Luego de tres años del inicio de los procesos contra ‘parapolíticos’ en la Corte Suprema y contra paramilitares en la Fiscalía, está claro que esa división fue artificial, producto de que los paramilitares se desmovilizaron voluntariamente, mientras que los ‘parapolíticos’ no y, por el contrario confiaron, aún confían, en que pueden eludir su responsabilidad. Basta leer […]
Luego de tres años del inicio de los procesos contra ‘parapolíticos’ en la Corte Suprema y contra paramilitares en la Fiscalía, está claro que esa división fue artificial, producto de que los paramilitares se desmovilizaron voluntariamente, mientras que los ‘parapolíticos’ no y, por el contrario confiaron, aún confían, en que pueden eludir su responsabilidad.
Basta leer cualquiera de las 2.300 versiones rendidas en Justicia y Paz para verificar que la creación, llegada y expansión de un grupo paramilitar siempre está conectada con una esfera de poder legal establecida. Siempre hay algún ganadero, gamonal, empresario, policía, militar, político o servidor público en la historia. Por eso, los paramilitares no fueron sólo un grupo armado, sino un grupo de poder que combinó múltiples conexiones, privadas y públicas, legales e ilegales, individuales y colectivas, desde lo local hasta lo nacional, para conformar su propia y, hasta cierto punto, autónoma estructura. Esas conexiones fueron determinantes en la conformación y operación de la estructura de poder paramilitar.
Eso es lo que nos negamos a reconocer. Que no fueron un puñado de narcotraficantes y criminales aislados los que causaron esta tragedia, sino la suma de miles de decisiones individuales de personas en la legalidad, en su inmensa mayoría, incapaces de dimensionar, y menos de controlar, las consecuencias de sus decisiones sobre una actuación criminal de magnitudes colectivas.
Por eso, la principal garantía de reparación para las víctimas de ayer y las generaciones futuras depende de un nuevo consenso político que reconozca la tragedia de la autodefensa individual e ilegal y se comprometa con la legítima defensa colectiva y, de otra parte, de la judicialización de los principales responsables.
Los servidores que ponen su función pública al servicio de un aparato de poder ilegal o se benefician del aparato para su función forman parte de los principales responsables. Así lo considera la jurisprudencia internacional y lo recoge la nacional.
En consecuencia, lo que deben reflexionar los ‘parapolíticos’ y demás paraservidores no es si eventualmente los harán o no corresponsables de lo ejecutado por el aparato de poder paramilitar, sino cuándo, dónde y en qué condiciones. Puede ser ya, en Colombia y condiciones favorables, o en unos años en cortes internacionales y condiciones menos ventajosas.
Nuestra reconciliación como sociedad no depende solamente de enjuiciar a los principales responsables, sino de reconocer las consecuencias colectivas, indeseadas e injustificables, que nuestras decisiones individuales generaron. Evitar ese reconocimiento y obstruir un nuevo consenso forma parte de la polarización política y de la actuación insólita de ciertos funcionarios.
Por ejemplo, en su afán por obstruir las funciones de la Corte, el procurador Ordóñez ha amenazado con demandar a los magistrados si adelantan entrevistas con desmovilizados como parte de su labor investigativa sin presencia de un delegado suyo, requisito que no existe para los demás procesos penales. Si el CTI y las cortes solo pudieran investigar con un procurador al lado colapsaría el sistema judicial. Otra cosa es que un juez y un procurador validen la legalidad de lo investigado para incluirlo al proceso. Además, se inventó la teoría de que la relación entre paramilitares y congresistas no tiene que ver con su función pública, como si la relación se acabara el día que los eligen. Tan se mantiene que la misma Procuraduría, que sólo sanciona a servidores públicos por hechos relacionados con su cargo, ha sancionado a varios congresistas por ‘parapolítica’, por ejemplo al ex senador Álvaro García. Sin embargo, ahora Ordóñez dice a la Corte que no puede reasumir el caso de García porque no tiene que ver con su función. Entonces, ¿por qué lo sancionó la Procuraduría?
Ordóñez debe al menos disimular su labor de abogado de oficio de quienes por el contrario debe investigar y dejar de obstruir el consenso y judicialización que requiere la reconciliación del país.