Las encuestas muestran que los chilenos dan cada vez más la espalda al «cambio» y a la «nueva forma de gobernar» que Sebastián Piñera les vendió en 2010 y puso en práctica en 16 meses de «gobierno de excelencia». La encuestadora Adimark -considerada solvente por tirios y troyanos- muestra que en junio sólo 31% aprobó […]
Las encuestas muestran que los chilenos dan cada vez más la espalda al «cambio» y a la «nueva forma de gobernar» que Sebastián Piñera les vendió en 2010 y puso en práctica en 16 meses de «gobierno de excelencia». La encuestadora Adimark -considerada solvente por tirios y troyanos- muestra que en junio sólo 31% aprobó la gestión del Presidente -5 dígitos menos que el 36% de mayo 2010-, mientras el 60% la desaprueba, en el peor rating personal de sus primeros 15 meses de gestión (desde marzo 2010). El concepto «gobierno» salió peor parado, con 31% de aprobación y una desaprobación que se elevó a 62%, con dos dígitos por encima del rechazo al mandatario (60%).
La oposición que gobernó 20 años, con la Concertación de Partidos por la Democracia, sale peor parada, con 68% de desaprobación, y tampoco capitaliza el descontento social impulsado por la juventud que se vierte masivamente en las calles contra la educación privada, exige un rol mayor del Estado en la educación pública de apartheid, a cargo de particulares y municipios, pide una revisión del fin de lucro en la enseñanza superior e, incluso, plantea volver a nacionalizar el cobre para financiar un muevo modelo educativo, además de otras importantes movilizaciones populares contra la planta eléctrica HidroAysén, nuevas centrales termoeléctricas a carbón y el rechazo al aumento del gas en la fría región austral de Magallanes/Punta Arenas, entre numerosos otros conflictos sociales en curso. Las demandas de los estudiantes tienen olor a azufre para los grandes medios, donde los voceros de la derecha, «analistas» y algunos periodistas jóvenes de la televisión advierten con alarma que levantan consignas extrañas, «ideológicas» y «políticas», que evocan al satanizado gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973).
Se empantanó el juego
Los chilenos también mostraron hartazgo del juego de la clase política, tanto de «izquierda» (Concertación) como de derecha, que cautela sus propios intereses alejada de la realidad del país en la burbuja-sede del poder Legislativo en Valparaíso. Justo cuando se celebraban pomposamente los 200 años del Congreso Nacional, y apenas con el público protocolar, el rechazo hacia ambas Cámaras superó el 60%, con un 25% que aprueba la gestión del Senado y 61% que la desaprueba, mientras 22% aprueba la Cámara de Diputados y 63% la desaprueba. Son las peores cifras históricas para ese poder del Estado, o por lo menos de los últimos 15 meses.
Las dos alianzas políticas del sistema bipartidista chileno, la gubernamental Coalición por el Cambio y la Concertación, exhiben también un creciente rechazo ciudadano que superó la barrera psicológica del 60%. Un 68% desaprueba la gestión de la Concertación y sólo 22% la aprueba, mientras la alianza de gobierno obtiene 30% de aprobación y 60% de rechazo.
La oposición aún no encuentra un discurso-brújula para enrumbarse en el Chile post-Concertación, pero tampoco halla ese instrumento la coalición gobernante, que se esfuerza en vano por levantar una imagen populista de su real trasfondo neoliberal conservador. La gran prensa mono-ideológica ventila públicamente el conflicto político entre la neo-pinochetista -y a la vez populista- Unión Demócrata Independiente (UDI) y el partido de Piñera, Renovación Nacional (RN), heredero de la antigua tienda Liberal y casado a perpetuidad con la versión doctrinaria más conservadora del modelo neoliberal que impera en el capitalismo contemporáneo y global.
