“La querella nace viciada, debido a que Luis Hermosilla y otros funcionarios, agentes del Estado, hoy son sujetos de investigación y procesados por el propio Estado de Derecho chileno”
En octubre 2017 Héctor Llaitul Carrillanca se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Concepción acusado de liderar una asociación ilícita de carácter terrorista, la que habría perpetrado una serie de ataques entre la Provincia de Arauco y la Región de La Araucanía.
En ese contexto lo entrevisté por primera vez. Convencí a sus familiares para entrar con ellos durante el horario de visita un día domingo, pero con el objetivo de realizarle una entrevista sobre la ‘Operación Huracán’ que lo mantenía preso por esos días y publicarla en Radio Universidad de Chile, el medio en el cual me encontraba trabajando.
Me atrevo a decir que por esos días éramos el único medio que cuestionaba la veracidad de la ‘Operación Huracán’. Lo que analizábamos por esos días con la periodista Natalia Figueroa; mi mentor periodístico, Víctor Herrero; el editor general, Patricio López y el director de la radio en aquel entonces, Juan Pablo Cárdenas, es que resultaba un tanto inverosímil que Carabineros pudiera interceptar conversaciones de WhatsApp, por un tema de capacidades tecnológicas y también por el tremendo problema comercial que significaría para la empresa de mensajería que asegura que los diálogos se encuentran encriptados.
Pocos días después, específicamente el 19 de octubre, la Corte Suprema liberó a todos quienes se encontraban encarcelados por la investigación. Ya en enero de 2018, se conoció a través de una investigación del periodista Sergio Jara en BioBioChile que las supuestas pruebas del caso habían sido altamente manipuladas por Carabineros, lo que derrumbó el caso.
Hoy Llaitul nuevamente se encuentra preso, acusado de incitación a la violencia en el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado y los delitos de hurto, atentado contra la autoridad y usurpación violenta, por lo cual arriesga 25 años de cárcel.
Pero, lógicamente, hay un escenario en el cual el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, o las cortes de alzada, pudieran determinar que no existen antecedentes suficientes para condenar al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), lo cual dejaría a Roberto Garrido Bedwell, fiscal regional de La Araucanía, en un mal pie como persecutor.
Asimismo, habría consecuencias políticas como en la mencionada Operación Huracán, en la cuál la Cámara de Diputados determinó que el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet Jeria, Mario Fernández Baeza, junto con el entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, eran los responsables políticos del montaje.
¿Pero quién es el Fernández o el Aleuy de la historia actual? Héctor Llaitul accedió a responderme unas preguntas para dilucidar quién es, según su tesis, el responsable. Se trata del abogado del momento: Luis Hermosilla Osorio.
El jurista hoy se ve involucrado en el mayor caso de corrupción desde los casos de financiamiento ilegal de la política protagonizados por Penta y SQM, pero hace no muchos años era un hombre influyente, íntimo amigo y asesor del Ministro del Interior de Sebastián Piñera Echenique, Andrés Chadwick Piñera, y era uno de los encargados de preparar las querellas del Ejecutivo en los casos de violencia en la llamada ‘macrozona sur’.
Precisamente, la causa contra Llaitul comienza en enero de 2020, cuando Hermosilla todavía cumplía este rol en Interior.
La tesis del vocero de la CAM resulta interesante considerando que aún no se conocen todas las conversaciones privadas de Hermosilla, por lo que, de saberse un nuevo escándalo ¿Cuáles serían las consecuencias políticas? ¿El gobierno de Gabriel Boric seguiría siendo querellante?
Vamos con la entrevista.
“No me he retractado de los dichos, porque éstos fueron expresados en mi calidad de werken (vocero) y como parte del entramado social político y cultural de mi pueblo”
– La Fiscalía lo acusa por sus dichos y los ataques que serían consecuencia de estos ¿Cómo argumenta su inocencia?
