Entender las cuestiones ligadas a la resolución del conflicto político-militar colombiano, que enfrenta a fuerzas insurgentes y al estado, no sólo es un ejercicio de académicos, es también la llave para liberar -por fin- la conciencia de lo que está en juego. Todo hace pensar que la paz es un asunto que nos interroga a […]
Entender las cuestiones ligadas a la resolución del conflicto político-militar colombiano, que enfrenta a fuerzas insurgentes y al estado, no sólo es un ejercicio de académicos, es también la llave para liberar -por fin- la conciencia de lo que está en juego. Todo hace pensar que la paz es un asunto que nos interroga a todos los colombianos: la aproximación al concepto de Justicia Social y a lo que éste representa para la vida material de la población, el logro de una reforma agraria incluyente y acorde con una solución política y definitiva, el anhelo de un sistema nacional de DDHH que haga constatable el ejercicio de la vida política civil, una conciencia nacional acerca de la protección de medio ambiente, etc. Todas ellas son cuestiones que claman por una negociación de paz sincera, pero sobre todo material, o mejor dicho, que después de una negociación de paz entre gobierno y guerrilla, sea constatable la mejora en las condiciones materiales de vida de la población colombiana.
Con la perspectiva del tiempo, hoy sabemos que partir desde el supuesto de la desmovilización de las guerrillas como único medio para lograr la paz es una simplificación extrema de las contradicciones que atraviesan al país. Es momento de entender que dichas contradicciones existen al margen de la voluntad circunstancial de las partes enfrentadas, y que la «democracia» no se puede imponer por medios militares, que es un asunto más amplio y que no sólo está supeditada al fin de las acciones de guerra.
El objetivo de este texto es continuar avanzando en la discusión acerca de cuál es el papel de la guerrilla en la paz de Colombia, así como emprender el camino para desmitificar la idea de que sólo se puede llegar a una negociación política por la vía de la fuerza (tras una escalada continua), una idea que sólo hace parte del ideario ultra-guerrerista de grupos de interés económico y político representados en las estructuras del estado; para ellos la negociación política no tiene nada que ver con el tamaño y capacidad objetivos de las guerrillas, es más bien una cuestión de costes, pues entienden que el logro de la paz podría comprometer sus ganancias o las cuotas de poder hasta ahora adquiridas (pensemos por ejemplo en los gremios de la economía nacional y en la forma en que una negociación política exitosa podría alterar su estatus actual: el negocio de la salud, la banca, los partidos políticos, la explotación de recursos naturales, el negocio de la educación, los latifundistas y los empresarios agroindustriales, los militares, entre otros).
El enfoque que se propone es el de intentar definir cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a explicar el continuo escalamiento del conflicto político-militar colombiano, que a su vez pueden explicar su pervivencia. Pero antes que nada, es conveniente hacer las siguientes salvedades, pues se refieren a cuestiones fundamentales para avanzar en cualquier campo de discusión acerca del conflicto interno colombiano, sin desconocer que por sí mismas representan temas de extenso debate:
1. Que la situación de fondo del conflicto entre estado y beligerantes es de carácter político. Y esto es importante, pues de otra manera estaríamos validando la estrategia de guerra de no reconocimiento de la otra parte, estrategia que por lo demás está viciada como discurso, porque está orientada por motivaciones circunstanciales y propagandísticas que no reflejan la dimensión y el carácter del conflicto. Además, es fácil probar que tal estrategia queda desdicha por las experiencias anteriores de negociación o diálogo entre gobiernos y guerrillas, pues una vez iniciados los procesos, el primer paso de instalación ha sido el reconocimiento de la condición política de los insurgentes y también de las causas político-económicas que han motivado el conflicto interno. Las campañas infundadas de desprestigio cierran el paso a las negociaciones.
2. Apoyándonos en la tradición de algunos pensadores críticos (M. Foucault, R. Lourau, E. Umaña, O. Fals Borda, P. Bourdieu, entre otros) podemos declarar que el conflicto interno colombiano, entre estado y beligerantes, no estará en vías de resolución hasta que no se acometan las transformaciones estructurales que permitan superar el componente socio-económico del mismo. La inexistente disposición de los gobiernos para superar las contradicciones socio-económicas y políticas del país genera una situación de conflicto social latente de condiciones extremas, que tiene incidencia directa en la pervivencia del conflicto político-militar con los rebeldes y de otras formas de violencia en el país (en su mayoría de carácter sistémico, como la pauperización continua del acceso a la salud, a la educación y a los bienes y servicios básicos para la supervivencia de los trabajadores y sus familias).