En términos técnicos, existe un empate político que apunta hacia una crisis más profunda de gobernabilidad en un país que parece despertar de la modorra de 21 años de desmovilización bajo gobiernos neoliberales, disfrazados y abiertos, de «izquierda» y derecha. Tanto la UDI como RN llaman al gobierno a «abrirse» a otros sectores políticos con un cambio del «gabinete de excelencia» de empresarios y CEOs o altos ejecutivos de grandes empresas, que ya no gobiernan desde la sombra, como ocurrió con la Concertación, sino directamente desde el aparato del Estado. La próxima movida deberá ser un gabinete de figuras políticas, que implica el reconocimiento de la derrota de la «excelencia».
La «apertura» tiene nombre y apellido: tratar de integrar al gobierno por lo menos a un sector de la Concertación. RN sugirió a los radicales (Partido Radical Socialdemócrata, PRS), otros miran hacia el Partido Demócrata Cristiano (PDC), sumido en una profunda «crisis [interna] de conciencia» para redefinir sus objetivos. Cualquiera variante de la salida política del empate echará un poco más de tierra a la sepultura aún abierta de la Concertación, que -de cara a las elecciones 2013- sólo tiene bajo la manga una carta no contaminada y de cierto prestigio maternal como ex jefa de Estado: la inmaculada figura mediática de Michelle Bachelet, cuyo desempeño en Nueva York al frente de ONU Mujer la mantiene alejada del mundanal ruido chilensis, mientras Forbes la califica como la segunda mujer más poderosa de la organización mundial.
¿Qué ocurre en Chile?
La conmoción social motorizada por la juventud, tal como ocurrió en Túnez, Egipto y otros países lejanos, no tiene una conducción político-partidaria tradicional. Y tampoco refleja las cifras electorales, probablemente porque sus principales protagonistas jóvenes no participan en el juego ni votan por no haberse inscrito nunca, y suman un 40% de la población electoralmente habilitada. A diferencia de la llamada Revolución Pingüina de 2006, las demandas estudiantiles van mucho más allá de las simples reivindicaciones sectoriales, como el carné escolar para el transporte urbano válido 365 días al año, sino que tienen un profundo contenido político de alcance nacional. Entre otras metas, cambiar en Asamblea Constituyente la Constitución de 1980 -heredada de Pinochet y sucesivamente «mejorada» por la Concertación- para garantizar una educación pública gratuita para todos, financiada con una re-nacionalización del cobre, cuya riqueza hoy pertenece en 70% a capitales privados locales y extranjeros, mientras el Estado quedó reducido al 30% sobrante, a cargo de la Corporación del Cobre (Codelco), que en tiempos de Salvador Allende controlaba el 100% del metal nacionalizado con la aprobación de todos los sectores políticos. La nacionalización fue votada por unanimidad, en una sesión solemne de ambas ramas del Congreso, el 11 de julio de 1971, incluidos todos los partidos de la derecha y el PDC, aunque después propiciaron el golpe militar.
En pocas palabras, la juventud se juega su futuro y propone una tarea larga que recién comienza, con los grandes medios de información en contra. Pero a pesar de la gran prensa, está ganándose a la ciudadanía con propuestas que involucran una profunda revisión del modelo neoliberal, y concitan el apoyo creciente de otros sectores de la sociedad, incluidos los profesores, padres y apoderados que pagan una enseñanza mala y cara, autoridades y académicos de las universidades tradicionales afectadas por la competencia desleal de las casas de estudio privadas (que lucran con fondos del Estado y sin pagar impuestos como cualquier otro negocio), las organizaciones de trabajadores y, en general, la gente de la calle y el grueso público que está aprendiendo el significado profundo de estas metas y que existe otro mundo posible, a contrapelo de lo que «enseña» a diario la prensa des-informativa.