– Lo primero es aclarar que la Fiscalía hace una persecución penal respecto de mis dichos en base a entrevistas concedidas a medios de comunicación, y así está tipificado en la causa, la que es por la Ley de Seguridad del Estado. Insólitamente con esta ley se persigue lo expresado en entrevistas así como proclamas e ideas que serían, según afirman, apología e incitación a la violencia y que como consecuencia de aquello, se habrían originado una serie de hechos que la Fiscalía denomina «atentados» contra la propiedad privada, que en el fondo son acciones de resistencia y autodefensa contra la industria forestal en el Wallmapu (país mapuche) histórico. Entonces, esta precisión se vuelve necesaria porque hoy estoy acusado y enjuiciado por mis dichos y no por hechos, no existen pruebas que me vinculen a ningún hecho concreto.
Ahora bien, también es necesario aclarar que la querella que se presentó inicialmente en el gobierno de Sebastián Piñera se amplió en el actual mandato hacia otros hechos y actualmente se me acusa también por usurpación violenta y atentado contra la autoridad (lesiones a carabineros), hurto simple de madera, hechos tipificados de delitos y que se supone habrían sido cometidos en mi condición de militante o dirigente mapuche.
Pero vuelvo a indicar que el grueso de la acusación dice relación con la expresión de la propuesta política de mi organización. En este sentido, si argumento o no mi inocencia es algo que finalmente queda a la interpretación de un tribunal no mapuche y de la clase política dirigente de este país ¿Y por qué sostengo esto? Porque en mi declaración en el tribunal al comienzo del juicio expresé claramente que soy un perseguido político mapuche, y en un contexto donde estamos frente a un choque de culturas y cosmovisión, por lo cual no existe competencia de parte de los tribunales chilenos para juzgar a miembros de un pueblo originario, toda vez que éstos reclaman derechos fundamentales asociados a su condición y vinculados a demandas de espacios y territorios para la autodeterminación y la autonomía. Un choque de culturas en el sentido de que no se reconoce la pertenencia cultural y se nos somete a un ordenamiento jurídico por parte de los tribunales que operan con sesgo racista y discriminatorio, y que a la hora de los procesamientos nos involucran igual que a cualquier otro ciudadano o miembro de la sociedad chilena. En el fondo, no se reconoce nuestra diferenciación cultural o de pertenencia a un pueblo originario.
Y es en este marco que no me he retractado de los dichos, porque éstos fueron expresados en mi calidad de werken (vocero) y como parte del entramado social político y cultural de mi pueblo, basado en la cosmovisión del mundo mapuche. Y efectivamente esto responde también a la articulación de lo que son las autoridades tradicionales y las formas de organización comunitaria política que se da en nuestro Pueblo Nación, a través de distintas realidades territoriales y culturales.
No obstante esta realidad, será resorte del tribunal y del poder político winka (no mapuche) si hay una condena por la expresión de las ideas fuerza mapuche, que nosotros llamamos kume rakiduam (pensamiento político), razón por la cual apelamos al derecho de la libertad de expresión, principalmente por ser miembros de un pueblo originario oprimido, así como del derecho que nos asiste a expresar también la protesta, el ilkun (rabia), toda vez que somos doblemente reprimidos por seguir siendo mapuche y por nuestro rakiduam (pensamiento).
En cuanto a los otros hechos que se me imputan, yo declaré mi inocencia por mi nula participación, porque no tengo absolutamente nada que ver con los hechos así presentados. Yo respondo y tengo un rol muy definido, lo cual no me permite actuar fuera de la línea y los principios en los que se sustenta mi organización. Una acusación presentada de esta forma es algo que considero como parte de un nuevo montaje que tiene como objetivo una mayor condena que busca desperfilar la causa autonomista, y para lo cual se están utilizando tecnologías y herramientas que más allá de su cuestionamiento dan pie para una serie de interpretaciones antimapuche. Supuestas pruebas y pericias que son materia y resorte de la inteligencia policial, de agentes del Estado no calificados, que son parte de un historial de abusos y montajes y que no trepidan en fabricar la prueba para quedar bien con el poder de dominación. Estamos hablando de herramientas que no están claramente definidas frente al tribunal, por ejemplo, el uso de un sistema software de procedencia israelí que permite monitorear los teléfonos para supuestamente determinar georeferenciación pero con ese programa también se permite el hackeo y lo que es más grave, permite la manipulación del contenido de las comunicaciones y con ello montar la prueba falsa. Si bien, se puede infiltrar para obtener la información y así argumentar la acusación, mucha de ésta puede ser objeto de manipulación. Por tanto, éste tipo de información no cumple los estándares mínimos que requieren la prueba en un debido proceso.
