A las once y cuarenta minutos de la mañana del 6 de Noviembre de 1985, hace 19 años, el comando «Compañía Iván Marino Ospina» del movimiento 19 de abril de Colombia (M-19) inició la operación «Antonio Nariño por los Derechos del Hombre» en la ciudad de Bogotá. Dirigidos por los Comandantes guerrilleros Luis Otero, Andrés […]
A las once y cuarenta minutos de la mañana del 6 de Noviembre de 1985, hace 19 años, el comando «Compañía Iván Marino Ospina» del movimiento 19 de abril de Colombia (M-19) inició la operación «Antonio Nariño por los Derechos del Hombre» en la ciudad de Bogotá. Dirigidos por los Comandantes guerrilleros Luis Otero, Andrés Almarales, Guillermo Elvencio Ruiz, Alfonso Jacquin y Ariel Sánchez, treinta y cinco combatientes coparon militarmente el Palacio de Justicia ubicado en pleno centro de la capital del país,
A la una de la tarde, cuando la noticia era portentosa y recorría el mundo, la Comandancia guerrillera emite desde el Palacio de Justicia su primer manifiesto donde señalaban «Estamos aquí como expresión de patria y mayorías para convocar a un juicio público contra el gobierno del Presidente Belisario Betancurt. Lo acusamos de traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del fuego y diálogo nacional, el 24 de agosto de 1984». (1)
El gobierno de Belisario Betancurt (1982- 1986) combinó hábilmente la búsqueda de un consenso nacional a través de la materialización de una propuesta de paz, de amnistía parcial para la insurgencia y ciertos elementos políticos que trataban de configurar un proceso de apertura democrática, con la más aguda represión contra el movimiento popular, el incremento de la guerra sucia y la proliferación del aparato paramilitar.
Como resultado de estas políticas, el gobierno de Betancurt logra las firmas del «Acuerdo Nacional y Cese al Fuego» con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Partido Comunista Marxista Leninista de Colombia y su Ejército Popular de Liberación (PCML-EPL) en Agosto de 1984.La firma de dichos acuerdos se lleva a cabo, con el M-19 en Corinto (Cauca) y el Hobo (Huila) y con el EPL en la ciudad de Medellín en el mismo año. Con las FARC se habían firmado los Acuerdos de Paz el 30 de Marzo de 1984 en «Casa Verde» (Páramo de Sumapaz) y el 28 de Mayo del mismo año se dio inicio a la tregua declarada por las FARC en la Uribe (Municipio del Departamento del Meta).
A raíz de estos acuerdos entre el Movimiento insurgente fariano y el gobierno de Betancurt nace para la vida política del país la Unión Patriótica (UP) en junio de 1985.
El ELN, en abierta controversia con la mayoría de la insurgencia colombiana no participo de dicho proceso de diálogo y se opuso política y militarmente a el.
El Palacio de Justicia era un edificio de cuatro pisos. El primero estaba destinado a la Biblioteca, las Secretarias de la Corte, el Consejo de Estado funcionaba en el segundo piso, en el tercero la Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia y en el cuarto la Corte en Pleno. Es decir, funcionaban allí todas las cabezas visibles del poder judicial de la nación, o el tercer poder como se denominaban en la vieja constitución de 1886.
A las dos de la tarde el presidente Betancurt descarta toda opción de diálogo con el Comandante Andrés Amárales, jefe visible de la toma, así también desconoce las suplicas públicas de los Magistrados quienes en cabeza del Doctor Alfonso Reyes Echandia imploraban por una salida negociada de la toma.
El General Jesús Arias Cabrales, Comandante de la XIII Brigada, con sede en Bogotá ordena la toma militar del Palacio y ante el estupor de millones de colombianos que presenciaban por televisión el curso de los acontecimientos, varios tanques cascabel enfilan sus cañones contra el Palacio vomitando ráfagas de fuego intermitentemente. Al mismo tiempo helicópteros de la Fuerza Aérea comienzan a desembarcar en la azotea del Palacio comandos especializados en la lucha contrainsurgente urbana.
