Se está viviendo un momento histórico respecto a la institucionalidad en Chile. Por primera vez en la historia del país, la ciudadanía podrá participar en un proceso amplio, extendido a todo el territorio nacional y a diversidad de representaciones de la sociedad, para definir los contenidos de una nueva Constitución. Nunca había ocurrido así con […]
Se está viviendo un momento histórico respecto a la institucionalidad en Chile.
Por primera vez en la historia del país, la ciudadanía podrá participar en un proceso amplio, extendido a todo el territorio nacional y a diversidad de representaciones de la sociedad, para definir los contenidos de una nueva Constitución. Nunca había ocurrido así con las Cartas Fundamentales que rigieron en Chile.
Al mismo tiempo, se espera la realización de referéndum o plebiscito para conocer la opinión del pueblo respecto al mecanismo para definir la discusión del nuevo texto y para dar por aprobada la nueva Constitución.
Todo apunta a que, por primera vez en su historia, Chile podrá contar con una Carta Magna surgida de la participación y la decisión de su pueblo.
Esto, por lo demás, es un anhelo ciudadano expresado en cuanto sondeo se efectuó sobre el tema y a través de diversidad de manifestaciones de la sociedad civil.
Un proceso que permitirá, por lo demás, poner fin a la existencia de un texto constitucional heredado de la dictadura cívico-militar y que fue impuesto mediante un fraudulento plebiscito que, entre otras cosas, se realizó sin que existiera un padrón electoral. Ese documento, por lo demás, fue elaborado por un grupo conservador designado por el régimen militar, sin participación ni consulta ciudadana, cuando estaba clausurado el Congreso, y diseñado bajo el formato neoliberal y autoritario que se quería imponer.
Es cierto que hubo reformas importantes al texto constitucional, pero pese a cierta retórica y enaltecimiento hecho por algunas personalidades y sectores políticos, la Carta Fundamental mantuvo ejes centrales impuestos por la dictadura y no daba respuesta a conceptos realmente democráticos y a derechos sociales y ciudadanos.
Ahora se trata de un proceso complejo tanto en las formas como en el contenido, que demandará el esfuerzo, la dedicación, la creatividad e inteligencia del conjunto de la sociedad chilena, donde será imprescindible garantizar el respeto a la participación, la opinión y la capacidad de decisión de amplios y diversos sectores del país.
Más que un periodo de incertidumbre o tensión como lo quiere establecer la derecha y sectores empresariales, serán etapas de reflexión y creación que dinamizarán a la sociedad chilena.
De acuerdo a estándares y experiencias internacionales, parece adecuado el tiempo para discutir y avanzar hacia una nueva Constitución. Ella no debe salir, como en dictadura, a fuego rápido y sin consulta popular. Solo sectores retrógrados, autoritarios y que temen a las voces ciudadanas podrían aspirar a que se repita el episodio ocurrido durante la tiranía.
Es cierto que en este proceso es gravitante el tema de los mecanismos, en el sentido de garantizar espacios y formatos democráticos y abiertos. Pero mucho más trascendente es el contenido de la nueva Constitución, para generar en el país un marco institucional que, por ejemplo, garantice derechos sociales de la población, proteja los recursos naturales, promueva y proteja los derechos humanos, contemple normas para la consulta popular, otorgue derechos a los pueblos originarios y garantice condiciones dignas para las y los trabajadores.
El proceso constituyente ya comenzó. Es una oportunidad histórica para el conjunto del país, donde nadie debe restarse. Se inició la construcción de la estructura constitucional de Chile que debe dar cuenta de realidades y necesidades de fondo de una sociedad del Siglo XXI. Es un camino que debe culminar en una nueva Constitución que le sirva al pueblo y que sea parte del desarrollo a alcanzar por el país.
En esto cabe una responsabilidad y entusiasmo principalmente de los sectores democráticos y progresistas, de las organizaciones sociales y de las instancias políticas, para que se materialice la participación, se profundice en los contenidos y se consiga la consagración de un proceso participativo, amplio y profundo.
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