“Todo está basado en las pericias que se hacen a un aparato telefónico requisado, que es lo único que fue incautado, lo único requisado, porque en este caso no hay absolutamente ningún otro tipo de prueba”
– Recientemente Mega reveló audios que lo involucrarían con movimiento de armas ¿Cómo responde a eso?
– Efectivamente el canal de televisión Megavisión, en una suerte de reportaje, publicó unos audios en que supuestamente habría participación de la organización en el movimiento de armamento. Bueno, lo primero que se debe mencionar al respecto es que aquí se contraviene una de las normas más importantes del debido proceso que es, que las pruebas exhibidas por parte de la acusación, así como los argumentos de la misma, deberían ser resorte y ponderación del tribunal y no expuestos mediáticamente menos con un carácter sesgado, para que no exista una interpretación distinta del razonamiento que debe desarrollar el tribunal. Además, hay muchos más antecedentes tanto de la acusación, como de la defensa que tienen que ser ponderados por los magistrados que están viendo la causa. Por lo tanto, este canal de televisión contraviene una normativa, de que no se debe filtrar a los medios de comunicación cuando el tribunal así lo determina, más allá de su supuesto deber de informar, que en este caso es clara desinformación, porque Megavisión está cumpliendo su rol al servicio de los grupos económicos al presentar acusaciones y sacar su propia interpretación, obviamente en defensa de los intereses del gran capital y en contra de la causa mapuche.
Considerando lo anterior, nosotros respondemos que esta desinformación no es una acusación y no responde a la verdad, por lo tanto apelamos a que debe haber una mirada crítica al respecto. Ya que, en primer lugar, no podemos desconocer la existencia de un contexto que es de confrontación y en donde se expresan distintas formas de lucha por parte de nuestro pueblo, pero así como el canal presenta los hechos es una tergiversación, porque en primer lugar la resistencia no es terrorismo y la legitimidad de las formas de lucha responde a una lectura mucho más amplia. Y la forma en que fueron presentados los hechos y los audios denota claramente racismo y odio hacia la digna lucha mapuche. Por lo mismo es que ya estamos cuestionando la prueba en tribunales y esto tiene que ser obviamente ponderado en su momento por el tribunal respectivo.
¿Por qué nosotros decimos que estamos cuestionando la prueba? Porque aquí volvemos al mismo argumento ya presentado, de que todo está basado en las pericias que se hacen a un aparato telefónico requisado, que es lo único que fue incautado, lo único requisado, porque en este caso no hay absolutamente ningún otro tipo de prueba, todo se reduce a un aparato telefónico, el cual por cierto está intervenido por todas las policías, los militares y privados al servicio del poder.
De hecho, cuando se habla de movimiento de armas, se hace referencia a una actividad que supuestamente contraviene el orden establecido y se tiene que demostrar su existencia y aquí solo se han exhibido imágenes, no hay armamento incautado, solo suposiciones.
A nuestro juicio, lo único que se pretende con estas notas periodísticas es crear mediáticamente un manejo de las mentalidades e influir en la opinión pública en contra de la causa mapuche para generar así animadversión y una condena mediática anticipada, lo cual ciertamente contraviene el debido proceso, pretendiendo a su vez contaminar a los jueces, como lo han hecho policías y peritos de la PDI en el transcurso del juicio.
Y la respuesta que nosotros damos en este sentido es que no existe ningún movimiento de armas, lo que existe es lucha mapuche lo que se evidencia ya por décadas es un pueblo en movimiento.
