En los ámbitos de la crisis del sistema educacional y la emergencia de la movilización social, se abre hoy una oportunidad inédita en Chile. No sucedió en las movilizaciones por los «raspapases» (pases escolares para el transporte público) del 2001, ni en la movilización de los pingüinos de 2006, ni en las multitudinarias movilizaciones por educación […]
En los ámbitos de la crisis del sistema educacional y la emergencia de la movilización social, se abre hoy una oportunidad inédita en Chile. No sucedió en las movilizaciones por los «raspapases» (pases escolares para el transporte público) del 2001, ni en la movilización de los pingüinos de 2006, ni en las multitudinarias movilizaciones por educación gratuita y de calidad de 2011. Pero hoy, 2015, la posibilidad de encontrarse, organizarse y movilizarse en conjunto entre Estudiantes y Profesores está ante nosotras y nosotros.
Las antidemocráticas y anticientíficas propuestas del Gobierno, tanto respecto a la Reforma Educacional como al Proyecto de Ley para el Desarrollo Profesional Docente, genera no sólo la oportunidad sino la necesidad de que el movimiento estudiantil y el de los trabajadores de la educación converjan en la demanda por una transformación estructural del sistema educacional en Chile.
Esta transformación no sólo transporta la demanda de un proyecto, de una meta radicalmente distinta ─un sistema educacional gratuito, de calidad y democrático─, sino que requiere exige procedimientos radicalmente novedosos: no ya acuerdos entre cuadro paredes, en comisiones conformadas por tecnócratas gubernamentales, sino desde los actores mismos, profesoras, profesores y estudiantes; no ya desde instituciones cooptadas y clientelizadas, sino a partir de una profundización del trabajo de base.
Además, la potencia de la demanda por educación gratuita, de calidad y democrática, conlleva el horizonte transformador de la sociedad: la desmercantilización no sólo en el ámbito de la educación, sino también en la salud, la previsión social, el transporte público, la vivienda, el arte y la cultura.
Todo esto contrasta con un sistema económico, político y social antidemocrático, privatizador, elitista, que se basa en la explotación y el endeudamiento; el descrédito y deslegitimidad de la «clase política», su deterioro generalizado; los escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito; la bancarrota moral de las instituciones como el Parlamento, los Partidos Políticos, el Gobierno y las Fuerzas Armadas; y los múltiples casos que ejemplifican este deterioro: Penta, Soquimich, Caval, Luksic, Angelini, Aguas Andinas, Martelli, Peñailillo y la campaña de Bachelet, Municipalidades y el negocio de la basura, las colusiones de las Farmacias, la Ley de Pesca, las sanciones internacionales por la violación a los derechos humanos en las comunidades mapuche, los criminales y represivos protocolos de las Fuerzas Armadas, el entramado de relaciones entre sectores políticos y sectores del gran empresariado, expresado nuevamente por la renuncia de Jorge Insunza de la Secretaria General de la Presidencia, tras conocerse sus asesorías a mineras privadas siendo Parlamentario y miembro de la Comisión de Minería.
Sin embargo, esta situación de bifurcación entre, por un lado, un horizonte social transformador, democrático, antimercantilista, y por otro, una status quo neoliberal, pone al descubierto una profunda asimetrías de poder entre los actores de cambio y los continuadores del modelo, entre el pueblo trabajador y las elites explotadoras, entre los movimientos sociales y las instituciones, entre las organizaciones de izquierda y los partidos neoliberales (modernizadores como la Nueva Mayoría o conservadores como la Alianza).
Hoy estamos frente a una tarea histórica: la desmercantilización de la sociedad. Pero esta tarea y oportunidad que se nos presenta, sólo podrán ser realizadas a partir de la convergencia de todas las demandas, movilizaciones y actores, y la ruptura con la clase política, sus instituciones y su proyecto. El movimiento estudiantil y de trabajadores de la educación deben mostrar el camino de esta convergencia. Y las organizaciones de izquierda han de profundizar la convergencia hacia la multisectorialidad, junto a los trabajadores (profesionales, obreros, técnicos, de servicios, etc.) y pobladores (vecinas, vecinos, organizaciones comunitarias, jubilados, etc.).