3. También, hay que tener presente que las organizaciones guerrilleras (FARC-EP y ELN) han dejado claro que en caso de eventuales negociaciones de paz, éstas no girarán en torno a acordar -en exclusiva y como tema central de la agenda- las condiciones de desmovilización de sus tropas. Esta salvedad es importante, pues de ella depende el no crear falsas expectativas. A su vez, es igualmente importante el hecho de que algunas personas vinculadas al establishment anuncien como una postura -o algunas de ellas como recomendaciones al gobierno actual- la tesis de que las guerrillas deben aceptar que sea el gobierno quien dirija los asuntos estructurales del país y que hay cuestiones que al día de hoy no admiten ser discutidas y negociadas en una mesa de diálogo y negociación política (ver e ntrevista al ex presidente Pastrana, www.semana.com/nacion/caguan-
1. La persistencia del conflicto y su continuo escalamiento
Un vistazo a la historia de Colombia en los últimos setenta años revela que los conflictos civiles de este periodo, lejos de remitir, han evolucionado hacia un constante escalamiento, el cual es constatable en diferentes aspectos, tales como: el militar, el de las motivaciones políticas e ideológicas de las partes enfrentadas y el de la crisis humanitaria producto de la guerra sucia (a pesar de no tratarlo en este escrito, no es posible pasar por alto el aspecto de las contradicciones socio-económicas al interior de la sociedad colombiana como una variable asociada al escalamiento del conflicto político-militar y social, pero hablar de ellas es un asunto más extenso, aunque se puede decir que incluso desde un análisis basado en un discurso institucional como el Naciones Unidas -nada sospechoso de izquierdista, las cifras hablan de un crecimiento de las franjas de población por debajo de la línea de la pobreza, de un empeoramiento en la distribución de la renta, de una escasa consolidación de los derechos civiles y políticos, o quizá de su inexistencia en muchas regiones del país).
1.1 El primer aspecto, de carácter militar, es el hecho incuestionable de que las organizaciones beligerantes han evolucionado para integrar sus unidades de combate bajo una unidad de mando capaz de distribuir de forma planificada y estratégica sus recursos, y que dicha unidad en la dirección estratégica les ha permitido realizar operaciones de mayor envergadura militar y distribuir su influencia política en lo amplio del territorio nacional; así mismo, es incuestionable el salto tecnológico-cualitativo en el ejército y otros cuerpos de guerra del estado colombiano, el cual es perceptible en su habilidad para incorporar en cada momento desarrollos tecnológicos de última generación y también en el continuo crecimiento de los recursos económicos a su disposición (en relación con otras partidas presupuestales del estado).
1.2 Un segundo aspecto, se refiere a los causas –acerca de las motivaciones, que el estado y también los grupos beligerantes esgrimen como sustento para declararse en contienda y definirse como entidades legítimas, pues a pesar de lo polémico del asunto, es perceptible que los discursos de ambas partes han evolucionado hacia un «refinamiento» ideológico y político (la adecuación de los tipos penales y del sistema judicial a la situación de guerra, como la conocida «justicia sin rostro» y el actual sistema acusatorio basado en testigos y no en pruebas; el afianzamiento de conceptos como el de «doctrina de seguridad nacional» y el de «enemigo interno» como paradigma para diseñar la estrategia de guerra; la adhesión al reciente discurso internacional de guerra contra el terrorismo; la profundización en las políticas públicas afines al liberalismo económico y al sistema de mercado como eje del modelo de gestión económico interno, etc. Y por parte de las organizaciones guerrilleras, las aspiraciones de tomar el poder y virar hacia una economía planificada de estado, o en su defecto, lograr un sistema de distribución de las riquezas nacionales que reconfigure el mapa de exclusión socio-económica de la población, sistema que aspirarían a alcanzar a través de una negociación política con el gobierno (1); la preferencia por un modelo de desarrollo agrícola centrado en la protección del pequeño propietario frente a al latifundio y al capital agroindustrial; el reclamo por imponer una reglamentación más restrictiva para los inversionistas extranjeros y más garantista para los intereses nacionales, etc.). Es decir, que el distanciamiento de las motivaciones de las partes es una cuestión que, trasladada a un eventual escenario de negociaciones políticas, les obligaría a entablar discusiones sobre asuntos estructurales del país, y no tan sólo sobre la desmovilización de la tropa guerrillera (2).
