El tema de la tierra y su concentración en manos de una poderosa casta de terratenientes y latifundistas tiene las características de un problema social muy grave en Colombia. Ese monopolio feudal se considera la principal fuente del conflicto social y armado colombiano que por más de 70 años ha azotado a los campesinos víctimas del despojo y el desplazamiento forzado ejecutado por los grupos paramilitares organizados por los dueños de la tierra con el apoyo de los militares y cuerpos policiales como lo han comprobado hasta la saciedad las investigaciones judiciales y lo reportó el Informe de la Comisión de la Verdad en el informe final presentado en el año 2022.
En esos términos, la solución de la “cuestión agraria” colombiana es un punto clave en la superación de la guerra civil nacional y de la endémica violencia que sigue su curso con masacres y exterminio de líderes sociales, militantes de la izquierda y excombatientes de las guerrillas de las Farc. Es un elemento central en los desarrollos de la estrategia de paz total convertida en la bandera más importante del gobierno popular del presidente Petro.
Así, desde sus días iniciales, la gestión del presidente Petro y de sus Ministras de Agricultura, ha dado prioridad a varios aspectos de la “cuestión agraria” como:
- i) dar cumplimiento al punto 1 del Acuerdo de paz con las Farc del 2016, que determino entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos pobres, titular 7 millones de hectáreas y ejecutar una reforma rural integral con 18 programas complementarios en un lapso de tiempo que se extiende hasta el 2028;
- ii) dar rango constitucional a los campesinos como sujetos de derechos especiales;
- iii) organizar la jurisdicción agraria para atender los litigios correspondientes;
- iv) dar especial atención a las necesidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes;
- v) garantizar los derechos de la mujer;
- vi) depurar y modernizar el dispositivo institucional agrario (Ministerio de Agricultura, Agencia de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Fondo de Tierras, Fondo de Reparación de víctimas y SAE ); y
- vii) ampliar y canalizar los recursos fiscales y presupuestales para dar soporte a las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
En esos términos, el quehacer de la reforma agraria tiene comprometida la voluntad del presidente y en esos términos realiza sus desplazamientos por el territorio nacional entregando tierras a los campesinos como lo acaba de hacer en el municipio San Zenón (Magdalena) donde entrego casi 12 mil hectáreas de tierras que habían sido incautadas a las mafias del narcotráfico y estaban bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La idea de Petro es cerrar este mes de octubre con la entrega de 50 mil hectáreas adicionales.
Comparado con lo que ha ocurrido en los últimos 200 años, después de la reforma agraria que hizo Simón Bolívar durante las guerras de la independencia (1814-1818), lo que adelanta hoy el presidente Gustavo Petro es un verdadero salto de garrocha pues en los últimos 26 meses se han comprado 250 mil hectáreas, se han legalizado títulos que comprenden 1 millón 210 mil hectáreas, de las cuales 77 mil 350 predios corresponden a población indígena y afrodescendiente y 169 mil predios a población campesina.
Señalemos que el cumplimiento de la meta de entrega de tierras por parte de la ANT en este gobierno se reparte cronológicamente así: 100.000 hectáreas en el 2023; 500.000 en el 2024; 500.000 en el 2025 y 400.000 en el 2026, para un total de 1 millón 500 mil hectáreas.
Por primera vez se amplían de manera considerable las disponibilidades presupuestales para la reforma agraria en curso apropiándose cerca de 1500 millones de dólares para la presente vigencia fiscal.
Adicional a lo anterior, el gobierno expedirá en los próximos días un decreto para adelantar la compra exprés de tierras reduciendo el proceso de 7 meses.
Pero hay factores adversos y obstáculos para este audaz programa que, sin duda, aporta a la materialización de la paz total que está afectada, en la actual coyuntura, por una gestión cargada de vacíos, incoherencias y maniobras divisionistas con graves impactos en las Mesas de diálogos y negociaciones con los grupos insurgentes.
Hay una maraña burocrática plagada de corrupción en la Agencia Nacional de Tierras /ANT que entorpece y sabotea los planes de acción correspondiente. Cada compra de tierras, cada formalización de un título debe padecer cobros de comisiones y de coimas en el paso a paso de cada uno de estos procesos en las oficinas centrales y regionales de la ANT. Igual sucede con los proyectos productivos financiados por la Agencia de Desarrollo Rural ADR. El Banco Agrario es otra cloaca financiera que sigue secuestrada por los grandes latifundistas y ganaderos que lo han puesto a su servicio en detrimento de los pequeños y medianos agricultores y lecheros.
Todos estos problemas se quieren resolver con un decreto que se expedirá próximamente para darle un vuelco a la Agencia Nacional de Tierras, que debe fusionarse con la Agencia de Desarrollo Rural para hacer más eficiente y eficaz sus labores administrativas. Ojalá esta norma ayude a superar de manera definitiva los problemas de la Agencia de Tierras, que aún no logra resolver las deficiencias en sus sistemas de información, ni los problemas técnicos, administrativos y jurídicos señalados por los organismos de control.
A lo anterior hay que agregar el bajo nivel del enfoque de los funcionarios agrarios que reducen la reforma agraria a la mera entrega de tierras desconociendo la integralidad de la misma en los términos del Acuerdo de Paz del 2016 y de las recomendaciones de las Misiones agrarias que han propuesto acompañar la entrega de tierras y la formalización de títulos con un catastro moderno y con estrategias adicionales como las de infraestructura (vial, de riegos, eléctricas, de conectividad), adecuación de tierras, desarrollo social en salud, educación vivienda, erradicación de la pobreza, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral y derecho a la alimentación de la población rural.
Concluyamos diciendo que, en dos años, la gestión de tierras del Gobierno del Pacto Histórico ha tenido avances importantes en la dotación del Fondo de Tierras, la entrega de tierras a beneficiarios de la RRI y la formalización de la propiedad rural, en una ruta histórica que merece todo el apoyo de las masas campesinas y populares para impedir que la presión y el sabotaje de los grandes terratenientes induzcan su bancarrota.
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