El Comando Guerrillero, a pesar de la inferioridad numérica y de capacidad de fuego da inicio a una heroica resistencia que solo culmina veintiocho horas después cuando el Palacio arde en llamas por los cuatro costados a raíz de los miles de cañonazos, de morterazos y bombardeo aéreo a que fue sometido por las Unidades Militares Estatales.
El saldo trágico final indicaba que mas de cien personas habían muerto, entre ellos todos los altos Magistrados de la Corte, los guerrilleros fueron fusilados y rematados con tiro de gracia en la cabeza como se comprobó en investigaciones posteriores, varios empleados, entre ellos los trabajadores de la cafetería fueron asesinados y desaparecidos al señalarlos como cómplices de los guerrilleros, a pesar que algunos de ellos fueron filmados por los canales televisivos cuando eran sacados vivos de las instalaciones del Palacio.
En la noche del siete de Noviembre, después del trágico desenlace, un logobre y pálido Betancourt se dirige a los colombianos por radio y televisión para asumir la responsabilidad del desenlace final.
Cuando ese seis de Noviembre, a las dos y cuarenta minutos de la tarde en que los tanques cascabel inician la contraofensiva militar contra el Comando Guerrillero, entrevistan por la televisión al Jefe de los Comandos Contrainsurgentes Urbanos, Coronel Alfonso Plazas para que explique los motivos de los intensos morterazos, este responde, irónico y cínico: » Para salvar la Democracia, maestro.» Este «Salvador» de la Democracia es hoy responsable de la oficina antinarcóticos adscrita a la Presidencia de la República, enfrentando severos cargos por robos, corrupción, tráfico de influencia y convivencia con los grandes Capos del Narcotráfico Colombiano que fungen como representantes de los paramilitares en diálogo con el gobierno de Uribe.
Del Gobierno de Betancourt a los colombianos nos quedo la imagen de dejar al país incendiado por los cuatros costados, y como símbolo del fuego nos grabo por siempre en las retinas y en la memoria la inmensa fogata del Palacio de Justicia, con Magistrados, trabajadores y guerrilleros convertidos literalmente en «Chicharrones». Atrás quedo el cuento de los acuerdos de paz, la tregua y la apertura democrática. La verdadera política de guerra al mando del General Miguel Vega Uribe cobro su real dimensión con intensos operativos contraguerrilleros y antipopulares a lo largo y ancho del país.
Han transcurrido diez y nueve años desde los luctuosos hechos del Palacio de Justicia y para la inmensa mayoría de colombianos este es un capitulo cerrado en la larga noche de guerra que se prolonga en nuestra vida nacional, el tiempo ha ido destiñendo los recuerdos y la memoria petrificando aquellas imágenes dantescas del Palacio de Justicia ardiendo cual inmensa tea con cien colombianos en su interior.
Hace pocos días el Presidente Álvaro Uribe Vélez recurriendo a su virulencia verbal y a su primitivismo personal pretendió legitimar su política de negociación y convivencia con los paramilitares, que tiene como finalidad jurídica otorgarles un amplio y generoso indulto a los mayores violadores de los Derechos Humanos en el país, aduciendo que si se les había concedido perdón y olvido a la Guerrilla del M- 19 responsable de la toma del Palacio, porque no hacerlo con los paramilitares. Es mas, fue más lejos al proponer revisar los acuerdos de paz que llevo a la desmovilización y desarme de este núcleo guerrillero en el año de mil novecientos noventa.
O una de dos: o Uribe tiene mala memoria o es un bribón. Descartemos la mala memoria y reafirmemos que solo un bribón puede desconocer que los paramilitares no califican jurídica o políticamente para el indulto pues al reconocer, como en efecto lo hacen, que su «lucha», es en defensa de la institucionalidad, de la propiedad privada, del Estado y los poderes establecidos y al ser parte de un andamiaje contrainsurgente, no pueden ser reconocidos como rebeldes políticos y por tanto no pueden adquirir estatus políticos.
