Luego de que el Comité de Ministros resolviera solicitar más estudios para dilucidar el futuro del megaproyecto energético HidroAysén, el Consejo de Defensa de la Patagonia, que promueve la campaña Patagonia Sin Represas, emitió la siguiente declaración pública: A partir de la información transmitida por los medios de comunicación del país sobre la sesión del […]
Luego de que el Comité de Ministros resolviera solicitar más estudios para dilucidar el futuro del megaproyecto energético HidroAysén, el Consejo de Defensa de la Patagonia, que promueve la campaña Patagonia Sin Represas, emitió la siguiente declaración pública:
A partir de la información transmitida por los medios de comunicación del país sobre la sesión del Comité de Ministros realizado para analizar las reclamaciones al estudio de impacto ambiental de HidroAysén, donde se decidió solicitar estudios antes de emitir una resolución, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) expresa lo siguiente:
• La decisión de postergar una resolución sobre HidroAysén imponiendo insalvables estudios responde a la presión de todos los ciudadanos y ciudadanas unidos en torno al Movimiento Patagonia sin Represas, entre los cuales el Consejo de Defensa de la Patagonia ha sido un actor aglutinador.
• Esta decisión ratifica lo que hemos señalado en el CDP, los movimientos sociales y la ciudadanía, que este proyecto ha carecido desde un prinicipio de información esencial y relevante para ser evaluado, y debió haber sido rechazado en 2008 por el intendente de la época, Selim Carrasco.
• A pesar de solicitar dos estudios importantes, en la medida adoptada por el Comité de Ministros faltan varios otros que no han sido considerados, como por ejemplo sobre impactos no evaluados ni compensados en turismo y pesca artesanal, el patrimonio natural como el Parque Nacional Laguna San Rafael (que la propia empresa reconoció, lo cual transgrede la Convención de Washington, que es ley de la República), el hábitat del huemul y peces nativos. También sobre los efectos en la cultura patagónica, el patrimonio inmaterial, y el Paso San Carlos y la Isla de los Muertos. Tampoco se consideraron evaluaciones de fondo sobre los riesgos sísmicos y el impacto costero y marino de la pluma de sedimentos del Baker y el Pascua sobre su desembocadura en el océano.
• No fue considerado en instancia alguna el crítico Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida en investigadora sobre las irregularidades de HidroAysén, que fuera aprobado por el pleno de la corporación. Solo esto amerita una auditoría independiente de todo el proceso de evaluación y aprobación.
• Con este aplazamiento el actual gobierno elude su responsbilidad de rechazar definitivamente HidroAysén, dejando para el próximo la decisión sobre esta nefasta iniciativa, cuya máxima autoridad ya señaló que no contará con su apoyo. Como CDP estaremos atentos para asegurar que este proyecto agónico se deseche y terminé así la pesadilla que HidroAysén ha significado para Aysén y el país, y con la que pueden representar los proyectos río Cuervo, Cóndor, Blanco, Puelo y otros que se plantean en amenazadas cuencas de la Patagonia chilena.
• Es así que solicitamos al gobierno entrante concentrarse en una Nueva Política Eléctrica Nacional, para que en forma consensuada, junto con la ciudadanía, las empresas y las autoridades públicas, se definan las metas que desea la sociedad chilena para este siglo. Y donde se incorporen lineamientos tales como: recuperación del rol del Estado en la política eléctrica, que exista competencia real en el mercado y se eliminen las barreras de entrada y operación, avanzar decididamente en el uso eficiente de la energía que es una fuente que tenemos frente a nuestros ojos y no la hemos sabido aprovechar, fomento decidido a las energías renovables no convencionales, avanzar en generación distribuida a través de la definición de territorios energéticos y gestión de la demanda que optimice su cercanía con la generación.
• Como Consejo de Defensa de la Patagonia estaremos alerta y hacemos un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes presentaron reclamaciones o han sido parte del proceso de movilización, a estar atenta a los próximos pasos que tanto la autoridad política como la empresa puedan ejecutar.