Efectivamente hay una campaña ya montada en nuestra contra y el reportaje es una réplica dirigida e intencionada a la declaración que yo hice en el Tribunal, una declaración que explica el marco de la autodefensa y de la resistencia de las comunidades frente a la militarización y a la criminalización, es la reafirmación de la defensa organizada frente a la represión del Estado chileno, toda vez que el Pueblo Mapuche y las comunidades se organizan y luchan por la recuperación de sus tierras, por la reconstitución de su mundo cultural y en defensa de todo lo que entendemos como el mundo mapuche. Es la lucha por la reconstrucción, la reconstitución del tejido social, económico, político y cultural, también es la defensa más decidida y combativa por los territorios, por la naturaleza por la biodiversidad, lo que nosotros entendemos como el itrofil mongen (biodiversidad).
“La querella nace viciada, debido a que Luis Hermosilla y otros funcionarios, agentes del Estado, hoy son sujetos de investigación y procesados por el propio Estado de Derecho chileno”
– Esta causa proviene de una denuncia del gobierno en 2020, cuando el asesor del Ministerio del Interior en esta materia era el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente está involucrado en graves casos de corrupción ¿Qué puede decir sobre eso?
– Hay aspectos que dicen relación con este juicio en mi contra y que pueden ser cuestionados de forma y fondo, porque hay algunas pruebas presentadas por Fiscalía que vulneran el debido proceso, como por ejemplo, el uso de los testigos sin rostro y el hackeo con el mismo programa software israelí para infiltración de inteligencia para obtener los datos desde un aparato de celular. En cuanto al fondo no resulta menor indicar que esta querella iniciada en el año 2020 surge cuando Luis Hermosilla era asesor jurídico del Ministerio del Interior y tenía contacto con el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, ambos hoy llevados a tribunales por causas de corrupción y otros ilícitos por determinar. Se puede concluir que Hermosilla incluso fue uno de los que participó en la redacción de la querella o sus alcances.
No es menor también el hecho de que estos personajes que fueron asesores del ministro del Interior y que iniciaron la querella en mi contra, hoy están no solo cuestionados por la opinión pública, sino que enjuiciados por los tribunales en lo que se denomina la filtración de información para fines que contravienen el ordenamiento jurídico, como el tráfico de influencias, actos de corrupción con negocios fraudulentos y que direccionaban la persecución política para proteger los intereses del empresariado.
En este sentido, resulta absolutamente relevante denunciar que este juicio en mi contra fue orquestado por Luis Hermosilla, al servicio de las forestales y la ultraderecha. Una querella que hoy ha sido ampliada por el presidente Gabriel Boric. Por lo anterior es que sostenemos abiertamente que los fundamentos y el contenido de la acusación son parte de una persecución política, porque la idea de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado fue bajo la asesoría de personajes que hoy están más que cuestionados.
Además, en el entramado de autoridades que dan inicio a esta querella y basan la persecución política hacia las organizaciones autonomistas, se evidencia como los sectores empresariales obligan a sus subalternos para ponerse del lado de los poderosos y pasan a ser los mismos con los cuales confrontamos en la lucha de reivindicación territorial y política. Y cuando hablo de este entramado me refiero a éstos personajes que hoy están cuestionados e investigados por hechos de corrupción. Me refiero también a Héctor Espinoza, ex director general de la Policía de Investigaciones, quien también estaría involucrado en hechos de corrupción, sometido a investigación por los tribunales.
Frente a esta realidad ya más develada y de la cual se van conociendo nuevos hechos, no se puede descartar que veamos nuevos fragmentos donde se fragua un nuevo montaje en mi contra. La querella nace viciada, debido a que Luis Hermosilla y otros funcionarios, agentes del Estado hoy son sujetos de investigación y procesados por el propio Estado de Derecho chileno.
El movimiento mapuche ya tiene la experiencia de la Operación Huracán, que demostró que es posible implementar montajes al más alto nivel, formar entramados con un fin específico, como en su momento fue perseguir la lucha mapuche y a la CAM en específico, acusándola artificiosamente involucrando a agentes del Estado, la política, incluso autoridades del Ministerio Público para tal efecto.
