La Delegación de Paz de las FARC-EP y el Gobierno Nacional seguimos desarrollando los compromisos derivados del Acuerdo sobre Víctimas alcanzado en diciembre de 2015, especialmente, todo aquello que permitirá, que la Jurisdicción Especial para la Paz, entre en funcionamiento. Con este nuevo paso, también, nos acercamos cada vez más a la firma del Acuerdo […]
La Delegación de Paz de las FARC-EP y el Gobierno Nacional seguimos desarrollando los compromisos derivados del Acuerdo sobre Víctimas alcanzado en diciembre de 2015, especialmente, todo aquello que permitirá, que la Jurisdicción Especial para la Paz, entre en funcionamiento. Con este nuevo paso, también, nos acercamos cada vez más a la firma del Acuerdo Final.
Anunciamos al país que hemos concretado un nuevo acuerdo para iniciar la puesta en marcha del mecanismo de selección de los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Definirá esta instancia, además, los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación, entre otros funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin duda, avanzamos en la dirección correcta, ratificando que no hemos venido a La Habana a intercambiar impunidades, sino a satisfacer los derechos de las víctimas, que es un propósito central de los acuerdos de paz.
Las partes Habíamos convenido en que los magistrados de la nueva jurisdicción no podían ser escogidos por las partes y que había que definir un mecanismo que garantizara la independencia de sus organismos, dejando atrás así los oscuros tiempos en los que la justicia en Colombia aparecía como herramienta y apéndice de los intereses de los partidos políticos y de los poderes seculares. Las FARC-EP apostamos por una justicia imparcial, comprometida con los valores democráticos de la igualdad, la libertad y la fraternidad, siempre preocupada por el bienestar del pueblo.
En consecuencia, hemos construido una propuesta, sin duda perfectible, que dé garantías a la sociedad y a la comunidad internacional, confiando para ello en personalidades mundiales como el Papa Francisco o el Secretario General de las Naciones Unidas, personas que, por sus investiduras, deben estar al margen de cualquier sospecha o tacha moral.
Hemos apostado por la presencia en este mecanismo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de unos derechos que no son patrimonio de nadie ni contra nadie, que son de todos y para todos. Y para garantizar además, la máxima imparcialidad, hemos solicitado a una institución especializada en derechos humanos y justicia transicional -cuyo objeto nunca ha sido la participación en procesos judiciales, sino la investigación académica-, que forme parte de este mecanismo de escogencia.
También vinculamos a la academia colombiana, centro de todos los saberes, pensando que sin duda aportará a esta importante tarea una visión universal y multidisciplinaria.
Y finalmente, por primera vez las altas cortes de justicia van a participar activamente en la construcción de un sistema cuyo propósito es acabar con la impunidad; problema del que, tanto la sociedad como la comunidad internacional, responsabiliza en buena parte al mal funcionamiento de la justicia colombiana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha manifestado que en Colombia ha existido impunidad, pero no para las guerrillas, siempre implacablemente perseguidas por el Estado. Colombia es uno de los tres países con mayores índices de impunidad en el mundo y no habrá paz estable y duradera si no se acaba con esta situación.
En un claro ejemplo de reconciliación, las FARC-EP para la estructuración del mecanismo de escogencia hemos confiado en una de las instituciones del Estado que más nos ha perseguido, y que, desde nuestro punto de vista, ha ejecutado el derecho penal del enemigo que la comunidad mundial de los derechos humanos ha denunciado como trasgresor del derecho internacional. Habría sido fácil oponernos a ello, por sencillo ejercicio de recusación jurídica. Corresponde ahora a los tribunales penales de nuestro país mostrar que están a la altura del momento histórico, que no cabe perpetuar practicas propias de los tiempos de guerra. Para ello, qué mejor herramienta que la autonomía e independencia del poder judicial ejercida conforme al espíritu de la paz y la reconciliación. En ese camino, sin duda nos encontraremos todos los colombianos.
No podría ser de otra manera tras alcanzar un acuerdo que está siendo ponderado por las organizaciones de víctimas, por los académicos, y por participantes en otros procesos de paz habidos en el mundo, como el acuerdo sobre Victimas más completo y ambicioso de los hasta ahora construidos. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, dice el refrán popular, pero la Jurisdicción Especial para la Paz, construida a la luz del DIH, escuchando a las víctimas del conflicto tanto en La Habana como en Colombia, es sin duda un destacado logro respecto a otros modelos construidos en otros rincones del mundo que buscaban también acabar con la guerra para alcanzar la reconciliación nacional.
Se trata de un sistema que va a examinar las responsabilidades de todos los participantes en el conflicto, no solo de los combatientes, sino de todos aquellos, también civiles, cuyos actos hayan sido motivo de reproche penal. No tiene base alguna afirmar que este sistema garantiza la impunidad de los crímenes de Estado, ni de ningún otro, cuando los términos del acuerdo son contundentes respecto a la estricta aplicación al sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del derecho Internacional Humanitario.
Tras el nuevo acuerdo ahora presentado, creemos conveniente dar un paso más allá, repensando anteriores fórmulas de escogencia de los integrantes de instituciones construidas en este proceso por la Mesa de Conversaciones, con el fin de no dejar un solo cabo suelto que permita que los acuerdos sean atacados por los enemigos del proceso de paz. Las FARC-EP creemos que es imprescindible garantizar la mayor transparencia posible en la elección de los comisionados de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, del Director de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y en cualquier otra elección derivada de los acuerdos alcanzados hasta ahora. Y estamos seguros que esa es también la voluntad de toda la sociedad colombiana y contamos que también sea la aspiración del Gobierno Nacional.
Queremos decir a los colombianos, que aquí en La Habana, las FARC seguimos dispuestas a avanzar en la construcción del Acuerdo Final, pero necesitamos que cesen ya las obstrucciones propias de un estilo de negociación caprichoso, desgastador, que todo lo dilata, y que pareciera solo actúa para evitar las reacciones adversas de una oposición minoritaria y guerrerista que ya tiene hasta la coronilla al país. Necesitamos que todo el pueblo, los hombres y las mujeres de la ciudad y el campo, los jóvenes y hasta los niños, tomemos en nuestras manos el asunto de la paz que más que a nadie les pertenece. Este objetivo superior, que representa todo para la nación, no puede ser convertido en asunto de facciones y de mezquindades políticas.
La paz es ahora o nunca, que nadie intente arrebatársela a los colombianos con sofismas y patrañas jurídicas. Salvemos la patria sacando la paz adelante. Venceremos.