«Il faut penser comme moi pour être sauvé. Voilà le dogme affreux qui désole la terre» Jean-Jacques Rousseau El 8 de julio a las 2h19 el presidente de Colombia Juan Manuel Santos lanzaba un twitter en el que decía que habían sido «Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a […]
«Il faut penser comme moi pour être sauvé.
Voilà le dogme affreux qui désole la terre»
Jean-Jacques Rousseau
El 8 de julio a las 2h19 el presidente de Colombia Juan Manuel Santos lanzaba un twitter en el que decía que habían sido «Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -Pagarán por atentados! Acto seguido y haciendo a un lado la presunción de inocencia y el debido proceso afirmaba que «Continuaremos operativos para dar con todos los responsables de sembrar terror en (la) capital».
Matoneo mediático del Estado contra el movimiento social
La condena pública contra estas personas, orquestada desde la policía y los servicios de seguridad colombiana, ha estado acompañada de un amplio despliegue mediático por parte de revistas como Semana, los principales periódicos colombianos y algunos funcionarios estatales que han actuado al límite de lo permitido por sus cargos. Sin que todavía se les hubiera imputado cargos estas personas – feministas, estudiantes, periodistas, filósofas, profesoras, educadoras populares pertenecientes al Congreso de los Pueblos – fueron a través de la radio, la televisión, los periódicos y las nuevas plataformas de comunicación acusadas de terroristas y sometidas a un «matoneo» mediático. El acoso se hizo extensivo a q uienes hacen su defensa jurídica y a las organizaciones sociales de las cuales hacen parte o se han solidarizado con su situación. A tal punto que la defensa de las personas detenidas hizo un llamado expreso a los generales Rodolfo Palomino y Humberto Guatibonza para que respeten la ley. Sindican a las instituciones que realizan la investigación de haber inferido en el proceso al filtrar pruebas a la prensa que no han sido utilizadas en las audiencias y por lo tanto no constituyen pruebas asociadas al proceso y de efectuar aseveraciones que constituyen una condena mediática antes del juicio.
En el pasado reciente la inhabilitación política de Piedad Córdoba, toda la campaña desplegada contra el alcalde Gustavo Petro y todo ese número impresionante de líderes y lideresas sociales detenidos durante los gobierno de Uribe y Santos acusados de pertenecer a las insurgencias muestran que la utilización del aparato judicial para perseguir a los opositores es una realidad latente que debe cambiar [1].
Respetar los derechos fundamentales
En una democracia el derecho a la oposición política es un derecho fundamental que en Colombia ha estado siempre limitado. En ocasiones mediante la persecución política o jurídica, en otras a través de la violencia más atroz, la corrupción o el desprestigio sistemático. Reconocer a las minorías, a los grupos y organizaciones opositoras como interlocutoras válidas con derechos a ejercer el poder, a gobernar y llegado el caso a transformar la sociedad o el país es una asignatura pendiente de la democracia colombiana. Es necesario un sistema político y judicial que respete y acepte la legitimidad de tener otras visiones y concepciones de la vida, la sociedad y la economía y no las persiga o condene.
Los recientes sucesos, a los que podemos agregar toda la persecución desatada contra la organización social Marcha Patriótica, han ratificado una vez más la necesidad de garantizar al conjunto de la población, en especial a la directamente involucrada en los problemas la posibilidad de participar, de decidir y de transformar a Colombia. La construcción de paz y de convivencia requiere de la creación de canales no violentos para tratar las diferencias y los antagonismos sociales y políticos. Asegurar esa convivencia significa garantizar el pluralismo político y establecer reglas claras que permitan a los actores sociales involucrados tener acceso a la información, la formación y la posibilidad de organizarse según sus conveniencias y convicciones. Estos propósitos exigen la superación de las prácticas mafiosas enquistadas en la política colombiana en donde imperan el mesianismo moral y el chantaje. Hay que cambiar aquellas practicas que hacen que al opositor de cualquier clase se le quite primero su dignidad humana y se le demonice para luego condenarlo al exterminio como pasó con la Unión Patriótica y con otros movimientos y organizaciones sociales, incluidas el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, que están ahora en la picota pública. Un opositor u opositora política no es un obstáculo a eliminar y por el contrario puede ser una garantía para la convivencia, la construcción de confianzas, la justicia social y el buen vivir y convivir.