Es por lo anterior que hacemos la denuncia de la posibilidad cierta de nuevos montajes en las causas mapuches. Porque esta querella no solo nace viciada por la participación directa de Hermosilla, sino que sienta las bases para otros artilugios que puedan desarrollar agentes del Estado para condenar a dirigentes mapuche a como dé lugar.
Si en el marco de la criminalización se da un escenario favorable para una suerte de montaje que tiene como objetivo proteger los intereses de los poderosos de siempre, tal vez en mi caso se crearon las condiciones para una acusación penal de características arbitrarias e injustas. ¿Por qué decimos que podría ser un nuevo caso Huracán? Porque se están usando pruebas en mi contra que a nuestro juicio violan derechos fundamentales y que no cumplen estándares del debido proceso como el uso de testigos sin rostro, lo que es a todas luces una herramienta jurídica que contraviene el debido proceso como lo han dicho ya innumerables veces los organismos internacionales.
Además, el uso de una tecnología como el programa software «Vigía» de infiltración de mis contactos y conversaciones, pudiera intervenir y manipular los datos, lo cual también contraviene un juicio justo y el debido proceso, igual que en Operación Huracán. El uso de este programa israelí no debiera justificar el hackeo con fines de monitoreo de los militantes de la causa mapuche y de personas de la prensa en general. Este método de obtención de información de inteligencia para buscar una condena raya lo inmoral y usarlo como prueba para fundamentar una condena no debiera ser permitido. Hoy todo esto quedará al criterio de expertos y peritos informáticos que tendrán que dirimir, si estos datos o indicios, son una prueba que permite establecer una condena, algo que pondremos en cuestión más si estos peritos y expertos son de la parte acusadora y pertenecen a la policía antimapuche.
“Las consecuencias de una eventual condena es algo que está por verse. Pero definitivamente sería un muy mal precedente para abordar un conflicto histórico”
– Usted señala que nuevamente se trata de una persecución del Estado en su contra. Bajo su perspectiva ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de su condena para el conflicto entre el Estado, Pueblo Mapuche y el sector empresarial?
– Esta es una más de las consecuencias de asumir una posición respecto de un conflicto histórico entre el Pueblo Nación Mapuche y el Estado Nación de Chile, de la agudización de ese conflicto histórico, de las contradicciones entre la industria forestal, las políticas extractivistas y el mundo mapuche. Es en definitiva, la consecuencia del desarrollo del capitalismo en el Wallmapu histórico.
Un juicio y una eventual condena es el resultado de la persecución política hacia el movimiento mapuche autonomista y en definitiva hacia todos aquellos que somos militantes y que abrazamos con más fuerza y énfasis la causa mapuche. En tal sentido, me debo remitir a la carta que envié al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde explicito y hago un informe de la persecución de la que soy objeto en mi calidad de militante de la causa mapuche. Sin embargo, incluí un evento del año 1988, cuando fui detenido y torturado por agentes del Estado siendo estudiante universitario en tiempos de dictadura.
En dicho informe he descrito un proceso de persecución política permanente, siendo objeto de vigilancia y seguimiento por parte de las policías y agentes represivos, cuestión que se acentúa cuando asumo una posición más decidida y clara en la causa mapuche. De hecho, ya el año 1997, cuando se forma la Coordinadora Arauco Malleco, paso a estar en el radar de los servicios de inteligencia de este país.
Por lo mismo se me involucra en diversos hechos procesales que tienen que ver con mi participación en las demandas territoriales y políticas del movimiento mapuche autonomista. Al hacer un balance respecto de esta situación procesal en su mayoría tienen que ver con enfrentamientos con las fuerzas de ocupación en Wallmapu, así como de una serie de hechos con vulneración de derechos, esto en mi condición de weichafe, de militante y posteriormente en mi condición de werken y dirigente de la CAM.
En el informe doy cuenta de antecedentes sobre indebidos procesos ya sea por utilización de la justicia militar y la justicia civil al mismo tiempo, en un doble proceso por una misma causa. Por ser sometido a un tipo de legislación arbitraria que no condice con la pertenencia cultural o por ser miembro de un pueblo originario, como es el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, pretendiendo inclusive montar procesos por asociación ilícita de carácter terrorista, lo cual fue desestimado en su momento por los mismos tribunales chilenos debido a recomendación u observación de organismos de derechos humanos internacionales.