ESTUDIANTES.
Las y los estudiantes secundarios hoy desarrollan, nuevamente, organización y movilización, no sólo para expresar su malestar sino para hacer frente a la lógica de mercado del sistema educacional chileno. Pero también para proponer un nuevo sistema educacional, participativo, comunitario, democrático, basado en los derechos, y creado para el desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades.
La lógica de mercado, fundamento ideológico de la Nueva Mayoría (La Concertación + PCCh) y de la Alianza, se extiende a todos los niveles de nuestra vida: en la salud, la previsión social, el transporte público, el trabajo, la cultura y la educación. Cuando los jóvenes deben decidir si seguir una formación profesional o técnica, muchas veces no son sus intereses ni los intereses de la comunidad los que los hacen decidir, sino cómo ganar más dinero para hacer frente a una vida de gastos, consumismo y endeudamientos. Y muchos ni siquiera realizarán estudios, porque deberán enfrentar el mundo del mercado debido a la pobreza o endeudamiento de sus familias, o porque ellos mismos son madres y padres jóvenes.
La educación profesional o técnica debe ser un derecho para todas y todos, y optar por una u otra debe basarse en los intereses de las personas y sus comunidades. Por eso deben ser completamente gratuitas.
Además, así como la educación, deben ser gratuitos la salud, la previsión social y el transporte público. De esta forma se comienza a desmercantilizar la vida.
Esta es la transformación más profunda que se encuentra en el proyecto de las y los estudiantes secundarios y universitarios. Y este gran objetivo histórico sólo podrá realizarse por medio de la organización, movilización y de la lucha, puesto que tanto la Nueva Mayoría como la Alianza tienen como fundamento el mercado y la privatización.
Y así la Reforma a la Educación impulsada por el Gobierno y limitada a los intereses de la Derecha y de los Grandes Empresarios, sigue reproduciendo la lógica del mercado y la lógica privatizadora. Esto se refleja incluso en los curriculum educativos, creados por unos pocos y para los intereses de esos pocos.
Por eso los secundarios vuelven nuevamente a las calles y a las tomas de los liceos y las escuelas, organizados y movilizados, porque transportan la convicción de no sólo construir un nuevo sistema educativo, sino un nuevo sistema social.
Han aprendido de las anteriores experiencias, del 2001 y 2006, donde los Gobiernos de la Concertación cooptaron a ciertos dirigentes o los pusieron en comisiones tecnocráticas que no hacen sido dividir las demandas y volcarlas a un lenguaje de seudoexpertos; y de 2011 aprendieron que este modelo no permite ninguna transformación, ninguna reforma, y por lo tanto la ruptura con la mercantilización es inevitable, y que la organización y la movilización no puede esperar la articulación de los Liceos Emblemáticos, sino que debe profundizarse en las Periferias e incorporar un lenguaje popular y de clase.
PROFESORES.
El 20 de abril, el Gobierno, por medio de la propia Presidenta, y por supuesto sin participación de los principales actores, presentó su Proyecto de Ley para un Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Nuevamente se subestiman a las profesoras y profesores y se pone todo en manos de tecnócratas ministeriales o privados.
Lo que se denomina como Carrera Docente son las leyes laborales que regulan el trabajo de las y los profesores, que reciben un trato específico debido a la función estratégica que cumplen para la formación de ciudadanas y ciudadanos, naciones y Estados. La formación, la incorporación al mundo del trabajo, el desarrollo de la profesión, horarios, vacaciones, enfermedades laborales, las capacitaciones y la jubilación, son los elementos que constituyen la Carrera Docente.