Hay que destacar que este escalamiento en las posiciones políticas-ideológicas no puede entenderse como una condición perversa per se, sino como el distanciamiento diametral en las aspiraciones de las partes en conflicto. Se puede decir que es una cuestión ligada al avance de la historia y, con ella, de las contradicciones que fueron detonante del conflicto; así mismo se puede decir que dicho escalamiento ideológico y político vertebra el discurso público de las partes, a través del cual se niega o se reafirma la persistencia de aquellas contradicciones sociales, económicas y políticas que los embarcaron en el conflicto político-militar.
Este distanciamiento de las motivaciones políticas-ideológicas juega un papel angular en las negociaciones, pues desde el momento de los sondeos preliminares (acercamientos entre las partes) y una vez iniciados los diálogos de paz, cada una de las partes del conflicto elabora un mapa conceptual del oponente, valora la situación propia desde la cual inicia el proceso y valora también la situación final a la que puede llevarle una negociación que culmine en acuerdos de paz, es decir, una situación que después de unas negociaciones políticas exitosas, puede suponer para las partes la entrega de elementos que de otro modo no esperarían haber entregado/cambiado nunca (la situación contraria sería el triunfo de una de las partes o la guerra perpetua).
Para el caso de las organizaciones guerrilleras, tal situación final podría significar la desmovilización de la tropa (sin lograr la revolución socialista a la que antes aspiraban), su mayor capital como fuerza política beligerante; y para el gobierno, podría significar la concesión de parte de los activos políticos en los que había fundado su propuesta para conducir del país, es decir, podría suponerle un paso atrás en la puesta en marcha de las políticas liberales que ponen a disposición plena del mercado la gestión de servicios básicos para la población (salud, educación, transportes, sector energético, puertos, banca, etc.) De tal manera que, en contraste con los acuerdos de paz de la década de los años noventa, el gobierno en vez de asumir transitoriamente (por un año) los costes de programas de salud, vivienda y pensiones de reintegración para los desmovilizados, podría verse comprometido a asumir, por ejemplo, el coste de un sistema de salud pública y universal (como uno de los componentes de redistribución de las riquezas nacionales acordado en la negociación política), que no esté financiado en exclusiva con los aportes de los trabajadores o impuestos indirectos, sino que cuente con fondos nacionales provenientes de las imposiciones a las ganancias del capital y de la explotación de los recursos del país (3).
Pensado de nuevo en la posibilidad de unas negociaciones políticas para llegar a acuerdos de paz, este segundo aspecto, puede tener también implicaciones al momento de acordar los mecanismos y la metodología para dichas negociaciones, pues los gobiernos (Uribe lo hizo, y más recientemente Santos) han manifestado sus reservas a iniciar un proceso de diálogo con las mismas dinámicas usadas en San Vicente del Caguán con las FARC-EP o de las conversaciones que sostuvo el ELN con el gobierno de Uribe. Esto es, un proceso con una agenda temática abierta para debatir los problemas sociales del país, en el que las guerrillas no muestren afán por desmovilizarse, en el que ellas alcancen demasiada visibilidad -dentro y fuera del país- y de esta manera logren adscribir una base amplia de la población y de acompañantes del proceso de paz a través de las comisiones temáticas de discusión; todas estas cuestiones han sido percibidas por los gobiernos como una plataforma para el programa político de las guerrillas. De nuevo, el distanciamiento político-ideológico sigue en el centro del conflicto.
1.3 Un tercer aspecto que sustenta la tesis del escalamiento continuo del conflicto interno, es el asunto de la guerra sucia, de la que es casi incuestionable que ubica a la población civil al centro de las operaciones militares (confirmando una tendencia de los conflictos internos e internacionales, iniciada el siglo pasado). En este asunto -como en todos- caben varias discusiones, algunas de ellas son:
– ¿Es posible repartir en partes iguales, entre estado y beligerantes, la responsabilidad por la guerra sucia? O preguntado desde el derecho internacional: ¿Es posible decir que tanto los beligerantes como los agentes estatales han ejercido la guerra sucia como parte de un plan o política «generalizada o sistemática» y «a gran escala» de ataques contra la población civil?
