencia en Colombia de un Estado democrático desde hace más de 60 años, ha llevado juristas, periodistas, políticos y gente del común a convivir, aceptar y justificar la intolerancia violenta del Estado convertida por la clase dominante en política de exterminio para no permitir que el contradictor político (la oposición de izquierda) le dispute de igual para igual el dominio del poder y su permanencia en el gobierno, a través de los mecanismos permitidos por la Constitución.
Es como si esa práctica oficial de persecución violenta hubiera sido convertida en ley. Porque, por ejemplo, la violencia que le costó al país unos 300 mil muertos entre los años 1948 y 1953 tuvo su origen en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cometido por la CIA y la oligarquía cuando era el candidato presidencial con más probabilidades de llegar a la presidencia. También la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a l957, que mató a indefensos ciudadanos y estudiantes en Bogotá; asesinó a ex dirigentes guerrilleros campesinos desmovilizados que habían creído en sus promesas de paz; arrasó poblaciones al suroeste del país; e ilegalizó al Partido Comunista, no merecieron siquiera una investigación superficial. El naciente terrorismo de Estado quedó en la mayor impunidad. Así se comenzó a aplicar en Colombia la Doctrina de Seguridad Nacional, llamada hoy Seguridad Democrática.
El bombardeo y el asalto con 16 mil soldados, de que fueron víctima en 1964 las regiones agrarias de Marquetalia, Río Chiquito, Pato y Guayabero, ubicadas al sur del país, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, siguiendo la directriz del llamado Plan LASO operado por EE.UU.; el desplazamiento violento de miles de campesinos que perdieron todos sus haberes, no produjeron en los medidos de comunicación ni en la dirigencia política y económica del país el más mínimo rechazo. Hasta el Senado fue convertido en tarima por los más reaccionarios para acusar esas regiones de haberse convertido en «Repúblicas Independientes» a las que había que «exterminar» para recobrar la «soberanía».
Por diversos medios los campesinos buscaron evitar la agresión. Meses antes, comisiones de habitantes de estas regiones visitaron varias entidades gubernamentales pidiendo que en lugar de agredirlos se les ayudara con recursos para la construcción de carreteras, puentes, escuelas, centros de salud, créditos para mejorar sus viviendas y cultivar la tierra.
Ante la intransigencia y violencia del Estado y el establecimiento encontramos una de las razones que llevaron al levantamiento armado de esos campesinos perseguidos y vilipendiados, dándose origen en 1964 a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Cuántos muertos, cuánta sangre injustamente derramada, cuánto llanto, sufrimiento y dolor; cuánto dinero despilfarrado en una guerra absolutamente innecesaria. Todo ello se hubiera podido evitar desde aquel tiempo, si en vez de aceptar el mandato de guerra de los gringos se hubiera optado por la solución de los problemas y necesidades de los campesinos y de los más humildes de la nación, buscando con eso su bienestar y por tanto la convivencia pacífica y la paz.
El movimiento insurgente de las FARC nació con una Plataforma Política contenida en El Programa Agrario de los Guerrilleros. En aquel entonces el 70% de los colombianos vivía en el campo. La lucha por la tierra era tema sensible para el campesinado, por lo tanto la bandera más destacada de la guerrilla «fariana».
Muy pocos han analizado este alzamiento político militar, que debemos entender como el derecho inalienable del pueblo colombiano a levantarse contra un Estado que dejó de cumplir el mandato constitucional de garantizar la vida de los ciudadanos y se convirtió en verdugo de su pueblo.
Para esa época todavía existía el delito político, conocido como rebelión o sedición. A un guerrillero capturado se le condenaba con una pena de prisión de 5 a 8 años. Por eso, en ese tiempo la guerrilla no hacía retenciones militares ni políticas, pues sus militantes eran capturados y juzgados por motivos políticos. Cuando quedaban libres, unos volvían a la guerrilla, otros se dedicaban a su familia y para esto se trasladaban a regiones de colonización, para poder tener cierta seguridad. Desde luego, en esa época el Estado eliminó muchos prisioneros aplicándoles la ley de fuga o ejecuciones extrajudiciales.
La guerra política. El Intercambio Humanitario.
Se difundió por todos los medios de comunicación, que la guerrilla abandonó la lucha política y se dedicó al narcotráfico. El Embajador de EE.UU. en Colombia, Lewis Tambs, -que más tarde resultó comprometido con el narcotráfico en Costa Rica junto al coronel North en el escándalo Irán-Contras- fue el creador del término «narcoguerrilla». Ahora el mote de moda para definir a los insurgentes es «terrorista». Se trata de deslegitimar la lucha rebelde contra el sistema opresor y asesino, y en parte lo han conseguido apoyado en los grandes medios de «información». El objetivo es hacer desaparecer el delito político y aplicar la ley antiterrorista. Así las cosas, a cualquier combatiente que caiga preso o presa, se le condena a 40 años, casi una cadena perpetua. Si tiene «suerte» y no se le asesina. Pero, además, se le puede aplicar la extradición a EE.UU. bajo el pretexto de ser narcotraficante. En el colmo del montaje, modificaron el código penal y aumentaron la pena a 60 años. Por eso al guerrillero Simón Trinidad (extraditado a EE.UU.) recibió una condena de 60 años, quedando como única alternativa para su libertad el que las partes en conflicto -Estado y guerrilla- realicen el Intercambio Humanitario. De lo contrario morirá allá.