El gobierno pierde credibilidad y confianza entre los ciudadanos. Pocos creen en la palabra de Piñera y sus ministros. La gente percibe que las soluciones que ofrece el gobierno apuntan a consolidar los grandes nichos de negocios en una vertiente disfrazada, de apariencia populista pero netamente neoliberal. Para la educación superior, propone torcidamente fortalecer las universidades privadas con más subsidios del Estado para que los alumnos puedan pagar e incrementen así las ganancias de las casas de estudio particulares y, de paso, blanquear -o «sincerar»- sus ingresos ilegales y la evasión tributaria de 30 años, pues la Constitución de Pinochet las instituyó engañosamente como entidades «sin fines de lucro». En la salud, se otorgan bonos que paga el Estado para que los beneficiarios del sistema público reciban atención en clínicas privadas, pero no se invierte en mejorar los hospitales públicos ni los salarios de sus trabajadores, que suelen descargar su frustración laboral con los usuarios.
Sigilosamente, Piñera terminó de privatizar el agua, mientras los trabajadores del cobre paralizan por primera vez en dos décadas este lunes 11 de julio, no por reivindicaciones salariales específicas del gremio, sino para emplazar al gobierno y dar publicidad nacional a su sospecha fundada de que está en marcha un proyecto subterráneo que conduce a la privatización de Codelco. Acusan al gobierno Piñera de estar ejecutando silenciosamente el viejo truco de no reinvertir las ganancias de la empresa del Estado para enfrentar sus desafíos futuros, sino al revés, negarle financiamiento para hacerla inviable y anunciar como única «salvación» la privatización escalonada de los yacimientos, como ha ocurrido con otras empresas públicas en Chile y el resto del mundo.
Privatización del agua
El editorial del diario electrónico El Mostrador comentó hoy que «en medio de movilizaciones ciudadanas por los temas ambientales y de la educación [y habría que añadir el entusiasmo popular despertado por la camiseta chilena en la Copa América], ha pasado casi inadvertida para la opinión pública la venta por parte de CORFO [Corporación de Fomento a la Producción] de las acciones que el Estado tiene en las empresas sanitarias. La primera de ellas fue el caso de Aguas Andinas S.A. [subsidiaria de la española Aguas de Barcelona] en la Región Metropolitana, donde la propiedad estatal llegaba al 30% aproximadamente del total».
La venta reportó al Estado 950 millones de dólares. Se quedó solo con el 5 % de las acciones. En los próximos días, Piñera se propone vender ESSBIO [de Concepción] y ESVAL [de Valparaíso-Viña], donde también conservaría 5 %. El negocio no tuvo difusión en los medios y para El Mostrador, «la ambigüedad […] ronda las justificaciones esgrimidas para la venta», pues «el Estado se desprende de un negocio sano, que ya operan privados, con una rentabilidad garantizada por ley del 7 % y una real que, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), oscila entre 10 % y 20 % anual, sin que esté muy claro para qué lo hace».
No convence la explicación de que los fondos se destinarán a ampliar la red del Metro porque esa empresa «es una de las más eficientes del mundo en ese rubro, tiene equilibrio operacional y una estructura con previsión de financiamiento para sus extensiones, que no requiere de los recursos de CORFO», añadió El Mostrador. Por otra parte, «es evidente que el Estado de Chile no tiene problemas de caja. Por el contrario, tiene excedentes que, de acuerdo al alto precio del cobre y los minerales, se debieran seguir incrementando. Solo en fondos soberanos el país tiene depositados más de 10.000 millones de dólares, que le rentan entre un 2,5% y un 7 % anual». Para el diario se trata de un «absurdo financiero». Otro punto de vista lo observa como un tributo casi religioso a la ideología neoliberal que empapa hasta los tuétanos a Piñera y su gobierno de nuevo cuño. «La paradoja es que mientras en Chile se perfeccionaba la venta de hasta el 95 % de Aguas Andinas S.A. en Italia, mediante un plebiscito nacional, el 95 % de los ciudadanos se opuso a la venta o privatización del agua», dijo el diario. La privatización en grande del agua la inició la Concertación y lo que aún conserva el Estado son pequeñas sobras.