Un asunto conexo a la anterior pregunta es la responsabilidad del estado por los crímenes del paramilitarismo. Hasta ahora hemos visto cómo los gobiernos han intentado desligarse de toda responsabilidad (bien omitiendo las cifras y negándose a reconocer la gravedad y alcance de los crímenes, o bien, implementando una suerte de legislación al uso para trasladar la idea de que el paramilitarismo no era una estructura permitida por los agentes y funcionarios estatales. Los gobiernos han pretendido trasladar la idea de que las estructuras estatales han sido penetradas por el paramilitarismo, que han sido instrumentalizadas (cooptadas) y pervertidas (4); en resumen, que la violencia política reaccionaria nunca ha sido política de estado.
Otro de los artilugios jurídicos -a la vez que simbólico- está centrado en definir el conflicto interno de tal manera que el estado colombiano aparezca enfrentado a los «grupos ilegales», en cuya definición estarían incluidos por igual, y sin importar su condición política, las organizaciones guerrilleras y los paramilitares (a estos últimos, el ex presidente Uribe pretendió otorgarles la condición de beligerantes. Finalmente se les concedió el carácter de sediciosos).
– ¿Es posible hablar de una responsabilidad política de las partes en conflicto por el hecho de no haber llegado a unos acuerdos y compromisos humanitarios: trato a la población no combatiente, bienes protegidos, conducción de las acciones de guerra, principios de distinción y de proporcionalidad, trato digno a los prisioneros de guerra? ¿Ambas partes deben asumir igual responsabilidad por no haber alcanzado un acuerdo en este asunto?
Suficiente conocemos acerca de las responsabilidades judiciales en el ámbito nacional e internacional por las conductas contrarias al derecho de guerra y al derecho internacional de los DDHH, pero las anteriores preguntas son inevitables a la luz de los informes sobre la crisis humanitaria en Colombia, pues todos apuntan a que un acuerdo humanitario entre las partes en conflicto tendría un resultado directo para mitigar el sufrimiento de la población. Al respecto, el relator de UN para las ejecuciones extrajudiciales -al igual que muchas otras personas e instituciones- señalaba lo siguiente en su informe sobre Colombia, publicado en 2010: «Mientras el Gobierno se ha centrado en una solución militar, debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones como parte de su estrategia…. Tanto, Naciones Unidas, como los actores humanitarios necesitan poder tener contacto con las guerrillas para posteriores actividades de protección a civiles».
– Las cuestiones anteriores nos llevan al escenario internacional; cuáles han de ser las características y funciones de los sujetos internacionales (institucionales, sociales y quizá mixtos) involucrados en la solución política del conflicto: que reconozcan la juridicidad de ambas partes y que puedan servir de acompañantes y posteriormente como garantes del desarrollo de los acuerdos y compromisos surgidos de un eventual acuerdo humanitario o de un proceso de paz. La experiencia ha mostrado que, una vez aceptados por las partes, la presencia y el rol de aquellos sujetos internacionales no pueden estar supeditados a las necesidades coyunturales de uno de los contendientes. Su trabajo no puede estar limitado a las necesidades de la estrategia de guerra, ni pueden en exclusiva imponer la visión institucional; así mismo han de reconocer la situación de fondo del conflicto interno y asumir que el estado colombiano no es víctima.
2. Procesos de paz entre gobierno y guerrillas en la década de los años noventa: ¿Un modelo a seguir?
En aquel decenio tuvieron lugar ocho desmovilizaciones de grupos guerrilleros, luego de haber iniciado negociaciones políticas con los gobiernos (las desmovilizaciones se sucedieron en diferentes mandatos presidenciales, las primeras iniciaron el 9 de marzo de 1990 con el M19). Los posteriores gobiernos y algunos ex guerrilleros, hoy integrados en la burocracia estatal o en ONGs y corporaciones que trabajan para el estado a diferentes niveles, desde el análisis estratégico y contrainsurgente hasta la puesta a punto de la mal llamada «justicia transicional», han señalado como un éxito aquellas negociaciones entre gobierno y guerrillas, pues entienden que sólo a través de la desmovilización es posible la paz en Colombia.
Se trata de analizar si los procesos de paz alcanzados con anterioridad, se convierten en modelo para las futuras negociaciones de paz entre guerrillas (FARC-EP y ELN) y el gobierno. Partimos entonces del análisis de los acuerdos alcanzados entre las desmovilizadas organizaciones guerrilleras y los gobiernos, así como de los puntos que, al entender de algunos autores, son fundamentales para explicar el éxito o fracaso de aquellas negociaciones.
