Esposados de manos y pies fueron conducidos dos de las 21 personas detenidas el día 22 de octubre en la manifestación contra la aprobación de la cuestionada represa. Finalmente, fueron formalizados por Daños a la propiedad Pública. Un carabinero y un guardia son los testigos. Esto cada vez se va poniendo peor. Luego de […]
Esposados de manos y pies fueron conducidos dos de las 21 personas detenidas el día 22 de octubre en la manifestación contra la aprobación de la cuestionada represa. Finalmente, fueron formalizados por Daños a la propiedad Pública. Un carabinero y un guardia son los testigos.
Esto cada vez se va poniendo peor. Luego de ser detenidos ayer por la tarde, junto a otras 19 personas, por manifestar su descontento a la aprobación de la Central Hidroeléctrica en el Río San Pedro, dos estudiantes mapuche fueron formalizados por su presunta autoría en el delito de daño a la propiedad pública en el edificio Seminario de Valdivia, luego de que se descubriera que una de sus rejas sufrió el desprendimiento de uno de sus fierros.
Lo insólito es que los testigos fueron solamente dos personas; un carabinero y un guardia del edificio público.
Producto de esto, Julio Huentenao, miembro y ex dirigente del Hogar y Centro Cultural Mapuche We Liwen , junto a otro estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile, debieron pasar toda la noche en la primera comisaría de Valdivia, sin comida y abrigo. Sólo a eso del mediodía vieron la luz, cuando fueron conducidos al Tribunal de Garantía de la capital provincial.
Lo más humillante se vio cuando se les vio salir esposados de pies y manos, cual delincuentes, lo que generó es estupor inmediato de los espectadores, que criticaron duramente las medidas tomadas contra los estudiantes, toda ve que la situación que generó su condición fue el defender los derechos ambientales de la ciudad donde se han radicado para ser profesionales.
Tras la audiencia de formalización, en la que se ratificó el delito de daño a la propiedad pública por una suma de 50 mil pesos, se determinó la libertad de los imputados y un tiempo de 50 días para investigación y pese a que la Fiscalía solicitó el arraigo nacional, esto no se concretó.
Sin lugar a dudas una muestra extrema del valor que da el Estado de Chile a la participación ciudadana y el reclamo de la ciudadanía frente a un tema tan sensible como el de la instalación de hidroeléctricas. La represión cunde en este país, justo en tiempo de campañas y cuando la Concertación utiliza como principal argumento su lucha por la defensa de los derechos humanos y la vuelta a la democracia. A 20 años de esto podemos preguntarnos DÓNDE QUEDÓ ESTE IDEAL.