La propuesta del Gobierno reproduce la lógica individual del trabajo de las y los profesores, siguiendo el modelo de Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI) ya existente. Como este modelo tiene recursos limitados, los docentes tendrán que seguir compitiendo individualmente entre sí para acceder a mejores beneficios. Se reproduce entonces las lógicas de la competencia y el individualismo, del capital. Todo esto va contra una lógica de trabajo colectivo, comunitario, de convivencia y colaboración, que es la base de toda pedagogía, aprendizaje y educación. Además, el proyecto sigue fortaleciendo el agobio laboral, que no permite a las y los profesores de nuestro país desarrollar una vida social y cultural comunitaria, llevándolos de las salas de clase a sus hogares donde siguen planificando y preparando clases.
La coyuntura que genera el Proyecto de Ley para un Sistema de Desarrollo Profesional Docente presentado por el Gobierno, podría determinar el desarrollo de la profesión docente los próximos 12, 16 o hasta 20 años. De ahí la importancia de la organización y movilización de los trabajadores de la educación.
El Colegio de Profesores no puede sino adoptar una postura de representación de su gremio, pero existe siempre el riesgo (corroborado en experiencias anteriores), de ceder ante las presiones del Gobierno, sobre todo ahora donde el Presidente del Colegio de Profesores es Militante del Partido Comunista, conglomerado que ha demostrado su compromiso con la Reforma de la Nueva Mayoría.
Por esta razón es que en las distintas zonas donde las profesoras y profesores se han organizado y movilizado, ha surgido un intento por superar las lógicas de los dirigentes y potenciar el trabajo de base y la toma de decisiones colectivas.
Un elemento cardinal consiste en la toma de conciencia por parte de las profesoras y profesores en que deben superar la lógica gremialista y avanzar en la convergencia con los estudiantes, además de integrar a toda la comunidad escolar, incluyendo a los apoderados. Si esto no sucede, se perderá la oportunidad de transformar el Proyecto de Ley para un Sistema de Desarrollo Profesional Docente -que debe ser completamente retirado como propuesta─ y la Reforma de la Educación.
NO MÁS REPRESIÓN.
Las marchas estudiantiles y de los trabajadores de la educación vuelven a exponer la ilegitimidad de los procedimientos de la Policía, especialmente de Fuerzas Especiales: violencia desmedida, infiltrados, tecnología de combate (lanza aguas con tóxicos, lacrimógenas, escudos y macanas utilizados de forma directa contra las personas).
El grave atentado contra Rodrigo Avilés, que le provocó un tec cerrado con riesgo vital, en una situación a la que muchos nos arriesgamos en cada marcha, mostró no sólo la violencia y criminalidad de los protocolos, sino la hipocresía con la que reaccionó la institución de carabineros. El golpe de un efectivo de Fuerzas Especiales que arremetió con el escudo contra Paulina Estay fue otro ejemplo de la violencia criminal.
La conciencia fascista de un joven de Valparaíso que disparó y asesinó a dos estudiantes movilizados, Diego Guzmán y Exequiel Borvarán, puso al descubierto el rol de los medios de comunicación tradicionales, en manos del Gran Empresariado, quienes promueven y reproducen la intolerancia, el individualismo, el miedo, abogando contra las movilizaciones y la transformación social para mantener el orden mercantilista y privatizador.
Por otro lado, las sanciones, remociones y dadas de bajas, siempre se limitan a las acciones personales de los «efectivos», cuando en realidad son políticas de Estado; políticas represivas que provienen del periodo Dictatorial y que los gobiernos de la Concertación, La Alianza y la Nueva Mayoría ─puesto que su «democracia» se fundamenta en los pactos con la Dictadura─, no han modificado; y de hecho han profundizado a las Fuerzas Armadas como organismos represores y defensores de los intereses privados, invirtiendo grandes recursos económicos y tecnológicos, además de mantener sistemas de inteligencia orientados no a la seguridad sino a la represión.