Como ejemplo, se pueden citar los acuerdos de Flor del Monte (departamento de Sucre), firmados en 1994 entre la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y el gobierno de César Gaviria. Uno de los componentes de dicho acuerdo (compuesto por nueve capítulos, contenidos en dieciséis páginas) fue el llamado Programa de Desarrollo Regional, para aquellas zonas afectadas por el conflicto entre las partes, cuyo objetivo era «… contribuir a mejorar las condiciones de vida en determinadas zonas del país… El Programa de Desarrollo Regional tendrá complementos en materia de vivienda y de tierras», además, que para el desarrollo de dicho programa, el gobierno se comprometió a destinar partidas presupuestales por un monto de dos mil millones de pesos (unos ochocientos mil euros de la actualidad, al cambio de dos mil quinientos pesos colombianos por euro), aportados en dos años, 1994 y 1995. El acuerdo incluía el nombramiento, por decreto, a la cámara de representantes, de dos miembros de la CRS. El acuerdo de Flor del Monte no incluía ninguna reforma estructural al sistema judicial colombiano y la desmovilización de la tropa guerrillera se produjo antes de que el gobierno iniciara el cumplimiento del componente social pactado entre las partes.
De igual manera, es ilustrativo hacer un estudio respecto a los demás acuerdos de paz alcanzados entre los gobiernos y otras organizaciones: el M-19, quizá la organización que más alto puso el listón, pues su propuesta se basó en la convocatoria para una nueva constitución política (proclamada en Julio de 1991), según los militantes del M19, a manera de un «Tratado de Paz»; el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las facciones de esta organización que se desmovilizaron en épocas diferentes; los diferentes grupos de Milicias Populares de Medellín; las Milicias Populares de la Costa; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); el Movimiento Indígena Quintín Lame (MIQL).
En Colombia, el modelo predominante de acuerdo político entre gobiernos y guerrillas, con posterior desmovilización, ha tenido las siguiente características: demandas de los insurgentes para obtener cuotas de participación en el poder (se conoció como la circunscripción electoral especial de paz, que otorgó curules para de los desmovilizados al congreso y en la asamblea constituyente de 1991); pensiones por tiempo limitado para estudios, salud, educación e inserción laboral; seguridad para la dirigencia desmovilizada; recursos económicos para impulsar anuncios de prensa, radio y televisión con las propuestas políticas de las organizaciones desmovilizadas; amnistías y suspensión de procesos judiciales a partir de la desmovilización; recursos económicos para fundaciones y ONGs gestionadas por los desmovilizados; y en todos los casos, algunas partidas de dinero para la inversión en desarrollo social de las zonas afectas por el conflicto, es decir, zonas de influencia guerrillera: dos mil millones de pesos (mp) para el EPL, dos mil mp para la CRS, seiscientos mp para el MIQL, trescientos mp para el PRT, y en el caso de las Milicias Populares de Medellín (tres organizaciones de milicias diferentes) doscientos mp.
Las etapas de aquellas negociaciones estuvieron marcadas por el anuncio hecho por el gobierno de V. Barco (Septiembre de 1988), llamado Iniciativa Para la Paz, en el que marcaba las pautas para las futuras negociaciones con las organizaciones guerrilleras, de la siguiente manera:
– Etapa de Distensión: en la que las guerrillas debían manifestar su voluntad de negociar la paz.
– Etapa de Transición: en la que las guerrillas debían localizarse en zonas delimitadas; en esta etapa las guerrillas debían coordinar con el Consejo Nacional de Normalización (5) los asuntos concernientes a las partidas presupuestales y de orden social para la desmovilización y reincorporación de los guerrilleros.
– Etapa de Reincorporación: en la que el gobierno otorga protección, ayuda económica, indultos y ayuda para la participación en la vida política de los desmovilizados (6).
Se puede decir que el objetivo central de aquellas organizaciones era la reinserción a la vida política civil, y que los acuerdos alcanzados estuvieron bastante lejos de las profundas reformas estructurales que algunas de ellas sostenían como estandartes de lucha en sus programas políticos (como la solicitud de depurar y reformar del sistema judicial y los cuerpos de guerra del estado involucrados en el paramilitarismo, un acuerdo para la distribución equitativa de las riquezas nacionales, o quizá un acuerdo de soberanía en la explotación de los recursos naturales. Hay que tener presente que no todas aquellas guerrillas aspiraban a una revolución socialista).