Esta situación me llevó en dos ocasiones a escenarios de internacionalización de la persecución política en mi contra, una por la condena de que fui objeto, donde presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso y donde de haber una respuesta, seguramente será de condena al Estado chileno por la utilización de testigos protegidos, un estándar de prueba cuestionado en el concierto internacional. Lo otro es mi participación en el Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas donde expongo del bullado caso Huracán, un burdo montaje que pretendía involucrarnos artificiosamente en actos que se basaron en pruebas falsas acompañadas de una campaña mediática desde la prensa burguesa.
Actualmente estamos en una situación parecida, en el marco de lo que es una nueva arremetida fascista tanto en lo que es la militarización y la criminalización de la causa mapuche, basada principalmente en la persecución direccionada de parte de toda la institucionalidad hacia todas las expresiones de lucha mapuche. Ciertamente hay una tipificación de los hechos por los tribunales de justicia, que son de carácter racista, clasista, que están al servicio de los poderosos agudizando el conflicto con nuestro pueblo. Se trata del ordenamiento jurídico político e institucional de parte del Estado chileno en contra de la causa mapuche, que sigue manteniendo su naturaleza más profunda de tipo capitalista y colonial y que por lo mismo contraviene todos los derechos fundamentales de los mapuche, principalmente el derecho a la recuperación territorial y del derecho a ejercer la autodeterminación y la autonomía para la Nación Mapuche.
Las consecuencias de una eventual condena es algo que está por verse. Pero definitivamente sería un muy mal precedente para abordar un conflicto histórico de la magnitud que se observa en la actualidad. Y como se daría en un marco de mayor beligerancia, se estarían profundizando aún más la brechas de los antagonismos y contradicciones que no permitirían una resolución de tipo política, porque sería nuevamente contravenir una posición por la paz en la búsqueda de soluciones y en el fondo nos daría la razón moral, política y cultural de mantener la resistencia. Porque frente a la ocupación de nuestro pueblo, frente a la militarización, la respuesta tiene que ser muy clara y contundente respecto de las comunidades movilizadas así como del conjunto del pueblo Nación Mapuche para organizar la autodefensa y la resistencia a todo nivel. Por lo tanto, el llamado será a la organización y a la lucha para la restitución de los derechos fundamentales en materia territorial y política.
Los sectores empresariales obviamente quedarán a resguardo temporalmente con un tipo de condena así, pero será sobre la base de una custodia de tipo pretoriana por parte de policías y militares, por un lado, y de guardias blancas y militarización a todo nivel.
Obviamente al empresariado le resultará muy bien una condena ejemplar, así como les favorece la militarización y la persecución política indiscriminada, pues se trata de la protección de sus intereses y en contra de una lucha centenaria de reivindicación territorial.
Sin embargo, lo anterior nos sigue posicionando de que tenemos la razón respecto de nuestra propuesta política, una lucha frente a la dictadura del capital monopólico financiero que se transforma en una dictadura de facto, es decir, un tipo de régimen de ocupación militar para mantener el desarrollo capitalista en el Wallmapu histórico.
“Lo que nosotros podríamos ofrecer, si estas condiciones se dan y se acaba la prisión política, es una instancia neutral con una tregua efectiva”
– Usted ha planteado en el pasado la necesidad de que la ONU se haga cargo del intento por solucionar el conflicto. Suponiendo que esto ocurriera, cuando se habla de un diálogo las partes deben ceder ¿Qué esperaría usted que cedan sus contrapartes y qué deberían ceder las organizaciones mapuche?
– Respecto de este emplazamiento de que la ONU participara como mediador en el conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno resulta necesario hacer un recuento. Pero antes debo señalar que, efectivamente el Comité de Derechos Humanos y el relator de asuntos indígenas de este organismo internacional ya están en conocimiento de mi caso judicial.