Por todo esto, las movilizaciones, marchas, velatones, no sólo honran a Rodrigo Avilés, Paulina Estay, Diego Guzmán y Exequiel Borvarán (y todos los actores agredidos o asesinados en otras ocasiones como Matías Catrileo en 2008, Jaime Mendoza Collio en 2009, Manuel Gutiérrez el 2011), sino que abogan por la transformación de las Fuerzas Armadas y la Policía, que abandonen sus protocolos criminales y represores, su clasismo donde los pobres sólo puedes ser suboficiales y los ricos oficiales, su sometimiento a los intereses del Gran Empresariado.
21 DE MAYO.
La del 21 de Mayo fue una Cuenta Publica timorata, mediocre, con pocos anuncios importantes, un balance conservador. Todo esto porque, por un lado, el Gobierno sabe del rechazo, descontento y cuestionamiento por parte de los actores sociales, hacia sus reformas limitadas, mezquinas y poco democráticas, y por otro lado, no se quiere enfurecer al Gran Empresariado, del que es en el fondo representante y al que se encuentra sometido…
Se hacen anuncios grandilocuentes, como el de un «proceso constituyente», que rápidamente se limita su alcance y profundidad, poniendo trabas institucionales y el beneplácito de los Grandes Empresarios y la Derecha; y que en el fondo sólo promueve el oportunismo de la Nueva Mayoría.
Se asume los retrasos de las mejoras de la infraestructura de la salud, pero se silencia que estas pasarán por mayor privatización y externalización.
Se asegura que la Reforma Tributaria no la pagara la «clase media», pero no se dice que fue hecha en un acuerdo entre la Democracia Cristiana y el Gran Empresariado, y a la medida de éste último.
Se anuncia mayor inversión en «seguridad» cuando eso significa mayor represión, especialmente en las comunidades organizadas, y no se prevé en ningún caso el cuestionamiento a los protocolos criminales. Y así, en contraste a las movilizaciones y expresiones contra la corrupción, la criminalización, la represión, las demandas de los estudiantes y trabajadores, la policía reprime con golpes, carros lanza aguas, lacrimógenas e infiltrándose en las marchas.
El Gobierno y su «vocera», Bachelet, nuevamente se subordinan al Gran Empresariado y sus llamados a los «acuerdos políticos amplios», que no son sino los acuerdos entre La Alianza y la Nueva Mayoría para mantener la gobernabilidad y sanear los agrietamientos del modelo neoliberal.
CAMBIO DE GABINETE.
El vacío de 72 horas de un gabinete ministerial fue expresión de las tensiones al interior del Gobierno, entre «modernizadores» y «conservadores», entre quienes quieren limitar con más profundidad las Reformas y quienes quieren sanear el resquebrajamiento del modelo neoliberal…
Además, no hay que subestimar el gestó comunicación del anuncio de cambio de gabinete en el Canal de Televisión de Luksic, principal promotor del Gobierno de la Nueva Mayoría.
Los bacheletistas fueron sacados del Gabinete (e incluso del Gobierno: Peñailillo, Elizalde y Arenas), y en su lugar pusieron a derechistas Demócratas Cristianos o a neoliberales del PPD, como Rodrigo Valdés en el Ministerio de Hacienda.
Ya la Reforma Tributaria, se «cocinó» entre los Grandes Empresarios y la Democracia Cristiana (en la misma casa de Andrés Zaldívar ─hoy cuestionado por sus boletas a Aguas Andinas por un mundo de 150 millones de pesos). Y ahora se hará lo mismo al poner en el Ministerio del Trabajo a otra Demócrata Cristiana, Ximena Rincón, para hacer una Reforma Laboral a medida de los Grandes Empresarios.
Este Gobierno, como todos los Gobiernos de la Concertación, limitarán sus propuestas: lo mismo que con la Reforma Tributaria, lo harán con la Reforma Laboral, Educacional y el Proceso Constituyente.