Otra cuestión polémica, son las comisiones encargadas de verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, que comenzaban a funcionar después de la desmovilización. Muchos de los acuerdos no vincularon a los gobiernos más allá del periodo de las negociaciones (fueron asesinados ex guerrilleros en las campañas electorales y la ejecución de la inversión social pactada nunca fue clara). Se podría pensar que la prisa de las guerrillas por desmovilizarse estaba sujeta a las fechas electorales (parlamentarias, presidenciales o para la asamblea constituyente).
Entonces, ¿cómo se evalúa el éxito de aquellos procesos de negociación política que tuvieron lugar entre guerrillas y gobierno? Por lo pronto, se puede decir que la respuesta no sólo es función de las aspiraciones de cada discurso que intente dar explicación, sino que depende del modelo sobre el que giró la negociación política. Encontramos, un modelo de favorabilidad política para quienes se desmovilizan, la su vez que garantías de orden económico y de seguridad, todo ello sin reformas estructurales en el sistema electoral, judicial y de seguridad nacional; o un modelo de reformas estructurales más profundas (económicas y políticas), adecuadas a los intereses de las capas sociales más pobres del país (respecto a los modelos de negociación, el cura Javier Giraldo habla de un tercer modelo: « Lo que está en juego son ciertas medidas de apertura democrática, que solo miran a crear condiciones de posibilidad para que un ideario político pueda ser divulgado y promovido sin necesidad de tener que pagar por ello el precio de centenares o millares de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos» , de lo que se entiende que la apertura democrática no sólo es para los desmovilizados).
NOTAS:
(1) El cura Javier Giraldo ha llamado a esta situación una «revolución por decreto».
(2) Todo lo anterior, en contraste con los procesos de negociación adelantados por gobiernos anteriores y algunas organizaciones guerrilleras ahora desmovilizadas.
(3) Hoy sabemos que no es cierta la tesis de que la marginación social y económica son producto exclusivo de la situación prolongada de la guerra. Si pensamos por ejemplo en el acceso de la población a la salud, en la Ley 100 que en 1992 privatizó el régimen de la salud, entenderemos pues que no tiene nada que ver con la situación de guerra, sino con la orientación de la política económica del país, o de lo contrario sería constatable que el acceso a la salud de las poblaciones en las zonas rurales sería marginal (más cercanas a la zonas de conflicto) y la de los centros urbanos mucho más amplia.
(4) Esta es la tesis de un estudio (oficialista) del investigador L. J. Garay Salamanca, adscrito a la Fundación Método y financiado por la Corporación Transparencia por Colombia, «Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado», en el que se defiende la tesis de que las «debilidades institucionales han sido aprovechas por grupos ilegales que han podido avanzar en la realización de sus propósitos…al combinar el establecimiento de alianzas con actores legales, junto a prácticas violentas». El estudio también sustenta la idea de que la celebración de acuerdos entre actores legales e ilegales está posibilitada por el establecimiento de «redes sociales»; así mismo habla de la «Paradoja de la cooptación de estado de derecho», según la cual, la reconfiguración cooptada del estado, en el caso del órgano legislativo nacional, pone en riesgo la legitimidad de la ley como criterio fundacional del estado de derecho.
La aceptación de la tesis de Garay nos lleva a aceptar que la violencia política reaccionaria no ha tenido una función acorde con los modelos de acumulación de riquezas, y deja en el aire el fracaso del estado al permitir (legislando) que los grupos de interés económico como las empresas de salud, las farmacéuticas o las empresas de educación, por ejemplo, siempre puedan conseguir legislaciones favorables para sus negocios, pero contrarias al bienestar de los trabajadores y sus familias. Por no hablar de la contradicción con la doctrina del derecho internacional respecto de los crímenes de lesa humanidad, o de los estándares para la lucha contra la impunidad con abuso de poder.
(5) Consejo Nacional de Normalización, creado por el Decreto presidencial 314 de 1990, cuya función es la de ejercer como « organismo asesor y coordinador del Gobierno Nacional en las acciones de orden económico y social que se adelanten para la desmovilización y reincorporación a la vida civil, de los grupos alzados en armas, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República».
(6) ver los textos de los acuerdos de paz: www.cedema.org y www.ideaspaz.org
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