Desde los últimos 10 años el conflicto se fue profundizando, agudizando contradicciones en la lucha que veníamos desarrollando las comunidades organizadas y las distintas expresiones autonomistas en contra del Estado capitalista y colonial. Esto generó enfrentamientos y un sin número de violaciones de derechos fundamentales de un pueblo originario como el Pueblo Mapuche. Esta realidad también concitó la atención de parte de organismos ligados a los derechos humanos y se tomó contacto con Naciones Unidas en relación a denuncias de vulneraciones de derechos.
En este contexto, es que me tocó participar en Ginebra en un Comité de Derechos Humanos hace ya seis años, cuando fui convocado a propósito de la ofensiva estatal en contra de los mapuche conocida como Caso Huracán. En esa ocasión se intentó abrir el tratamiento de las denuncias de vulneración de derechos.
No obstante, cuando aumenta la represión y se decide militarizar el Wallmapu, comienza la persecución política más encarnizada y todo lo que significa la situación de los presos políticos, que es un tema que se debe observar con más detención. Paralelamente Naciones Unidas envió un agente para interceder en estos temas y comenzó a manifestar su interés en ser interlocutor para una eventual mesa de diálogo con los actores del conflicto histórico, razón por la cual tomaron contacto con nosotros.
Al respecto se hace necesario recordar que en la entrevista que me iba hacer el periodista de TVN, Iván Núñez, se trataría este tema puntualmente, el de una posible mediación de Naciones Unidas, pero todos conocemos que esta entrevista no se realizó y terminó en un muy lamentable y reprochable suceso. Tal vez el más grave episodio de ataque a la libertad de prensa de parte del poder y hasta hoy se desconocen los responsables.
Sin embargo, el atentado al equipo periodístico de Iván Núñez nos dejó muy claro que tanto el empresariado como la gobernanza estatal no tienen la más mínima voluntad política para solucionar este conflicto por la vía política. A pesar de tratarse de un conflicto que es considerado como uno de los 5 más importantes a nivel internacional, según la visión de la propia ONU.
Es justamente debido a la profundización de la militarización y a las huelgas de hambre que asumimos como Presos Políticos Mapuche (PPM) que hoy Naciones Unidas toma nuevamente contacto con nosotros y manifiesta su voluntad de interceder.
Lo cierto, y queremos dejarlo claro, es que debido a cómo se han dado los hechos tanto los empresarios, las forestales, como a la clase política en el poder no les interesa y no les conviene que la ONU pueda interceder.
Entonces, cuando se habla de diálogo lo que nosotros entendemos como Mapuche es que para conversar, parlamentar, ambas partes deben ceder. En este sentido, a todas luces este gobierno ha asumido una postura bien clara de militarización del Wallmapu, que no es otra cosa que optar por una salida político militar a un conflicto histórico. Y por lo mismo ahora hay un aumento de leyes más represivas y un aumento de la judicialización de casos.
En razón de lo anterior es que no existe por ahora una posibilidad concreta de diálogo con intermediación de la ONU. Pero dejamos en claro que si se dan las condiciones siempre será posible una instancia de parlamentar, como lo hicieron nuestros ancestros, quedando establecido eso sí, que el empresariado forestal debe ceder sobre la situación de territorios usurpados, que es el tema central para nosotros, intransable y por lo cual, en su momento, planteamos la reconfiguración de un mapa territorial que viabilice el desarrollo autonomista de las comunidades, y que son precisamente los predios que aún están en manos y bajo el control las forestales, las madereras. Acá en este punto ellos son los que tienen que ceder y mostrar voluntad para la paz, esa es la plataforma mínima para establecer cualquier mesa que busque la paz en el territorio ancestral.
Ahora, lo que nosotros podríamos ofrecer, si estas condiciones se dan y se acaba la prisión política, es una instancia neutral con una tregua efectiva. Nuestro pueblo tiene vocación por la defensa de los territorios y su sustentabilidad, no sólo para frenar la desertificación sino para la reconstitución de la naturaleza, un bien y un mundo mejor para todos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.