En Colombia hay más 500 combatientes insurgentes encarcelados a largas condenas, y en condiciones infrahumanas. Con esto el Estado busca aterrorizar a los guerrilleros y sus familiares y a quien muestre simpatía o comprensión del conflicto.
La clase dominante nunca ha tenido interés real ni voluntad política de buscar la pacificación del país por la vía del diálogo. Por detrás de esa apátrida actitud está la infame ingerencia del imperio estadounidense. Hoy esto está más claro que nunca.
Y como la confrontación militar ha pasado a niveles que demuestran el crecimiento, la consolidación política y militar de las fuerzas insurgentes y el avance en la construcción de una estructura de Nuevo Poder, entonces se llegó al punto de mantener en las montañas a los prisioneros políticos y de guerra. Y no sólo eso, se ha demostrado capacidad militar para no permitir que el gobierno los rescate usando la fuerza.
Los prisioneros de guerra y políticos, de parte y parte, son una consecuencia del conflicto, o si quieren, un efecto colateral. Para solucionarlo, las FARC han hecho todo lo posible por el canje de todos por todos. Sólo que no ha encontrado en el otro contendor voluntad política, como el mundo ya lo sabe. Veamos:
En 1998, se propuso que el Senado aprobara una Ley de Canje. La idea base de las FARC era hacer menos dura la guerra. Para esto, el soldado del ejército que cayera prisionero le sería entregado a un ente acordado, Cruz Roja, Iglesia u otra entidad. A su vez el guerrillero que fuera capturado sería entregado a la misma entidad acordada. Esta propuesta fue desechada por los gobiernos de Ernesto Samper Pizano, (1994-1998) Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010)
Se propuso la Ley de Canje por una sola vez, ya que en ese momento las FARC, habían capturado en combate a 400 oficiales, suboficiales, soldados y policías. También fue negada por los gobiernos.
Las FARC mostraron voluntad política para el Intercambio Humanitario, al dejar en libertad a 350 soldados y policías sin ninguna exigencia ni condición, pero el gobierno de Pastrana rechazó el intercambio con los demás prisioneros en poder del Estado y la guerrilla.
Se cambió el término de canje por Intercambio Humanitario, se propuso despejar los Municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, en el sureño departamento del Caquetá. El Presidente Uribe Vélez dijo que no lo hacía porque era una ‘estratagema’ de las FARC para quitarse la presión del Plan Colombia. Entonces se le propuso despejar los Municipios de Florida y Pradera en el Departamento del Valle del Cauca, suroccidente colombiano, pero el presidente dice que no se acepta por que es un problema de soberanía (sic)
El despeje militar de esos dos municipios es absolutamente necesario, pues no se puede confiar en un gobierno que viola la soberanía de países vecinos como Brasil, Venezuela y últimamente Ecuador donde masacró al comandante Raúl Reyes, una pequeña escolta que lo acompañaba y a varios civiles que se encontraban en el campamento en labores de investigación sobre la guerrilla y la paz en Colombia.
En las negociaciones e intercambio de prisioneros habrá más de 1000 personas. Será un gran grupo compuesto de prisioneros de guerra de la guerrilla, del ejército y retenidos políticos; además de los periodistas, observadores nacionales e internacionales y los negociadores. Esta cantidad se suma a los pobladores. Y Uribe, ya se ha demostrado hasta la saciedad, no es garantía para la seguridad de todos los presentes.
Es necesario el reconocimiento de fuerza política y beligerante a las FARC, pues al obtener dicho estatus todos los prisioneros de las FARC que se encuentran en las cárceles de Colombia serían puestos en libertad por pena cumplida, e inmediatamente las FARC dejará en libertad a los prisioneros de guerra y retenidos políticos.
Las FARC seguirá luchado por el intercambio humanitario y la solución política al conflicto social, económico, político y armado que vive Colombia desde hace 60 años. De ahí los gestos unilaterales que la Comunidad Internacional ha recibido con regocijo al ver que ha entregado al Presidente Hugo Chávez y a la Senadora colombiana Piedad Córdoba varios prisioneros, y, para sorpresa de todos, la mayoría de ellos, en excelente estado de salud. Siguiendo esta línea, la reciente Cumbre del Grupo de Río en República Dominicana, demostró que no queda otra salida distinta para lograr la paz en Colombia que la realización del Intercambio Humanitario y la reapertura de los diálogos entre las fuerzas enfrentadas, el Estado y la insurgencia. Es el primer paso para volver a discutir las medidas sociales, políticas y económicas que permitan lograr una paz estable y duradera. Sin duda la participación de la Comunidad Internacional es determinante.