Hace apenas algunos días atrás, el Poder Judicial a través del presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, al inaugurar el año judicial 2005, tal cual Poncio Pilatos, señalo, «que los avances en materia de derechos humanos sólo se han logrado tras el termino de la dictadura, porque la justicia, al igual que la libertad, […]
Hace apenas algunos días atrás, el Poder Judicial a través del presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, al inaugurar el año judicial 2005, tal cual Poncio Pilatos, señalo, «que los avances en materia de derechos humanos sólo se han logrado tras el termino de la dictadura, porque la justicia, al igual que la libertad, sólo son viables en democracia». Con ello, el alto magistrado pretende «lavarse las manos», con respecto al papel que debían cumplir los Tribunales de Justicia, ante la defensa de los derechos humanos básicos, de las personas que eran detenidas producto de las acciones represivas del régimen militar.
O sea, un Poder del Estado, plenamente independiente, se niega con jugar su rol, por el sólo hecho de la existencia de la dictadura y su régimen de terror impuesto a los chilenos. Es más, los Tribunales de Justicia, jamás han cuestionado el marco jurídico con el cual los militares golpistas tomaron el poder, derrocando un gobierno elegido constitucionalmente por los chilenos.
Es en este marco de sedición permanente de los Gremios Patronales, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, que formaba parte de la CODE y los diversos grupos de extrema derecha existentes en el país y financiados por la CIA, los que crean las condiciones propicias para que un sector de las Fuerzas Armadas, rompa con el Estado de Derecho. Son precisamente los diversos grupos de civiles, políticos, gremiales o sociales, los que golpean los cuarteles, para que en Chile se desate un baño de sangre, y en nombre de la libertad y la «democracia», en el país, se de comienzo a la violación sistemática de los derechos humanos, que durante más de 17 años, la mayor parte de los jueces se negaron a investigar. Puesto que además muchos de ellos formaban parte de las organizaciones que en Chile, propiciaron el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Hoy día el mismo sector de la judicatura chilena, que apoyo la dictadura militar, pretende en un plazo de seis meses cerrar los procesos ligados las violaciones de los derechos humanos. O con el apoyo del gobierno de Ricardo Lagos y la extrema derecha encabezada por la Alianza por Chile, se pretende crear los resquicios legales que le permitan amnistiar, absolver o cerrar definitivamente, el marco jurídico por el cual están siendo procesados los responsables de los crímenes cometidos bajo el imperio del régimen militar, encabezado por el ex dictador y ladrón Augusto Pinochet.
De allí que los máximos dirigentes del Partido Humanista, Efraín Osorio y Guillermo Teillier, por el Partido Comunista, decidieron entregar una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, donde se le reprueba la decisión de acortar a seis meses el plazo, para el termino de los juicios por violaciones a los derechos humanos, en los cuales están involucrados civiles, como militares.
De acuerdo por lo expresado por Teillier a la prensa, la «decisión apoyada por Libedinsky de acortar el período de estos procesos significa un punto final». De allí, que se solicita al alto magistrado que reconsidere la nefasta medida, además de mantener a ministros y jueces especiales, para que pueda existir verdad y justicia en el país.
El destacado dirigente de la izquierda chilena, también se refirió a la situación de uno de los personajes civiles más siniestros de la dictadura militar, que fuera ministro del Interior,el actual senador de la extrema derecha, Sergio Fernández (UDI), expresando que «no cabe duda que su responsabilidad no es sólo política, sino que también penal».
A juicio del secretario general del PC, Fernández reconoció que él y el gobierno militar tenía pleno conocimiento del tema de las violaciones de los derechos humanos y la gravedad de los delitos que se estaban cometiendo.
«No sólo no hicieron nada por impedirlo, ni por investigarlo, sino que además se mantuvieron en sus cargos a sabiendas de la existencia de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, como se los hacía ver la comunidad internacional, la Iglesia y los familiares de los propios afectados», afirmo Teillier.
Efrén Osorio señalo por su parte, que «hay miles de personas que durante 17 años fueron asesinadas y la justicia está creada para hacer justicia, los procesos no pueden cerrarse y los procesos deben continuar»,concluyó.
Frente a esta situación, no es raro que el órgano oficial de la CIA en Chile, vale decir el diario El Mercurio, haya desatado una campaña tendenciosa contra el Partido Comunista, el abogado Eduardo Contreras y el juez Juan Guzmán. Para lograr que en Chile; producto de las presiones de la Alianza por Chile, de un sector de la Iglesia, del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, de los militares que están siendo procesados y de parlamentarios y personeros de gobierno, que de una u otra manera se pueda establecer la impunidad total, con el objeto de cerrar definitivamente el capitulo de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Por ello, las medidas tomadas por un sector de los magistrados chilenos, sólo busca la aplicación de algún tipo de ley de punto final. Por más que se diga que no se busca tal situación, una cosa, son las palabras, y la otra, son los hechos, y estos últimos, han mostrado que en Chile se intenta torpedear de una u otra manera, la búsqueda de la verdad y la justicia.