Amenaza al cobre
El paro nacional anunciado para el lunes por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y su presidente Raimundo Espinoza aspira a que el país entienda el peligro de la privatización de Codelco por «un sentido de país», lejos de cualquier reivindicación salarial. Sus objetivos consisten en emplazar al gobierno a «responder y pronunciarse sobre los puntos concretos que hemos levantado, y no sobre generalidades, ni menos sobre fantasmas o supuestas solicitudes, que nunca hemos hecho». Simbólicamente, eligieron la jornada del 40° aniversario de Codelco y la nacionalización del metal.
El proyecto de privatización en marcha comenzaría con la enajenación de las pertenencias del yacimiento Gabriela Mistral, para endosárselas a una sociedad de Codelco con terceros. Ya están despidiendo gente y cambiando la razón social de los contratos de trabajo. «El país sabe que el acuerdo con la empresa China Minmetals dejó de tener efecto y que, tanto la Presidenta Bachelet y el anterior presidente ejecutivo de la empresa, se comprometieron con esta Federación a que este mineral que produce más de 150.000 toneladas de cobre fino al año, «era, es y será 100% del Estado», precisa un comunicado de la FTC.
La FTC emplaza al gobierno a que «desmienta que en los grandes proyectos estructurales y de desarrollo no va a tercerizar áreas productivas estratégicas en Chuquicamata Subterránea, Planta Concentradora de Radomiro Tomic, Proyecto San Antonio en El Salvador, Planta Concentradora en el Proyecto Fase II de Andina, Operación Rajo Sur y Nuevo Nivel Mina en la División El Teniente, entre otras medidas de privatización encubierta». En los últimos 7 años Codelco aportó al Estado cerca de 43.000 millones de dólares, pero los trabajadores están alarmados porque en 2010 el gobierno Piñera decidió capitalización cero, ni un centavo y sin ningún fundamento. «Y este año 2011 sólo aprobó insuficientes 376 millones de dólares, sin asumir ningún compromiso de capitalización para los próximos años, en condiciones que Codelco tiene un plan inversional para el quinquenio del orden de los 18.000 millones de dólares».
Los trabajadores aspiran a que mediante el paro nacional la ciudadanía conozca y entienda su preocupación y alarma. «Emplazamos al gobierno a que desmienta que han arrastrado a Codelco a ser la empresa más endeudada de la industria, no haciendo la tarea de un dueño responsable, que en un escenario de buenos precios, lo que hace es capitalizar la empresa y no sobre endeudarla a futuro. Que duda cabe, entonces, que este Gobierno quiere propiciar las condiciones para la privatización de Codelco. Recordemos que es este Gobierno quien calificó de un «error histórico la Nacionalización del Cobre».
El paro recibió el apoyo de la organización de supervisores de Codelco, Central Unitaria de Trabajadores, Coordinadora Minero, Metalúrgica y Energética (que agrupa a los trabajadores de la ENAP, ENAMI, Federación Minera, Trabajadores Contratistas, entre otros), de la ANEF (empleados públicos) y del Sindicato Nacional del Banco Estado. También tiene apoyo del movimiento estudiantil, secundarios y universitarios, de los académicos y del Colegio de Profesores, «quienes luchan por una educación de calidad y al alcance de todos» que podría financiar el cobre… Para la FTC «se acabó el tiempo de acuerdos y soluciones entre cuatro paredes. No más diálogo de sordos, que no considera en serio la participación y demandas de los actores sociales».
La batalla de Chile recién está comenzando, aunque los medios mantengan al país hipnotizado con los pormenores del rol de la camiseta roja en la Copa América. En el imaginario popular caben muchas preocupaciones políticas por una vida mejor que pueden coexistir perfectamente con el fútbol nuestro de cada día, pero difícilmente con el no-discurso de la clase política.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno
Fuentes:
http://www.adimark.cl/es/
http://www.elmostrador.cl/
http://www.24horas.cl/videos.
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