En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el vocero de la CAM, Héctor Llaitul reiteró su inocencia luego de que la justicia decidiera reducir su condena. El dirigente mapuche acusó un montaje de la Fiscalía, así como una persecución política por parte del Gobierno quien, a su juicio, ha presionado a los tribunales […]
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el vocero de la CAM, Héctor Llaitul reiteró su inocencia luego de que la justicia decidiera reducir su condena. El dirigente mapuche acusó un montaje de la Fiscalía, así como una persecución política por parte del Gobierno quien, a su juicio, ha presionado a los tribunales de justicia.
El miércoles pasado el Tribunal de Cañete decidió rebajar la condena del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de diez a cinco años. Una resolución que se dictó a raíz de los cambios introducidos por la Ley Corta Antidelincuencia que deroga uno de los agravantes por los que fue condenado Llaitul, quien ya cumplió seis años en prisión.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el dirigente mapuche abordó la importancia de este fallo judicial, así como la relación actual de la CAM con el Gobierno y la reivindicación territorial mapuche tanto en nuestro país, como en Argentina.
Ayer se confirmó una rebaja de cinco años de tu condena. A tu juicio, ¿qué demuestra esta resolución?
Lo primero que hay que señalar es que nosotros fuimos condenados por dos hechos. Uno, un supuesto robo con intimidación, y un supuesto ataque a un fiscal. Ambos hechos configuraron una condena de 25 y 20 años a algunos dirigentes de la CAM. Lo que nosotros sostuvimos es que ambos hechos fueron un montaje, no corresponden a como en verdad sucedieron los hechos y siempre hemos denunciado también la utilización de la ley antiterrorista para hacerse parte de este montaje, y finalmente el proceso en sí da cuenta con el tiempo que hay una serie de vicios, de irregularidades que tiene la aplicación de esta normativa, principalmente porque nosotros fuimos condenados por la utilización de un testigo protegido que es el único estándar de prueba que nos condenó sin haber ningún tipo de prueba de otra índole para argumentar la condena. En ese sentido, estamos con una relativa satisfacción de esta rebaja de condena, en circunstancias en que yo nunca fui partícipe del hecho por el cual se me condenó.
¿Cómo tomas la reacción del Gobierno frente a esta decisión? El subsecretario Aleuy anunció que va a apelar.
Es parte de la persecución política de la que somos objeto los dirigentes mapuche, sobre todo cuando argumentamos con fuerza la reivindicación territorial y política que hoy día lleva a delante nuestro pueblo y las comunidades mapuche y siento que hay una presión indebida hacia los tribunales porque entiendo que esa resolución no tiene la posibilidad de ser rebatida entonces más bien obedece a una presión que se ejerce sobre los Tribunales.
En ese sentido, ¿en qué pie queda la relación con el Gobierno? Por un lado se plantea la posibilidad de un diálogo, pero por otro se toma este tipo de medidas, se anuncia la suma urgencia a la discusión de la ley antiterrorista, entre otras acciones.
Estos dichos del subsecretario de alguna manera dan cuenta de algún grado de ignorancia respecto de la causa porque si bien nosotros fuimos condenados y siempre alegamos justicia y debido proceso, nosotros presentamos este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el último tiempo fue declarada admisible. Es decir, la Corte Interamericana va a resolver seguramente una condena al Estado de Chile porque nuevamente se actuó con los principios que ha operado la justicia chilena respecto del movimiento mapuche, con discriminación, con racismo, con intolerancia y obviamente la ley antiterrorista se sujeta en ese marco. Nosotros fuimos perseguidos, llevados a proceso y condenados en el marco de un conflicto con forestales y en ese contexto hubo una decisión del parte del gobierno de turno de sacar de circulación o desarticular a la CAM a cualquier costo, y en ese sentido cometieron esta arbitrariedad, esta injusticia de llevarnos a nosotros a una condena que hoy día va a ser rebatida por las cortes internacionales, entonces que el subsecretario de nuevo esté insistiendo en esto demuestra que en algún sentido no está claro de qué se trata. Ahora, nosotros lo tomamos en ese sentido, o sea, hay una voluntad de parte del Gobierno de seguir criminalizando la causa mapuche, de seguir estableciendo persecución política por medio de la presión a los tribunales y ahí no hay ninguna voluntad de diálogo, y menos aún de hacerse parte de cuáles son los problemas de fondo que hay respecto de esta relación entre nuestro pueblo y el Estado chileno porque a la hora de que se dé esta confrontación el Estado chileno siempre está de parte del empresariado, y ciertamente resuelve las demandas y las reivindicaciones de esta gente que es la que nos tiene el territorio usurpado y que nos tiene en situación de opresión.
Tomando en cuenta este escenario y considerando lo que pueda ocurrir a partir del próximo año, cuando llegue un nuevo presidente a La Moneda, ¿cómo vislumbras el desarrollo de este conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno?
Bueno, en este marco de alternancia de poder no han sido muy grandes las diferencias que hay entre uno u otro gobierno. Los gobiernos están asumiendo de por sí la continuidad de un régimen de tipo colonial, de ocupación hacia nuestros territorios, de despojo, de suprimir todos nuestros derechos políticos, la nula voluntad de lo que son nuestras reivindicaciones de autonomía o de autodeterminación. Ciertamente con un gobierno de derecha se profundiza esta brecha de un conflicto histórico que tiene soluciones políticas, pero eso pasa por hacer frente a un problema de tipo territorial y ese es el punto de inflexión por el cual no hay una solución en el corto y mediano plazo, porque nuestras reivindicaciones chocan directamente contra los intereses del empresariado, particularmente de la industria forestal que está destruyendo y está arremetiendo contra nuestro hábitat. Y en ese sentido la posición del Estado no es estar a favor de las demandas mapuches, todo lo contrario, está en contra del pueblo nación mapuche, militarizando, criminalizando, persiguiendo y favoreciendo los reclamos de los gremios que representan al empresariado.
En otro tema, durante las últimas semanas, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, se ha venido hablando sobre la relación entre comunidades mapuche tanto en Chile como en Argentina. ¿Cómo observas esta situación?
Es que la lógica de los estados nación es esa, es la división y ciertamente los límites que no tienen nada que ver con la concepción de pueblo nación que tenemos nosotros. Nosotros somos un solo pueblo y ahí (en Argentina) también hay un proceso de recuperación territorial que en el último tiempo tiene estas características de confrontar con el sistema de propiedad usurpado que tiene hoy día los intereses capitalistas en esa zona, principalmente de los hidrocarburos, de las petroleras, en fin. Nosotros de alguna manera acompañamos, sensibilizamos, estamos con esos procesos porque son parte de la lucha de nuestro pueblo. De hecho si nosotros estamos en contra de los procesos de inversión capitalista en el campo forestal e hidroeléctrico principalmente eso es porque ese es el bloque de dominación que confrontamos permanentemente.