La responsabilidad histórica -y actual- del mal llamado conflicto mapuche ha sido y es del Estado de Chile. En la Independencia y al inicio de la República, durante un tiempo breve se ensalzó al pueblo araucano y sus virtudes para frenar el coloniaje español. Durante el resto del siglo XlX, en cambio, las clases económicas […]
La responsabilidad histórica -y actual- del mal llamado conflicto mapuche ha sido y es del Estado de Chile.
En la Independencia y al inicio de la República, durante un tiempo breve se ensalzó al pueblo araucano y sus virtudes para frenar el coloniaje español.
Durante el resto del siglo XlX, en cambio, las clases económicas y políticas dirigentes impusieron el dogma de que construir Chile obligaba a someter por las armas a ese pueblo mapuche y arreduccionarlo en estrechas tierras de menor valor.
Esto generó el minifundio y la miseria para ellos y la acumulación de capital para algunos no mapuches privilegiados entre quienes recibieron tierras del Estado.
Indígenas y otros campesinos pobres fueron víctimas, además, de compras de predios, muchas veces bajo fraude o presión. En total, al comienzo de ese proceso unas 4,5 millones de hectáreas quedaron en manos de propietarios privados no mapuches. En contraste, el Estado asignó sólo cerca de medio millón de hectáreas entre miles de comunidades indígenas.
Hoy, distintos estudios indican que desde la sociedad civil crece la preocupación por un trato justo de parte del Estado ante las demandas mapuches.
Es innegable que ellas se derivan esencialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU y la OEA, entre otras instancias gestoras del derecho internacional moderno.
El Estado chileno ha sido incapaz de ratificar el Convenio 169 del sistema de Naciones Unidas (OIT), a pesar de los compromisos adquiridos por la Presidenta. La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU (13/09/07) y firmada por Chile se hace entonces prácticamente inaplicable.
Poderosos grupos de interés agitan el fantasma de una inexistente intención mapuche de romper con el Estado. Y aunque no se conocen planteamientos mapuches separatistas, se habla y se escribe sobre la preocupación -de quienes se autoproclaman auténticos patriotas– por preservar el territorio y la unidad nacional chilena.
La verdad es que son esos mismos sectores político-empresariales los que dividen el país entre los indígenas y los no-indígenas, entre chilenos mansos y ciudadanos que defienden sus derechos sindicales, sociales, económicos y políticos, en general. Para ello, machacan en la prensa escrita que es propiedad de un par de consorcios, en la TV privada y en muchas radios, que los indígenas son insaciables, que frenan «el progreso» (sus ganancias), que actúan como títeres de «agitadores marxistas».
Intentan, así, inocular en la opinión pública un sentimiento de temor ante «el alzamiento mapuche», tal como lo hicieran «los patrones de Chile» desde la Colonia y durante los dos siglos de República.
En estos días llegan a acusar al Gobierno y a la Iglesia de «atentar contra la Constitución», simplemente por haber facilitado el fin de la huelga de hambre de una mujer mapuche encarcelada como «terrorista». Parecen empecinados en usar el Estado -como bajo la dictadura de la cual disfrutaron- para aterrorizar a los ciudadanos que se movilizan tras reivindicaciones sociales.
En contradicción con lo declarado en el seno de la ONU, el Estado sigue denegando derechos colectivos a los indígenas para ejercer gestión o cogestión económica, social, ambiental y cultural sobre sus territorios ancestrales, o formas de autonomía política vinculadas a su vida en esos territorios.
Ello ha llevado a que Chile integre la minoría de países de América Latina que no cuenta con un reconocimiento de los pueblos indígenas o del carácter pluriétnico y multicultural en su carta fundamental.
La negación jurídica de derechos indígenas se manifestó cuando el Legislativo rechazó el débil concepto de territorialidad indígena que se incluía en el proyecto de Ley de 1993 y junto con ello eliminó todo derecho sobre los recursos naturales presentes en dichos territorios ancestrales: aguas, bosques, minerales, pesca en riberas y en el litoral oceánico.
Todos ellos conforman el hábitat de la existencia histórica, y la fuente de la sobrevivencia presente y futura de las culturas e identidades indígenas. Es en esos territorios que se han instalado megacapitales o megalatifundios que obtienen megaganancias de las industrias forestal, de celulosa, hidroeléctrica, salmonicultura o pesca industrial.
La derecha quiere que Chile dé la espalda al mundo y la democracia moderna. Niega sistemáticamente la posibilidad y necesidad de convivencia, en la justicia y el respeto de la identidad y los derechos autonómicos apropiados de los pueblos originarios en el seno de un Estado pluricultural.
Alfonso Reiman, presidente de la Asociación Ñankucheu, de Lumaco, dijo: «¿Será legal y justo que las empresas forestales exterminen grandes extensiones de árboles nativos? ¿Será justo que una persona como Angelini tenga 500 mil hectáreas y nosotros los mapuches que somos 1,5 millones tengamos sólo 300 mil hectáreas?».
La criminalización de los movimientos de demandantes de tierra y otros derechos mapuches opera, desde 1991, mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista impuesta en 1984.
La tendencia ha sido aplicar altas penalidades para desacreditar y amedrentar a actores mapuches. Las sentencias judiciales dependen, en buena medida, de lo declarado por testigos sin rostro, que permanecen anónimos.
Las atribuciones otorgadas a la Corte Marcial han torcido juicios justos de «agentes del Estado», por ejemplo, en el caso de la muerte por disparo de alto calibre del joven mapuche Alex Lemún. Hoy, lamentamos la muerte por bala policial del joven Catrileo, estudiante mapuche, y las circunstancias de la investigación llevan a la presunción de uso indebido de la fuerza.
Ante tal tipo de contextos, el relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, recomendó oficialmente: «Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones o comunidades indígenas. No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra…».
Pese a ello, cerca de 300 mapuches han sido acusados judicialmente en la Araucanía desde 2000 por demandar en favor de sus comunidades, y aproximadamente 10% de ellos fueron imputados de «terrorismo».
Es evidente: por sus intereses económicos y políticos, la derecha quiere que Chile dé la espalda al mundo y la democracia moderna. Niega sistemáticamente la posibilidad y necesidad de convivencia, en la justicia y el respeto de la identidad y los derechos autonómicos apropiados de los pueblos originarios en el seno de un Estado pluricultural.
El propósito recurrente en el discurso político-estatal respecto de los indígenas reza «integración con identidad». Mientras se niegue el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos indígenas equivalentes, igualándolo, al menos, a los consensos y normas internacionales actuales, y éstas realmente sean implementadas, las políticas vigentes tenderán a integrar museificando y folclorizando aspectos de las costumbres indígenas en desmedro de la identidad.
La declaración emitida por un número significativo de historiadores -académicos de relevantes universidades- llama a la ciudadanía a pensar, entender y actuar con el propósito de que las demandas indígenas sean respondidas y se avance en la perspectiva democrática y la cabal responsabilidad respecto del respeto a los derechos humanos que hoy relevan los derechos colectivos indígenas.
Augusto Samaniego Mesías es Historiador, Universidad de Santiago de Chile.