EL DUOPOLIO.
La mezquindad y vergonzosa pelea entre la Nueva Mayoría y la Alianza, para ver quién sale más desacreditado entre los casos Penta y Soquimich, Caval y Martelli, La Ley de Pesca, Peñailillo y Novoa, la campaña de Bachelet o las empresas de Piñera, no hacen sino ocultar de que se tratan de un duopolio, un «bloque en el poder», cuyo proyecto consiste en limitar la democracia, mantener el neoliberalismo y la dispersión de las clases trabajadoras y populares.
Asimismo, el problema del financiamiento de la política, evasión tributaria, fraudes al fisco, soborno y corrupción, responsabilidad penal de parlamentarios, el «asalto» a los cargos públicos, no es sino la superficie de la relación entre Política y Negocio, entre Políticos y Grandes Empresarios, entre el Estado capitalista y los Intereses Privados.
En resumen, en Chile gobiernan dos conglomerados neoliberales, uno conservador (La Alianza) y otro limitadamente reformista (La Nueva Mayoría) o ni siquiera reformista sino preocupado por mantener el sistema y la gobernabilidad, para lo cual tendrá que generar cambios y reparar grietas, engañando al pueblo y conteniendo sus demandas.
EL PCCH.
El Partido Comunista ya es parte leal y disciplinada de la Nueva Mayoría. Además del Sernam, donde tienen una Ministra (Claudia Pascual), se agrega un nuevo Ministerio, el de Desarrollo Social, con Marcos Barraza; y la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo ahora de Camilo Ballesteros.
Con esto, el PC maneja importantes recursos y opera directamente en organizaciones sociales, desde donde puede cumplir la tarea por la que ingresó al Gobierno: contener las movilizaciones y generar apoyo social al Gobierno.
En las organizaciones estudiantiles (secundarias y universitarias) se verá desplegarse a las Juventudes Comunistas; así mismo en el Colegio de Profesores y en la CUT, los miembros del Partido Comunista intentarán asumir liderazgos.
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN.
La pérdida de legitimidad del gobierno, del sistema político, del mercado, de los Grandes Empresarios, de las transnacionales, de las Fuerzas Armadas, de los Medios de Comunicación, contrasta, por un lado, con el ánimo transformador que proviene de los movimientos sociales, estudiantiles, medioambientales, de trabajadores, y por otro, con la asimetría de poder entre el campo popular, disperso y debilitado, y la clase política y el Gran Empresariado.
Estos últimos meses ha quedado claro que donde hay intereses económicos, hay acuerdos políticos, en torno a las mineras, el agua, los bosques, la energía, el transporte, las carreteras, la salud, las isapres…
Por estas razones, la asimetría de poder y la generalidad de la mercantilización, el campo popular debe avanzar en paralelo, llevando las demandas de crítica a las reformas, crítica al gobierno y al sistema, a la propuesta de un nuevo sistema que supere la lógica del mercado; y para esto se debe fortalecer la identidad de clase trabajadora y popular (mujeres y hombres profesionales, obreros, técnicos, intelectuales, pobladores, estudiantes, etc.); profundizar la organización y la movilización; superar la dispersión de las organizaciones de izquierda; hacer converger las distintas demandas: educación, salud, previsión social, transporte público, vivienda, protección del medio ambiente.
El pasado Primero de Mayo, la izquierda dio muestra de profundas coincidencias y de voluntad de unidad, generando una marcha «alternativa» a los sectores oficialistas, cuya convocatoria sino superó al menos igualó a la de la CUT. Estas convergencias, en la organización y la movilización, deben ir avanzando y replicándose no sólo en las convocatorias nacionales, sino también locales, territoriales.
O habrá ruptura o habrá continuidad, porque cambios profundos no pueden realizarse en al actual modelo neoliberal, con la actual democracia limitada, y el duopolio conformado por la Alianza y la Nueva Mayoría.
Puente Alto, Junio, 2015.
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