Quien no necesita ir a los Servicios Sociales o no es trabajadora o trabajador de los mismos, no puede ser plenamente consciente de las dificultades por las que está pasando este servicio público.
A ello contribuye también la confusión permanente de la información que se ofrece desde la institución municipal ya que en un año se han anunciado ampliaciones sucesivas de plantilla, pero los puestos de trabajadoras sociales con que cuenta el Ayuntamiento en los distritos, a 31 de diciembre de 2020, siguen siendo 533. De ellos, son 60 vacantes y 128 interinos.
La pandemia de Covid19 y la crisis económica y social que padecemos ha cambiado bruscamente las condiciones vitales de muchas familias que se han visto obligadas a recurrir a los Servicios Sociales municipales y a otras formas de ayuda más directas y solidarias.
Según el propio concejal responsable de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, “un tercio de las familias madrileñas han visto reducidos sus ingresos por la crisis, mientras que el porcentaje se eleva al 42% cuando hablamos de familias con hijos”.[1]
Sin embargo, están a años luz de actuar consecuentemente con esa realidad que ha provocado el desbordamiento absoluto de unos servicios que ya estaban saturados con anterioridad. Se puede comprobar en las cifras que ofrece la propia Memoria del Área de 2019 según la cual el 34,9% de las citas tardaban más de 10 días en fijarse, el 23,3% de las situaciones urgentes no se atendían en el día y el 24,57% de las solicitudes tardaban más de 21 días en valorarse.[2] Esto el año anterior al estallido de la emergencia social de 2020 durante la que solo las situaciones urgentes se multiplicaron por cinco, pasando de 5.298 a 24.351, comparando la Memoria citada y el listado de urgencias atendidas que ofrece el portal municipal.[3]
El Ayuntamiento de Madrid fijó como un compromiso en sus Cartas de Servicios hace 11 años que hubiese un trabajador social por cada 6.000 habitantes. Ese compromiso, que ya nació como un objetivo claramente insuficiente sobre todo en los barrios obreros, ha quedado totalmente obsoleto por el tiempo transcurrido. Pero es que con la emergencia social que padecemos desde hace un año, el mantenimiento a ultranza de ese criterio pone en peligro todo el sistema.
La prueba es que la medida estrella del consistorio para hacer frente a las necesidades alimenticias de miles de familias en Madrid, la Tarjeta de Familias, y que se anunció a bombo y platillo en julio de 2020, ha sido un fracaso total.
En primer lugar, se anunciaron 22.500 tarjetas lo que, de entrada, estaba muy lejos de atender al verdadero número de familias necesitadas que era, y sigue siendo, varias veces superior tal y como se puede fácilmente deducir de las propias declaraciones del concejal Aniorte.
Pero es que, además, ocho meses después no han sido capaces de ponerlo en marcha. A fecha de 11 de febrero de 2021 se han adjudicado nada más que 1.225 tarjetas en toda la ciudad de Madrid. Un ridículo 5% de un más que modesto objetivo.
Solo hay un camino para evitar que la sobresaturación que soportan los Servicios Sociales no se convierta en un colapso de este tan necesario servicio público: Hacer caso al Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid que defiende desde hace años “que para que la atención sea adecuada, profesional y eficaz, la relación adecuada sería de una trabajadora social por cada 1.700 habitantes”.[4]
Esta recomendación se convierte en necesidad imperiosa en una situación como la actual o de lo contrario los Servicios Sociales Municipales ni siquiera pueden cumplir los compromisos adquiridos como el que sí se contempla en la ‘Carta de Servicios 31-Centros de Servicios Sociales. Atención Primaria’, “la atención en el día de situaciones tipificadas como urgentes”. O se cambia de rumbo o el sistema público de Servicios Sociales se acerca más al colapso cada día que pasa.
Aceptar la recomendación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid supondría pasar de los 533 puestos de trabajadoras sociales con las que cuenta el Ayuntamiento en la actualidad a 1.961, es decir, multiplicar por cuatro sus efectivos.
Dar este paso no es ninguna utopía y es posible porque el Ayuntamiento tiene superávit y además un remanente acumulado de 877 millones de euros. El coste anual de 1.400 trabajadores sociales sería equivalente al 2,5% de ese remanente.5 Esto demuestra que no seguir esta vía de intervención no es consecuencia de impedimentos técnicos o económicos, sino una decisión política para que básicamente todo siga como está. Pero, ¿merecería la pena? ¿O no?
Es posible, y es la única manera de consolidar el sistema público de Servicios Sociales como cuarto pilar del llamado Sistema de Bienestar, junto con Sanidad, Educación y Pensiones, y de dar un paso firme para que superen definitivamente la capacidad meramente asistencial y de subdesarrollo histórico respecto al crecimiento experimentado por el conjunto de la economía madrileña.
El objetivo debe ser el de cimentar unos Servicios Sociales preventivos a disposición de toda persona que los necesite, es decir, de carácter universal, con recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a las verdaderas necesidades de la población madrileña.
De hecho, en las negociaciones del llamado Pacto de Cibeles o de la Villa el año pasado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Más Madrid pusieron encima de la mesa la propuesta de rebajar la ratio de trabajadores sociales a uno por cada 3.000 habitantes. Sin embargo, en el texto definitivo de los acuerdos tan solo aparece un vago llamamiento a “dotar a los Servicios sociales de los medios humanos necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones… en el marco del Plan de Empleo Temporal”. Ningún objetivo concreto, ningún compromiso, en la línea marcada por la Comunidad de Madrid que, a diferencia de otras CCAA, no fija ninguna ratio mínima para las trabajadoras de los Servicios Sociales.
El deterioro de estos servicios es tan evidente que el gobierno del PP-Cs(-Vox) anunciaron un nuevo plan de refuerzo el pasado 15 de febrero y uno más el 4 de marzo. Teniendo en cuenta la opacidad del gobierno municipal que no ha publicado en la respectiva página de transparencia las ofertas municipales de empleo de 2019 y 2020, la única oferta de empleo en marcha para trabajadoras sociales es la que se recoge en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Área de Hacienda del 17 de diciembre de 2020 que suma de las ofertas aprobadas por la Junta de Gobierno en 2018, 2019 y 2020. En dicha resolución se propone la convocatoria de un proceso selectivo para proveer 111 trabajadoras sociales. Con dichos anuncios y convocatorias vienen a reconocer el problema, pero, una vez más, se quedan más cortos que el rabo de una mosca. Hay datos tan escandalosos como que más del 40% de los puestos de trabajadoras sociales del distrito de Vallecas Villa estén vacantes, no ocupados.
Es de esperar que la mitad de las 111 sean, al menos, para cubrir puestos vacantes y no meros contratos temporales. En cuanto a las auxiliares administrativas que se anuncia que se van a contratar, será por seis meses. La repetición de los anuncios no puede ocultar que el refuerzo es ínfimo y temporal.
La resistencia pertinaz a que aumenten las plantillas del sector público cuando la sociedad más lo necesita debería ser tratada como delito de lesa humanidad.
Notas:
[4] Ibidem.
[5] El salario anual del puesto de Diplomado/a en Trabajo Social en los distritos del Ayuntamiento de Madrid está fijado en 15.770 euros anuales según figura en el documento público de la Relación de Puestos de Trabajo.
Jesús María Pérez – Asociación Vecinal de Vicálvaro