En Colombia en pleno proceso de paz se ha continuado demonizando a la insurgencia armada sin reconocer el hecho de que se trata de delincuentes políticos. Consciente de las dificultades que esto significa porque no se puede pretender que la sociedad acepte la participación en los espacios democráticos de aquel que durante años se ha condenado negándole derechos a expresarse, a interlocutor, a escuchar y a ser escuchado, el presidente Santos hizo un llamado a realizar un trato mas respetuoso al referirse a las FARC. Sin embargo la incontinencia verbal del sistema se está empleando ahora contra el movimiento social como lo reflejan los twitteres enviados por los y las funcionarias del Estado.
Caza de brujas contra la libertad de pensamiento y de expresión
Históricamente el ELN ha demandado la participación protagónica de la sociedad en el proceso de paz y ha hecho de la defensa de los recursos naturales, de la soberanía nacional y del pensamiento de Camilo Torres elementos centrales de sus propuestas. Probablemente muchas personas en Colombia y en el exterior, que no tienen ninguna relación con la lucha armada, compartan esos mismos enfoques políticos y sociales y resulta entonces absurdo que se desate una cacería de brujas y que se considere – como ha pasado con las personas detenidas del Congreso de los Pueblos – que tener libros de Camilo Torres o relacionados con los temas antes mencionados les haga condenables.
Ese obscurantismo político, que atenta contra la libertad de expresión y pensamiento es absolutamente reprobable e insostenible y constituye una suerte de chantaje en el que se violan los derechos fundamentales a miles de personas y organizaciones sociales y políticas.
El presidente Juan Manuel Santos ha diseñado una estrategia de paz que tiene como propósito central resolver el conflicto armado y desmovilizar a las insurgencias armadas, sin embargo muchos de quienes participan desde la sociedad en la búsqueda de la paz y las guerrillas mismas quieren cambios que encuentren soluciones reales a los problemas sociales, políticos y de justicia social que están en la base del conflicto. Surge entonces la pregunta si el interés del gobierno de Santos estriba en pactar la paz con la insurgencia armada mientras le declara la guerra a los movimientos sociales y políticos alternativos como el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica para que nada cambie?.
Las recientes detenciones de dirigentes populares de esas dos organizaciones nos hacen preguntarnos si existe una estrategia del gobierno y de sus medios de comunicación de acusarles de tener vínculos con la insurgencia para justificar su exterminio o su inhabilitación política y la destrucción del tejido social que construyen. De nada sirve un proceso de paz, que acorde con la especificidad colombiana, establezca acuerdos si después la maquinaria del poder utilizando diversas estratagemas se encargue de desmontarlos o evita que la ciudadanía y los actores sociales puedan concretarlos en acciones transformadoras de su vida y de la sociedad.
¿Un capitulo más de la infamia oficial contra la oposición?
En el momento de las detenciones a los y las compañeras del Congreso de los Pueblos se les acusó de colocar las bombas en las sedes del fondo de pensiones Porvenir, sin embargo con el paso de las horas y dados los testimonios de diversas fuentes que los ubicaban lejos de los lugares de los atentados y las debilidades de las pruebas aportadas por los organismos de seguridad del Estado esa acusación se cayó y todo parece indicar que el propósito ahora de algunas autoridades es el de incriminarlos a toda costa en cualquier hecho con connotaciones delictivas para evitar reconocer que se trata de un falso positivo judicial.
En este caso resulta interesante saber cuál será el rol a jugar por parte del aparato judicial en Colombia y si quienes se ocupan de los hechos serán capaces de actuar con total independencia para garantizar un debido proceso a aquellas personas que ya han condenado mediáticamente y colocado en grave riesgo al señalarlos como blanco de la extrema derecha y del paramilitarismo. Estas historias universales de la infamia política y social en Colombia como diría J.L Borges deben desaparecer. Superar todas estas anquilosadas prácticas de la «democracia colombiana» exige entender que además de las leyes y los derechos políticos y de pactar el fin del conflicto armado con la insurgencia es necesario garantizar una democracia social y económica a través de cambios hechos con la más amplia participación en todas las esferas del Estado, en todas las instituciones y en los medios de comunicación para que se puedan abrir así espacios de convivencia.
Nota
[1] El Congreso de los pueblos ha venido denunciando los falsos positivos judiciales. Hay más de 13 mil demandas al Estado colombiana por detenciones arbitrarias que comprometen 27 billones de pesos. Ninguna de las personas acusadas de vínculos con las insurgencias durante el paro agrario permaneció detenida. En Congreso de los Pueblos: «Los detenidos son líderes sociales de reconocida trayectoria». Colombia informa Dirección URL http://www.colombiainforma.info/politica/derechos-humanos/2542-congreso-de-los-pueblos-los-detenidos-son-lideres-sociales-de-reconocida-trayectoria. (Sitio consultado el 20 julio 2015).
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