El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile detectó organismos genéticamente modificados en cuatro muestras de maíces convencionales sembrados cerca de predios que multiplican semillas transgénicas para exportación. «Los resultados son gravísimos. La pregunta es, ¿quién se hace responsable?, ¿quién paga por la contaminación?», dijo a IPS María […]
El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile detectó organismos genéticamente modificados en cuatro muestras de maíces convencionales sembrados cerca de predios que multiplican semillas transgénicas para exportación.
«Los resultados son gravísimos. La pregunta es, ¿quién se hace responsable?, ¿quién paga por la contaminación?», dijo a IPS María Isabel Manzur, de la no gubernamental Fundación Sociedades Sustentables (FSS), que junto al Programa Chile Sustentable contrató al INTA para analizar 30 muestras.
El maíz contaminado con organismos genéticamente modificados (OGM) se vende en el país en forma de choclo (mazorca), semillas y alimento para animales.
Los OGM son variedades obtenidas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies animales o vegetales con el propósito de mejorar sus cualidades o hacerlas más resistentes a ciertas características ambientales.
FSS y Chile Sustentable entregan este jueves los resultados a la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, solicitando estudios independientes para determinar la magnitud de la contaminación y la prohibición por ley de estos cultivos en el país, por considerarlos peligrosos para el ambiente y la salud pública.
El próximo paso será reunirse con los propietarios afectados para informarles de la situación y determinar la eventual presentación de acciones legales.
En Chile solo está autorizada la multiplicación de semillas transgénicas con fines de exportación, pero se puede importar productos e insumos para consumo humano y animal.
En 2007, el Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, autorizó a plantar semillas transgénicas en 24.921,46 hectáreas, 94 por ciento de maíz.
A pedido de FSS y Chile Sustentable, el no gubernamental Desarrollo Rural Colchagua recolectó a principios de este año granos y hojas de maíz de 30 predios de nueve comunas de la central región de O’Higgins. El INTA detectó transgénicos en cuatro de ellos, ubicados en las comunas de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo.
«La de O’Higgins es una de las regiones con mayor liberación de trasgénicos en el país. Ahora se están yendo más al sur, a la región del Maule», explicó Manzur.
Pero la tarea de Desarrollo Rural Colchagua fue compleja, puesto que no existe información disponible sobre la ubicación exacta de los predios multiplicadores de semillas de OGM.
«Nos sorprendimos con los resultados porque si bien yo estaba segura de que había contaminación, nuestras muestras fueron prácticamente al azar. La verdad no sabíamos qué tan cerca estaban los semilleros de los predios elegidos», explicó Manzur.
«El hecho de que hayamos encontrado contaminación en estas condiciones demuestra que ésta debe estar bastante generalizada en la región», remarcó.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, reclamó a las autoridades «revaluar la política de transgénicos, puesto que es clara la dificultad de controlar la contaminación y segregación de los cultivos», lo que afecta principalmente a los productos orgánicos y las especies autóctonas.
Romilio Espejo, jefe del laboratorio de biotecnología del INTA, confirmó a IPS que ambas organizaciones contrataron los servicios de la entidad para determinar si las 30 muestras proporcionadas estaban contaminadas con transgénicos y, de ser así, en qué proporción.
El análisis cualitativo realizado por el INTA, que examina la presencia de bacterias presentes en la mayoría de las plantas transgénicas que se comercializan actualmente, se realizó bajo la norma ISO 21569, mientras que el cuantitativo se basó en la ISO 21570.
En cuatro muestras se encontró «una pequeña cantidad de transgénicos», indicó Espejo. Tres de ellas tienen 0,03 por ciento de OGM y una cuarta 0,13 por ciento.
En los casos en que el INTA no encontró rastros de transgénicos estableció que contenían menos de 0,01 por ciento «por limitaciones del método». Según Espejo, «no se puede asegurar que no tienen transgénicos, sólo se puede decir que tienen menos de 0,01».
Aunque aclaró que el INTA no se hace cargo del origen del maíz analizado, el jefe del laboratorio de biotecnología reconoció su «preocupación» por los resultados, si éstos proceden de los campos chilenos.
«Si la contaminación proviene de un maíz transgénico comercializado mundialmente para uso alimenticio no sería mayor problema, pero si se trata de un maíz transgénico, que tiene otras aplicaciones o que no ha sido todavía aprobado como maíz libre de riesgos para la población, entonces sí es preocupante, aunque la contaminación sea muy baja», indicó.
FSS y el Programa Chile Sustentable aseguran que los responsables son los predios multiplicadores de OGM aledaños a los muestreados. Pero no saben si la contaminación fue causada por el uso de semillas transgénicas o por el polen transportado por el aire.
El servicio contratado al INTA no consideró la identificación del tipo de OGM encontrado, sin embargo Espejo considera que «la mejor explicación» de los resultados obtenidos es una «contaminación».
«Yo creo que (los resultados no deberían) provocar una alarma (en cuanto al) consumo de maíz en Chile, pero sí es un aviso de que hay que tener mayor control de lo que está sucediendo con el maíz plantado en el país», dijo.
«La contaminación es muy baja. Por ejemplo, uno puede exportar a Europa un maíz que tenga menos de 0,9 por ciento de contaminación, porque es considerado no transgénico. Pero el transgénico presente tiene que haber sido aprobado para consumo humano», insistió.
«Sería muy importante analizar las muestras nuevamente para ver a qué maíz corresponde. Eso es técnicamente posible, pero toma tiempo y recursos», aclaró.
«Sería interesante que el gobierno emprendiera esa investigación y en lo posible descartara cualquier posibilidad de que la contaminación provenga de un cultivo de semillas no autorizado para su consumo. Eso tranquilizaría mucho a la población», planteó.
Pero Manzur difiere de la postura de Espejo. La representante de FSS aseguró que todos los productos transgénicos que se venden en este país apenas se están sometiendo a un proceso de aprobación de acuerdo a una norma técnica de eventos biotecnológicos en alimentos, dictada en 2007 por el Ministerio de Salud.
Hasta el momento ha habido sólo dos solicitudes, que aún no han sido visadas, afirmó.
Manzur también llamó al parlamento a no aprobar un proyecto de ley, presentado por congresistas de la centroizquierdista coalición gobernante y de la oposición derechista, que promueve el cultivo de OGM para consumo interno y que no considera su etiquetado.
Detrás de esta iniciativa de análisis de transgénicos, está la red de organizaciones no gubernamentales Programa Cono Sur Sustentable, de varios países sudamericanos.
De hecho, los servicios del INTA de Chile, que costaron unos 3.700 dólares, fueron financiados por Uruguay Sustentable, organización que hizo un estudio similar en su país, también detectando contaminación, cuyos detalles se conocerán pronto, adelantó Manzur.