Hasta el recinto de la cárcel de Temuco llegaron integrantes de la organización no gubernamental de derechos humanos, Observatorio Ciudadano, para conocer la actual situación de los presos mapuche en huelga de hambre a 24 días de asumir esta drástica decisión, a fin de que sean atendidas una serie de demandas, entre ellas, el fin […]
Hasta el recinto de la cárcel de Temuco llegaron integrantes de la organización no gubernamental de derechos humanos, Observatorio Ciudadano, para conocer la actual situación de los presos mapuche en huelga de hambre a 24 días de asumir esta drástica decisión, a fin de que sean atendidas una serie de demandas, entre ellas, el fin de la aplicación de la ley antiterrorista, la desmilitarización de las comunidades y la libertad de los presos mapuche.
El objetivo de la visita fue manifestarles solidaridad, conocer detalles de su estado de salud, compartir con ellos las gestiones que la institución está desarrollando como organismo de derechos humanos, tanto en el ámbito interno -cámara de diputados- como en el internacional -comunicación al relator James Anaya-, entre otros temas.
José Aylwin, abogado y codirector de la institución, aclaró que «fundamentalmente nosotros compartimos las demandas que motivan esta acción desde el punto de vista de los derechos humanos, como lo hemos señalado, por la vulneración de derechos que provoca la ley antiterrorista; y compartimos, además, el diagnóstico de la improcedencia de la militarización de sus comunidades», sostuvo.
«Es insostenible en Chile recibir presos políticos liberados en Cuba y a nivel interno no prestar atención a más de 50 personas encarceladas fundamentalmente por razones políticas, porque la aplicación de la ley antiterrorista es una decisión política», añadió Aylwin.
Por su parte, el coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, manifestó que le «preocupa que algunos de los huelguistas evidenciaran lesiones ya que no debería ser la actitud que debiera tomar gendarmería, pues con ello lo único que hacen es continuar con la vulneración sistemática de los derechos de las personas y afectar su integridad física».
Durante la visita se comprometieron a documentar la situación penitenciaria actual de los presos, para incorporarla a los informes internacionales que se elaborarán por parte de la organización, y un informe a un año de la entrada en vigencia plena del Convenio 169 de la OIT.
«Hay que realizar un gran esfuerzo para socializar esta realidad, de conversación y convencimiento de los actores políticos para que hayan los cambios que los presos mapuches reclaman», explicó José Aylwin.
Desconfianza con médicos y denuncias contra gendarmes y prensa local
Los huelguistas mapuche denunciaron durante la visita que gendarmería los hostiga e incluso que los golpean. «Se burlan de nosotros, nos dicen que somos guerrilleros de Colombia», señaló uno de ellos. De igual modo, señalaron que no confían en los controles médicos que se les realizan, pues «solo nos toman el peso, pulso y presión, y no entregan datos precisos», agrega.
Es por ello que solicitaron la presencia de médicos externos de confianza para que les desarrollen exámenes que den garantías de imparcialidad. Al respecto, José Aylwin confirmó que se acordó desarrollar dichas acciones de forma urgente, para que si hay torturas y tratos crueles, éstos sean constatados.
Los huelguistas reiteraron, además, la total falsedad de la información publicada por diario Austral de Temuco la semana pasada, donde señaló que estarían consumiendo alimentos a escondidas, lo que aseguran «fue un montaje preparando por la venida del gobierno a la región».
Cuestionamiento a dichos de Obispo
Los presos cuestionaron, a su vez, las declaraciones del obispo Manuel Camilo Vial, quien señaló que no será mediador en la huelga de hambre. Pero sobre todo por algunas expresiones tales como: «no podemos entendernos quemando graneros, casas, vehículos, haciendo peligrar la integridad de las personas», en alusión a la responsabilidad que les cabrían en los hechos imputados sin que todavía se desarrolle un juicio en su contra, lo que lesiona la presunción de inocencia.
Al respecto, consideran que «una vez más la iglesia muestra su verdadera cara, de la cruz y la espada. Nosotros tenemos una postura política clara. Si vienen, los recibimos, pero no les vamos a pedir favores…nosotros abrimos nuestros brazos a todos quienes vengan a visitarnos», comentó un vocero.
Hematomas y suspensión preparación de juicio oral
El diálogo con los huelguista se desarrolló momentos después de que algunos de ellos regresaran -con evidentes hematomas en sus cuerpo- desde el juzgado de garantías de Lautaro, donde finalmente se suspendió para el próximo lunes la preparación de juicio oral en el caso seguido por el incendio que afectó al Fundo San Leandro. En el que están formalizados 12 mapuche por ley antiterrorista y en el cual el Ministerio Público pide hasta 15 años de cárcel.
Los abogados defensores de los imputados, Sebastián Saavedra y Karina Riquelme, solicitaron la suspensión de la audiencia porque desde el Ministerio Público no les habían presentado aún todas las pruebas, de tal modo que no podrían realizar una defensa legítima y en igualdad de condiciones, por lo que solicitaron dichos materiales y desarrollar la audiencia en no más de dos semanas.
Sin embargo, «sorpresivamente, la Jueza Ayde Roa negó esta solicitud de entrega de pruebas para la defensa, y la solicitud de suspensión de la audiencia, argumentando temas administrativos, como que había programado solo una audiencia para el día de hoy, que no tenía tiempo de revisar o hacerlo en otro día», informó Karina Riquelme.
Una de las cuestiones básicas de un debido proceso es tener acceso a saber cuáles son los medios de pruebas que se tienen o invocan frente a un delito. «Si yo no tengo acceso a esos medios de pruebas, mal puedo yo defenderme de las cuestiones que se me imputan», acotó Riquelme. «La fiscalía debe poner los medios de pruebas, porque es su obligación, sino por parte de ellos hay una omisión. También encuentro que en la jueza de garantía existió un poco de obsecuencia para con la fiscalía y con las funciones que ésta realiza», finalizó.
En ese momento uno de los imputados se pone de pie y dice que no están las condiciones para llevar a cabo la realización del juicio, por lo que él va a renunciar a su defensa ya que la jueza da todas los solicitudes a la fiscalía. Ante ello, otro de los imputados hace exactamente lo mismo, hasta que todos acogieron la moción y surgieron aplausos. En ese momento ingresan los guardias del recinto y forcejean con los imputados, golpeándolos sin mediar provocación, igualmente a la prensa que les impidieron ingresar, comentó la abogada.
«Todos los presos estaban engrillados de manos y pies, y mal podrían generar algún riesgo en esa condición. Ponerse de pie fue solo un acto político, pero con respeto. Incluso uno de ellos que está en huelga de hambre se desmayó por descompensación», denunció la profesional.