Hay que buscar otras soluciones para no construir las cinco grandes hidroeléctricas que proyecta HidroAysén en la Patagonia chilena, dice en esta entrevista con Tierramérica el director ejecutivo de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), Fernando Ávila. El abogado está convencido de que las empresas pueden «compatibilizar» la rentabilidad económica […]
Hay que buscar otras soluciones para no construir las cinco grandes hidroeléctricas que proyecta HidroAysén en la Patagonia chilena, dice en esta entrevista con Tierramérica el director ejecutivo de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), Fernando Ávila.
El abogado está convencido de que las empresas pueden «compatibilizar» la rentabilidad económica con la protección del entorno.
Por eso se entusiasma al hablar de las novedades en materia de producción limpia presentadas en Santiago durante la primera Reunión para el Medio Ambiente de América Latina, organizada del 17 al 20 de este mes por AEPA y otras dos instituciones.
Fundada en 1999 e integrada por 70 firmas prestadoras de servicios ambientales y ocho embajadas, AEPA es «un puente entre la autoridad y las empresas productivas», según Ávila.
Su interés por el desarrollo sustentable surgió cuando fue director de proyectos del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, con sede en Lisboa. Después de 22 años en ese continente, retornó al país en 1997, cuando ya se había aprobado la Ley de Bases del Medio Ambiente, que a su juicio marcó «un antes y un después» en Chile porque obligó a las compañías a presentar estudios de impacto ambiental (EIA).
Hoy es necesario crear un «centro de tecnologías del medio ambiente, público-privado, que tenga la autoridad técnica para dirimir conflictos», dice.
Lo siguiente es un extracto del diálogo sostenido en Santiago.
Tierramérica: — ¿Qué grado de conflictividad ve hoy entre las empresas y las comunidades por motivos ambientales?
Fernando Ávila: — Alto, pero no porque la cosa esté peor que antes, sino porque ahora hay responsabilidad en la ciudadanía y existe el sistema de EIA. Antes de 1994 no sabíamos cuál era el impacto de la actividad de la empresa. No es que ahora haya más (conflictos), sino que ahora se saben. Por un lado es preocupante. Pero, por otro, qué bueno que se sepan, porque podemos resolverlos.
— ¿Ve a algunas empresas actuar mal deliberadamente?
— No, no. Una o dos en 100. (Antes) algunos lo hacían mal por ignorancia, pero ahora hay capacitación, van a ferias al extranjero, saben cómo solucionar los problemas. Todavía hay muchas cosas que hacer, pero hemos avanzado. Tampoco hay que decir que en Chile no se respeta el ambiente, que en Chile se está destruyendo todo. — ¿Por qué la ciudadanía debería confiar en los EIA si, una vez aprobados, igual se producen desastres ecológicos? Por ejemplo, en 2004 murieron cientos de cisnes en el austral río Cruces, producto de los desechos vertidos por una planta de Celulosa Arauco y Constitución.
— Ahí hay un déficit de fiscalización del Estado. Hay que buscar un sistema para fiscalizar. No se trata de contratar 3.000 o 5.000 inspectores que se conviertan en funcionarios. Se pueden buscar soluciones modernas o alternativas, que existen en Europa. Por ejemplo, validar o certificar consultores que se conviertan en fiscalizadores para el Estado, cuyo trabajo dure un periodo.
— La ministra de Ambiente, Ana Lya Uriarte, reconoce que la fiscalización siempre es perfectible, pero plantea que la primera responsabilidad la tiene la empresa.
— Yo no digo que (el problema) sea de un solo lado, pero si el inspector del colegio no existiera, en el recreo los niños harían lo que quisieran. El que se sepa que el fiscalizador existe, que es real y que hace su fiscalización, ayudaría. Pero es verdad, hacer un EIA es hacer un contrato y ahí yo hablaría de buenos y malos, o sea, hablaría de los que cumplen, que son la mayoría, y los que no cumplen, que son de los que más se habla.
— ¿Qué opina del cuestionado proyecto de la firma HidroAysén de construir cinco represas en la Patagonia?
— No voy a hablar por la AEPA. Considero que hay otras soluciones posibles para no construir las centrales. Si fuera para alimentar el sur tal vez estaría bien, pero hacer cruzar cables de 2.000 kilómetros para traer más energía a este monstruo que es la Región Metropolitana es una falta de respeto al país.
— ¿Qué opina de la Estrategia Nacional de Cuencas que prepara el gobierno y que acotaría los proyectos empresariales a determinadas zonas?
— Hemos sabido que existiría un Consejo de Cuencas, donde estarían representados el sector público y el privado. Como bien dice usted, se acotarían los proyectos porque la gestión de las cuencas no es sólo el recurso natural del agua, sino también el ordenamiento territorial, el fomento productivo, la vocación del territorio. Por lo tanto, habrá algunas actividades que se podrán realizar de acuerdo a estos parámetros y otras que no. Eso permitirá el desarrollo de las regiones. Es una oportunidad de ordenar las habitaciones de esta casa llamada Chile.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 20 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86338