Esta es la Increíble Historia de cómo un Pelotón Élite de Contraguerrilla fue Destituido por no Realizar una Ejecución Extrajudicial. De soldados condecorados a coteros y mototaxistas. Tal es la suerte que corrieron 27 integrantes de un pelotón élite de contraguerrilla, que se vieron literalmente corridos del Ejército por no querer cometer un falso positivo […]
Esta es la Increíble Historia de cómo un Pelotón Élite de Contraguerrilla fue Destituido por no Realizar una Ejecución Extrajudicial. De soldados condecorados a coteros y mototaxistas. Tal es la suerte que corrieron 27 integrantes de un pelotón élite de contraguerrilla, que se vieron literalmente corridos del Ejército por no querer cometer un falso positivo en 2008.
El país se ha escandalizado con la historia de las múltiples ejecuciones extrajudiciales que, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se calcula que llegaron a cobrar más de 3.500 víctimas inocentes que eran presentadas por militares como guerrilleros dados de baja, y por las cuales hay más de 2.000 uniformados detenidos. Pero esa historia tiene una cara desconocida: la de los militares que se negaron a incurrir en esa práctica. Esto es lo que les pasó a 27 soldados profesionales de la contraguerrilla Atila 1, pertenecientes al batallón de infantería mecanizado número 6 Cartagena, con sede en Riohacha, La Guajira, varios de ellos condecorados, con medallas y felicitaciones en sus hojas de vida. Su caso está en estudio en la Corte Constitucional.
A mediados de abril de 2008, este pelotón recibió la orden de realizar unos patrullajes por varias zonas de La Guajira y Cesar con el fin de ubicar a un grupo del frente Gustavo Palmezano del ELN, que había realizado extorsiones y secuestros.
El 21 de abril, tras varios días de recorrido, los hombres de Atila 1 ubicaron el campamento de los guerrilleros. A la distancia vieron a uno de ellos cargando leña y a otra joven. «Lo fácil habría sido dispararles y matarlos, pero estaban desarmados y de civil», contó a SEMANA uno de estos exmilitares. La zona, que estaba minada, obligaba a los de Atila 1 a ser cautos para aproximarse al campamento.
En el desplazamiento fueron detectados por los diez guerrilleros que estaban en el lugar. Tras un rápido intercambio de disparos, los elenos escaparon. La guerrillera, una menor de edad, fue capturada y el campamento ocupado por los uniformados que encontraron víveres, armas, dinero y computadores cuya información fue conocida por SEMANA y hace parte del expediente en la Corte Constitucional.
«Aunque no pudimos capturarlos en ese momento era un buen resultado. Estábamos contentos porque la información en los computadores era importante y era el campamento principal que era clave para ellos. Como los dejamos sin armas ni comida como a los tres días terminaron entregándose todos», afirma otro de los militares que estuvo en el lugar. Cuando regresaron al batallón en Riohacha, allí los esperaba el comandante de esa unidad, un teniente coronel. «Pensamos que nos iban a felicitar o algo así. Pero no. Nos metieron al final de una barraca, nos quitaron las armas y nos desnudaron.
Cuando entró mi coronel nos empezó a putear y a vaciar y nos dijo que no servíamos para nada, que si no entendíamos que a él de nada le servía la guerrillera viva y que lo que importaba eran las bajas nada más porque él iba a jugar para ascender a coronel y lo medían era por eso. Nos dijo que nos iba a hacer echar a todos», contó un tercer exintegrante de Atila 1 a SEMANA quien tiene en su hoja de vida varias medallas y felicitaciones.
Los tuvieron durante una semana en la barraca. Después los sacaron a prestar seguridad en una vía y, un mes después de la operación, les notificaron que estaban por fuera del Ejército. Dieciocho fueron destituidos fulminantemente. Los demás pidieron la baja al cabo de pocos días.
El batallón Cartagena y el batallón mecanizado Rondón en Fonseca, La Guajira, son dos de las unidades militares que han resultado más salpicadas en casos de falsos positivos. Sin embargo, aunque Atila 1 pertenecía a la primera unidad, no tuvo registro de haber estado involucrado en esas ejecuciones. «Por no prestarnos para cosas indebidas nos convertimos en la piedra en el zapato en el batallón y esa operación contra el ELN fue la gota que rebosó la copa y la disculpa para sacarnos», afirma uno de los militares.
SEMANA buscó y entrevistó a 12 de los exintegrantes de Atila 1 en Riohacha y Valledupar en donde viven actualmente. Todos coinciden al afirmar que los sacaron por no acceder a cometer un falso positivo.
Tras su salida del Ejército la mayoría ha pasado serias necesidades. Ninguno ha podido conseguir un empleo fijo. Dos de ellos trabajan como coteros en la plaza de mercado de Valledupar. «Yo tengo tres hijos y mantengo a mi mamá. En un día bueno me puedo hacer 10.000 o 15.000 pesitos», contó uno de ellos que vive en un barrio de invasión en la capital del Cesar en una choza con conexiones ilegales de luz y el agua que llega a través de una manguera.
«A mí me prestan una moto a veces y trabajo de mototaxista. Cuando me va bien alcanzo a librar entre 8.000 y 12.000 pesos. Con eso mantengo a mi papá, mi mamá, dos hermanos, mi mujer y mi hija», afirmó otro de los exmilitares a quien esta revista entrevistó en Riohacha.
Ayudantes de albañilería, mecánica y algunas veces hasta pedir limosna han sido las opciones que han encontrado para sobrevivir los militares que encontró SEMANA. La mayoría vive en dos regiones azotadas por bandas criminales ávidas de reclutar hombres. Aunque sería el camino fácil ninguno de ellos ha optado por esa vía. «Cuando estábamos en el Ejército fuimos honestos y decentes, y ahora por fuera seguimos igual. Es preferible no tener comida que terminar de bandido», responde uno de ellos. Un sentimiento que es compartido por los demás.
Cuando los retiraron del Ejército no solo no les dieron explicación sino que incluso a muchos ni siquiera les hicieron exámenes de retiro y demás requisitos. Con esfuerzo reunieron 3 millones de pesos para contratar un abogado que los estafó. Tiempo después otro abogado conoció el caso y de manera gratuita logró llevar la demanda que interpusieron hasta la Corte Constitucional, en donde actualmente está.
Durante cinco años decenas de cartas y derechos de petición fueron enviados sin tener respuesta a los altos mandos del Ejército pidiendo explicaciones oficiales por el retiro y reclamando los derechos que no les fueron reconocidos a los miembros de Atila 1. «Fueron retirados por problemas de disciplina», dijeron en el Ejército a SEMANA sin mayor detalle, aunque no hay registro de investigaciones disciplinarias en contra de ninguno de ellos.
El comandante del batallón que ordenó sacar a los hombres pasó al retiro en medio de señalamientos e investigaciones que nunca prosperaron por presunta participación en falsos positivos. Hoy disfruta de su pensión en el sur del país. Mientras tanto, los hombres de Atila 1 día a día se rebuscan la forma de sobrevivir y repiten una frase con la que resumen su caso. «Lo que nos pasó ocurrió en una época del Ejército en donde ser bueno era malo».
Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-inedita-falsos-positivos/349851-3