Según la propia Constitución colombiana, avalada por la Corte Constitucional del país y diversos organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el estatus político solo es atribuible y otorgable al Movimiento Guerrillero insurreccionado política y militarmente contra el Estado colombiano que oprime a millones de compatriotas por la vía de la economía, de las leyes, de la política y de las armas.
La Burguesía colombiana es cínica y truculenta. Cínica, porque al pretender dejar en la impunidad los crímenes de los paramilitares contra la población colombiana, no solo escamotea y desconoce las leyes nacionales e internacionales sino que les da reconocimiento y estatus político a verdaderos maestros de la matonería que se jactan de asesinar inocentes mutilándolos miembro a miembro para terminar jugando fútbol con la cabeza de las victimas. Y es truculenta porque pretende hacernos creer que verdaderos patriotas, hacedores y constructores vivos de la historia, hombres y mujeres inspirados en los sueños de justicia, vida, democracia y bienestar para los humildes del país, que vertieron su preciosa sangre en defensa del noble objetivo de que el Gobierno de Betancurt cumpliera con la palabra y firma estampada en los acuerdos de paz, como los dirigentes Guerrilleros Andrés Almárales, Alfonso Jacquin, Luís Otero, Guillermo Elvencio Ruiz, Ariel Sánchez y los treinta y cinco guerr
illeros y guerrilleras inmolados en el Palacio de Justicia; son iguales o siquiera parecidos a los magos de la motosierra, traficantes y consumidores de coca como Salvador Mancuso, «El gordo lindo», Ernesto Báez, Jorge «40» y su corte de criminales y sicarios concentrados en Santa Fé de Ralito, no solo es un despropósito sino un insulto y agravio a la memoria de los guerrilleros caídos, a sus familiares y al M-19, organización a la que amaron, en la que lucharon, en la que vivieron y por la que entregaron sus preciosas vidas.
El Ejército de Liberación Nacional inclina su bandera roja y negra ante la memoria de los mártires guerrilleros y rinde tributo de admiración y respeto por su obra revolucionaria en este diez y nueve aniversario de su desaparición física. Hacemos nuestras las palabras del Comandante Fidel Castro Ruz, cuando nos dice «Es que cuando los hombres llevan en su mente un mismo ideal, nada puede incomunicarlos, ni las paredes de una cárcel, ni la tierra de los cementerios, porque un mismo recuerdo, una misma alma, una misma idea, una misma conciencia y dignidad los alientan a todos».
El Gobierno de Uribe Vélez, los grupos económicos nacionales e internacionales que lo sostienen, las Fuerzas Armadas que lo respaldan y los partidos políticos que lo legitiman, asemejan a Colombia a su pequeña urna de cristal donde el mundo de las fantasías se hacen realidad a diario, y disociada la realidad de los poderosos, de la propia de las mayorías nacionales, se fabrican un mundo ilusorio y se creen sus propias mentiras. Para ser un mal gobernante solo se debe perder el sentido de la realidad, he ahí el porque de su virulencia verbal y su primitivismo personal.
(1). Behar, Olga. «Las guerras de la paz». Editorial Planeta, segunda edición, diciembre 1985, Pág. 405.
Los mas altos y eminentes magistrados del país se encontraban aquella mañana del 6 de Noviembre del 85 en sus instalaciones, entre ellos Alfonso Reyes Echandia, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fabio Calderón Botero, Fanny González, Carlos Medellín Forero, Alfonso Patiño Roselli, Manuel Gaona Cruz, Pedro Elías Serrano, Horacio Montoya, Darío Velásquez, José Eduardo Gneco, Emiro Sandoval, Carlos Urán; hombres y mujeres probos, formados en derecho y defensores abiertos de los derechos constitucionales de las mayorías del país. Todos se oponían abiertamente a la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos.